Jonás

La presidenta Claudia Sheinbaum lució airada en la mañanera de este 20 de mayo: “México no es piñata de nadie”. La frase, con una metáfora tan mexicana, se integra de forma natural a su reiterado discurso de defensa ante las acusaciones que mantienen tambaleante la “cuarta transformación” y han movilizado a Morena en previsión del próximo proceso electoral.
Pero cuando la mandataria advirtió que no permitirá que intervengan en las elecciones del año 2027, subió otro nivel al abierto conflicto que hay con el gobierno de Donald Trump. 
Surge por sí sola la pregunta candorosa: ¿El gobierno de Estados Unidos interviene en las elecciones constitucionales mexicanas? 
Conviene revisar primero, lo que ocurre con total claridad:
• En unos pocos días se aprobará en la Cámara de Diputados “la reforma de la reforma judicial”. Es decir, la muy defendida reforma constitucional que le dio al pueblo la potestad de elegir a los ministros, magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial, a pesar de todo no fue tan buena como la presentaron; será modificada para evitar que se empate con las elecciones constitucionales del año entrante porque de lo contrario, sería más caótica y accidentada que la primera elección judicial con todo y sus acordeones. No se ve por ningún lado “la mano” estadounidense, sino apenas una reacción razonable al desorden provocado por la reforma de Andrés Manuel López Obrador. 
• La oposición política en México no ha crecido. Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), no parecen tener oportunidad de convertirse en una fuerza política capaz de conseguir victorias masivas en 2027.
Actualmente se maneja la posibilidad de una coalición electoral entre los tres partidos, pero los costos son tan altos que a ninguno de los tres partidos políticos les convence. ¿Dónde está la intervención estadounidense? En ningún lado.
• Morena vive una evidente crisis interna. Pero no ha sido causada directamente por los integrantes del gobierno norteamericano ni los agentes de la CIA que fueron accidentalmente localizados en Chihuahua. La crisis del partido gobernante en México ha crecido porque el partido tiene una serie de defectos intrínsecos, como la falta de institucionalidad, y porque los diferentes grupos dominantes se confrontan entre ellos.
A esto se ha sumado la denuncia de las autoridades estadounidenses contra Rubén Rocha Moya, el gobernador sinaloense con licencia y sus nueve cercanos, que a pesar de todos los discursos de defensa del gobierno federal, desnudó las contradicciones internas de Morena y ha confrontado al partido con una realidad inocultable: hay infiltración del crimen organizado en muchos de los gobiernos (municipales y estatales) surgidos de Morena.
En Estados Unidos, no hay que engañarse, carecen de límites para intervenir en cualquier nación o región que perjudique sus intereses. Numerosos casos históricos lo demuestran. 
Si pretendieran intervenir en el proceso electoral mexicano, lo harían a pesar de cualquier barrera legal o resistencia local, pero ahora mismo el problema es mayormente nuestro.
La presidenta, simplemente, se resiste a entregar a Rocha Moya y los suyos.
Y vienen más acusaciones.

“No somos piñata de nadie”

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La hegemonía de Morena se tambalea. Es evidente que hay una crisis política en el gobierno federal que impacta al partido en todos los estados y esto preocupa en Palacio Nacional y también a la presidenta del partido, Ariadna Montiel, quien justo llegó al cargo para preparar las elecciones del año 2027.
Ya trascienden las encuestas en las que se refleja una reducción en la intención de voto en favor de Morena e incluso, hay una reducción en la calificación positiva que siempre ha mantenido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 
Eso, con toda certeza, podría impactar en los resultados del proceso electoral del año entrante, en los que se renovarán 17 gubernaturas y se elegirán los diputados federales para renovar la Cámara Baja.
Pero Morena también tiene un gran margen de maniobra porque hay una cuestión electoral que brota por sí sola: ¿Con quiénes competirán en la elección?
En los cálculos más elementales de un mejor resultado de la oposición, ya surgió la hipótesis de una alianza entre partidos: Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) como integrantes de una coalición tripartita para enfrentarse justo a Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde. 
Parece totalmente lógico.
Pero es muy poco probable en este momento.
Ninguno de los tres partidos opositores está en el ánimo de ceder terreno y entrar en alianza con los otros.
La elección de 2024, que además incluyó la contienda por la presidencia del país, resultó muy mal para PAN y PRI. Ambos partidos se han reducido en tamaño e influencia. 
Acción Nacional discute ser el principal partido de oposición, y desconfía enormemente de Movimiento Ciudadano, además de que no encuentran incentivos para pactar con el PRI controlado –y muy achicado también– por Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”. 
Adicionalmente, los procesos electorales cambian enormemente de estado a estado, según se compita por gubernatura o sólo en la elección por diputaciones y alcaldías. 
El escenario más seguro es que no habrá alianza nacional, aunque probablemente se concreten algunas coaliciones estatales.
El caso de Jalisco es emblemático: el gobierno estatal de Movimiento Ciudadano tiene más oportunidad de recuperar espacios ganados por Morena si entra en alianza con Acción Nacional, pero los panistas deberán seguir la instrucción del Comité Ejecutivo Nacional y además, han insistido en el último año en regresar a la contienda por los votos sin alianzas. 
A pesar de la crisis política y los errores de la 4T y Morena, a pesar también de que el Verde y el PT se rebelan y apuestan por varias elecciones locales sin alianza con Morena, todo apunta a que en 2027 el partido de la presidenta Sheinbaum mantendrá la mayoría en la Cámara de Diputados y ganen la mayoría de las gubernaturas en disputa.

¿Alianzas de partidos para 2027?

En el contexto de la crisis política que en todos los órdenes ha provocado la denuncia en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve políticos que se desempeñaron en Sinaloa, finalmente apareció una voz firme para evitar un mayor desbarrancamiento en Morena: la de Ariadna Montiel, nueva presidenta del partido.
La dirigente morenista sorprendió al rechazar ayer que Enrique Inzunza, senador sinaloense que está “desaparecido” y es uno de los acusados por la corte federal de Nueva York, pueda ser candidato a gobernador, como lo había presumido la dirigencia morenista en el Estado.
Ariadna Montiel fue tajante: no se permitirán candidaturas de personajes que no ostenten una reputación intachable. Ya era bastante bizarro que si el gobernador Rocha Moya solicitó licencia y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas bancarias y las de sus hijos, el senador siguiera casi en calidad de prófugo y además, le concedieran posibilidades de ser candidato a gobernador.
La presidenta de Morena fue más allá, porque también dudó de que Saúl Monreal Ávila pueda ser candidato a la gubernatura de Zacatecas, y rechazó de plano que un personaje como el exboxeador Jorge Arce “El Travieso”, pueda ser admitido en Morena, como se anunció hace unos días.
El rigor que anunció Ariadna Montiel habla bien de ella; ha entendido que si Morena no pone freno a la entrega de candidaturas a personajes cuestionables (aunque no sean delincuentes), la marca seguirá degradándose aceleradamente.
Ya quedó demostrado, aunque una amplia base de simpatizante no quieran aceptarlo, que Morena no es el partido político inmaculado que se presumió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entre sus militantes más encumbrados hay quienes están relacionados con la corrupción y la delincuencia, pero el partido tiene la oportunidad de detener la caída y aplicar reglas firmes.
A la presidenta Claudia Sheinbaum no la han asesorado correctamente. Al menos es lo que puede suponerse con la mejor intención, pues no se explica de otro modo que haya defendido a Rocha Moya y los otros nueve denunciados, ante las acusaciones en Estados Unidos. Lo más penoso para su postura fue que se hayan congelado las cuentas del gobernador con licencia y que ella haya admitido que ni siquiera estaba enterada, justo el mismo día que se entregaron a la justica estadounidense quienes fueran titulares de Seguridad y Finanzas del gobierno sinaloense, es decir Gerardo Mérida y Enrique Díaz.
Ariadna Montiel se erige ahora como el filtro severo del partido que puede iniciar un proceso de rescate.
Queda pendiente que se lo permitan.

Los filtros de rigor en Morena

En la permanente guerra de especulaciones y supuestos análisis que no son otra cosa que la manifestación de deseos ansiosos, las redes sociales pugnan todos los días por “viralizar” verdades que no existen… todavía. Una de estas hipótesis es que el partido Morena está por quebrar definitivamente y sufrir una contundente derrota en las elecciones del año 2027 debido al doble escándalo del caso Chihuahua y la presencia de agentes de la CIA, y las denuncias judiciales contra Rubén Rocha Moya y nueve de sus allegados políticos en Sinaloa.
Revisemos las variables para tratar de llegar a una conclusión razonable.
La primera cuestión, por ruta cronológica, corresponde al caso Chihuahua. El dato corroborable y oficialmente reconocido es que dos agentes de la CIA murieron en el municipio de Morelos, Chihuahua, la madrugada del 19 de abril, después de haber participado en la localización y destrucción de un gran laboratorio clandestino donde se fabricaban drogas. Después que se conoció de su muerte, comenzó una crisis entre los gobiernos de Estados Unidos y México, motivada principalmente por los reclamos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró no haber sido enterada de la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, en labores de combate al crimen organizado.
Al paso de los días, este 16 de mayo se efectuó una manifestación pública encabezada por la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, que pretende culminar con la presentación de un juicio político y la salida de la gobernadora María Eugenia Campos, acusada de traición a la Patria por acordar en secreto, el ingreso de agentes de la CIA.
La segunda variable es la acusación formal, el pasado 1 de mayo, por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, el senador Enrique Inzunza y otros siete integrantes del gobierno y el grupo político de Rocha Moya; las acusaciones surgen de una red de corrupción y protección al Cártel de Sinaloa, para el tráfico de drogas a Estados Unidos, entre otros varios delitos.
Rocha Moya y el alcalde Gámez solicitaron licencia al cargo, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó protección personal al gobernador y ha declarado que las acusaciones atentan contra la soberanía nacional, al tiempo que ha exigido repetidamente que se presenten pruebas, pues de lo contrario los funcionarios no serán detenidos en México ni se abrirá un proceso de extradición a Estados Unidos.
Sin embargo, el pasado 15 de mayo dos de los 10 acusados fueron formalmente detenidos: el exsecretario de Seguridad estatal, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas sinaloense, Enrique Díaz Vega. Ambos se entregaron voluntariamente.
Desde Estados Unidos, circulan versiones que indican que las denuncias contra funcionarios ligados con Morena se triplicarán en los días siguientes.
Si ya se entregaron dos de los acusados y que además, se encargaban de las tareas de seguridad y finanzas, aparentemente el círculo se cierra sobre Rubén Rocha y el resto de los acusados. Y los hechos obligan a la presidenta a asumir su negativa y asumir que desde los Estados Unidos, se está demostrando la delincuencia y la colusión con el crimen organizado, con alcances insospechados; hay quienes apuestan porque pueda llegarse incluso a Andrés Manuel López Obrador.
Volvamos al principio: ¿Esto implica que Morena se derrumba? No.
Para los simpatizantes más convencidos de la llamada “cuarta transformación”, todo se trata de una historia inventada y sustentada desde el poder en Estados Unidos, con la única finalidad de frenar la transformación nacional impulsada por el movimiento que fundó López Obrador.
Ninguna de las dos posturas, pese a todo, puede ser químicamente pura, porque los partidos de oposición, principalmente PAN y PRI, también fueron exhibidos y descubiertos en una red de corrupción y relaciones delincuenciales.
En conclusión: Morena sigue siendo el partido político más grande y fuerte en México.
Ha quedado al descubierto, aunque muchos se nieguen a admitirlo, que es una organización política igualmente corruptible que los demás partidos, pero su potencia político electoral seguirá siendo dominante en las elecciones de 2027.
La oportunidad se abre ante las fuerzas políticas de oposición, pero no parecen tener proyecto ni estructura para revertir las tendencias que favorecen a Morena.
La historia, entonces, se está reescribiendo; quienes presumieron virtudes políticas han quedado exhibidos, pero lo que está por consolidarse es la cuestión que deberán resolver los ciudadanos en México: ¿en quiénes se confiará para gobernar y revertir la corrupción y degradación política, si todos terminan siendo iguales?

¿Morena está por desbarrancarse?

La “marca de la casa” en Palacio Nacional vuelve a imponerse con una sorpresa al cerrar el día: inesperadamente se anuncia, que Petróleos Mexicanos (Pemex) se queda sin su director. Víctor Rodríguez Padilla.
Lo reemplaza Juan Carlos Carpio Fragoso, actual director de Finanzas.
La información la hizo pública la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales, como si cambiar de director en Pemex, fuera algo tan simple como una mudanza.
Sinceramente, la salida de Víctor Rodríguez ya era urgente; su pésimo manejo de la crisis por contaminación de petróleo crudo en las costas del Golfo de México, hace apenas unas semanas, demostró que si su perfil académico es alto, su capacidad directiva es nula e inoperante.
En aquella ocasión, mientras la crisis aumentaba y la certidumbre no se veía por ningún lado, más allá de las denuncias de las comunidades y pescadores, en el sentido de que las manchas de petróleo crecían a diario, Víctor Rodríguez sorprendió al mencionar en cadena nacional que nadie le había informado, que no tenía conocimiento del origen del petróleo y que suspendía provisionalmente a tres directivos de Pemex para hacer investigaciones.
Había pasado más de un mes e incluso su desconocimiento, demostró que habían mal informado a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella en una conferencia matutina, aseguró que el crudo salía de un barco privado que tenía una fuga.
Ahora, al confirmar que un perfil técnico deja el cargo para ser ocupado provisionalmente por el titular de las finanzas de la parestatal, queda claro que fue un error desde el principio, porque la presidenta asegura que al aceptar dirigir Pemex, Víctor Rodríguez había puesto como condición que su chamba duraba sólo un año y medio porque quería regresar a la academia.
¿Esa es la importancia que tiene Pemex para él y para la administración de la presidenta Sheinbaum? No, ese argumento carece de validez.
Pemex se ha convertido para nuestro país en un barril sin fondo, a donde van a parar cientos de miles de millones de pesos cada año, que pudieran utilizarse en muchas otras cosas, y no para mantener la ilusión de que hay que rescatar a la empresa mexicana por excelencia.
Desde el sexenio pasado, el de Andrés Manuel López Obrador, la ilusión del rescate energético, la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, y la caída acelerada de Pemex como empresa sin mantenimiento, sin crecimiento y con deudas inconmensurables, nos prueban que estamos ante un capricho de gobierno y no ante un proyecto sostenible.
Lo más grave del caso es que la salida de Víctor Rodríguez resuelve el problema de su incompetencia, pero mantiene vigente la grave crisis que representa Pemex para México.

Se va, por fin, el director de Pemex

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en el mismo discurso: soberanía, unidad nacional y la afirmación de que se está trabajando para combatir al crimen organizado. Desde los Estados Unidos, no sólo Donald Trump sino también muchos otros funcionarios reiteran sus advertencias: si en México no se combate el narcotráfico, intervendremos.
Es imposible quedarse sólo en el nivel de la declaración, porque junto con los discursos, hay argumentos que no se pueden ignorar: los hechos.
Lo primero que debemos tomar en cuenta es la enorme disparidad en la confrontación (por ahora verbal) con los Estados Unidos. En esta historia no es posible buscar a quien miente y a quien dice la verdad, porque tanto la presidenta Sheinbaum como la administración de Donald Trump defienden intereses con verdades a medias y mentiras completas.
La relación con los Estados Unidos es indispensable para México en términos económicos, sociales, culturales y hasta políticos. Y además, es una relación indisoluble. Desde el gobierno mexicano la determinación debe ser siempre la de encontrar el mejor de los escenarios… o el menos malo de todos. Pero no se puede operar en función de simplemente “cerrar la puerta” a Estados Unidos, con Donald Trump o cualquier otro habitante de la Casa Blanca. 
Y viendo las cosas de allá para acá: ¿Hasta cuándo se admitirá que sí hay funcionarios de la “cuarta transformación” involucrados y coludidos con el crimen organizado?
Es evidente el doble racero con el que se están abordando las cosas: mano dura contra el gobierno de María Eugenia Campos en Chihuahua por el caso probado de la presencia de agentes de la CIA en operativos contra el crimen organizado, y por otra parte, protección oficial al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado y buscado por la justicia norteamericana por la posible comisión de varios delitos relacionados con narcotráfico, porque “se protege su vida como se protege de la cualquiera”, en palabras de la presidenta Sheinbaum. Simplemente no es creíble.
Como ya se ha razonado antes: Rocha Moya y los otros nueve acusados deben enfrentar las acusaciones y las consecuencias de sus actos, porque no se sostiene la hipótesis de que al ser acusados ellos, se atenta contra la soberanía de la nación.
De lo contrario, como ya lo han advertido desde la CIA, el Pentágono y algunos integrantes del Congreso estadounidense, del discurso se puede pasar a los hechos –eso ya es amenaza abierta, no anuncio– y además, relativamente pronto habrá nuevas acusaciones contra otros funcionarios.
La presidenta, como ya se explicó en este mismo espacio, se encuentra contra la pared y además, parece totalmente sola. A diferencia de Donald Trump, parece ser la única que responde a las declaraciones y presión; no la apoyan desde su oficina o desde las secretarías de Relaciones Exteriores o de Gobernación.
Si al caer Rocha Moya y los demás acusados, se destapa una red de complicidades, debería considerar la oportunidad y terminar con el tema. Eso es menos costoso que confrontar al país con el vecino.

La presión creciente de EU sobre México

Aún está fresco el escándalo del calendario escolar malogrado, y sigue vigente el asunto de Rubén Rocha Moya, pero en Morena renuevan otra lucha: van contra la gobernadora María Eugenia Campos, en Chihuahua.
La nueva presidenta de Morena en el país, Ariadna Montiel, fue al Estado norteño y estando ahí, anunció que promoverán un juicio político contra la gobernadora para que sea destituida y enfrente las acusaciones correspondientes por haber negociado la presencia de agentes extranjeros en actividades de seguridad.
Ayer, Maru Campos –no podía ser de otra manera– publicó su video en redes sociales para defenderse e intercambiar acusaciones. Así, reiteró que ya le informó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que ella no estuvo enterada ni operó la presencia de agentes de la CIA.
Además, aprovechando el estilo de discurso que se impuso desde el primer momento y que también ha utilizado Ariadna Montiel, acusó que mientras su gobierno se ha hecho responsable del combate al crimen organizado y eso fue lo que se estaba haciendo en el municipio de Morelos, donde desmantelaron un narcolaboratorio, los gobiernos de Morena son señalado por estar coludidos con la delincuencia.
La alusión, claro, es directa a Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez, gobernador de Sinaloa y alcalde de Culiacán, acusados junto con otros funcionarios, en un tribunal de Nueva York, de delitos relacionados con el tráfico de drogas a territorio estadounidense, además de actos de corrupción y hasta homicidio.
Se trata pues, de otro episodio de un pleito mediático que no va a llegar a ningún lado, porque en Chihuahua no hay votos suficientes de diputados para que proceda un juicio político contra Maru Campos, y seguramente en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum no está en la línea de combatir a una gobernadora de oposición mientras se cuestiona la gestión de Rocha Moya, morenista.
Sorprende la postura adoptada por Ariadna Montiel, a quien se había conocido como una política con posiciones equilibradas y sin escándalos… a menos que ésta sea la nueva ruta de la estrategia político electoral que Morena está proyectando para el proceso electoral 2027.
Pero a menos de un mes días de iniciar las competencias del Mundial de Futbol, tanto el tema Rocha Moya como el caso Chihuahua significan un choque abierto con el gobierno estadounidense de Donald Trump.
Se antoja uno de dos escenarios: o la estrategia política de Morena y el gobierno federal está totalmente al garete, o hay un genio detrás que anticipa una ganancia que nadie está considerando, ni siquiera Donald Trump. No falta mucho para que nos enteremos.

El regreso del “caso Chihuahua”

Después que finalmente echaron todo para atrás y se decidió (otra vez, por unanimidad) que no se modifica en nada el calendario escolar, y que los estudiantes de educación básica salen a vacacionar hasta el 15 de julio próximo, es importante preguntar: ¿Qué le pasó al secretario de Educación? ¿Quién lo apoyó o quién lo dejó solo en este confuso y terrible episodio?
Fueron cuatro días de altísimo costo político para Mario Delgado Carrillo, pero también para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué les ocurrió? En las infaltables versiones conspirativas, ya se afirma que todo fue armado y a propósito se generó este escándalo para “desviar la atención” y restarle fuerza al problema más grave: la crisis política con el gobierno de los Estados Unidos por la denuncia judicial contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Morena en Sinaloa.
Pero algo así parece un despropósito más monumental que las equivocaciones que acabamos de presenciar.
En términos de equilibrio elemental y ejercicio profesional de la política, no se puede concebir a un asesor profesional que exponga a la presidenta de la república a anunciar que la determinación de recortar el calendario escolar sea sólo “una propuesta”, y que unas horas después el secretario Mario Delgado la contradiga y afirma que no es propuesta sino decisión tomada.
Además, después de un fin de semana en el que las críticas estallaron en todos los sectores sociales y se propició también que tres gobiernos estatales (Jalisco, Nuevo León y Guanajuato) se rebelaran abiertamente contra la medida, todavía se sostuvo la versión de que no habría cambios: el ciclo cerraría el 5 de junio y se negociaría el regreso a las actividades, probablemente el 31 de agosto.
En medio de todas estas contradicciones, la credibilidad de Mario Delgado cayó por el precipicio, pero también la imagen de la presidenta Sheinbaum fue golpeada innecesariamente. ¿Todo para que “se olvide” el caso Rocha Moya?
“No lo sé Rick… parece falso”, repiten en el popular programa televisivo de compradores estrafalarios.
Más bien, hay que aceptar que se equivocaron.
Hay que aceptar que Mario Delgado careció de asesoría y comprensión del problema en que se estaba metiendo, y además, arrastró con él a la presidenta, porque ella insistió en defenderlo y acusó que los secretarios de Educación de los estados apoyaron la medida. 
Fue un yerro monumental.
Ayer, en “Al buen entendedor” se sostuvo el argumento de que este episodio es suficiente para que Sheinbaum Pardo considere que Mario Delgado ya no es apto para dirigir la Secretaría de Educación Pública. El argumento se sostiene.
Lo más lamentable es que para todos queda claro que el sistema educativo está en un limbo, expuesto a cualquier decisión, aunque sea descabellada.

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Diputadas y diputados de todo el país ya preparan equipaje: la semana entrante deben estar en la Ciudad de México para presentarse en las sesiones del período extraordinario de sesiones que se convocó específicamente para reformar la Reforma Judicial que se aprobó apenas en 2024 y se aplicó por vez primera en 2025 con la primera elección judicial en la historia del país, la misma que nos dejó como herencia la que hoy se conoce como “la Corte del acordeón”.
La reforma fue elaborada por la presidencia de la república y se turnó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión donde, obviamente, estaban enterados y esperándola, en particular el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, principal responsable de que la reforma se apruebe sin controversia y se apruebe antes de que concluya la semana; de hecho, se espera que para el viernes 29 de mayo se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación este cambio (otro, sí) a la Constitución Política de México.
Aunque en medio de las discusiones y protestas que se multiplicaron por todo el país, desde Palacio Nacional defendieron la anterior reforma, de lo que se trata ahora es simplemente de cambiar las fechas: que la segunda elección del Poder Judicial Federal se pase al año 2028 y no se empate con las elecciones constitucionales del 2027.
Hasta los defensores de la “democratización” del Poder Judicial saben que empatar las dos elecciones provocaría un caos y una terrible confusión, porque además de que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos estatales y centenares de ayuntamientos, se estaría convocando a los ciudadanos a votar para elegir más de tres mil cargos judiciales.
Ahora bien, al margen de que se tomen las medidas para evitar más daños por la insistencia en someter todo a votación para simplemente aumentar el control sobre el Poder Judicial, lo que refleja esta nueva reforma es una profunda improvisación y negligencia en las reformas.
Los constitucionalistas comparten miles de análisis que coinciden en el error de fondo: llevar fechas específicas a la Constitución, cuando lo adecuado es colocarlas en leyes secundarias que se pueden modificar siempre que sea necesario, sin tocar la Carta Magna… pero los diputados, sobre todo cuando votan por consigna y no por conocimiento, nos obsequian leyes con numerosos errores.
Pero finalmente, con la mayoría calificada que ostentan Morena, el Verde y el PT (que esta vez no detendrán la reforma), lo harán otra vez, manipularán la Constitución.
Ya en 2028 volveremos sobre el mismo problema: determinar candidatos al Poder Judicial y someterlos a votación a pesar de que la ciudadanía no está interesada y casi nadie los conoce.

Reformar la reforma