La CNTE acordó rechazar las propuestas presentadas por el gobierno federal en las mesas de negociación y ratificó la continuidad de la huelga nacional indefinida

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó rechazar las propuestas presentadas por el gobierno federal en las mesas de negociación y ratificó la continuidad de la huelga nacional indefinida. La decisión fue tomada durante la Asamblea Nacional Representativa, en la que participaron 249 delegados de distintas entidades del país.
Entre los principales acuerdos, la CNTE mantuvo su exigencia de derogar la reforma educativa impulsada en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. La organización consideró que las propuestas oficiales no atienden de fondo los temas relacionados con educación, jubilaciones y seguridad social.
Los delegados también resolvieron fortalecer la huelga nacional, mantener el plantón instalado en la Ciudad de México y continuar con las movilizaciones en los estados donde la Coordinadora tiene presencia. Asimismo, aprobaron impulsar una movilización más amplia en defensa de la seguridad social con la participación de organizaciones sindicales y sociales.

La Asamblea acordó además que la Comisión Nacional Única de Negociación continúe los acercamientos con las autoridades federales y dé seguimiento a las mesas de diálogo. También se aprobó reinstalar la Asamblea Nacional Representativa para evaluar el desarrollo de las acciones emprendidas y definir nuevas estrategias dentro del movimiento magisterial.
Como parte de las tareas internas, la CNTE determinó reorganizar el plantón nacional para reforzar la seguridad de los contingentes que permanecen en la capital del país. De igual forma, instruyó la elaboración de un posicionamiento político sobre la respuesta gubernamental a sus demandas y acordó fortalecer la difusión de sus planteamientos mediante distintos canales de comunicación.
En sus pronunciamientos, la organización exigió atención a diversos casos relacionados con integrantes de movimientos sociales y magisteriales en entidades como Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí y Nuevo León.