Maru Campos: Políticos que impulsaron su juicio son acusados por EU de narcotráfico
María Eugenia Campos se pronunció tras darse a conocer que funcionarios y exfuncionarios fueron acusados por autoridades de Estados Unidos
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció tras darse a conocer que funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa fueron acusados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázares, quien previamente había solicitado un juicio político en su contra.
En declaraciones a medios, la mandataria estatal cuestionó la legitimidad de quienes impulsaron ese procedimiento, al señalar que algunos de ellos ahora aparecen en la acusación difundida por instancias estadounidenses. “Vamos a darnos cuenta quién es quién”, expresó, al referirse al nuevo escenario político derivado de estas investigaciones.
Campos Galván también hizo referencia a la solicitud de comparecencia que enfrentaba, al asegurar que quienes promovían que acudiera al Senado ahora forman parte de la lista de personas señaladas por el gobierno de Estados Unidos. En ese contexto, reiteró sus dudas sobre el proceso que se pretendía en su contra.
Cabe recordar que el senador Inzunza Cázares pidió un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua tras la participación de presuntos agentes de la CIA en un operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en el municipio de Morelos.
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De acuerdo con la información difundida por autoridades estadounidenses, Inzunza Cázares fue incluido en una acusación junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios. En total, se trata de diez personas señaladas por presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Entre los nombres mencionados en la imputación se encuentran también Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal; y otros exmandos de seguridad y funcionarios estatales.
Según las autoridades estadounidenses, los acusados habrían participado en un esquema de colaboración con el grupo criminal, que incluía apoyo político y protección a cambio de permitir actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y armas.
Las declaraciones de la gobernadora se dan en medio de un contexto de reacciones políticas tras la difusión de estas acusaciones, que han generado posicionamientos de distintos actores a nivel nacional.
