México se nos escapa de las manos entre el estruendo de discursos cada vez más triunfalistas y el silencio de realidades fúnebres que vemos todos los días. Mientras desde el púlpito del poder se autoproclaman “constructores de la paz”, la geografía nacional narra una tragedia distinta: la de un país que se desangra por las venas abiertas de su propia clase política.
El reciente anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, no es una anécdota aislada; y cada vez nos sorprende menos. Es el síntoma de una metástasis institucional que devora la soberanía de nuestros estados. No basta con el gastado libreto de “pedir investigaciones” y renuncias. Es la salida más fácil. Lo que presenciamos es la entrega perversa de las llaves de nuestra democracia a la delincuencia, donde el poder político y el narcotráfico comparten el compadrazgo, la mesa, el presupuesto y, trágicamente, el destino de la nación.
En lo que va del año, la ejecución de 12 presidentes municipales es el recordatorio más letal de que la autonomía local está bajo fuego. Cada nombre borrado es un golpe a una estadística de terror que el Gobierno Federal intenta maquillar con retórica. Matan la política al ejecutar representantes ante la mirada indolente de una federación paralizada y contemplativa. Ahora, asfixian la economía al extorsionar a empresarios y productores del campo, obligándolos a pagar un “impuesto de guerra” por trabajar su propia tierra o en los comercios que nos dan de comer. Es un asedio que ha tapado las arterias de nuestras instituciones, desmantelando aquel México que era sano, confiable y afable.
Hoy, la libertad de tránsito es solo un recuerdo nostálgico. Las vacaciones y puentes ya no se planean con mapas, sino con protocolos de supervivencia; diseñamos rutas para intentar llegar vivos. Se ha vuelto cotidiano que, en una gasolinera, el despachador nos comente en sigilo: “vayan con cuidado, circulen solo con luz de día”. Es el reconocimiento de que, al caer la noche, el asfalto le pertenece a la impunidad. El miedo nos ha robado el derecho de movernos por nuestra tierra.
La narrativa oficial es una calma ficticia mientras las familias se quiebran desprotegidas.
Es una traición a la patria que el poder público sirva de escolta a la delincuencia. Cada funcionario coludido es un clavo más en el ataúd de nuestra libertad. Ya basta de simulaciones. Nuestra democracia no sobrevivirá si el narco mantiene su derecho de picaporte en los palacios de gobierno. O recuperamos el Estado de derecho y nuestra paz, o seremos los testigos de lo que esta penumbra nos deje.