¿Y si dejan de torcer la ley para proteger a los narcos?

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia de seguridad y cooperación internacional. No solamente por las acusaciones realizadas por el gobierno norteamericano en contra de funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, sino por la forma en que la actual administración federal ha decidido responder: interpretando la ley conforme a su conveniencia política y no conforme al interés de la ciudadanía.

La solicitud realizada por autoridades estadounidenses respecto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con estructuras criminales, abrió un debate jurídico y político que deja más preguntas que respuestas. La postura del gobierno mexicano ha sido insistir en que no existen elementos suficientes para ejecutar una detención provisional con fines de extradición, argumentando supuestas insuficiencias dentro del artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, el propio artículo es claro. Establece que, en casos urgentes, una de las partes puede solicitar la detención provisional de una persona mientras se formaliza la solicitud de extradición. El requisito principal es que exista una orden de aprehensión, identificación de la persona reclamada y la promesa formal de complementar la petición dentro del plazo correspondiente. En ninguna parte del tratado se establece que el gobierno mexicano pueda reinterpretar políticamente la urgencia o exigir requisitos adicionales fuera del marco legal internacional.

Lo preocupante no es solamente el intento de frenar la cooperación con Estados Unidos. Lo verdaderamente alarmante es observar cómo desde la actual administración se ha intentado construir una narrativa jurídica para justificar políticamente la protección de determinados perfiles ligados al propio movimiento en el poder. Se habla de “soberanía”, de “prudencia diplomática” y hasta de “falta de pruebas”, cuando históricamente el mismo grupo político utilizó acusaciones internacionales como bandera electoral y mediática contra gobiernos anteriores.

Hoy la diferencia es evidente: cuando los señalados pertenecen a Morena, las normas parecen reinterpretarse; los tratados parecen negociables; y la ley deja de aplicarse con el mismo rigor.

El Estado mexicano existe para proteger a la ciudadanía, no para protegerse a sí mismo. Mucho menos para proteger a integrantes de un grupo político. Porque cuando un gobierno comienza a modificar el sentido de las normas mediante analogías jurídicas convenientes, lo que realmente hace es debilitar el Estado de Derecho y enviar un mensaje sumamente peligroso: que la justicia depende del partido político al que pertenezca el acusado.

Y la situación se vuelve todavía más delicada cuando la propia presidencia tiene que recurrir al expresidente Andrés Manuel López Obrador para consultar estrategias respecto al manejo político con Estados Unidos. Ese hecho deja una percepción sumamente grave hacia el exterior y hacia los propios mexicanos: la sensación de que la actual administración no gobierna plenamente bajo instituciones, sino bajo una estructura paralela de poder político interno donde las decisiones relevantes siguen dependiendo de intereses del grupo anterior.

Eso no solamente compromete la autonomía presidencial, también deja entrever que existen decisiones de Estado tomadas bajo criterios políticos y no jurídicos.

Mientras tanto, los derechos de los ciudadanos comunes continúan debilitándose. Porque si el gobierno es capaz de modificar interpretaciones legales para proteger a los suyos, entonces también puede hacerlo para perseguir selectivamente a quienes le resulten incómodos. Y ese antecedente es extremadamente peligroso para cualquier democracia.

El contraste político también quedó evidenciado recientemente en Chihuahua. Tras el aseguramiento de un importante laboratorio clandestino ligado al crimen organizado, la gobernadora Maru Campos enfrentó críticas, señalamientos y presiones desde sectores cercanos al oficialismo federal bajo el argumento de que “no se siguieron protocolos adecuados”. Sin embargo, detrás del discurso técnico apareció nuevamente el elemento político: la gobernadora no pertenece a Morena.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿El problema realmente fue el protocolo o el hecho de que una mandataria de oposición lograra un golpe relevante contra estructuras criminales? Porque mientras a gobiernos estatales ajenos a la administración federal se les cuestiona de inmediato, a funcionarios ligados al grupo gobernante se les construyen defensas jurídicas, narrativas diplomáticas y obstáculos institucionales para retrasar investigaciones.

La justicia no puede funcionar bajo colores partidistas. No puede existir una ley dura para opositores y una ley flexible para aliados. Cuando el gobierno comienza a utilizar las instituciones para blindar políticamente a determinados perfiles, deja de gobernar para el país y comienza a gobernar únicamente para su movimiento.

Y eso, más que una crisis diplomática, es una crisis de legitimidad institucional.