Carlos Palacios

Desde la cumbre del G7 en Évian, Francia, Donald Trump repitió una frase que ya convirtió en lugar común: que los cárteles gobiernan México. Describió a la presidenta Claudia Sheinbaum como una mujer muy buena, pero muy asustada. Sus palabras resultan difíciles de sostener cuando provienen del presidente de la nación que más drogas consume en el mundo y que inunda nuestro territorio con armas de alto poder.
Nuestra presidenta respondió con serenidad y con datos. Citó una reducción del 46% en homicidios dolosos, la destrucción de más de 2 mil 500 narcolaboratorios y la detención de líderes criminales con órdenes de aprehensión y subrayó que &#8220;El Estado mexicano existe&#8221;.
Lo más revelador no vino de México, sino del propio gobierno de Trump. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró recientemente ante el Congreso: “Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más que la administración anterior”. La zar antidrogas Sara Carter, fue igual de clara al elogiar los operativos conjuntos contra el cártel delincuencial que tenía por sede a Jalisco: “Nunca habíamos visto esa cooperación antes”. Los propios funcionarios de Trump contradicen a Trump.
México ha sido claro desde el inicio: cooperación no es subordinación. La responsabilidad compartida exige también que Estados Unidos frene el tráfico ilegal de armas que alimenta a los mismos grupos criminales que Trump dice combatir.
Como ha dicho la presidenta: la soberanía no está sujeta a ningún tipo de negociación.
Desde el Grupo Parlamentario de Morena respaldamos esa postura sin reservas. Una intervención militar extranjera sería inconstitucional, contraproducente y un retroceso en la relación bilateral. Cuando Trump lanza calificativos sin sentido en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en realidad está describiendo a una mujer que no teme decirle que no y que ha demostrado tener argumentos sólidos para defender la soberanía nacional.
 Eso no es miedo, a eso se le llama simplemente dignidad.

La soberanía no se negocia

Cuando el Estadio Azteca recibió el pitazo inicial del Mundial 2026, no solo fue inaugurado un torneo: cerró un círculo histórico único. México se convirtió en el primer país en organizar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026). El Coloso de Santa Úrsula, testigo mudo de aquella final de Pelé y del gol “de la mano de Dios” de Maradona, vive ahora una experiencia que sus fundadores ni siquiera pudieron imaginar.
La comparación tecnológica entre estos tres eventos es inevitable, no sólo como un ejercicio de nostalgia, sino como espejo de la evolución del futbol y de la forma en que México se ve a sí mismo y es visto por el mundo.
En 1970, México apostó por la modernidad. Fue el primer Mundial transmitido en color a nivel global, gracias a los satélites. La pelota Telstar de Adidas, con sus páneles negros y blancos, nació precisamente para ser visible en televisión. Se introdujeron las tarjetas amarillas y rojas, y las sustituciones. El país, aún con las heridas abiertas de Tlatelolco, usó el torneo para proyectar una imagen de progreso y unidad ante el planeta. La tecnología era rudimentaria comparada con la de hoy, pero revolucionaria: el futbol dejó de ser un evento local para convertirse en espectáculo global.
16 años después, en 1986, México repitió como sede en medio de una crisis económica y tras el devastador terremoto de 1985. La televisión ya había madurado, había más cámaras, repeticiones y la famosa “ola” mexicana que conquistó los estadios del mundo. La pelota azteca fue adaptada al clima y la altitud, pero el arbitraje seguía dependiendo casi exclusivamente del ojo humano. El Azteca volvió a ser protagonista. El futbol seguía siendo analógico, pasional y colectivo, sin datos en tiempo real ni asistentes tecnológicos.
En 2026, el contraste es abismal. El torneo más grande de la historia (48 selecciones) llega con inteligencia artificial, cámaras 8K, sensores en el balón que rastrean el movimiento cientos de veces por segundo, VAR semiautomático con avatares 3D para offsides, estadios inteligentes con Wi-Fi masivo, hybrid pitches y experiencias inmersivas para los aficionados. El broadcast se apoya en servidores de IA para highlights automáticos y vistas personalizadas. El Azteca, renovado con tecnología de vanguardia pero respetando su alma, es más que un estadio: un nodo conectado en una red transfronteriza con Estados Unidos y Canadá.
Esta evolución tecnológica no es superficial. Refleja cómo el futbol pasó de ser un deporte de masas visto en blanco y negro (o color incipiente) a una industria data-driven, donde cada pase se analiza, cada decisión arbitral se valida con algoritmos y cada aficionado puede interactuar desde su celular. Lo que en 1970 era magia televisiva, hoy es precisión quirúrgica y entretenimiento personalizado.
Pero más allá de los circuitos y algoritmos, el futbol en México siempre ha sido un fenómeno profundamente social. Es el gran igualador en un país de desigualdades. En las vecindades, las canchas improvisadas y los barrios, el balón une a niños que sueñan con emular a sus ídolos. Los Mundiales han servido históricamente como catarsis colectiva: en 1970, ayudaron a cicatrizar, al menos temporalmente, divisiones sociales; en 1986, levantaron el ánimo de una nación golpeada por la naturaleza.
El futbol construye identidad. El grito de “¡México!” en el Azteca, los festejos en el Ángel de la Independencia o en La Minerva de Guadalajara o las caravanas de autos con banderas tricolor tras una victoria del Tri son expresiones de un orgullo que trasciende resultados. Es un espacio donde se forja comunidad, se transmiten valores de esfuerzo y resiliencia, y se generan oportunidades en sectores marginados, aunque también refleja nuestros vicios: la corrupción en algunas esferas del mundo del futbol, la violencia en estadios y la frustración con nuestra Selección.
En 2026, con toda la tecnología disponible, el verdadero desafío para México no será solo organizar un evento impecable o deslumbrar con pantallas LED. Será recordar que, detrás de los sensores y la IA, el futbol sigue siendo de la gente. Que el Azteca no es solo un venue smart (espacio inteligente), sino un templo que guarda el recuerdo de generaciones enteras que han soñado, sufrido y celebrado juntas.
Al sonar el Himno Nacional y rodar el balón en el Estadio Azteca este jueves 11 de junio, no sólo presenciamos el inicio del Mundial más tecnológico de la historia, sino que fuimos testigos de la continuidad de una pasión que, desde 1970, nos ha definido como nación: imperfecta, ruidosa, pero inquebrantable.
El futbol mexicano no necesita algoritmos para emocionarnos. Solo necesita la cancha, la pelota y a millones de mexicanos gritando al unísono: ¡Que viva el futbol! Y que viva México, tres veces anfitrión.

México: eterno anfitrión del futbol que se transforma

La democracia mexicana ha recorrido un largo camino para consolidarse como una expresión auténtica de la voluntad popular. Durante décadas, millones de mexicanas y mexicanos lucharon para que las decisiones fundamentales del país dejaran de responder a intereses de grupos privilegiados y comenzaran a reflejar verdaderamente el mandato ciudadano. Hoy, en la etapa de transformación que vive nuestra nación, tenemos la responsabilidad de proteger ese legado y fortalecerlo frente a nuevos desafíos.
Uno de esos desafíos es la posibilidad de que actores extranjeros intenten influir en nuestros procesos electorales. En un mundo cada vez más interconectado, las formas de intervención ya no se limitan a mecanismos tradicionales. Hoy pueden presentarse a través de campañas de desinformación digital, financiamiento indebido, manipulación tecnológica o estrategias de presión política que buscan alterar la libre decisión de la ciudadanía. Precisamente por ello, la propuesta de reforma al artículo 41 constitucional para incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones por injerencia extranjera representa un paso necesario en la defensa de nuestra soberanía.
La Cuarta Transformación ha colocado al pueblo en el centro de la vida pública. Bajo este principio, resulta inaceptable que intereses ajenos a México pretendan influir en la integración de los poderes públicos o en las decisiones que corresponden exclusivamente a las y los mexicanos. La soberanía nacional no es un concepto abstracto; es la garantía de que nuestro destino lo decidimos nosotros mismos, sin tutelas ni imposiciones externas.
Esta reforma también atiende una omisión existente en nuestro marco constitucional. Actualmente, la ley contempla causales de nulidad relacionadas con irregularidades electorales o el uso de recursos ilícitos, pero no establece de manera expresa la injerencia extranjera como motivo para invalidar una elección. Incorporar esta figura fortalecerá la certeza jurídica y brindará mayores herramientas a las autoridades para proteger la autenticidad del sufragio y la equidad en las contiendas electorales.
Defender la democracia implica anticiparse a las amenazas del presente y del futuro. Por ello, actualizar nuestra Constitución frente a nuevas formas de injerencia internacional no significa cerrar las puertas al mundo; significa garantizar que las decisiones políticas de México sigan emanando únicamente de la voluntad popular.
En Morena estamos convencidos de que la democracia se fortalece cuando el pueblo decide libremente. Proteger nuestras elecciones de cualquier influencia extranjera es proteger el derecho de las mexicanas y los mexicanos a construir, por sí mismos, el rumbo de la nación. Porque la soberanía no se negocia, y la voluntad del pueblo se respeta.
Y para los de oposición que han intentado tergiversar esta iniciativa, solo pueden estar en contra de esta iniciativa y de este dictamen quienes esperan la intervención de un gobierno extranjero y quienes esperan los recursos de un gobierno extranjero para intervenir en las elecciones de México.

La soberanía no se negocia: la voluntad del pueblo se respeta

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para blindar las candidaturas ante el crimen organizado no es un veto: es información que los partidos merecen tener antes de registrar a alguien.
La propuesta, presentada esta mañana por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, es políticamente oportuna. No busca crear tribunales de excepción ni listas negras. Lo que plantea es algo más simple y más poderoso: que los partidos políticos tengan acceso, antes de registrar una candidatura, a información de inteligencia que hoy existe en archivos de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero que nunca fluye hacia quienes toman las decisiones de postulación.
El mecanismo concreto es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, adscrita al INE y conformada por cinco consejeros electorales electos por el propio Consejo General por un periodo de tres años. Esta comisión, de ser aprobada la iniciativa, funcionaría como bisagra entre los partidos y las autoridades de seguridad y financieras. Los partidos entregarían voluntariamente su lista de aspirantes; la comisión consultaría con esas instituciones si existe lo que la iniciativa llama un &#8220;riesgo razonable&#8221; de vínculos con la delincuencia, y esa señal —sí o no, sin detalles que comprometan investigaciones en curso— regresaría al partido para que éste tome su decisión.
Conviene subrayar lo que la iniciativa no hace, porque ya escucho las voces que van a tergiversarla. No es una vía para vetar candidatos opositores. No es un sustituto del proceso judicial. No viola la presunción de inocencia. El partido sigue siendo el que decide si registra o no al aspirante. Lo que cambia es que ya no podrá alegar ignorancia. Como dejó en claro la propia Luisa María Alcalde, muchas veces las corporaciones de seguridad tienen indicios que no alcanzan nivel probatorio para judicializar un caso, pero que sí son suficientes para que un partido reconsidere una candidatura. Hoy esa información se queda atorada, pero la iniciativa la pone a circular.
El requisito de que cada aspirante firme su consentimiento expreso para ser evaluado también es relevante. Se trata de un filtro de actitud. Quien se niega a ser revisado, ¿qué está protegiendo? La transparencia empieza por quien pide el voto. La iniciativa llega a medio año de las elecciones de 2027.
También vale la pena ubicar otra iniciativa en su contexto legislativo. Mi compañero Ricardo Monreal, coordinador de nuestra bancada, ha anunciado que impulsará una propuesta complementaria: establecer como nueva causal de nulidad de una elección el hecho de que se acredite intervención extranjera en el proceso.
Una reforma constitucional que tocaría el artículo 41 para cerrar lo que Monreal llama una &#8220;laguna técnica&#8221; en el sistema actual de nulidades. México no puede llegar a 2027 con el mismo blindaje legal de hace 20 años, cuando las amenazas a la integridad democrática tenían otro rostro. Hoy el peligro viene del crimen organizado, adentro, y de actores extranjeros, afuera.

Sin máscaras de cara al 2027

La semana pasada en este mismo espacio, plantee una reflexión en la cual coincidimos con un conjunto de compañeras y compañeros del país, respecto a la dirección y a los retos para que Morena pueda lograr una transformación en lo local. Además, formulé una serie de cuestionamientos que ya no deseamos en el movimiento, y por lo tanto, ahora en positivo expongo cinco planteamientos transformadores en lo local:
1.- La transformación es más allá de un concepto político, una acción que lleva en sí misma la responsabilidad irrenunciable de cambiar de fondo. Si partimos desde el punto de cómo están las cosas ahora, debemos priorizar la seguridad de nuestras familias, mujeres, estudiantes y trabajadores y trabajadoras; dignificar los servicios. Esto significaría dar un giro completo en la forma de servir a la sociedad desde el gobierno, en la búsqueda de bienestar y poder vivir la ciudad.
2.- Para transformar, es necesario iniciar por escuchar y atender a la gente, sus necesidades básicas, sus dolores, sus carencias, los humores y las alegrías; transformar en lo local significa, no imponer la opinión de asesores externos, o adoptar políticas públicas de otras ciudades; escuchar lo que viven día a día las colonias. Este es el centro de un proyecto transformador.
3.- En lo político, desde el movimiento debe nacer un consenso, en el que los liderazgos, las bases y dirigentes determinen las directrices, las prioridades y el rumbo ético, la plataforma política y legislativa para una metrópoli como la nuestra y un Estado como Jalisco, partiendo del alineamiento nacional, pero con la visión de un Jalisco moderno y sin desigualdades.
4.- La libertad es la base de la transformación. Las libertades deben ser el punto central de la vida de las personas; libertad para trabajar, libertad para el deporte, libertad para el recreo, libertad y seguridad para todas y todos, como dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: “La libertad es la base de nuestra transformación”.
5.- Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara son ahora la cuna de incubación del emprendurismo tecnológico; en unos años será el centro tecnológico más importante del país. Por lo tanto, la transformación debe ser la garante de tener un Estado con sentido humano, sí con certeza a las empresas, pero también con condiciones de trabajo modernas y derechos laborales y prestaciones garantizados.
Estos cinco puntos son solo una provocación a la discusión sobre la transformación que requiere nuestra ciudad y nuestro Estado, una discusión que hace falta, que requiere de un largo trabajo pero que en algún momento debe iniciar.

Una reflexión para la transformación

Morena ha logrado algo que pocos movimientos políticos en la historia de México pueden presumir, una expansión territorial vertiginosa. Desde su irrupción como fuerza dominante con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018, nuestro partido ha conquistado gubernaturas, congresos locales y municipios a lo largo del país. El mapa político, cambió de color.
Desde el 2024, bajo el liderazgo de la PresidentaClaudia Sheinbaum Pardo, a nivel federal se está consolidando un modelo de gobierno que combina disciplina administrativa, expansión de derechos sociales y una visión de Estado más activa. La continuidad en el combate a la pobreza através de programas sociales ampliados que como sabemos han sacado ya a 13 millones de Mexicanos de la pobreza extrema, el fortalecimiento sostenido del salario mínimo, y una agenda de reformas que abarca: seguridad e inteligencia; salud, movilidad y trenes; relaciones exteriores y TEMEC; política interior, política fiscal contra factureros; viviendasocial para jóvenes y fin a viejos créditos impagables, el sistema electoral, apuntan a un rediseño de la vida pública que corrige desigualdades históricas y recupera la rectoría pública sobre los recursos del estado que se encontraban en manos privadas como las concesiones de agua acaparadas. La clave de ese proceso ha sido no solo la formulación de políticas, sino su ejecución con criterios de orden, eficacia y énfasis en desmontar el estado neoliberal.
Por tanto, el gran reto de nuestro movimiento en los estados y municipios, donde se gobierna, es que los barcos locales naveguen en la misma dirección y con la misma velocidad con que lo hace el barco presidencial. Ya que a nivel lo local sino setransforma el poder pierde el sentido ganar elecciones.
La pregunta de fondo no es ¿Cuántos municipios gobiernan hoy Morena? sino ¿Qué tipo de poder ejerce en ellos?
En varios lugares, Morena construyó sus victorias no desde sus cuadros comprometidos con su programa, sino mediante la incorporación pragmática de personajes vinculados a grupos políticos preexistentes: dirigentes y operadores territoriales curtidos en una ideología política contraria al movimiento y grupos locales con profundo conocimiento de los mecanismos informales del poder que históricamente hemos combatido.
Esto plantea una cuestión más profunda sobre la naturaleza del cambio político ¿Puede una transformación local ser auténtica, si depende de los mismos actores que se beneficiaron del orden anterior? ¿Puede haber ruptura cuando los incentivos, las redes y las prácticas permanecen intactas?
Se ganan elecciones, pero no hay cambios en las instituciones. Se obtiene el mandato electoral, pero no se consolida la transformación de la ética pública.
La historia política no suele juzgar a los movimientos por la amplitud de sus victorias electorales, sino por el impacto consciente, auténtico y positivo hacia  la calidad de vida de todos los habitantes, -dignificar los servicios básicos, regresar la seguridad, apostar por un proyecto de primer nivel, sensible y empático de cercanía a la gente y que sin duda, Guadalajara cuenta ya con todos los recursos para hacerlo posible- el desafío para Morena en Jalisco y Guadalajara es entonces, demostrar que su expansión territorial no es simplemente una redistribución de poder entre élites, sino un paso real hacia su democratización.
Jalisco, es un estado con una élite local sofisticada, con redes de poder profundamente enraizadas y con una cultura política que ha sabido adaptarse y sobrevivir a distintos ciclos partidistas. Cualquier intento de expansión que subestime esa realidad corre el riesgo de repetir la historia reciente que esganar posiciones sin transformar las estructuras que las sostienen.
Para Morena, el reto en Guadalajara no es solo competir, sino definir con claridad el tipo de gobierno que se quiere construir. ¡Apostar por cuadros solidos ideológica y políticamente! ¡Por la coherencia política y orgullosa de nuestras raíces! que encarnen una transformación auténtica, real, palpable, que rompan y destruya las complicidades, los repartos y sus autobeneficios. El otro panorama es recurir al pragmatismo, restaurar el Panismo, el Priismo o el Alfarismo -En terapia intensiva. &#8211;
Si Morena aspira a gobernar Guadalajara, la pregunta no es solo ¿Con quién puede ganar?, sino ¿Quién tiene la capacidad de renovarla? Y esa distinción es la que separa a los proyectos que administran el presente, de aquellos que realmente buscan transformar nuestra ciudad, con una renovación social que genere paz y tranquilidad en nuestros hogares y familias.
Por todo lo anterior, convoco a mis compañeras y compañeros, protagonistas del cambio verdadero y defensores de la transformación, a que llevemos esta reflexión a los seccionales, a las colonias, a los círculos de estudio, a los distritos y decidamos ¿Qué queremos para la gente de Guadalajara? Regresión o Regeneración. 
¡Porque a la sociedad tapatía le urge querenovemos nuestra ciudad!

Ganar para que gobierne el pasado o ganar para transformar Guadalajara

México no enfrenta una crisis invisible; enfrenta una que hemos decidido normalizar. Ocurre cada noche, en silencio: ilumina el rostro de nuestros hijos a las dos de la mañana y, poco a poco, desplaza el juego, la conversación y el vínculo humano. Tiene forma de pantalla.
Los datos son difíciles de ignorar. En 2013, apenas el 11.7% de los niños mexicanos de entre 6 y 11 años usaban internet. Hoy son el 79%. Además, el 90.4% de los usuarios en el país lo emplea para redes sociales. En promedio, pasamos 7 horas con 32 minutos al día frente a una pantalla: el equivalente a una jornada laboral completa. Esta fue la información central que nos compartió el Dr. Ricardo Villanueva en su reciente visita a la Cámara de Diputados, donde nos invitó a participar en una discusión nacional en la que vamos tarde, detrás de 79 países que han legislado sobre el tema.
Jalisco no es la excepción; es el espejo. La zona metropolitana de Guadalajara concentra una de las mayores poblaciones de jóvenes universitarios del país, con una vida digital intensa y acceso permanente a tecnología. Lo que aquí ocurre anticipa lo que sucede en el resto de México: más conexión, pero menos descanso; más interacción digital, pero menos convivencia real.
Las consecuencias no son simples ni tienen una sola causa, pero sí muestran una tendencia preocupante. La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del INEGI registra un aumento sostenido de la ansiedad en jóvenes de 18 a 20 años, especialmente en mujeres. Y en 2023, México contabilizó 8,977 suicidios, con una alta incidencia en edades cercanas a los 24 años.
Ante este panorama, el mundo ya se está moviendo. Setenta y nueve países han implementado algún tipo de regulación sobre el uso de teléfonos inteligentes en escuelas. En México, en cambio, iniciamos el debate. El Foro Nacional Más allá de las Pantallas, al que nos convoca el subsecretario de Educación Superior de la SEP, reunió a más de 500 participantes que coincidieron en algo básico: la respuesta no puede ser aislada. Debe integrar educación, salud mental y regulación.
No se trata de demonizar la tecnología. Se trata de reconocer que, sin límites claros, está moldeando hábitos, afectando el descanso y reconfigurando la forma en que crecen niñas y niños. Como advierte el psicólogo Jonathan Haidt; este no es un conflicto entre modernidad y pasado, sino una discusión sobre las condiciones mínimas para un desarrollo saludable.
Jalisco tiene la oportunidad de encabezar esta conversación a nivel nacional. La pregunta es si habrá voluntad para hacerlo o si seguiremos, como hasta ahora, demasiado ocupados mirando la pantalla.

Las pantallas que nos consumen

En México, millones de personas acceden al crédito todos los días para mejorar su calidad de vida: adquirir un electrodoméstico, pagar estudios o enfrentar una emergencia. El crédito, bien utilizado, es una herramienta de movilidad social. Sin embargo, también puede convertirse en una fuente de injusticias cuando no existen reglas claras ni autoridades con facultades suficientes para proteger a las y los consumidores.
Hoy enfrentamos una realidad: mientras el sistema financiero está sólidamente regulado, el crédito otorgado por empresas comerciales —tiendas, proveedores de servicios o administradoras de cartera— opera en una zona gris. Este tipo de financiamiento, que incluso tiene mayor penetración que el bancario, no cuenta con mecanismos de supervisión efectivos que garanticen un trato justo para los usuarios.
Las consecuencias son concretas. Personas que ya cumplieron con sus obligaciones ven cómo sus deudas “reviven” artificialmente en los registros; historiales crediticios que deberían limpiarse permanecen manchados; y reclamaciones legítimas son rechazadas con documentos sin sustento. Esto no solo es injusto, es profundamente regresivo: castiga a quienes sí cumplen y limita su acceso a mejores oportunidades.
Por ello, como diputado de Morena propongo una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. El objetivo es claro: cerrar vacíos legales y poner en el centro a las personas.
Primero, proponemos dotar a la PROFECO de facultades reales de supervisión sobre las empresas comerciales que otorgan crédito. No se trata de crear más burocracia, sino de darle dientes a la autoridad para vigilar, detectar irregularidades y sancionar abusos.
Segundo, establecemos reglas más estrictas y justas en el manejo de la información crediticia. Reducimos los plazos para que los pagos se reflejen oportunamente, ampliamos el acceso gratuito al reporte de crédito y agilizamos los procesos de reclamación. En la era digital, donde los créditos se otorgan en minutos, no es aceptable que la actualización de la información tarde semanas.
Tercero, fortalecemos el derecho de las personas a defenderse. Se obliga a las entidades a presentar evidencia real y verificable cuando rechacen una reclamación, evitando que documentos unilaterales sigan afectando a los consumidores.
Esta reforma también reconoce, en los hechos, el derecho al “olvido financiero”: si una deuda ya cumplió con los plazos legales para eliminarse, no puede reaparecer indefinidamente. La certeza jurídica no debe ser privilegio de unos cuantos, sino garantía para todas y todos.
El 97% de las personas cumplen con sus obligaciones crediticias. Es momento de que la ley esté a la altura de esa responsabilidad ciudadana.
Porque un sistema financiero justo no solo protege a los mercados: protege, ante todo, a las personas. Y en la Cuarta Transformación, ese es el principio que guía nuestro trabajo.

Reforma para proteger del abuso de cobros

Jonás

Sheinbaum con el rey Felipe VI

Claudia Salas

T-MEC 2026: Entre la pasarela del 2030 y el temblor de los improvisados

Eduardo González Velázquez

Temporada de guerra sucia

Marcela Michel López

Liderazgo con sello de mujer

Desde hace varios meses, cerca de 200 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara reciben en sus hogares algo que el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) llama agua potable, pero que en realidad es agua turbia, sucia, maloliente, inaceptable.
Familias que abren la llave y encuentran un líquido que genera absoluta desconfianza, que no sólo mancha la ropa, sino que podría poner en riesgo la salud de las personas y, por lo mismo, nadie la bebería.
Eso sí, el recibo llega puntual cada bimestre y no se diga el corte por falta de pago (bautizado por las autoridades como reducción del servicio). Ante esta realidad, celebro que desde el Poder Legislativo estatal existan voces dispuestas a mover el tablero. Legisladoras y legisladores que cocinan un esquema de descuentos para ciudadanos morosos en el pago del servicio de agua. La propuesta tiene mérito: reconoce que hay una deuda acumulada, que hay usuarios que no han pagado, y que se necesita un mecanismo para poner las cuentas al corriente. Pero me parece que el planteamiento debe ir más lejos. Mucho más lejos. Lo que proponen algunos es, en esencia, una herramienta de recuperación de cartera vencida. Válida, sí. Necesaria, también. Pero insuficiente si no se acompaña de un reconocimiento fundamental: que el Estado está en deuda con la ciudadanía, no al revés.
Cuando un organismo público cobra por un servicio y no lo presta en condiciones dignas, no estamos frente a un problema de morosidad. Estamos frente a un incumplimiento institucional. Y ese incumplimiento tiene nombre: es una falla del Estado.
Por eso mi postura es clara: los usuarios que hayan recibido agua turbia o sucia en estas colonias deben ser compensados al 100 por ciento, no con un descuento, no con una facilidad de pago. Con una compensación real, proporcional al tiempo que llevan recibiendo un servicio que no cumple con los estándares mínimos de calidad establecidos en la ley.
Ningún ciudadano debe pagar por agua que no puede beber, que no puede usar con tranquilidad, que genera desconfianza y gastos adicionales en garrafones, filtros o medicamentos. Ese costo invisible que nadie contabiliza lo han venido absorbiendo las familias tapatías durante meses. La discusión no puede reducirse a cómo cobrarle a quienes no han pagado.
La discusión tiene que comenzar por preguntarse por qué no han pagado, y si acaso tienen razón. Invito a los representantes populares con curul en el Congreso local a ampliar el horizonte de esta propuesta.
El esquema de descuentos puede ser el punto de partida, pero el punto de llegada debe ser la restitución plena de un derecho: el derecho humano al agua limpia, segura y suficiente.
Mientras el SIAPA no garantice ese derecho, la lógica del cobro pierde toda legitimidad moral. Y eso, como representante popular a nivel federal, no puedo ni debo de ignorarlo.

El agua sucia no se paga: una deuda del Estado con la ciudadanía