Miguel De La Rosa Figueroa

MC ha perdido la confianza de la gente en los estados que gobierna. Así lo evidencian las encuestas serias que miden la opinión del electorado en Nuevo León y Jalisco, donde se observa una tendencia a la baja de dicho partido político ubicándolo en el mes de mayo con un 20% aproximado de respaldo ciudadano en ambas entidades. Morena por el contrario, presenta una tendencia de crecimiento al punto de colocarse como la opción con mayor apoyo electoral, situada arriba del 35% en los dos estados.
En Nuevo León y Jalisco la caída de MC se explica obviamente por el mal desempeño de gobierno. La gente no consiente los actos de corrupción que caracterizan a ambas administraciones, tampoco la participación de funcionarios de gobierno en los negocios inmobiliarios a costa del deterioro de la calidad de vida de las y los habitantes de las ciudades. No acepta además los incrementos a los servicios públicos sin que exista en reciprocidad mejora de los mismos. Igualmente rechaza el gasto excesivo en medios, al colmo de la frivolidad en la promoción de sus principales figuras públicas, desatendiendo la asignación de los recursos a prioridades y urgencias sociales relevantes.
En perjuicio de la gente, MC en lugar de revisar y corregir sus errores de gobierno, en vez de atender la corrupción y enmendarse, pretende arreglar su caída electoral presionando a los medios para que le laven el rostro con opiniones de complacencia, por un lado, y por otro a través del golpeteo político a sus adversarios electorales, especialmente a Morena. No percibe la población un acto de contrición de MC, de reconsideración y mejora del desempeño gubernamental, lo que testimonia es una estrategia de zalamería en favor de ese partido desde diversos medios de comunicación, y reitero, en otra vía una campaña de linchamiento al Movimiento de Regeneración Nacional. Esto no es de extrañarse, en el campo de la mala política y la sucia competencia, el que va perdiendo suele golpear a quien le va ganando.
En el 2024, MC en Nuevo León perdió las senadurías, la capital Monterrey, municipios importantes como Escobedo y la mayoría de las diputaciones federales y locales. En el mismo año en Jalisco MC perdió también las senadurías, 19 de 20 diputaciones federales, 16 de 20 diputaciones locales, 4 municipios metropolitanos y 81 foráneos, 85 en total de los 125 que constituyen la geografía política estatal. Aunque gobierna las entidades, su estructura política ha perdido espacios significativos.
En Jalisco, por diversos trascendidos nos enteramos que hace unos días la cúpula de MC se reunió con los principales funcionarios de gobierno. Según una fotografía tomada a la pantalla de una computadora utilizada en el encuentro, van a sumar a las estrategias anteriores la homologación del discurso de dirigentes y funcionarios, para promover las acciones de gobierno que les hayan resultado exitosas. Por tanto, no van a hablar del aumento al transporte, tampoco de la mala calidad del agua, menos de las fallas en los sistemas de vigilancia durante la comisión de delitos. No, de esto no van a comentar, y si sólo van a comunicar homogéneamente lo que han hecho bien, es probable que no tengan nada qué comunicar. 
De igual forma nos enteramos que, en una segunda reunión registrada en esta semana, nuevamente la dirigencia de MC y funcionarios del gobierno, preocupados por su derrumbe electoral, acordaron copiarle a Morena su principal acción política: “más territorio y menos escritorio”. Ya en esas andadas, habían de copiarle también a Morena su forma de gobernar: austeridad en el gasto público, combate a la corrupción, contacto permanente y trabajo por en favor del pueblo.
MC no va a volver a reposicionarse en el ánimo de la ciudadanía de Nuevo León y Jalisco; la gente de ambos estados es bastante crítica y nada fácil de reconciliar cuando ha perdido la confianza, por eso son de las entidades que más han tenido alternancia electoral. Estamos pues, parafraseando el título de una obra de Gabriel García Márquez y anticipando el derrumbe de MC, ante la “crónica de una derrota anunciada”.

Miguel De la Rosa Figueroa

MC, el partido que se cae

• Verdad
El 19 de abril de 2026, dos agentes de la CIA y dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua perdieron la vida en un accidente carretero, cuando regresaban de un supuesto operativo implementado para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de aquella Entidad.
El 23 de abril, el secretario de Seguridad del Estado de Chihuahua confirmó que en el edificio Torre Centinela, donde se monitorea la seguridad de la Entidad, el gobierno panista de Maru Campos le otorgó a la CIA, al FBI y a la DEA el piso 18 para que estuvieran colaborando con las autoridades locales.
La colaboración de agentes extranjeros con el gobierno de Chihuahua se realizó sin observar lo establecido en la Constitución Mexicana (Arts. 19, 40 y 117 entre otros) y en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional. Existen disposiciones en la Constitución y en diversas leyes secundarias que sancionan a las y los responsables nacionales que colaboren con gobiernos o agentes extranjeros sin autorización del Estado Mexicano.
El 28 de abril, el gobierno de EE.UU. presentó solicitud al gobierno de México para la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios más. El gobierno de México señaló que EE.UU. no acompañó las pruebas necesarias para fundamentar su solicitud. El gobierno de EE.UU. deberá presentarlas en un término de 60 días. Paralelamente, la FGR abrió una carpeta para investigar a los 10 funcionarios referidos. El gobierno de México ha informado que, si las pruebas que ofrezca EE.UU. o que documente la investigación de la FGR acreditan la responsabilidad de éstos, se procederá a su detención.
La CIA tiene un largo historial de intervencionismo en el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país. Sus intromisiones están relacionadas con la desestabilización de gobiernos, movimientos y líderes. Una referencia de su actuar lo evidenció el periodista Manuel Buendía en el libro “La CIA en México”, en el que exhibió los entrelazamientos existentes entre funcionarios de los gobiernos federales surgidos del PRI en las décadas de los 70 y 80, los agentes de la CIA y las primeras generaciones de narcotraficantes mexicanos. Manuel Buendía fue asesinado y su muerte se atribuye a quienes se vieron afectados por estas revelaciones.
Morena es un movimiento social y es un partido político. Lo conformamos millones de mexicanas y mexicanos (12 millones nos afiliamos entre octubre y marzo pasado). Nuestro movimiento partido sostiene y lucha por los derechos sociales del pueblo de México. Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo han marcado distancia de todo poder que no sea el poder del pueblo; son gobiernos que no se han subordinado al poder económico, a gobiernos extranjeros y mucho menos al crimen organizado. En lo que atañe a este último, los actuales resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum también lo demuestran al registrar miles de detenciones de narcotraficantes, miles de toneladas de drogas confiscadas, miles de armas decomisadas y enormes cantidades de dinero requisado, así como miles de laboratorios de drogas destruidos y una baja significativa de la violencia en el país.
Si ha habido un partido corrompido por el narco en México es el PRI. Ahí están los exgobernadores Mario Villanueva y Roberto Borge en Quintana Roo; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas; Roberto Sandoval en Nayarit, Jesús Reyna en Michoacán. Le sigue el PAN con Sergio Estrada Cajigal en Morelos; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas; el exsecretario de Seguridad federal Genaro García Luna. Pregunto además: ¿Por qué no ha vuelto Felipe Calderón a EE.UU. después de la detención de éste? Y recordemos los audios de los acuerdos que delató “La Tuta”, jefe de la “Familia Michoacana”, con “Cocoa”, hermana de Calderón.
• Justicia
La gobernadora panista de Chihuahua y demás colaboradores que autorizaron la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional sin la anuencia del Estado Mexicano, violaron la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, lesionaron con ello la soberanía del país, se les debe sancionar legalmente.
Si los funcionarios señalados en la solicitud de EE.UU. por las pruebas que aporte ese gobierno o por las que encuentre el gobierno nacional, resulta que son responsables, serán juzgados sin consideración alguna por traicionar la voluntad popular, por haberse desentendido de su compromiso con la ciudadanía y haber privilegiado otro interés, el del crimen organizado. Pero este juicio debe fundarse en evidencias claras, objetivas, contundentes, no en campañas mediáticas que la oposición exacerba para obtener ganancia política.
• Soberanía
La soberanía es un derecho irrenunciable del pueblo mexicano. Significa tener libertad para gobernarnos por nosotros mismos y decidir sin ajena intervención los asuntos económicos, sociales, políticos de la nación. La soberanía no es atributo de los gobernantes, sino del pueblo, a éste corresponde el Poder Supremo. La soberanía no fue una concesión gratuita, resultó de la lucha de cientos, miles, millones de personas que nos antecedieron. Parte de ellas murieron buscando conquistarla para su descendencia. La soberanía se pone en riesgo cuando dirigentes priistas y panistas claman porque un gobierno extranjero venga a meterse en los asuntos nacionales y les ayude a recuperar el poder que les quitó el pueblo mediante el voto. Hay priistas y panistas patriotas, pero no distingue este rasgo a sus actuales dirigencias nacionales. La soberanía se trastoca cuando un gobierno local, a ocultas del gobierno federal, hace acuerdos con agentes extranjeros y los deja actuar en el territorio nacional.

Verdad, Justicia y Soberanía

La niñez es una etapa privilegiada, si se dispone de los requerimientos necesarios para vivirla en plenitud; o  es quizá la más desafortunada por la condición de vulnerabilidad física e intelectual de la persona infante, si se transita careciendo de los más indispensables satisfactores.
Una niña, un niño, pueden ser plenos si crecen en hogares rodeados de amor familiar, si reciben alimentos nutritivos, medicamentos oportunos, vestuario suficiente e idóneos medios de recreación.
Las infancias alcanzan la plenitud si tienen  también acceso a la educación de calidad, esa que estimula el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que potencian sus capacidades.
Así mismo, cuando la niñez se desarrolla en ambientes familiares, escolares, sociales e institucionales ricos en modelajes de buenos comportamientos y los responsables de su formación le corrigen con oportunidad, contará con los elementos determinantes de un buen destino en su futura adultez.
México, en sus últimas décadas, ha sido un país con alta población infantil y recientemente contabilizó el INEGI en la estimación del 2025,  38.5 millones de niñas y niños (de 0 a 17 años). Dirían los economistas que nuestro país ha dispuesto de un valioso bono demográfico.
Sin embargo, los frutos que debió y debe aún rendir tan preciado bono no se han logrado en la proporción esperada, porque muchas niñas y niños, millones, crecieron privados de los satisfactores esenciales ya mencionados.
De semejante desatención hay un responsable principal: El modelo económico y de Estado neoliberal. Éste, fundamentado en el darwinismo social, expuso a los grupos sociales vulnerables, entre ellos las niñas y los niños, a que aprendieran a sobrevivir por sus propios medios o se murieran en el intento.
El neoliberalismo canceló las políticas sociales indispensables para garantizar el acceso universal de la niñez a la alimentación, a la salud, a la educación. También ausentó de los hogares a padres y madres, porque ocuparon su tiempo en jornadas laborales extensas para poder completar el ingreso familiar.
El neoliberalismo achicó al Estado, erradicó su papel de equilibrador social y promotor de bienestar, en su adelgazamiento se deshizo de todo aquello que  protegiera a la infancia.
A partir del 2018, con las acciones de gobierno implementadas en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y las que lleva la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en México se ha implementado el modelo económico y de Estado antítesis del neoliberal: el Estado de Bienestar. Con él se están impulsando los programas sociales que buscan que cada niña y niño mexicano tengan lo esencial para su desarrollo; han surgido las becas universales para estudiantes de educación básica y media superior,  se han invertido recursos millonarios en el mejoramiento de los planteles escolares con el programa “La escuela es nuestra”; se ha prohibido la venta de comida chatarra en las instituciones educativas, se ha aumentado el salario en más del 300 por ciento para garantizar cuando menos dos canastas básicas de alimentos en cada hogar; se están desarrollando los programas de seguimiento y recuperación de la salud de niñas y niños, sobre todo de quienes presentan desnutrición o sobrepeso; se están activando competencias  deportivas nacionales; se ha desarrollado un nuevo modelo educativo que le da a la niñez un papel preponderante en su aprendizaje y le estimula a la participación en los asuntos comunitarios.
Hacemos todo, con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque queremos que las niñas y los niños mexicanos sean felices, tengan lo indispensable, desarrollen sus capacidades, alcancen un magnífico porvenir y engrandezcan a México. Este es uno de los más nobles fines de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Por el bien de México, primero las niñas y los niños

Fray Antonio Alcalde realizó en Guadalajara diversas y grandes obras en favor de la “Humanidad doliente”. Quizá entre ellas la de mayor alcance social haya sido el Hospital de Belén, actual Hospital Civil, el cual sigue siendo para la población de escasos recursos de la Entidad y de la región Occidente del país, la mejor opción por calidad de la atención y por accesibilidad económica.
Un lema que inspiró a tan Noble Obispo a trabajar por los más desfavorecidos y particularmente por quienes sufrían los agobios de las enfermedades y epidemias, se consigna en la frase que distinguió su actuar: “La salud del pueblo es suprema ley”.
En un mismo sentido, el pasado 18 de abril la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, publicó el decreto que instituye a nivel nacional el Servicio Universal de Salud. Se trata de un paso histórico hacia la consolidación de un sistema que atienda a toda la población mexicana, sin distingo de ser o no derechohabiente de alguna institución de salud por concepto de prestación social, laboral, o si se dispone o no de los medios económicos para costearla.
Con el objeto de hacer posible dicho servicio, de acuerdo al decreto, el Estado deberá trabajar por el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el financiamiento, el desarrollo de infraestructura, la formación y contratación de recursos humanos, el diseño e implementación de los sistemas de información y abasto de medicamentos y la integración en uno solo sistema de instituciones como el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar.
Este esfuerzo tiene como antecedente la implementación del IMSS-Bienestar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que permitió ampliar significativamente la cobertura del sistema público. En ese periodo, 23 entidades y la Ciudad de México se integraron con 11 mil 935 unidades médicas y 669 hospitales. La plantilla incluyó más de 42 mil médicos generales, 30 mil especialistas y 126 mil enfermeras. Además, se basificaron 176 mil 808 trabajadores de la salud y se contrataron 48 mil 736 médicos, incluyendo, ante la escasez de personal nacional suficiente, de cerca de 5 mil médicos de origen cubano.
La infraestructura también se fortaleció con la rehabilitación de 548 clínicas del ISSSTE, la construcción de 10 hospitales, el aumento de salas de infarto de 96 a 144 y la expansión de servicios de hemodiálisis de 4 mil 551 a 6 mil 487.
Bajo la actual administración, la doctora Claudia Sheinbaum anunció una inversión inicial de 21 mil millones de pesos para consolidar este modelo, de los cuales 17 mil millones se destinarán a infraestructura hospitalaria y 3.5 mil millones al equipamiento médico y contratación de personal de salud. A nivel estatal, destaca la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga, con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos. Esta obra beneficiará a más de 2.5 millones de personas en entidades como Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Colima y Michoacán.
Asimismo, programas como Salud Casa por Casa fortalecen la atención directa mediante visitas domiciliarias, expedientes clínicos digitales y acceso a medicamentos.
El nuevo modelo rompe con una de las barreras más injustas del sistema: la derechohabiencia como condición de acceso. A partir de ahora, y de acuerdo con una progresiva inclusión, cualquier persona podrá ser atendida en las instituciones públicas de salud, sin importar su afiliación, ingreso o condición social. Este cambio afirma que la atención médica es un derecho humano y no una mercancía.
Otro de los pilares de la transformación en materia de salud es la incorporación de herramientas digitales como lo es el expediente clínico electrónico y la credencial única de salud, que no solo modernizan el sistema, sino que también lo hace más justo al garantizar continuidad en la atención y reducir las brechas territoriales.
Estamos ante un cambio de paradigma: de la transición de un sistema fragmentado y desmantelado hacia uno de universalidad y eficiencia. Esto es en esencia un acto de profunda justicia social. El Servicio Universal de Salud logrará pagar una de las deudas más dolorosas de los gobiernos con su población, hará de su acceso a la salud, suprema ley.

La salud del pueblo es suprema ley

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL, organismo responsable de la prestación de los derechos de seguridad social, de salud y de pensiones a las y los trabajadores del gobierno del Estado de Jalisco y sus municipios, enfrenta en estos últimos años y enfrentará en los próximos venideros, el mayor desafío para el cumplimiento de sus obligaciones sociales con las y los más de 130 mil burócratas activos y jubilados que constituyen su base de derechohabientes.
Este instituto, a lo largo de sus 72 años de existencia, ha ido integrado un fondo económico con aportaciones bipartitas (del Estado en su carácter de patrón y de las y los trabajadores) sumando además ingresos obtenidos de intereses cobrados por los créditos otorgados a sus derechohabientes, así como las rentas ganadas por la administración y el arrendamiento de inmuebles, más las generadas por los intereses resultantes del portafolio de inversiones de su capital.
Sin embargo, el fondo que debería garantizar la tranquilidad prestacional de las y los afiliados al instituto, desde su origen ha sido víctima de multiplicidad de actos de corrupción, saqueo y dispendio, afectando con ello la sustentabilidad de la cobertura de las actuales y futuras obligaciones de pensiones y prestaciones.
Ejemplo de lo anterior, en la última administración del PAN en Jalisco, correspondiente al gobierno de Emilio González Márquez, se dispuso de trescientos cuarenta millones de pesos para la construcción de las Villas Panamericanas, mismas que hasta el momento no le han retribuido al fondo un peso del capital invertido y menos, de interés alguno. También durante el gobierno de Emilio González se realizó otra inversión que sería equivalente en la actualidad a 1,552 millones de pesos para la compra de reservas territoriales de la zona de playa de Chalacatepec, en la costa de Jalisco, cuyas tierras se mantienen en disputa legal en virtud de que la mayoría de las y los integrantes del ejido José María Morelos, titular de éstas, reclaman no haber sido tomados en cuenta por la supuesta asamblea que resolvió su venta.
Además, durante los gobiernos de Acción Nacional, los directivos del IPEJAL contrataron hospitales privados para cubrir la prestación de los servicios médicos de las y los trabajadores que laboran para el instituto, lo que representa hasta el día de hoy una gran presión financiera.
En el gobierno de Aristóteles Sandoval, con el regreso del PRI, el instituto sufrió enormes pérdidas a causa de evidentes actos de corrupción. Entre ellos destaca el caso de la inversión de 603 millones de pesos en bonos de deuda de Abengoa, los cuales no valen ni el papel en que están impresos. Se agregó además en aquel sexenio, el caso de la “inversión” de 1,626 millones de pesos en la empresa TMM, de la que hasta el momento tampoco ha recuperado el fondo lo más mínimo.
Durante el primer gobierno de MC, de Enrique Alfaro, el instituto aportó recursos por 295 millones para la construcción de Ciudad Laboral. Las y los trabajadores del instituto cuestionaron dicha inversión, alegando la falta de claridad en torno de los planes de retorno de capital e intereses.
En el actual sexenio estatal de MC, el director del IPEJAL quizo estrenarse en el cargo con aumentos excesivos de sueldo para los funcionarios de alto nivel. Además, recientemente sumó a la lista de bienes improductivos adquiridos, el edificio de El Informador, pagando 165 millones por su adquisición sin tener hasta el momento un plan de destino y de retorno económico para el instituto.
Sumemos a todas estas afectaciones las diversas pensiones otorgadas a ex funcionarios que han sido cuestionadas por la dudosa forma en que acreditaron sus derechos para obtenerlas.
Contrastando con el saqueo y el dispendio de los recursos del IPEJAL, particularmente las y los trabajadores jubilados derechohabientes del instituto, han sufrido la carencia de medicamentos y la falta de servicios médicos, además de la miserable actualización del monto de sus pensiones. Mientras que las y los afiliados en activo que se jubilarán en los próximos años, según algunos informes actuariales, a partir del 2027 correrán el riesgo de que el instituto no tenga liquidez para cubrir sus pensiones y prestaciones.
El dinero del fondo de pensiones pertenece a las y los trabajadores activos y jubilados, ellas y ellos han visto con bastante enojo cómo los gobiernos del PAN, del PRI y de MC han metido la mano y tomado del mismo para enriquecerse a través de la corrupción, o para derrocharlo en compras de ocurrencia. Probablemente en un futuro próximo MC quiera cargarle el costo del saqueo y la mala administración a las y los afiliados para que recuperen con más años de cotización, con más edad para jubilarse, con más porcentaje de aportación, los daños ocasionados al fondo por la corrupción y el dispendio. Esto no lo debemos permitir. La sustentabilidad del fondo del IPEJAL debe resultar de fincar responsabilidad a quienes le han robado y recuperar lo perdido, sea con bienes de los destinatarios, de sus inversiones, o con los bienes de los directivos que tomaron esas malas y dolosas decisiones. También debe eliminarse la intromisión de los gobiernos en turno en la toma de decisiones para la administración de los recursos del IPEJAL; han sido una verdadera tragedia para el fondo. Hay que darle sustentabilidad al fondo sumando a las y los trabajadores que deberían de estar incorporados al IPEJAL pero que se omite su inscripción para desviar el monto de sus prestaciones a esquemas de corrupción.
El IPEJAL debe volver a ser patrimonio de las y los trabajadores. Paremos la corrupción y el dispendio que han puesto en riesgo su sustentabilidad.

El IPEJAL, historia de saqueo y dispendio que debe parar

La humanidad entera vivió hace unos días otra más de esas angustias que le arrebatan el sueño y su tranquilidad: el presidente de EE.UU., Donald Trump, había dado un ultimátum a Irán en el sentido de que, si no se llegaba a un acuerdo que incluyera la apertura a la navegación del Estrecho de Ormuz, toda su civilización moriría esa noche.
El plazo se cumplía el día martes siete de abril a las ocho de la noche, hora de Washington (seis de la tarde, hora del centro de México).
Aunque ya había declarado anteriormente otras amenazas de este tipo sin que llegaran a concretarse, el tono y el lenguaje de esta última hacía pensar que era posible que se cumpliera.
Esto no sucedió por diversos factores, entre ellos: la mediación de Pakistán, la presión internacional, la oposición de sectores internos de EE.UU., la advertencia de Irán de responder con ataques a aliados de EE.UU., y quizá también por algún resquicio de cordura en la cabeza de alguien.
Gracias a lo anterior, horas previas a que venciera el plazo se declaró una suspensión temporal de la agresión y al menos por dos semanas ha quedado en suspenso semejante tragedia.
Todas, todos, debemos esperar que tal suspensión se prolongue y se afiance en un acuerdo duradero. Pero también todas y todos debemos hacer algo para recuperar la paz, porque la muerte de miles de personas y los considerables daños materiales no incumbe únicamente a las poblaciones afectadas, a las familias en duelo, sino a la humanidad en su conjunto. No podemos dejar de lamentar y hacer nuestro el dolor de las familias de más de ciento sesenta personas, la mayoría niñas estudiantes de una escuela primaria que perdieron la vida en los primeros días, luego de que su escuela en la ciudad de Minab, Irán, fuera bombardeada. Las demás muertes de civiles y las de los propios militares de ambos bandos son dolorosas pérdidas de la humanidad completa.
El conflicto en referencia ya nos está costando económicamente (subieron los combustibles y los fertilizantes, por consecuencia la mayoría de productos y alimentos). Esto da motivo de queja y conversación en cualquier espacio, pero más costoso nos resulta la muerte de las y los semejantes, el daño a sus bienes, la destrucción de sus casas, la afectación a sus escuelas, hospitales, a sus calles, la destrucción de sus comunidades, esto también debe ser tema de nuestra queja y conversación cotidiana.
En una obra titulada “Heautontimorumenos” (El enemigo de sí mismo) de un autor latino llamado Publio Terencio, acuñó la frase: “Soy humano, nada de lo humano me es ajeno”. Quizá para estos tiempos la solidaridad, la empatía y la fraternidad que encierra tan grandiosa frase resulta propicia.
Quizá en sintonía con esta idea, como dice la canción de León Gieco titulada “Sólo le pido a Dios”, que la guerra no nos sea indiferente.

Ante la guerra de unos, la paz de todos

El municipio de Bolaños, ubicado en la región Norte del Estado, con una población cercana a los 7000 habitantes de los cuales el 60 por ciento se autoadscribe como indígena, transita hoy por el cambio de régimen de elección de sus autoridades municipales, del sistema de partidos políticos al sistema normativo interno, comúnmente denominado “de usos y costumbres”.
Este cambio ha sido ordenado por una resolución judicial lograda mediante diversos recursos legales promovidos por la comunidad indígena Wixárika, fundados en lo dispuesto por el artículo segundo de la Constitución y acuerdos internacionales que reconocen el derecho de los pueblos originarios a la autonomía y libre determinación.
No obstante, existen otros procedimientos jurídicos promovidos por habitantes de Bolaños que no se autoadscriben como indígenas y que pretenden revertirla. Sin embargo, al carecer legalmente de efectos suspensivos estos juicios, en tanto no se pronuncie la autoridad electoral, habrá el Congreso de Jalisco en su carácter de sujeto obligado en la sentencia, a cumplir con lo que la misma le ordena y que consiste fundamentalmente en la emisión de un Decreto para el cambio de régimen de elección de autoridades y posteriormente la publicación de los lineamientos que organizarán la elección, previamente consultados con las comunidades de Bolaños.
En nuestro país, 570 municipios ubicados en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, ya realizan la elección de sus autoridades municipales conforme a sus regímenes consuetudinarios. Lo anterior no implica que estas comunidades vivan al margen del marco jurídico nacional y local, como si fuesen microestados dentro del gran Estado Mexicano. En ellas se siguen observando las normas constitucionales, secundarias federales y locales, y se respetan los derechos generales, las garantías políticas electorales, los derechos de paridad de género y los demás derechos humanos de las personas.
Únicamente las y los titulares de los gobiernos de sus ayuntamientos surgen de procedimientos diferentes a los “regulares”.
En estos municipios no se postulan candidaturas mediante partidos políticos. En su lugar utilizan métodos contemplados en las prácticas colectivas cotidianas que vienen a ser tan variados como lo son las mismas comunidades; unas eligen formando una fila en torno a la persona que apoyan, en otras por medio de asamblea a mano alzada, algunas preguntan a las y los asistentes la propuesta que respaldan y registran cada voto en un pizarrón. Hay aquellas incluso que, al igual que nosotras y nosotros, emplean la urna.
Bolaños es el primer caso en Jalisco que como decimos, salvo posterior disposición judicial en contrario, andará la ruta del cambio de régimen de elección de autoridades. No hay antecedentes jurídicos al respecto en el Estado; habrá que crearlos. Deberá tomarse en cuenta además que el municipio tiene una población pluricultural y que existen legítimas resistencias a este proceso, como son legítimas las que lo demandan.
Las autoridades debemos valorar también que ha habido en los años que ha llevado esta demanda, diferentes tensiones en la convivencia. Por ello toda autoridad, ejecutiva o legislativa, habrá de conducirse con la mayor responsabilidad. No debe el Poder Ejecutivo hacer, decir u omitir nada sin antes haber pensado en la resonancia que tendrá su actuar en la población de Bolaños; decirles a unos lo que quieren oír es amistar con una parte, pero es enemistarse con otra y abonar así a la discrepancia. El Poder Ejecutivo debe ser imparcial y sumar en favor de la conciliación. Tampoco los partidos políticos representados en el Congreso tenemos margen de error, no debemos buscar que las diferencias partidarias sean dirimidas en el campo de las decisiones que la sentencia instruye al Legislativo, hacerlo sería mezquino e irresponsable.
El Congreso ya aprobó por unanimidad el referido Decreto en la sesión del día 26 de marzo, fecha en que concluía el término legal para hacerlo. Mi humilde reconocimiento a todas y todos los diputados y a sus grupos parlamentarios por ese entendimiento, mérito de todas y todos. Falta ahora consultar a las comunidades en relación con las normas que habrán de regular la elección; todas y todos serán escuchados, atendidos, y lo que abone al entendimiento, al respeto y la inclusión será debidamente tomado en cuenta.
Con la aprobación del Decreto, una parte de la población no indígena ha reiterado su oposición. Hacerlo es su derecho y el mismo deberá respetarse. Sin embargo, exhortamos a toda la población bolañense a que los bienes públicos, privados o comunitarios, en el ejercicio del derecho a la manifestación, sean respetados y muy especialmente debemos evitar que las personas con las que no se coincide, se conviertan en objetos de reclamos que lesionen su dignidad y su integridad.

Bolaños; convivir en la pluralidad

Hace unos días, ante la falta de resultados frente a la grave crisis de desabasto y mala calidad del agua en la ZMG, renunció el titular del SIAPA. Antonio Juárez Trueba era un director experto, conocía de la materia, pero su gestión fue ineficaz.
En su administración, el 2025 transitó igual que los años anteriores, el SIAPA siguió los tandeos y mantuvo la distribución de agua sucia a los hogares. No se percibió mejora alguna a pesar del aumento de las tarifas en casi un 10 por ciento; recibió la población el mismo mal servicio pero más caro.
Debe reconocerse que Juárez Trueba tiene parte de responsabilidad, pero la mayor corresponde a los gobiernos que han convertido al SIAPA en lo que es: una fuente de chambas, una caja chica, un proveedor de contratos, todo, menos un eficaz organismo abastecedor de agua. El PRI, el PAN y hoy MC, en mayor proporción que Antonio Juárez Trueba, son los verdaderos responsables de la crisis hídrica que aqueja a las y los habitantes de la metrópoli; ellos gobernaron (gobiernan) el SIAPA por bastantes años, cada cual en su tiempo promovió (promueve) o toleró (tolera) la corrupción, desatendió (desatiende) su mantenimiento y fue (ha sido) negligente en la ampliación de sus capacidades de tratamiento y distribución de agua.
Con el nuevo nombramiento desafortunadamente no hay mucho bueno que esperar, aunque quisiera estar equivocado. Empezando porque asume la titularidad una persona sin experiencia en planeación y operación de sistemas metropolitanos de abasto de agua. En segundo término, porque han sido tantos años de saqueo del organismo que está prácticamente en bancarrota. En tercero, porque su infraestructura es mayormente obsoleta e insuficiente.
Hoy, cuando el problema alcanza dimensiones extraordinarias, toda solución habrá de llegar a mediano y largo plazo; en lo corto, únicamente habrá medidas paliativas.
Algún día tendremos gobiernos locales responsables que piensen que proveer agua suficiente y de calidad a los hogares debe ser una de las más altas prioridades.
Cuando tengamos estos gobiernos, nombrarán como titular del SIAPA a una persona con experiencia, con capacidad probada y alto sentido de la honestidad. A esta persona le encargarán buscar dentro del organismo y fuera del mismo, a las y los profesionales, técnicos, trabajadoras y trabajadores con mayor pericia para armar con ellos el mejor equipo posible.
Luego procurarán capitalizar al SIAPA, tapando previamente los hoyos en sus bolsas para garantizar que todo peso que entre a sus arcas no tenga otro destino que la satisfacción de la necesidad de agua de la población.

Se fue el titular, siguen los problemas del agua

Juan Pablo Colín

Primero la familia: volver a poner a Jalisco y a México en el camino correcto

Jonás

“No somos piñata de nadie”

Mirza Flores

Juego limpio para Jalisco

José Manuel Romo Parra

Hacer equipo con los municipios

Arturo Garibay

Tensión en casa: “No dejes a los niños solos”

Emilio González Márquez, el exgobernador panista culpable del desbordamiento de la violencia en la Entidad, muy similar a la tragedia nacional de inseguridad provocada por Felipe Calderón Hinojosa durante el sexenio del 2006 al 2012, ha salido de las penumbras para llamar al PAN, a MC y al PRI a la conformación de una coalición que haga frente a Morena y le impida que alcance el triunfo electoral que las encuestas le están avizorando en Jalisco.
El Estado ha tenido buenos, mediocres y malos gobernadores; Emilio pertenece a estos últimos. De su periodo no hay obra que se haya distinguido por funcional y que haya sido realizada con honestidad; lo único que asociamos las y los jaliscienses con tan deslucido personaje es aquella ocasión en que, en estado alcohólico, acudió a un evento a entregar un cheque de 50 millones de pesos del presupuesto público para una obra religiosa, y aprovechando el micrófono le mentó la madre a la ciudadanía que se oponía al donativo.
En lo político hay otra cosa que en lo particular el panismo estatal no olvida de Emilio: el haber dejado solo a su candidato y amigo, el licenciado Fernando Guzmán Pérez Peláez, durante la elección a la gubernatura en el año 2012, para sumar veladamente su apoyo al candidato de MC, Enrique Alfaro.
El licenciado Fernando Guzmán le había sido leal desde la Secretaría General de Gobierno, a él le había tocado atemperar decisiones que al calor de las copas tomaba, junto con ellas, el entonces gobernador. No merecía Fernando Guzmán ni el panismo que su correligionario los hiciera a un lado en momento tan decisivo.
Desde aquel año, una parte importante del equipo de Emilio se incorporó con Alfaro y convirtieron a MC en la máscara del engaño, pretendiendo obtener la confianza de la gente, misma que perdieron como funcionarios blanquiazules.
Unos meses antes que Emilio, ya otras voces se habían pronunciado por la urgencia de ir en alianza contra Morena. Incluso a nivel nacional estos partidos instalaron mesas para explorar las conveniencias de alguna coalición. El problema es que el PAN y MC son hoy el puro cascarón, lo único que suman en un posible acuerdo. Serían las cúpulas de ambos partidos y las escasas y coaccionadas estructuras de gobierno, porque de base social andan bastante escasos y con eso no alcanza. Por ello han volteado a ver al PRI, y aunque saben el costo de juntarse con él por el repudio social que padece, se tapan la nariz, le juegan al olvido y lo empiezan a invitar a las reuniones de entendimiento.
En Morena no hay preocupación porque lograran concertar un acuerdo de unidad estas fuerzas políticas. Como el pueblo tiene memoria, sabe que votar por algo así sería padecer las desgracias de esos tres partidos en un solo sexenio y eso no hay quien lo aguante, y menos quien lo respalde.

Tres desgracias en una, la propuesta de Emilio