Miguel De La Rosa Figueroa

La Conquista y Colonia española (1521-1821), la Independencia de Texas (1835-1836), la primera Invasión Francesa (1838), la Invasión de Estados Unidos (1846-1848), la segunda Invasión Francesa (1862-1867), el Porfiriato (1877-1880-1884-1911) y el neoliberalismo (1982-2018), le han enseñado a las y los mexicanos, que ninguna potencia extranjera interviene en México guiada por la buena voluntad de ayudarnos.
Sometidos a España a partir de la Conquista y durante la Colonia, los pueblos locales fueron objeto de explotación, exterminio y esclavitud. Las riquezas de nuestro territorio y los bienes generados por el trabajo de indígenas, mestizos y esclavos africanos, exceptuando las porciones mínimas que les dejaban para sostener su raquítica existencia, se destinaba por un lado, a la élite del imperio radicado en la Colonia y por otro, la mayor proporción, hacia la Metrópoli. Allá en España financió palacios, embelleció ciudades, construyó templos y pagó las excentricidades y frivolidades de los monarcas.
Entre 1835 y 1836, los colonos norteamericanos establecidos en Texas, con la ayuda de los Estados Unidos, se declararon independientes de México. El ejército nacional enviado a combatirlos fue derrotado y la independencia de ese territorio se consumó.
En 1838, durante la denominada Guerra de los Pasteles, el imperio francés bloqueó y tomó el puerto de Veracruz, derrotó a la fuerza militar mexicana que pretendía expulsarla, obligó al Estado a suscribir tratados desventajosos en materia comercial y a pagarle una compensación de 600 mil pesos, suma cuantiosa en aquel tiempo.
En 1846, Estados Unidos nos declaró la guerra, invadió México, nos venció y mediante los Tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848, nos despojó de más de la mitad del territorio nacional.
En 1862, el ejército de Francia llegó a conquistarnos. Nos venció y nos impuso por casi tres años a un monarca extranjero.
Durante el porfiriato, el capital inglés, norteamericano y francés principalmente, obtuvieron del gobierno de Díaz condiciones ventajosas para la abusiva explotación de obreros, campesinos y riquezas naturales.
En el periodo neoliberal (1982-2018) la inmensa mayoría del pueblo mexicano estuvo sometida a la precariedad económica, educativa, de salud, alimentaria y de servicios. El Estado se volvió instrumento de una élite económica trasnacional y nacional a las cuales sirvió, y mediante su estructura legal, política y de poder, agravaron las desigualdades sociales.
Para acabar con las penurias de la Conquista, la Colonia, las invasiones, los despojos y explotaciones padecidas a lo largo de esos casi 500 años, el pueblo de México ha tenido que pelear, y peleando ha tenido que pagar precios muy altos. Buscando su independencia y soberanía, defendiéndose de las invasiones, luchando por la democracia y la justicia social, muchas vidas humanas de mexicanas y mexicanos se han sacrificado y los costos materiales y territoriales han sido inmensurables.
En la etapa más reciente de nuestra historia, a partir del 2018, el pueblo de México tomó el poder de forma pacífica y democrática y dio inicio a un proceso de reversión del neoliberalismo. Con ello comenzó también la disminución de las desigualdades a través de una mejor distribución de la riqueza: esto lo ha hecho respetando los legítimos derechos del capital nacional y extranjero, manteniendo relaciones de respeto, de entendimiento y colaboración con las potencias extranjeras, pero poniéndoles límites a sus excesos y fijando reglas para el respeto a la soberanía y la justicia social.
Este movimiento, denominado Cuarta Transformación, está orientado a traer justicia y oportunidades para todas y todos. Por eso en el 2024 casi 36 millones de ciudadanas y ciudadanos le ratificaron su confianza en las urnas. Sin embargo, la travesía que navegamos hacia el horizonte de mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, está viviendo el asedio de una élite política, económica y militar que, desde Estados Unidos, percibiendo el riesgo en su dominio mundial por el surgimiento de nuevas potencias, voltea hacia países como el nuestro, poseedores de recursos estratégicos, para recuperar o afianzar su influencia en ellos y sostenerse.
Invariablemente, toda intervención ha ocultado sus fines en un manto de buenas intenciones: las de España fueron la salvación del alma de los indígenas y la erradicación de sus “sangrientas prácticas rituales”. Francia vino en su primera intervención a “poner orden ante los desmanes que afectaban a los bienes y personas”. Los colonos texanos reclamaron la falta de democracia y el centralismo del gobierno. Estados Unidos, para invadirnos en 1846, alegó “el derramamiento de sangre estadounidense en su suelo, por parte de tropas mexicanas”. Francia, en su segunda intervención, “nos vino a ayudar a la pacificación del país”, aparte de exigir el pago de unas supuestas deudas. Durante el porfiriato, el capital extranjero acudió a “impulsar el desarrollo nacional”. Con el neoliberalismo, sus promotores dijeron querer “liberar a las personas del sometimiento y control del Estado, que sofocaba su creatividad y desarrollo”.
Hoy, el argumento para intervenir es el narcotráfico. La élite estadounidense, que no su pueblo, esa que cataloga a nuestros hermanos migrantes de “violadores, delincuentes y narcotraficantes”. La que trata a quienes no son blancos como si fueran subespecie humana; alega que quiere “liberarnos de la violencia y yugo de los cárteles de la droga”. Señalan que en México existe un “narcogobierno” y por tanto, “solidarios” con nuestra desgracia, quieren inmiscuirse en los asuntos nacionales.
De esa élite no seremos nunca sus aliados, porque el asunto del narcotráfico y la generalización dolosa de la infiltración del narco en las estructuras de gobierno son un pretexto para intervenir y sacar beneficios ilegítimos. El pueblo estadounidense y la parte de gobierno que sí quiere combatir las drogas, tienen como aliados al pueblo y al gobierno de México, porque hoy tenemos por primera vez una autoridad nacional que trabaja por el bienestar y seguridad de las personas.
El gobierno encabezado por una presidenta íntegra, honesta y capaz, la doctora Claudia Sheinbaum, ha demostrado disposición para colaborar con Estados Unidos y resolver el problema común del narcotráfico. Hay avances sustanciales. Faltan cosas por hacer, como garantizar que ningún funcionario del nivel que sea, traicione a la ciudadanía y sirva al crimen organizado. Pero en ello se está trabajando. Más de 85 servidores públicos han sido detenidos por pactar con el crimen. Más por ningún motivo se va a permitir que esa élite estadounidense, trepada en los hombros de las dirigencias del PRI, del PAN y de MC, jugando éstas el vergonzoso papel de realistas, de yorkinos, de corte imperial, de tapetes del capital, pongan en riesgo nuestra soberanía.
Qué miseria de deshonestidad, además, reflejan el PRI, el PAN y MC, porque siendo gobiernos han florecido en sus mandatos y territorios los grupos delincuenciales más peligrosos, y lo han hecho al amparo del poder de funcionarios públicos que ellos postularon. Hoy quieren atribuirle a Morena la responsabilidad de la tragedia nacional que provocaron, esperando recuperar el poder que el pueblo les ha quitado por los desastres económicos, sociales y de seguridad que causaron. 
Nos costó mucho conquistar como Nación, la soberanía, y no estamos dispuestos a perderla. Nos sentimos bien sin correa y así queremos ver a nuestros hijos. Soberanía y colaboración sí, intervención y subordinación, no.
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Miguel De la Rosa Figueroa

El alto costo de la Soberanía y su necesaria defensa

La elección presidencial de 2024 constituye uno de los episodios políticos más significativos de nuestra historia. En ella se confirmó la continuidad de un proyecto político de izquierda mediante el cual el pueblo dejó de ser una víctima para convertirse en sujeto de derechos y actor principal de la transformación de la vida pública de la Nación.
También constituyó un acontecimiento sin precedentes en la histórica lucha de las mujeres por la igualdad política.
La llegada de la Dra. Claudia Sheinbaum a la Presidencia marcó, por primera vez en más de 200 años de república, el acceso de las mujeres al más alto cargo del Estado mexicano y lo hizo con 35 millones 974 mil 519 votos, la mayor votación registrada para una candidatura presidencial.
A casi dos años de aquel resultado, la presidenta de México y el proyecto de izquierda que encabeza se han consolidado frente al viejo modelo neoliberal que durante décadas privilegió a unos cuantos en perjuicio de las mayorías.
El nuevo contrato social suscrito por el gobierno de Morena liderado por la doctora Sheinbaum y el pueblo, se expresa en resultados concretos. Destacan las mejoras salariales y prestacionales de las y los trabajadores, los programas sociales elevados a rango de derechos constitucionales, de los cuales millones de familias mexicanas son beneficiarias y que permitieron salarios y programas para que en 7 años, 14 millones de personas salieran de la pobreza.
Han de destacarse: la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Adultos Mayores, las becas universales para estudiantes, el programa Salud Casa por Casa y las políticas de acceso a la vivienda.
A ello se suma el fortalecimiento del sistema de salud mediante la construcción de hospitales, la ampliación de quirófanos y la contratación de personal médico, así como una inversión histórica en educación pública con nuevas preparatorias; la desaparición de mecanismos excluyentes como el examen de ingreso a la preparatoria y la consolidación de la Universidad Rosario Castellanos.
En materia de seguridad, resulta significativa la reducción del 49% en los homicidios diarios en México. Asimismo, la detención de más de 54 mil presuntos delincuentes, el decomiso de casi 29 mil armas y la destrucción de más de 2 mil laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.
En el ámbito geopolítico, nuestra presidenta ha mostrado firmeza, carácter y claridad frente a las presiones externas, particularmente de Estados Unidos. Su postura de cooperación sin subordinación ha reivindicado la tradición histórica de independencia, soberanía nacional y autodeterminación de México.
Amplios sectores sociales perciben honestidad, resultados y sensibilidad social en la mandataria, que ha colocado nuevamente al pueblo en el centro de la vida pública nacional. Las encuestas reflejan una aprobación ciudadana que, a 20 meses de gestión, se consolida con un 76 por ciento.
El gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum ha logrado conectar con millones de personas y con ella el pueblo de México festejará el domingo 31 de mayo de 2026 el segundo año del triunfo electoral. En las 32 entidades del país, incluido Jalisco, vamos a reiterar el apoyo a la presidenta de México, vamos a ratificar nuestro respaldo al proyecto que está transformando la vida pública de la Nación y vamos a expresar nuestro compromiso en la defensa de la Soberanía Nacional.
Nos vemos el próximo domingo 31 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en la Plaza Juárez de Guadalajara.

Claudia Sheinbaum: mujer, transformación y soberanía

Emilio González Márquez, el exgobernador panista culpable del desbordamiento de la violencia en la Entidad, muy similar a la tragedia nacional de inseguridad provocada por Felipe Calderón Hinojosa durante el sexenio del 2006 al 2012, ha salido de las penumbras para llamar al PAN, a MC y al PRI a la conformación de una coalición que haga frente a Morena y le impida que alcance el triunfo electoral que las encuestas le están avizorando en Jalisco.
El Estado ha tenido buenos, mediocres y malos gobernadores; Emilio pertenece a estos últimos. De su periodo no hay obra que se haya distinguido por funcional y que haya sido realizada con honestidad; lo único que asociamos las y los jaliscienses con tan deslucido personaje es aquella ocasión en que, en estado alcohólico, acudió a un evento a entregar un cheque de 50 millones de pesos del presupuesto público para una obra religiosa, y aprovechando el micrófono le mentó la madre a la ciudadanía que se oponía al donativo.
En lo político hay otra cosa que en lo particular el panismo estatal no olvida de Emilio: el haber dejado solo a su candidato y amigo, el licenciado Fernando Guzmán Pérez Peláez, durante la elección a la gubernatura en el año 2012, para sumar veladamente su apoyo al candidato de MC, Enrique Alfaro.
El licenciado Fernando Guzmán le había sido leal desde la Secretaría General de Gobierno, a él le había tocado atemperar decisiones que al calor de las copas tomaba, junto con ellas, el entonces gobernador. No merecía Fernando Guzmán ni el panismo que su correligionario los hiciera a un lado en momento tan decisivo.
Desde aquel año, una parte importante del equipo de Emilio se incorporó con Alfaro y convirtieron a MC en la máscara del engaño, pretendiendo obtener la confianza de la gente, misma que perdieron como funcionarios blanquiazules.
Unos meses antes que Emilio, ya otras voces se habían pronunciado por la urgencia de ir en alianza contra Morena. Incluso a nivel nacional estos partidos instalaron mesas para explorar las conveniencias de alguna coalición. El problema es que el PAN y MC son hoy el puro cascarón, lo único que suman en un posible acuerdo. Serían las cúpulas de ambos partidos y las escasas y coaccionadas estructuras de gobierno, porque de base social andan bastante escasos y con eso no alcanza. Por ello han volteado a ver al PRI, y aunque saben el costo de juntarse con él por el repudio social que padece, se tapan la nariz, le juegan al olvido y lo empiezan a invitar a las reuniones de entendimiento.
En Morena no hay preocupación porque lograran concertar un acuerdo de unidad estas fuerzas políticas. Como el pueblo tiene memoria, sabe que votar por algo así sería padecer las desgracias de esos tres partidos en un solo sexenio y eso no hay quien lo aguante, y menos quien lo respalde.

Tres desgracias en una, la propuesta de Emilio

MC ha perdido la confianza de la gente en los estados que gobierna. Así lo evidencian las encuestas serias que miden la opinión del electorado en Nuevo León y Jalisco, donde se observa una tendencia a la baja de dicho partido político ubicándolo en el mes de mayo con un 20% aproximado de respaldo ciudadano en ambas entidades. Morena por el contrario, presenta una tendencia de crecimiento al punto de colocarse como la opción con mayor apoyo electoral, situada arriba del 35% en los dos estados.
En Nuevo León y Jalisco la caída de MC se explica obviamente por el mal desempeño de gobierno. La gente no consiente los actos de corrupción que caracterizan a ambas administraciones, tampoco la participación de funcionarios de gobierno en los negocios inmobiliarios a costa del deterioro de la calidad de vida de las y los habitantes de las ciudades. No acepta además los incrementos a los servicios públicos sin que exista en reciprocidad mejora de los mismos. Igualmente rechaza el gasto excesivo en medios, al colmo de la frivolidad en la promoción de sus principales figuras públicas, desatendiendo la asignación de los recursos a prioridades y urgencias sociales relevantes.
En perjuicio de la gente, MC en lugar de revisar y corregir sus errores de gobierno, en vez de atender la corrupción y enmendarse, pretende arreglar su caída electoral presionando a los medios para que le laven el rostro con opiniones de complacencia, por un lado, y por otro a través del golpeteo político a sus adversarios electorales, especialmente a Morena. No percibe la población un acto de contrición de MC, de reconsideración y mejora del desempeño gubernamental, lo que testimonia es una estrategia de zalamería en favor de ese partido desde diversos medios de comunicación, y reitero, en otra vía una campaña de linchamiento al Movimiento de Regeneración Nacional. Esto no es de extrañarse, en el campo de la mala política y la sucia competencia, el que va perdiendo suele golpear a quien le va ganando.
En el 2024, MC en Nuevo León perdió las senadurías, la capital Monterrey, municipios importantes como Escobedo y la mayoría de las diputaciones federales y locales. En el mismo año en Jalisco MC perdió también las senadurías, 19 de 20 diputaciones federales, 16 de 20 diputaciones locales, 4 municipios metropolitanos y 81 foráneos, 85 en total de los 125 que constituyen la geografía política estatal. Aunque gobierna las entidades, su estructura política ha perdido espacios significativos.
En Jalisco, por diversos trascendidos nos enteramos que hace unos días la cúpula de MC se reunió con los principales funcionarios de gobierno. Según una fotografía tomada a la pantalla de una computadora utilizada en el encuentro, van a sumar a las estrategias anteriores la homologación del discurso de dirigentes y funcionarios, para promover las acciones de gobierno que les hayan resultado exitosas. Por tanto, no van a hablar del aumento al transporte, tampoco de la mala calidad del agua, menos de las fallas en los sistemas de vigilancia durante la comisión de delitos. No, de esto no van a comentar, y si sólo van a comunicar homogéneamente lo que han hecho bien, es probable que no tengan nada qué comunicar. 
De igual forma nos enteramos que, en una segunda reunión registrada en esta semana, nuevamente la dirigencia de MC y funcionarios del gobierno, preocupados por su derrumbe electoral, acordaron copiarle a Morena su principal acción política: “más territorio y menos escritorio”. Ya en esas andadas, habían de copiarle también a Morena su forma de gobernar: austeridad en el gasto público, combate a la corrupción, contacto permanente y trabajo por en favor del pueblo.
MC no va a volver a reposicionarse en el ánimo de la ciudadanía de Nuevo León y Jalisco; la gente de ambos estados es bastante crítica y nada fácil de reconciliar cuando ha perdido la confianza, por eso son de las entidades que más han tenido alternancia electoral. Estamos pues, parafraseando el título de una obra de Gabriel García Márquez y anticipando el derrumbe de MC, ante la “crónica de una derrota anunciada”.

MC, el partido que se cae

• Verdad
El 19 de abril de 2026, dos agentes de la CIA y dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua perdieron la vida en un accidente carretero, cuando regresaban de un supuesto operativo implementado para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de aquella Entidad.
El 23 de abril, el secretario de Seguridad del Estado de Chihuahua confirmó que en el edificio Torre Centinela, donde se monitorea la seguridad de la Entidad, el gobierno panista de Maru Campos le otorgó a la CIA, al FBI y a la DEA el piso 18 para que estuvieran colaborando con las autoridades locales.
La colaboración de agentes extranjeros con el gobierno de Chihuahua se realizó sin observar lo establecido en la Constitución Mexicana (Arts. 19, 40 y 117 entre otros) y en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional. Existen disposiciones en la Constitución y en diversas leyes secundarias que sancionan a las y los responsables nacionales que colaboren con gobiernos o agentes extranjeros sin autorización del Estado Mexicano.
El 28 de abril, el gobierno de EE.UU. presentó solicitud al gobierno de México para la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios más. El gobierno de México señaló que EE.UU. no acompañó las pruebas necesarias para fundamentar su solicitud. El gobierno de EE.UU. deberá presentarlas en un término de 60 días. Paralelamente, la FGR abrió una carpeta para investigar a los 10 funcionarios referidos. El gobierno de México ha informado que, si las pruebas que ofrezca EE.UU. o que documente la investigación de la FGR acreditan la responsabilidad de éstos, se procederá a su detención.
La CIA tiene un largo historial de intervencionismo en el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país. Sus intromisiones están relacionadas con la desestabilización de gobiernos, movimientos y líderes. Una referencia de su actuar lo evidenció el periodista Manuel Buendía en el libro “La CIA en México”, en el que exhibió los entrelazamientos existentes entre funcionarios de los gobiernos federales surgidos del PRI en las décadas de los 70 y 80, los agentes de la CIA y las primeras generaciones de narcotraficantes mexicanos. Manuel Buendía fue asesinado y su muerte se atribuye a quienes se vieron afectados por estas revelaciones.
Morena es un movimiento social y es un partido político. Lo conformamos millones de mexicanas y mexicanos (12 millones nos afiliamos entre octubre y marzo pasado). Nuestro movimiento partido sostiene y lucha por los derechos sociales del pueblo de México. Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo han marcado distancia de todo poder que no sea el poder del pueblo; son gobiernos que no se han subordinado al poder económico, a gobiernos extranjeros y mucho menos al crimen organizado. En lo que atañe a este último, los actuales resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum también lo demuestran al registrar miles de detenciones de narcotraficantes, miles de toneladas de drogas confiscadas, miles de armas decomisadas y enormes cantidades de dinero requisado, así como miles de laboratorios de drogas destruidos y una baja significativa de la violencia en el país.
Si ha habido un partido corrompido por el narco en México es el PRI. Ahí están los exgobernadores Mario Villanueva y Roberto Borge en Quintana Roo; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas; Roberto Sandoval en Nayarit, Jesús Reyna en Michoacán. Le sigue el PAN con Sergio Estrada Cajigal en Morelos; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas; el exsecretario de Seguridad federal Genaro García Luna. Pregunto además: ¿Por qué no ha vuelto Felipe Calderón a EE.UU. después de la detención de éste? Y recordemos los audios de los acuerdos que delató “La Tuta”, jefe de la “Familia Michoacana”, con “Cocoa”, hermana de Calderón.
• Justicia
La gobernadora panista de Chihuahua y demás colaboradores que autorizaron la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional sin la anuencia del Estado Mexicano, violaron la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, lesionaron con ello la soberanía del país, se les debe sancionar legalmente.
Si los funcionarios señalados en la solicitud de EE.UU. por las pruebas que aporte ese gobierno o por las que encuentre el gobierno nacional, resulta que son responsables, serán juzgados sin consideración alguna por traicionar la voluntad popular, por haberse desentendido de su compromiso con la ciudadanía y haber privilegiado otro interés, el del crimen organizado. Pero este juicio debe fundarse en evidencias claras, objetivas, contundentes, no en campañas mediáticas que la oposición exacerba para obtener ganancia política.
• Soberanía
La soberanía es un derecho irrenunciable del pueblo mexicano. Significa tener libertad para gobernarnos por nosotros mismos y decidir sin ajena intervención los asuntos económicos, sociales, políticos de la nación. La soberanía no es atributo de los gobernantes, sino del pueblo, a éste corresponde el Poder Supremo. La soberanía no fue una concesión gratuita, resultó de la lucha de cientos, miles, millones de personas que nos antecedieron. Parte de ellas murieron buscando conquistarla para su descendencia. La soberanía se pone en riesgo cuando dirigentes priistas y panistas claman porque un gobierno extranjero venga a meterse en los asuntos nacionales y les ayude a recuperar el poder que les quitó el pueblo mediante el voto. Hay priistas y panistas patriotas, pero no distingue este rasgo a sus actuales dirigencias nacionales. La soberanía se trastoca cuando un gobierno local, a ocultas del gobierno federal, hace acuerdos con agentes extranjeros y los deja actuar en el territorio nacional.

Verdad, Justicia y Soberanía

La niñez es una etapa privilegiada, si se dispone de los requerimientos necesarios para vivirla en plenitud; o  es quizá la más desafortunada por la condición de vulnerabilidad física e intelectual de la persona infante, si se transita careciendo de los más indispensables satisfactores.
Una niña, un niño, pueden ser plenos si crecen en hogares rodeados de amor familiar, si reciben alimentos nutritivos, medicamentos oportunos, vestuario suficiente e idóneos medios de recreación.
Las infancias alcanzan la plenitud si tienen  también acceso a la educación de calidad, esa que estimula el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que potencian sus capacidades.
Así mismo, cuando la niñez se desarrolla en ambientes familiares, escolares, sociales e institucionales ricos en modelajes de buenos comportamientos y los responsables de su formación le corrigen con oportunidad, contará con los elementos determinantes de un buen destino en su futura adultez.
México, en sus últimas décadas, ha sido un país con alta población infantil y recientemente contabilizó el INEGI en la estimación del 2025,  38.5 millones de niñas y niños (de 0 a 17 años). Dirían los economistas que nuestro país ha dispuesto de un valioso bono demográfico.
Sin embargo, los frutos que debió y debe aún rendir tan preciado bono no se han logrado en la proporción esperada, porque muchas niñas y niños, millones, crecieron privados de los satisfactores esenciales ya mencionados.
De semejante desatención hay un responsable principal: El modelo económico y de Estado neoliberal. Éste, fundamentado en el darwinismo social, expuso a los grupos sociales vulnerables, entre ellos las niñas y los niños, a que aprendieran a sobrevivir por sus propios medios o se murieran en el intento.
El neoliberalismo canceló las políticas sociales indispensables para garantizar el acceso universal de la niñez a la alimentación, a la salud, a la educación. También ausentó de los hogares a padres y madres, porque ocuparon su tiempo en jornadas laborales extensas para poder completar el ingreso familiar.
El neoliberalismo achicó al Estado, erradicó su papel de equilibrador social y promotor de bienestar, en su adelgazamiento se deshizo de todo aquello que  protegiera a la infancia.
A partir del 2018, con las acciones de gobierno implementadas en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y las que lleva la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en México se ha implementado el modelo económico y de Estado antítesis del neoliberal: el Estado de Bienestar. Con él se están impulsando los programas sociales que buscan que cada niña y niño mexicano tengan lo esencial para su desarrollo; han surgido las becas universales para estudiantes de educación básica y media superior,  se han invertido recursos millonarios en el mejoramiento de los planteles escolares con el programa “La escuela es nuestra”; se ha prohibido la venta de comida chatarra en las instituciones educativas, se ha aumentado el salario en más del 300 por ciento para garantizar cuando menos dos canastas básicas de alimentos en cada hogar; se están desarrollando los programas de seguimiento y recuperación de la salud de niñas y niños, sobre todo de quienes presentan desnutrición o sobrepeso; se están activando competencias  deportivas nacionales; se ha desarrollado un nuevo modelo educativo que le da a la niñez un papel preponderante en su aprendizaje y le estimula a la participación en los asuntos comunitarios.
Hacemos todo, con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque queremos que las niñas y los niños mexicanos sean felices, tengan lo indispensable, desarrollen sus capacidades, alcancen un magnífico porvenir y engrandezcan a México. Este es uno de los más nobles fines de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Por el bien de México, primero las niñas y los niños

Fray Antonio Alcalde realizó en Guadalajara diversas y grandes obras en favor de la “Humanidad doliente”. Quizá entre ellas la de mayor alcance social haya sido el Hospital de Belén, actual Hospital Civil, el cual sigue siendo para la población de escasos recursos de la Entidad y de la región Occidente del país, la mejor opción por calidad de la atención y por accesibilidad económica.
Un lema que inspiró a tan Noble Obispo a trabajar por los más desfavorecidos y particularmente por quienes sufrían los agobios de las enfermedades y epidemias, se consigna en la frase que distinguió su actuar: “La salud del pueblo es suprema ley”.
En un mismo sentido, el pasado 18 de abril la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, publicó el decreto que instituye a nivel nacional el Servicio Universal de Salud. Se trata de un paso histórico hacia la consolidación de un sistema que atienda a toda la población mexicana, sin distingo de ser o no derechohabiente de alguna institución de salud por concepto de prestación social, laboral, o si se dispone o no de los medios económicos para costearla.
Con el objeto de hacer posible dicho servicio, de acuerdo al decreto, el Estado deberá trabajar por el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el financiamiento, el desarrollo de infraestructura, la formación y contratación de recursos humanos, el diseño e implementación de los sistemas de información y abasto de medicamentos y la integración en uno solo sistema de instituciones como el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar.
Este esfuerzo tiene como antecedente la implementación del IMSS-Bienestar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que permitió ampliar significativamente la cobertura del sistema público. En ese periodo, 23 entidades y la Ciudad de México se integraron con 11 mil 935 unidades médicas y 669 hospitales. La plantilla incluyó más de 42 mil médicos generales, 30 mil especialistas y 126 mil enfermeras. Además, se basificaron 176 mil 808 trabajadores de la salud y se contrataron 48 mil 736 médicos, incluyendo, ante la escasez de personal nacional suficiente, de cerca de 5 mil médicos de origen cubano.
La infraestructura también se fortaleció con la rehabilitación de 548 clínicas del ISSSTE, la construcción de 10 hospitales, el aumento de salas de infarto de 96 a 144 y la expansión de servicios de hemodiálisis de 4 mil 551 a 6 mil 487.
Bajo la actual administración, la doctora Claudia Sheinbaum anunció una inversión inicial de 21 mil millones de pesos para consolidar este modelo, de los cuales 17 mil millones se destinarán a infraestructura hospitalaria y 3.5 mil millones al equipamiento médico y contratación de personal de salud. A nivel estatal, destaca la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga, con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos. Esta obra beneficiará a más de 2.5 millones de personas en entidades como Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Colima y Michoacán.
Asimismo, programas como Salud Casa por Casa fortalecen la atención directa mediante visitas domiciliarias, expedientes clínicos digitales y acceso a medicamentos.
El nuevo modelo rompe con una de las barreras más injustas del sistema: la derechohabiencia como condición de acceso. A partir de ahora, y de acuerdo con una progresiva inclusión, cualquier persona podrá ser atendida en las instituciones públicas de salud, sin importar su afiliación, ingreso o condición social. Este cambio afirma que la atención médica es un derecho humano y no una mercancía.
Otro de los pilares de la transformación en materia de salud es la incorporación de herramientas digitales como lo es el expediente clínico electrónico y la credencial única de salud, que no solo modernizan el sistema, sino que también lo hace más justo al garantizar continuidad en la atención y reducir las brechas territoriales.
Estamos ante un cambio de paradigma: de la transición de un sistema fragmentado y desmantelado hacia uno de universalidad y eficiencia. Esto es en esencia un acto de profunda justicia social. El Servicio Universal de Salud logrará pagar una de las deudas más dolorosas de los gobiernos con su población, hará de su acceso a la salud, suprema ley.

La salud del pueblo es suprema ley

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL, organismo responsable de la prestación de los derechos de seguridad social, de salud y de pensiones a las y los trabajadores del gobierno del Estado de Jalisco y sus municipios, enfrenta en estos últimos años y enfrentará en los próximos venideros, el mayor desafío para el cumplimiento de sus obligaciones sociales con las y los más de 130 mil burócratas activos y jubilados que constituyen su base de derechohabientes.
Este instituto, a lo largo de sus 72 años de existencia, ha ido integrado un fondo económico con aportaciones bipartitas (del Estado en su carácter de patrón y de las y los trabajadores) sumando además ingresos obtenidos de intereses cobrados por los créditos otorgados a sus derechohabientes, así como las rentas ganadas por la administración y el arrendamiento de inmuebles, más las generadas por los intereses resultantes del portafolio de inversiones de su capital.
Sin embargo, el fondo que debería garantizar la tranquilidad prestacional de las y los afiliados al instituto, desde su origen ha sido víctima de multiplicidad de actos de corrupción, saqueo y dispendio, afectando con ello la sustentabilidad de la cobertura de las actuales y futuras obligaciones de pensiones y prestaciones.
Ejemplo de lo anterior, en la última administración del PAN en Jalisco, correspondiente al gobierno de Emilio González Márquez, se dispuso de trescientos cuarenta millones de pesos para la construcción de las Villas Panamericanas, mismas que hasta el momento no le han retribuido al fondo un peso del capital invertido y menos, de interés alguno. También durante el gobierno de Emilio González se realizó otra inversión que sería equivalente en la actualidad a 1,552 millones de pesos para la compra de reservas territoriales de la zona de playa de Chalacatepec, en la costa de Jalisco, cuyas tierras se mantienen en disputa legal en virtud de que la mayoría de las y los integrantes del ejido José María Morelos, titular de éstas, reclaman no haber sido tomados en cuenta por la supuesta asamblea que resolvió su venta.
Además, durante los gobiernos de Acción Nacional, los directivos del IPEJAL contrataron hospitales privados para cubrir la prestación de los servicios médicos de las y los trabajadores que laboran para el instituto, lo que representa hasta el día de hoy una gran presión financiera.
En el gobierno de Aristóteles Sandoval, con el regreso del PRI, el instituto sufrió enormes pérdidas a causa de evidentes actos de corrupción. Entre ellos destaca el caso de la inversión de 603 millones de pesos en bonos de deuda de Abengoa, los cuales no valen ni el papel en que están impresos. Se agregó además en aquel sexenio, el caso de la “inversión” de 1,626 millones de pesos en la empresa TMM, de la que hasta el momento tampoco ha recuperado el fondo lo más mínimo.
Durante el primer gobierno de MC, de Enrique Alfaro, el instituto aportó recursos por 295 millones para la construcción de Ciudad Laboral. Las y los trabajadores del instituto cuestionaron dicha inversión, alegando la falta de claridad en torno de los planes de retorno de capital e intereses.
En el actual sexenio estatal de MC, el director del IPEJAL quizo estrenarse en el cargo con aumentos excesivos de sueldo para los funcionarios de alto nivel. Además, recientemente sumó a la lista de bienes improductivos adquiridos, el edificio de El Informador, pagando 165 millones por su adquisición sin tener hasta el momento un plan de destino y de retorno económico para el instituto.
Sumemos a todas estas afectaciones las diversas pensiones otorgadas a ex funcionarios que han sido cuestionadas por la dudosa forma en que acreditaron sus derechos para obtenerlas.
Contrastando con el saqueo y el dispendio de los recursos del IPEJAL, particularmente las y los trabajadores jubilados derechohabientes del instituto, han sufrido la carencia de medicamentos y la falta de servicios médicos, además de la miserable actualización del monto de sus pensiones. Mientras que las y los afiliados en activo que se jubilarán en los próximos años, según algunos informes actuariales, a partir del 2027 correrán el riesgo de que el instituto no tenga liquidez para cubrir sus pensiones y prestaciones.
El dinero del fondo de pensiones pertenece a las y los trabajadores activos y jubilados, ellas y ellos han visto con bastante enojo cómo los gobiernos del PAN, del PRI y de MC han metido la mano y tomado del mismo para enriquecerse a través de la corrupción, o para derrocharlo en compras de ocurrencia. Probablemente en un futuro próximo MC quiera cargarle el costo del saqueo y la mala administración a las y los afiliados para que recuperen con más años de cotización, con más edad para jubilarse, con más porcentaje de aportación, los daños ocasionados al fondo por la corrupción y el dispendio. Esto no lo debemos permitir. La sustentabilidad del fondo del IPEJAL debe resultar de fincar responsabilidad a quienes le han robado y recuperar lo perdido, sea con bienes de los destinatarios, de sus inversiones, o con los bienes de los directivos que tomaron esas malas y dolosas decisiones. También debe eliminarse la intromisión de los gobiernos en turno en la toma de decisiones para la administración de los recursos del IPEJAL; han sido una verdadera tragedia para el fondo. Hay que darle sustentabilidad al fondo sumando a las y los trabajadores que deberían de estar incorporados al IPEJAL pero que se omite su inscripción para desviar el monto de sus prestaciones a esquemas de corrupción.
El IPEJAL debe volver a ser patrimonio de las y los trabajadores. Paremos la corrupción y el dispendio que han puesto en riesgo su sustentabilidad.

El IPEJAL, historia de saqueo y dispendio que debe parar

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A propósito de una antigua fábula en la que un escorpión termina picando a la rana que le estaba ayudando a cruzar un río, vale la pena recordar que, así como los animales son fieles a su naturaleza, el PRI fue, es y seguirá siendo fiel a su esencia antidemocrática.
El PRI tiene arraigada en su ADN la mala cultura del fraude electoral. Por décadas robó elecciones municipales, estatales y federales. Lo hizo valiéndose de un repertorio de artimañas sofisticado y dolosamente creativo, difícil hasta de imaginarlo.
A tal repertorio pertenecen: el dictado de leyes electorales a modo, la resucitación de electores difuntos, el rasurado de padrones, las campañas de miedo para desincentivar la participación, el encadenado de los centros de votación para retrasar su apertura, el embarazo, robo o sustitución de urnas, el mapacheo en el escrutinio y cómputo de las votaciones, las casillas zapato, la compra del voto y una interminable lista de trapacerías electorales.
En el proceso reciente de Coahuila, la estrategia del PRI para manipular la voluntad popular se centró en cuando menos tres de estos recursos:
1.- Meses antes, el PRI promovió un cambio en la ley para disminuir los tiempos de campaña, de 60 a 30 días, e impedir así que las y los aspirantes de oposición, ausentes de promoción gubernamental, tuvieran oportunidad y tiempo para darse a conocer ante el electorado.
2.- El día 5 de mayo, fecha en que iniciaron las campañas en Coahuila, comenzó el gobierno de aquel Estado una estrategia de amedrentamiento y agresión a las y los candidatos opositores y a sus equipos de campaña para inhibir su activismo territorial, utilizando para ese fin los cuerpos locales de seguridad pública.
3.- La compra masiva del voto, ahora con la sofisticación en la utilización de un QR que permitió registrar en una plataforma la fotografía de la persona con su boleta electoral marcada, para recibir a cambio en un centro de canje, 500 pesos.
Festeja el PRI un momentáneo triunfo, fruto de su indecencia electoral. Además, asume que ya tiene la fuerza para enfrentar a Morena en el 2027. Pero la realidad del PRI dista mucho del entusiasmo de su dirigencia: hoy disputa con MC el último lugar nacional en las preferencias de la ciudadanía y según el INE, en los últimos años la membresía de ese partido ha disminuido en un 86%, pasando de 6 millones a menos de 900 mil.
Vale decir que el PRI ha confirmado aquel refrán que dice: “árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza”, y todo parece indicar que también, cerca del centenario de su fundación , “no habrá mal que dure cien años…”.

Esa es mi naturaleza, diría el escorpión