Sin máscaras de cara al 2027
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para blindar las candidaturas ante el crimen organizado no es un veto: es información que los partidos merecen tener antes de registrar a alguien.
La propuesta, presentada esta mañana por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, es políticamente oportuna. No busca crear tribunales de excepción ni listas negras. Lo que plantea es algo más simple y más poderoso: que los partidos políticos tengan acceso, antes de registrar una candidatura, a información de inteligencia que hoy existe en archivos de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero que nunca fluye hacia quienes toman las decisiones de postulación.
El mecanismo concreto es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, adscrita al INE y conformada por cinco consejeros electorales electos por el propio Consejo General por un periodo de tres años. Esta comisión, de ser aprobada la iniciativa, funcionaría como bisagra entre los partidos y las autoridades de seguridad y financieras. Los partidos entregarían voluntariamente su lista de aspirantes; la comisión consultaría con esas instituciones si existe lo que la iniciativa llama un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia, y esa señal —sí o no, sin detalles que comprometan investigaciones en curso— regresaría al partido para que éste tome su decisión.
Conviene subrayar lo que la iniciativa no hace, porque ya escucho las voces que van a tergiversarla. No es una vía para vetar candidatos opositores. No es un sustituto del proceso judicial. No viola la presunción de inocencia. El partido sigue siendo el que decide si registra o no al aspirante. Lo que cambia es que ya no podrá alegar ignorancia. Como dejó en claro la propia Luisa María Alcalde, muchas veces las corporaciones de seguridad tienen indicios que no alcanzan nivel probatorio para judicializar un caso, pero que sí son suficientes para que un partido reconsidere una candidatura. Hoy esa información se queda atorada, pero la iniciativa la pone a circular.
El requisito de que cada aspirante firme su consentimiento expreso para ser evaluado también es relevante. Se trata de un filtro de actitud. Quien se niega a ser revisado, ¿qué está protegiendo? La transparencia empieza por quien pide el voto. La iniciativa llega a medio año de las elecciones de 2027.
También vale la pena ubicar otra iniciativa en su contexto legislativo. Mi compañero Ricardo Monreal, coordinador de nuestra bancada, ha anunciado que impulsará una propuesta complementaria: establecer como nueva causal de nulidad de una elección el hecho de que se acredite intervención extranjera en el proceso.
Una reforma constitucional que tocaría el artículo 41 para cerrar lo que Monreal llama una “laguna técnica” en el sistema actual de nulidades. México no puede llegar a 2027 con el mismo blindaje legal de hace 20 años, cuando las amenazas a la integridad democrática tenían otro rostro. Hoy el peligro viene del crimen organizado, adentro, y de actores extranjeros, afuera.
