Vicente Viveros

Mucho revuelo ha causado el descubrimiento de que dos agentes de la CIA, lamentablemente fallecidos junto agentes de seguridad del Estado de Chihuahua en un accidente automovilístico después de un operativo antidrogas, participaron activamente en el mismo y al parecer también habrían participado ellos u otros elementos de dicha agencia en al menos otros dos, sin el conocimiento del gobierno federal, ni el permiso correspondiente por parte del Senado de la república, en una aparente violación a la soberanía nacional y el marco establecido en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la legislación secundaria.
Aunado a esto, no pasa desapercibido que el Estado de Chihuahua es gobernado por un partido de oposición, el Partido Acción Nacional, lo que agrega inevitablemente una variable política en el delicado tema que se dirime en las instancias correspondientes, políticas y jurídicas establecidas, y al que aún le faltan varios capítulos por definir.
Hay quienes por un lado se rasgan las vestiduras y se envuelven en el Lábaro Patrio para argumentar que se vio mancillada la soberanía nacional, y quienes justifican el tema en aras de la efectividad de los golpes dados a los grupos del crimen organizado en aquella entidad federativa.
Es este tenor, por supuesto que de confirmarse los hechos, hay una violación a la norma constitucional y legal, eso no está en duda; sin embargo, vale la pena hacer algunas precisiones para contextualizar el asunto.
La presencia de agentes de seguridad y/o de inteligencia extranjera en México es antigua. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial el país se convirtió en un punto de alto interés de diversos países por razones obvias, y circulaban con plena libertad agentes de diversas nacionalidades en tareas de inteligencia y contrainteligencia. Después, en la época de la Guerra Fría, el tema siguió en el mismo tenor y esto ocurría sin la aprobación ni de la presidencia, ni del Senado de la república y en muchos casos con la complacencia gubernamental. La literatura es amplia en este ámbito y es irremediable por la posición geopolítica de México, particularmente al ser vecino del país más poderosos del mundo.
Más recientemente, se acusa a Venezuela de otorgar pasaportes diplomáticos para trasladar activos financieros del crimen organizado a través de México en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro, o de la presencia de agentes rusos e incluso de países del Medio Oriente, acompañado de las sospechas de la participación de agentes estadounidenses en hechos como el de la captura del “Mayo” Zambada en un guion de película de Hollywood. Es decir, la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional es añeja y abundante sin conocimiento o con la complacencia de distintos gobiernos federales y estatales.
Aunado a lo anterior habría que hacer una reflexión sobre el concepto de soberanía, llevándola más allá de la potestad inalienable de que las decisiones de un país sean tomadas exclusivamente por las instituciones de un Estado, en este caso el mexicano, pero hoy en día la soberanía interna del país pasa por una severa crisis: ¿las y los mexicanos hoy podemos circular libremente y sin riesgo por la totalidad de nuestra extensión territorial? ¿Hoy son todos los gobiernos constitucionalmente electos en los municipios son quienes ejercen las funciones legales encomendadas? ¿Hay plenitud de ejercicio gubernamental en las 32 entidades federativas?
Lamentablemente la respuesta es no. Con esto no pretendo minimizar los hechos sucedidos en el Estado del Norte, pero tampoco da para simplificar políticamente el hecho con un patrioterismo barato. Los problemas del Estado mexicano en esta temática requieren de un análisis más profundo, sin dejar de exigir el respeto a la integridad nacional por parte de naciones extranjeras, pero también requiere de una mayor eficiencia y eficacia, además de solidez jurídica y unidad política.
Para eso necesitamos urgentemente un acuerdo nacional que indispensablemente tiene que ser convocado por la titular del Ejecutivo y tener un piso mínimo de acuerdos en diversas temáticas; de lo contrario, lo dicho en la norma jurídica quedará cada vez con mayor recurrencia en texto inaplicable en demérito de eso que llamamos soberanía nacional, hoy en serio riesgo por parte de gobiernos extranjeros.
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La soberanía nacional

Esta semana se encuentra en nuestro país el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en visita oficial en la que tendrá una serie de reuniones con funcionarios públicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre otros. Esta visita resulta de alta relevancia después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la misma Organización de las Naciones Unidas propusiera a su secretario general someter al pleno, el reporte sobre la situación de personas desaparecidas en México, tras analizar y llegar a la conclusión de que esta situación se realiza de forma generalizada y sistemática en México desde hace varios años.
Dicha petición causó una virulenta reacción del gobierno mexicano negando la situación, con algunas deficiencias conceptuales desde mi particular punto de vista y que pude escribir en esta columna de la semana pasada. Pero más allá de ello, la visita refrenda el interés de la ONU por abordar el tema con la mayor importancia posible. Sin duda, el comisionado tendrá reuniones complejas, difíciles, tensas. Por un lado, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil le realizarán seguramente un puntual relato de la dramática situación que viven más de cien mil familias que tienen a algún familiar desaparecido, de las condiciones de impunidad en el castigo de tan atroz delito y de las deficiencias del Estado mexicano para enfrentar la situación.
Por el otro, las autoridades federales harán de igual manera un largo relato de todas las acciones que desde el gobierno federal se han emprendido desde el sexenio pasado para disminuir este terrible flagelo. Con ambos acercamientos el alto comisionado deberá realizar un reporte que será público y abonará a su posible tratamiento en la máxima instancia de la ONU.
Insisto con mi argumento de la semana pasada: es una oportunidad para obtener asesoría técnica internacional que dé como resultado una mejora en las políticas públicas nacionales y disminuir el mayor y más sensible problema que vive México desde al menos una década atrás; es una inmejorable ocasión para reconocer la gravedad del problema y establecer rutas que permitan visualizar la luz al final del túnel, independientemente de partidos o de vergonzosas expresiones políticas que sólo buscan posicionar en pro o en contra del actual régimen. En este sentido, el alto comisionado debe de tener respuestas claras al menos a tres preguntas:
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<li> ¿Existe soberanía plena en la totalidad del territorio nacional?</li>
<li> ¿Hay plenitud de funciones gubernamentales en los 2 mil 478 municipios de México?</li>
<li> ¿La población circula libremente por las carreteras del país?</li>
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Las respuestas son evidentes. El asunto a dilucidar es si el Estado mexicano es cómplice, omiso, incapaz o la combinación de las mismas. No tengo duda de que ningún gobierno federal o estatal vive cómodo con semejante problema. Entonces, aprovechemos la coyuntura para buscar mejoras en la resolución de este grave problema.
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La ONU en México

Hace algunos días, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó al secretario general del mismo, que remita a la Asamblea General el reporte sobre la crisis de personas desaparecidas en México, tomando en cuenta la gravedad del delicado asunto y que tiene como objetivo coadyuvar en la prevención, investigación, castigo y erradicación del flagelo más grave para la sociedad mexicana, en un apoyo técnico y que retome la experiencia internacional en tan terrible asunto.
Para sorpresa de muchas personas, no la mía, la respuesta del gobierno de la república, primero a través de la Secretaría de Gobernación, después de la presidenta y posteriormente, de la dirigente de su partido, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores y los fieles seguidores en redes de la 4T fue casi furibunda. Descalificaciones, epítetos, la ya sabida defensa de la soberanía nacional (cualquier cosa que eso signifique); fueron los neoliberales, ya casi no sucede, el Estado mexicano no desaparece personas y un largo etcétera.
Para que el Comité decidiera hacer la solicitud derivado del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, uno de los elementos fundamentales es que exista información sustentada sobre si el fenómeno de las desapariciones es generalizado y/o sistemático en un territorio nacional. La respuesta es obvia para quienes habitamos el territorio nacional y seguramente no costó mucho trabajo al comité llegar a una conclusión en la que los números (PERSONAS) hablan por sí mismos.
Nadie de mediana edad en adelante nacido en México puede obviar que en buena parte del priato, hubo una clara política de represión ejercida por el gobierno que capturó, asesinó, encarceló y desapareció a miles de personas, opositoras, hechos documentados y además reconocidos en muchos casos, y nadie culpa de ello a la 4T. Lamentablemente, la alternancia democrática en México claramente disminuyó este fenómeno represivo por parte de las fuerzas del orden en México, pero en sentido contrario empezó a crecer el fenómeno de la desaparición de personas a manos de civiles, particularmente agrupados en grupos del crimen organizado a lo largo y ancho del país.
La principal preocupación del comité son las condiciones del Estado mexicano para atender y enfrentar un fenómeno que no deja de crecer a pesar de los juegos estadísticos; las tragedias cotidianas nos laceran todos los días y es claro que el conjunto de instituciones municipales, estatales y federales no han tenido la suficiente pertinencia para inhibir y enfrentar la dramática situación. Por ello pienso que es una invaluable oportunidad para abordar la problemática con otras visiones y enfoques; reconocer la magnitud del reto y todo aquello que abone debería ser bienvenido.
Hoy, ningún apoyo sobra y faltan enormidades. Ojalá haya una rectificación en el tema y tengamos un necesario, imprescindible, ineludible pacto nacional para prevenir, inhibir, sancionar, brindar justicia a cientos de miles de familias que hoy no saben dónde están sus seres queridos, entendiendo que no es un tema de partidos políticos. Es un tema de viabilidad de eso que llamamos Estado mexicano.
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Nuestras violencias

Las últimas semanas no han sido las mejores en la gestión de la presidenta Claudia Sheimbaum y esa, con matices, no es una buena noticia para el país.
En menos de un mes tuvo una doble derrota en el Congreso de la Unión con sus dos iniciativas de reforma electoral que acabaron siendo una reforma administrativa que sin duda, vulnera el espíritu federalista que dio origen a nuestra nación. Más allá de no coincidir con temas como que se defina el número de regidores de un Ayuntamiento o qué porcentaje del presupuesto estatal pueden costar las legislaturas locales, la presidenta fue rehén de sus socios, en primera instancia del Partido Verde y del Partido del Trabajo (PT) y en el Plan B, únicamente por el PT, que le impidió estar presente en la boleta electoral el año entrante con la figura de la revocación de mandato. Indudablemente, era un tema prioritario para ella y su equipo.
Más allá de que discutamos las razones del Verde y el PT, sin duda le quitaron a la presidenta una herramienta importante para tomar el control de la elección intermedia en general, pero particularmente dentro de su movimiento. La gobernabilidad interna de la 4T se ve en riesgo cuando la titular del Poder Ejecutivo no logra sacudirse la sombra de su antecesor y las tribus internas priorizan sus intereses sin importar el desgaste al que someten a su jefa política; recordemos que la definición de candidaturas para la elección del año 2027 en Morena y aliados, está a la vuelta de la esquina y enfrenta ese reto no en las mejores condiciones.
En este tenor, es de llamar la atención el poco cuidado del entorno cercano a la presidenta Sheinbaum. Primero, un asunto menor, aunque simbólico; creció de manera importante en redes el tema del “asoleadero” en Palacio Nacional, caso en el que a una servidora pública le pareció buena idea dotarse de vitamina D en una de las ventanas del histórico edificio, pero al equipo de comunicación de la presidencia le pareció aún mejor idea negar el hecho a pesar de las diversas fotografías que se hicieron virales en pocas horas, y el asunto se adueñó del debate público por al menos una semana. Tuvo como colofón el reconocimiento de la propia presidenta sobre el gazapo y la posterior renuncia de la funcionaria pública. En resumen, cargó con el costo político de manera gratuita ante un hecho innegable y anecdótico.
Cerramos estas líneas con la casi furibunda reacción de la titular de Bucareli para desdeñar la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para llevar a su pleno la aplicación del Artículo 34, donde se dará a conocer la gravedad de la situación que vive desde hace al menos 20 años nuestra nación, considerando que la desaparición de personas es un problema generalizado, sistemático y de larga data, que va en aumento.
Dicho mecanismo no condena al gobierno mexicano, coadyuva para tener asesoría técnica y financiera para conocer, prevenir y mejorar las condiciones de atención del que es tal vez el flagelo más oprobioso para 130 mil familias directamente, y para millones a lo largo y ancho de México.
En lugar de aprovechar la situación reconociendo el problema, orientar el debate para que se afinen, refuercen o reorienten las políticas públicas en municipios, estados y en el gobierno federal (sin duda esta problemática es de todos los niveles y órdenes de gobierno) con el acompañamiento internacional, la respuesta fue: no los necesitamos y hacemos lo suficiente. Grave error de origen que ya tuvo que matizar la propia presidenta el día de ayer en la conferencia mañanera.
De la veracidad de las fotografías del AIFA a reventar, publicadas en su cuenta de X, mejor no hablamos…
Independientemente de estar de acuerdo o no con la presidenta en los temas comentados en estas líneas, no han sido los mejores días en el año y medio de su gobierno, y la pregunta inevitable es: ¿Quién cuida a la presidenta?
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La soledad de la presidenta

Menos de noventa días faltan para que se lleve a cabo el evento deportivo de mayor impacto cada cuatro años. El Mundial de Futbol 2026 organizado por Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, parece que la contienda deportiva que suele captar la atención de miles de millones de seres humanos, en esta ocasión la empiezan a rebasar otro tipo de contiendas internacionales y locales que hacen que el interés disminuya, al menos en estas fechas.
El aumento de las selecciones participantes hace que tengamos casos como el de la semana pasada en Guadalajara, cuando los equipos de Nueva Caledonia y Jamaica se disputaron la posibilidad de entrar a la fase de grupos del Mundial, en un hecho anecdótico y en el que si bien hubo una experiencia agradable, la de ver a un equipo de futbol amateur tener esa posibilidad, le quita seriedad al torneo de futbol más importante del planeta.
Por otro lado, los conflictos de Estados Unidos con varios países hacen complejo que este país otorgue visas a selecciones como la de Irak o algunas otras, por las debilitadas relaciones internacionales o por temor a algún atentado terrorista aprovechando la acumulación de personas en las ciudades y estadios, riesgo que por cierto siempre es latente y llega a preocupación especial en este tipo de eventos.
México enfrenta una serie de inconvenientes locales no menores, frente al compromiso mundialista más allá de los deportivos, en los que la expectativa es poca. La amenaza latente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de bloquear vías de comunicación para colapsar la CDMX en los días que haya partido en el Estadio Banorte; las siempre justas demandas y protestas de los colectivos de personas desaparecidas, tema siempre vigente y que tomó especial relevancia al darse a conocer la “nueva” estadística elaborada por el gobierno federal que no satisface a nadie, teniendo un hecho incontrovertible; no hablamos de números, hablamos de personas de las que hoy no sabemos en dónde se encuentran y que avivó la protesta social y la atención mediática internacional.
El partido de este fin de semana en la reinauguración del remodelado Estadio Banorte, dejó un mal sabor de boca por errores en su nuevo diseño. Sólo por ejemplificar, el tema de las primeras filas con visibilidad casi nula a la cancha, baños sin puertas y poca eficiencia para ingresar al estadio, además de una persona fallecida al parecer en un acto de imprudencia producido por la ingesta de alcohol; obras aún pendientes en las tres sedes y un ánimo de reclamo al Tricolor en dicho partido, donde fue abucheado y vituperado por buena parte de la afición.
En fin, el ánimo social no es el mejor y parece que la fiesta del futbol no será suficiente para mejorarlo por más esfuerzos que hagan la FIFA y sus patrocinadores. La superficialidad de lo más importante de lo menos importante, en esta ocasión quedará corta frente a los problemas cotidianos y graves que se viven en el territorio nacional y en el vecino del norte.
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El Mundial

Recién nos enteramos de la separación del cargo del hasta ayer director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, y la llegada del ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda, e irremediablemente se abre una nueva línea de análisis sobre el serio problema de abastecimiento del agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara, que independientemente de quién encabece el organismo, se agudizará al menos en el periodo de estiaje que recién inicia.
Es claro que algo no funciona bien en el SIAPA desde hace varios lustros. El modelo de intermunicipalización que le dio vida se encuentra hoy agotado; es evidente que no tiene los elementos técnicos ni presupuestales, para enfrentar el que junto con la inseguridad, es tal vez el tema público de mayor relevancia en la metrópoli tapatía y al que no se le puede dar más largas para construir una ruta de corto, mediano y largo plazos, que garantice el abastecimiento del vital líquido de al menos cinco millones de habitantes, particularmente de los cuatro principales municipios metropolitanos.
Sin embargo, para que esto suceda y tenga posibilidades reales de éxito en la construcción de una política pública eficaz y eficiente, es necesario establecer un principio y ese es el de la voluntad de diálogo entre todos los actores políticos; de no darse esta condición, estamos destinados al mismo resultado del último cuarto de siglo: bloqueos parlamentarios, aprovechamiento político de la situación y patear el balón para esperar un nuevo signo político en el siguiente gobierno, y repetir el ciclo infinitamente.
En este menester, es necesario el compromiso de todos los niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, para que las obligaciones constitucionales y legales se revisen y atiendan con mayor pertinencia; la vigilancia sobre las descargas industriales de los diversos afluentes que dotan del vital líquido al AMG; establecer metas en una línea de tiempo; presupuestar los recursos necesarios para ir atendiendo la crisis; sensibilizar a usuarios sobre la importancia de usar de manera razonable su disposición y trazar una ruta técnica y de voluntad política para que tenga éxito, independientemente del signo político que gobierne al país, al Estado y a los municipios involucrados.
El tiempo nos alcanzó y no hay margen de maniobra para seguir retrasando el tema. Es indispensable una alianza en la que el factor político esté a la altura de las circunstancias, antes de que lleguemos al “día cero”. La responsabilidad en diferentes magnitudes es de todas y todos, desde la clase gobernante hasta el usuario final. Hay que entender que en este tema en particular nadie gana y todos perdemos de no tener la capacidad de acuerdo indispensable, necesaria y obligatoria.
Ojalá estemos a la altura del inmenso reto.
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Agua

Empiezo este texto por el final. No de la mejor manera, no como debería ser, no en el momento en el que la incertidumbre mundial es el signo de la época, pero es altamente probable que el pasado 31 de diciembre haya sido el último del tradicional festejo por el triunfo de la revolución cubana con el derrocamiento de Fulgencio Batista y la esperanzadora llegada al gobierno de Fidel Castro Ruz, Ernesto “El Ché” Guevara, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida, que junto con un grupo de hombres y mujeres consumaron su lucha armada, con orígenes de planeación y apoyo desde alguna parte del poder político en México, que les permitió zarpar de Tuxpan, Veracruz, en el yate “Granma” para desembarcar en Las Coloradas e iniciar la gesta revolucionaria que marcaría una destacada página en la historia del siglo XX y que marcó también, una época de impacto global hasta nuestros días.
En el mundo de la Guerra Fría, Cuba era el referente americano de que se podía hacerle frente al imperio, de que las luchas de la izquierda revolucionaria en América Latina tenían posibilidades de éxito, y lo logró por ejemplo con el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional encabezado por un joven Daniel Ortega, e impulsando las luchas contra las dictaduras militares en Chile o El Salvador.
Sin embargo, después de un cuarto del siglo XXI, Daniel Ortega es hoy un dictadorzuelo mucho peor que el derrocado por él, Anastasio Somoza, y se convirtió en un paria que ha sumido a Nicaragua en la peor de las dictaduras en su historia. Las y los nicaragüenses merecen salir pronto de semejante atrocidad de gobierno.
De igual manera, las esperanzas del movimiento revolucionario cubano fueron cambiando. La desaparición de la Unión Soviética como su sostén, el fracaso de su  modelo económico, el endurecimiento del régimen ante las nacientes, tímidas y hoy inocultables protestas por la asfixia que vive su pueblo, al menos durante los últimos 30 años, han hecho de su gobierno una dictadura tropical más; el encarcelamiento y la represión de quien piensa diferente, de las minorías diversas, de quien se atreve a cuestionar un sistema arcaico, es la constante para una población que vive con un progreso de principios del siglo XIX, al no tener electricidad o combustible, solo por mencionar dos de las carencias más notorias, además de las escasas posibilidades de conseguir alimentos.
Aunque no se regatea que en algún momento sus esquemas de educación o de salud, de la manera en la que se enfrentó el bloqueo y que fueron ejemplos de manera efímera, hoy nada queda de eso, y Estados Unidos no está dispuesto en este gobierno a permitir injerencia alguna en toda la América, de Rusia, China, Irán o cualquier otra potencia que desde su punto de vista, es un riesgo. Venezuela y la propia república islámica son solo ejemplos.
Cuba es el siguiente país en donde la intervención del gobierno de Donald Trump hará caer a un régimen que vive en agonía desde hace al menos una década.
Insisto en que esto no debió suceder y la transición democrática en la hermosa isla se vio truncada por una minoría dictatorial. A pesar de todo ello, no tengo duda de que la inmensa mayoría de las y los cubanos esperan con ansia el final de una era de 66 años. El día que eso suceda celebrarán con mayor ahínco que el 31 de diciembre de 1959, a pesar de la incertidumbre de la época poscastrista.
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Patria o muerte

Por fin se dio a conocer la iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, después de al menos tres intentos y de más de un semestre de “consultas” a modo, por varias regiones del país. Menciono lo de “a modo” porque dichos foros eran más parecidos a la parte cuando alguien defiende su tesis de licenciatura, pero sin preguntas ni respuestas; escasos 5 minutos para decir a unos impávidos integrantes de la comisión creada para ese fin, lo que los ponentes pensaban sobre lo que necesita México en materia electoral.
Así, se recabaron infinidad de propuestas de toda índole. Hay que decir que buena parte de las intervenciones se dedicaron a cuestionar la necesidad de una reforma, a criticar las pretensiones de eliminar o limitar las facultades de los organismos públicos electorales locales y de los tribunales electorales locales; de reducir sustancialmente los recursos de los partidos políticos; de terminar con el servicio profesional electoral; de limitar el número de regidores y diputaciones por población estatal, y un largo etcétera.
Aún no hay claridad de todas estas propuestas, ya que se plantearán en la legislación secundaria, pero ya hay elementos suficientes para hacer un primer balance. 
Dentro de lo positivo destaco:
• La eliminación de las listas plurinominales en el Senado. La representación estatal debe recaer en la representación igualitaria de las entidades federativas en el pacto federal. La fórmula es adecuada: 2 representantes de mayoría relativa y la primera minoría; cualquier fórmula que permita a unos estados tener más senadurías que otros, rompe con el origen igualitario de la Cámara Alta. 
• Sin duda, es necesario reducir el costo del entramado electoral, pero esta reducción debe de ser equitativa. Vale la pena revisar el gasto electoral en años sin elecciones. No olvidemos que el costo de nuestro entramado electoral es proporcional a la desconfianza que nos tenemos los mexicanos entre nosotros. Los puntos más polémicos o retrocesos evidentes, tienen que ver con la centralización política de la reforma. 
• Es inconstitucional determinar cuántas regidurías deben tener los ayuntamientos. De igual manera, la pretensión de establecer los salarios de las personas integrantes de las legislaturas locales. 
• Los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) cumplen con una función fundamental en los estados. Tratar de centralizar funciones en el INE con el argumento de un menor costo, es una falsedad completa, como lo fue el decir que la transparencia sería más económica al desaparecer los órganos garantes; rompe el espíritu del federalismo a todas luces. 
• No hay mecanismos novedosos para impedir la infiltración de recursos del crimen organizado. Es indispensable trabajar en la fiscalización extrema para evitar recursos y personas candidatas relacionadas con la industria criminal.
El tema da para una mucha mayor reflexión, pero las líneas no alcanzan. Habrá que estar atentos para ver si la presidenta y su partido logran convencer a sus socios electorales, que se encuentran renuentes a apoyar la reforma, por ver reducidas sus ganancias financieras y políticas. Ya comentaremos la semana entrante cuál fue el resultado de las negociaciones y de los votos obtenidos.

Reforma electoral

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Mi pecho no es bodega

El pasado domingo, quienes nos desenvolvemos en el ámbito del análisis político, de la academia o del servicio público, nos enteramos por la mañana de la terrible, la lamentable noticia del fallecimiento prematuro del Doctor Jorge Alberto Alatorre Flores, destacado politólogo y servidor público. Escribo estas líneas de manera un poco apresurada, ya que la labor profesional y su dinámica personal, hacen necesario un análisis de mayor profundidad que sin duda harán en lo subsecuente sus amistades más cercanas.
Es difícil describir cómo era Jorge. Su inteligencia y su humor ácido, su testarudez y su amplia capacidad de análisis político, su “ñoñez” como estudiante que en este caso fue proporcional a su alto desempeño en el servicio público, lo hicieron ser una de esas personas de excepción. Sus innumerables alumnos darán fe de su alta exigencia académica, pero también de su calidad humana, su compañerismo desde la entonces Facultad de Estudios Políticos, Internacionales y de Gobierno, de la Universidad de Guadalajara, siendo egresado de su primera generación. Pero para entender su disciplina, basta decir que fue el primer profesionista de nuestra carrera al ser el primer egresado en tener su título de la licenciatura y la primera cédula profesional como politólogo en el Estado de Jalisco.
Maestro en Administración Pública y Ciencia Política con especialidad en Políticas Públicas e Innovación Gubernamental por la Universidad de Pittsburgh y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Purdue, dan cuenta de su perfil académico.
Consejero electoral, coordinador de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara, primer presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras muchas responsabilidades públicas, también dejan en evidencia su compromiso. Ese compromiso de un ciudadano tratando de incidir en tener una mejor sociedad partiendo del análisis complejo y de la aplicación práctica desde las diversas trincheras en donde tuvo la oportunidad de aportar, sin arredrarse frente al poder.
En los más de treinta años en los que tuve la valiosa oportunidad de convivir con él, desde los pasillos del CUCSH en la época estudiantil, hasta como colega en el servicio público, Jorge fue un amigo y compañero con quien tuve más diferencias que coincidencias, pero siempre de manera franca y clara. Le respeto su congruencia, destaco que la llevó al extremo incluso dentro de la propia Universidad de Guadalajara.
La palabra que más se acerca para definir a Jorge, es que siempre fue un ser humano ÍNTEGRO.
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Jorge Alatorre