Nuevo embate contra las remesas
El pretexto es el combate al lavado de dinero y a los grupos del crimen organizado. La esencia es seguir asfixiando a las personas migrantes en Estados Unidos y a sus familias en los países de origen ahora con un nuevo frente utilizando el sistema financiero.
Esta semana Donald Trump lanzó una nueva embestida contra los migrantes: la Orden Ejecutiva titulada “Restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense” para que el Departamento del Tesoro audite las medidas dirigidas a instituciones financieras, organismos reguladores y agencias federales para fortalecer los mecanismos de identificación de clientes y vigilancia de actividades consideradas de riesgo.
En el discurso oficial, la orden de Trump busca endurecer las reglas para abrir cuentas y acceder a servicios financieros. Además, las instituciones financieras podrán solicitar mayores datos a sus clientes si consideran que las actividades realizadas por ellos pudiesen estar relacionadas con fraudes o el crimen organizado. También se establece en la orden que para autorizar un préstamo o una hipoteca sea considerada una posible deportación o pérdida de empleo como parte de la evaluación para otorgar créditos, tarjetas bancarias o financiamientos en general.
En este sentido, el Departamento del Tesoro deberá emitir, en un plazo de 60 días, una advertencia formal a todas las instituciones financieras sobre riesgos relacionados con personas no autorizadas para trabajar en Estados Unidos y empleadores que incumplan leyes migratorias o fiscales. Bajo esta nueva política cobra relevancia los permisos de trabajo que poseen los migrantes desde el gobierno de Joe Biden y que algunos de ellos deberán renovarlos antes de que Trump deje la presidencia.
Los efectos inmediatos de la Orden Ejecutiva los comenzarán a sufrir las personas migrantes “indocumentadas” en el envío de remesas. Se iniciará una revisión de todas las cuentas bancarias, créditos y transferencias vinculadas con migrantes “sin papeles” en la Unión Americana. Aunque la orden no prohíbe de manera expresa el envío de remesas, si se presionará a las compañías remeseras para ofrecer sus servicios solamente a migrantes “legales”, al mismo tiempo, que las autoridades federales auditarán a los empleadores de mano de obra “indocumentada”. Todo ello, abrirá la puerta para que las instituciones financieras puedan solicitar el estatus migratorio de sus clientes y sus permisos de trabajo.
Bajo la lógica de Trump el envío de remesas puede estar vinculado con el crimen organizado que utiliza ese mecanismo para mandar dinero a México y otros países, afirmación que no ha sido comprobada por ninguna investigación gubernamental o académica.
Por lo tanto, no hay más, el gobierno de Trump busca convertir al sistema financiero en una herramienta más de control migratorio, y de paso quedarse con más recursos de los generados por los migrantes en la Unión Americana.
