El rastro de Tonalá: Anatomía de un negocio familiar

Todo apunta a que en Tonalá se lleva gestando desde el 2022 un burdo intento para garantizarle a la familia del alcalde morenista Sergio Chávez, un negocio privado con recursos públicos por los próximos 25 años. Tras sendas investigaciones periodísticas que revelaron las irregularidades del caso, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó un exhorto en el Congreso del Estado para exhibir el entramado y frenar de inmediato este atropello al erario tonalteca.

La historia de este despojo institucional revela una operación de descuido planificado. El rastro municipal ya presentaba problemas sanitarios acumulados y graves deficiencias hidráulicas que provocaron que las vísceras de los animales colapsaran las tuberías de las zonas residenciales vecinas. La administración local no hizo nada por resarcir el daño ni solucionar la contaminación, provocando que la PROEPA clausurara el recinto en 2023. Con la mesa puesta, en enero de 2024, el Cabildo aprobó el cierre definitivo del rastro y, en la misma sesión, anunció la solución: una Asociación Público-Privada (APP) con la empresa “Valor de Alimentos Cárnicos”, entre cuyos accionistas originales figuraban los hermanos del mismísimo alcalde.

Para cumplir la ley, que exige a la empresa aportar al menos el 35% del proyecto, la firma entregó el predio “El Potrero Negro”, inscrito ante notario en 2.7 millones de pesos. Sin embargo, en la oferta técnica, el valor fue inflado artificialmente en un 1,100%, declarándolo en 24.8 millones para simular una mayor inversión. Paralelamente, el tesorero municipal aumentó la aportación del erario de 18 a 35 millones de pesos. Duplicaron el dinero público para acomodar el negocio.

Lo sintomático en el Congreso fue la pasmosa réplica de los diputados de Hagamos. Subieron a la tribuna no a desmentir, sino a desviar la atención acusando “asfixia financiera” o criticando el costo de las pantallas del recinto. En ningún momento negaron los hechos. El cinismo cumbre llegó con la diputada Valeria Ávila, quien espetó: “Esa diferencia de 22 millones… ustedes se los guardan en la bolsa”, validando implícitamente el atraco como una “herramienta” de supervivencia fiscal. Los diputados Tonatiuh Bravo y Enrique Velázquez denunciaron una “persecución política”, cuidándose de no calificar la acusación como falsa.

Acorralado por las evidencias, el alcalde publicó el sábado 13 de junio un tuit de capitulación anunciando la cancelación del dinero para la APP. Su tono es de tristeza: cualquiera diría que se cayó un próspero negocio que aseguraría copiosas ganancias por al menos un cuarto de siglo. Recurre al sello morenista de la victimización: culpa a “ambiciones políticas” de su propia responsabilidad por haber dejado caer el rastro. Con su intempestivo repliegue, el alcalde terminó por dejar colgados de la brocha a Valeria y a Enrique, reduciendo su vehemente defensa del viernes al ridículo parlamentario. El negocio se ha desmoronado, arrastrando consigo la congruencia de quienes decidieron actuar como sus abogados de facción. No es suficiente: los hechos sugieren que hubo un descarado intento de corrupción y nepotismo que tendría que sancionarse. El alcalde Sergio Chávez deberá enfrentar la consecuencia de sus propios actos, sin culpar a los demás de lo que no es sino su entera responsabilidad.