Verdad, Justicia y Soberanía

• Verdad

El 19 de abril de 2026, dos agentes de la CIA y dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua perdieron la vida en un accidente carretero, cuando regresaban de un supuesto operativo implementado para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de aquella Entidad.

El 23 de abril, el secretario de Seguridad del Estado de Chihuahua confirmó que en el edificio Torre Centinela, donde se monitorea la seguridad de la Entidad, el gobierno panista de Maru Campos le otorgó a la CIA, al FBI y a la DEA el piso 18 para que estuvieran colaborando con las autoridades locales.

La colaboración de agentes extranjeros con el gobierno de Chihuahua se realizó sin observar lo establecido en la Constitución Mexicana (Arts. 19, 40 y 117 entre otros) y en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional. Existen disposiciones en la Constitución y en diversas leyes secundarias que sancionan a las y los responsables nacionales que colaboren con gobiernos o agentes extranjeros sin autorización del Estado Mexicano.

El 28 de abril, el gobierno de EE.UU. presentó solicitud al gobierno de México para la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios más. El gobierno de México señaló que EE.UU. no acompañó las pruebas necesarias para fundamentar su solicitud. El gobierno de EE.UU. deberá presentarlas en un término de 60 días. Paralelamente, la FGR abrió una carpeta para investigar a los 10 funcionarios referidos. El gobierno de México ha informado que, si las pruebas que ofrezca EE.UU. o que documente la investigación de la FGR acreditan la responsabilidad de éstos, se procederá a su detención.

La CIA tiene un largo historial de intervencionismo en el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país. Sus intromisiones están relacionadas con la desestabilización de gobiernos, movimientos y líderes. Una referencia de su actuar lo evidenció el periodista Manuel Buendía en el libro “La CIA en México”, en el que exhibió los entrelazamientos existentes entre funcionarios de los gobiernos federales surgidos del PRI en las décadas de los 70 y 80, los agentes de la CIA y las primeras generaciones de narcotraficantes mexicanos. Manuel Buendía fue asesinado y su muerte se atribuye a quienes se vieron afectados por estas revelaciones.

Morena es un movimiento social y es un partido político. Lo conformamos millones de mexicanas y mexicanos (12 millones nos afiliamos entre octubre y marzo pasado). Nuestro movimiento partido sostiene y lucha por los derechos sociales del pueblo de México. Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo han marcado distancia de todo poder que no sea el poder del pueblo; son gobiernos que no se han subordinado al poder económico, a gobiernos extranjeros y mucho menos al crimen organizado. En lo que atañe a este último, los actuales resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum también lo demuestran al registrar miles de detenciones de narcotraficantes, miles de toneladas de drogas confiscadas, miles de armas decomisadas y enormes cantidades de dinero requisado, así como miles de laboratorios de drogas destruidos y una baja significativa de la violencia en el país.

Si ha habido un partido corrompido por el narco en México es el PRI. Ahí están los exgobernadores Mario Villanueva y Roberto Borge en Quintana Roo; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas; Roberto Sandoval en Nayarit, Jesús Reyna en Michoacán. Le sigue el PAN con Sergio Estrada Cajigal en Morelos; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas; el exsecretario de Seguridad federal Genaro García Luna. Pregunto además: ¿Por qué no ha vuelto Felipe Calderón a EE.UU. después de la detención de éste? Y recordemos los audios de los acuerdos que delató “La Tuta”, jefe de la “Familia Michoacana”, con “Cocoa”, hermana de Calderón.

• Justicia

La gobernadora panista de Chihuahua y demás colaboradores que autorizaron la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional sin la anuencia del Estado Mexicano, violaron la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, lesionaron con ello la soberanía del país, se les debe sancionar legalmente.

Si los funcionarios señalados en la solicitud de EE.UU. por las pruebas que aporte ese gobierno o por las que encuentre el gobierno nacional, resulta que son responsables, serán juzgados sin consideración alguna por traicionar la voluntad popular, por haberse desentendido de su compromiso con la ciudadanía y haber privilegiado otro interés, el del crimen organizado. Pero este juicio debe fundarse en evidencias claras, objetivas, contundentes, no en campañas mediáticas que la oposición exacerba para obtener ganancia política.

• Soberanía

La soberanía es un derecho irrenunciable del pueblo mexicano. Significa tener libertad para gobernarnos por nosotros mismos y decidir sin ajena intervención los asuntos económicos, sociales, políticos de la nación. La soberanía no es atributo de los gobernantes, sino del pueblo, a éste corresponde el Poder Supremo. La soberanía no fue una concesión gratuita, resultó de la lucha de cientos, miles, millones de personas que nos antecedieron. Parte de ellas murieron buscando conquistarla para su descendencia. La soberanía se pone en riesgo cuando dirigentes priistas y panistas claman porque un gobierno extranjero venga a meterse en los asuntos nacionales y les ayude a recuperar el poder que les quitó el pueblo mediante el voto. Hay priistas y panistas patriotas, pero no distingue este rasgo a sus actuales dirigencias nacionales. La soberanía se trastoca cuando un gobierno local, a ocultas del gobierno federal, hace acuerdos con agentes extranjeros y los deja actuar en el territorio nacional.