Jonás

La Guardia Nacional, ese proyecto de seguridad en el que se empeñó el expresidente Andrés Manel López Obrador, conmemoró siete años desde su creación. Lejos quedaron las largas y trabadas discusiones legislativas sobre la militarización de la seguridad pública que en 2018 y antes, se realizaron en el Congreso de la Unión. Hoy es una realidad y además, es la única esperanza con la que cuenta el país para cumplir una meta que se ha postergado durante varios sexenios: la pacificación.
Ayer, en ceremonias que se efectuaron en todo el territorio nacional, sencillas pero solemnes, se hizo conciencia de la importancia que ha adquirido la Guardia Nacional y cómo, en un proceso que todavía es de construcción, tendrá que crecer más en personal y en bases territoriales.
La Guardia Nacional cuenta con 125 mil elementos y antes de que concluya la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, está proyectado que llegue a 170 mil integrantes.
Entre las muchas celebraciones, la central fue presidida por la presidenta de la república y su mensaje, hizo hincapié en los servicios que han prestado los integrantes de la Guardia, para apoyar a mexicanos afectados por inclemencias meteorológicas o en operativos de seguridad.
En este punto conviene recordar que cuando menos en los objetivos que se expusieron públicamente antes de concretar otra reforma que militarizó a la Guardia Nacional (se había creado con la propuesta de que se mantuviera con mandos civiles), se destacó que debía ser una fuerza de seguridad “de proximidad ciudadana”.
Ese objetivo no se ha cumplido del todo y aunque se han hecho intentos, se han dejado después.
En el transcurso del actual sexenio, aunque no se ha reconocido en el discurso, en los hechos ha quedado claro que el gobierno federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, con el respaldo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada, se ha confrontado abiertamente a la delincuencia organizada. Las pruebas son claras y basta recordar la eliminación de los líderes del crimen organizado y la entrega de otros tantos a la justicia de los Estados Unidos.
Sin embargo, y a pesar de la repetición de cifras que insisten en la reducción de homicidios y de delitos del fuero federal y del fuero común, la percepción de inseguridad reflejada en cada emisión de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, deja claro que aún es muy largo el trayecto de la pacificación.
Las estadísticas oficiales contribuyen poco a reducir la sensación de inseguridad y la certeza de que la delincuencia organizada controla territorios en el país, incide en la vida cotidiana y está infiltrada en la vida pública y política.
La Guardia Nacional, en proceso de formación, merece reconocimiento sin duda, pero eso no pude difuminar la agenda pendiente de la pacificación.

A siete años de la Guardia Naciona

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Desde varias semanas atrás se multiplicaron las denuncias de agua maloliente en colonias de Guadalajara y Zapopan, principalmente. El asunto creció como fuente de molestia ciudadana e incluso se empezaron a organizar manifestaciones. Ayer, parte del gabinete del gobierno del Estado anunció un paquete de acciones para responder a la nueva crisis que tiene como responsable principal al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Se trata de una crisis, se reconoció, que resulta de varias décadas en las que no se hicieron las inversiones necesarias para mantener y actualizar la infraestructura que garantice el agua potable a una metrópoli que mantiene su ritmo de crecimiento y demanda del líquido. Una primera medida contará con la aplicación de cinco mil millones de pesos que, aseguró Alberto Esquer Gutiérrez, jefe del gabinete, ya tienen las autoridades.
Pero además, se proyectan decenas de obras que requerirán 20 mil millones de pesos más. Para acceder a esos recursos, el Estado de Jalisco espera la colaboración del gobierno federal, además de su aprobación a los proyectos que requieren autorización federal por tratarse del acceso al agua.
Adicionalmente, el paquete de proyectos se enviará al Congreso del Estado para que los diputados, como integrantes del Poder Legislativo, avalen las acciones del gobierno estatal. 
Se pueden anticipar desde ahora acaloradas discusiones, acusaciones y señalamientos.
Habría que apuntar, de inicio, que 25 mil millones de pesos suman una cantidad incluso reducida si su uso significa eliminar de fondo la problemática de acceso al agua potable para los casi seis millones de habitantes de la segunda ciudad más grande del país. 
El acceso al agua es, además, indispensable para mantener vigente un proyecto de desarrollo que tiene como epicentro el Área Conurbada de Guadalajara.
Sin embargo, acceder a agua potable no es una demanda exclusiva de nuestra metrópoli. Es un problema nacional y la Ciudad de México, pese a ser la capital del país, enfrenta igual serias dificultades, aunque en una escala mayor.
Con estas consideraciones de fondo, el paquete de proyectos presentado por los integrantes del gabinete estatal, entre quienes estuvieron el director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, y el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín Álvarez, atacarían las necesidades más urgentes: incrementar la capacidad de la Planta Potabilizadora No. 1 que se encuentra en Miravalle y que con 70 años de funcionamiento, está rebasada en cantidad y calidad. De inmediato iniciarán los trabajos de ampliación.
De manera inmediata, también, debe iniciar la construcción de un nuevo ducto que traiga agua del Lago de Chapala a la ciudad; el actual tiene más de 40 años y está en muy malas condiciones. La nueva infraestructura permitirá ahorra en energía, eliminar el desperdicio de agua en el trayecto e incluso, extraer menos cantidad de líquido del lago.
Además, se iniciarán los trabajos de construcción del acueducto La Calera, por donde se conducirá el agua para evitar que pase por el canal de Las Pintas, donde se está contaminando. Apuntaron también construir el colector Villa Fontana, que se ubicaría donde se unen Tlaquepaque y Tlajomulco.
Estas son apenas las primeras obras. La Calera y Villa Fontana permitirían eliminar el agua turbia y maloliente hasta pasado un año.
Indudablemente, cuando se resuelvan cuestiones como financiamiento y aprobaciones legales, se emprenderá una larga marcha hasta recuperar la viabilidad hídrica de la ciudad. Es una ruta larga, pero no se podía esperar más a iniciarla.

Para resolver el agua maloliente

Será hasta el domingo 19 de julio que concluya el Mundial de Futbol. Sin embargo, en Guadalajara la actividad oficial terminó, para fines prácticos, el pasado 26 de junio, al celebrarse en el Estado Guadalajara el partido entre las selecciones de Uruguay y España. Esa noche acabó la etapa más fuerte del compromiso que aceptaron las autoridades jaliscienses y aunque se mantendrán activos varios escenarios públicos, como el Fan Fest en el Centro Histórico tapatío, es posible afirmar que el compromiso se ha cumplido con resultado sobresaliente.
Una evaluación basada exclusivamente en la percepción, permite afirmar que en Jalisco, ganamos con el Mundial.
Quedan pendientes, y hay que hacerlas, una serie de evaluaciones en las que no vale lo emocional o lo perceptivo, sino los números fríos. Aquí van unas primeras preguntas pertinentes:
¿El gobierno estatal o los municipios quedaron con deuda debido a los costos de organización e infraestructura?
¿La ocupación hotelera y la derrama económica en gastos comerciales y de consumo cumplió con las expectativas? Sin duda, hay ganancias, pero habrá que medir si fueron marginales o cumplieron con las altas expectativas que se habían planteado originalmente.
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En términos de seguridad, hasta el momento el saldo es blanco, aunque no faltaron algunos hechos en los que pocas personas violaron las leyes y padecieron las consecuencias, pero ningún hecho en sí manchó a Guadalajara y el resto del Estado, como sede del evento. Además, en lo que resta del desarrollo del Mundial será muy difícil que vuelvan a observarse concentraciones tan grandes de gente como las que vivieron durante los días de juegos más populares y conciertos masivos… a menos que la Selección Mexicana dé la sorpresa y responda positivamente a la pregunta “¿y si sí?”.
En ese contexto, se puede reiterar: Jalisco ganó con el Mundial.
La ciudad fue probablemente la mejor sede del país; la imagen de Guadalajara ganó en prestigio y fama internacional. Los eventos masivos (más de 270 mil personas en el concierto del 25 de junio es un fenómeno difícilmente repetible) se convirtieron en fiestas generalizadas que permanecerán en la memoria colectiva por años, dejando más que pagado el costo económico.
Y como “cereza en el pastel”, el juego en el que participó la Selección Mexicana terminó con un triunfo para el equipo nacional.
Merecen reconocimiento –es de esperar que las autoridades harán lo propio– todos los servidores públicos que participaron y lo seguirán haciendo, en tareas de movilidad, seguridad, organización. Y reconocimiento merecen también, todos los ciudadanos que con afán comercial o sólo por ser amables, han contribuido a presentar una imagen de anfitrionía a los visitantes.
Merecemos felicitarnos.

En Jalisco ganamos con el Mundial

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el monarca español Felipe VI se encontraron en Palacio Nacional. De acuerdo con información proporcionada por la presidencia, reconocieron la importancia de los “pueblos originarios” y acordaron fortalecer la relación bilateral. ¿Y cuál es la novedad?
La pregunta tiene lógica por dos razones que se sostienen sin discursos políticos: la primera es que los pueblos indígenas en México (ahora llamados originarios y sexenios pasados “pueblos autóctonos”) nunca han pedido que se reconozca su importancia. Es más, abundan los estudios antropológicos y sociológicos que muestran cómo las culturas indígenas que radican en nuestro país y en lo que antes se identificó como Mesoamérica, no tienen como objetivo el reconocimiento.
Por otra parte, las relaciones bilaterales entre México y España se remontan a generaciones que nos precedieron; al margen de los conflictos políticos y de otra naturaleza, desde el nacimiento de nuestro país, antes colonia de la corona española, existieron puentes de intercambio y reconocimiento mutuo.
La novedad, en todo caso, sería que por fin, la presidenta Sheinbaum Pardo, con todo el cuidado que siempre tiene para no desacreditar las malas herencias que le dejó Andrés Manuel López Obrador, está desmontando por fin la necia idea de la confrontación entre México y España, y los reclamos que rayaron siempre en lo ridículo, sobre la exigencia de disculpas por hechos ocurridos hace más de cinco siglos.
Ese discurso obradorista, que se consolidó a partir de propaganda filmada a los pies de pirámides mayas, condujo a la aplicación de una figura inexistente en la legislación diplomática: la “pausa” en las relaciones.
La visita de Felipe VI ocurre en el contexto de la organización de la Copa Mundial de Futbol y probablemente, su máximo interés sea asistir al juego que tendrá lugar este viernes en Guadalajara, entre las selecciones de España y Uruguay, aunque en su papel de Jefe del Estado español no se deben desatender oportunidades para fortalecer la relación con una nación como México, que significa para España oportunidades económicas, culturales y políticas.
Es cierto que algunos personajes españoles alimentaron recientemente desencuentros de carácter político e ideológico con el gobierno mexicano, como también es verdad que algunos personajes mexicanos hicieron lo mismo con sectores españoles. Pero ni unos ni otros representan a México o a España.
En la denominada “cuarta transformación” se ha insistido en rescatar la herencia indígena y proporcionar algunos beneficios, sobre todo con los programas sociales, a este sector de la población mexicana, pero entre el discurso oficial y los actos de gobierno hay todavía una enorme distancia.
Lo mejor que podría arrojar este encuentro breve entre Claudia Sheinbaum y Felipe VI sería concluir ya con una animadversión que para la mayoría de los mexicanos no ha significado mucho, y que ha puesto obstáculos a una relación entre dos países que podrían generarse muchos beneficios mutuos.

Sheinbaum con el rey Felipe VI

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En un pendulazo legal, el Tribunal Electoral federal eliminó las candidaturas femeninas obligatorias para la elección del año entrante en ocho municipios de Jalisco, entre éstos Zapopan, el más importante por extensión, población y capacidad económica. Y también, porque es ahí donde está el origen del proyecto político que colocó a Pablo Lemus en Casa Jalisco.
El gobernador del Estado reaccionó a la agitación mediática que provocó la decisión de los magistrados electorales y garantizó que se mantendrá el apoyo a una candidatura femenina en Zapopan. En sus propias palabras: “La participación de las mujeres en la vida pública es indispensable y cada vez deben tener más espacios. Es una demanda histórica y social que en Jalisco debemos cumplir a rajatabla”.
El mensaje, si bien no es explícito, es bastante claro para quienes siendo varones militantes de Movimiento Ciudadano y habiendo formado parte de los equipos de gobierno durante una década en Zapopan, supusieron que con la decisión judicial tendrían oportunidad de competir en las elecciones de 2027. 
En Zapopan será mujer la candidata.
Y desde una perspectiva que rebasa el caso particular de Zapopan, el mensaje de Pablo Lemus se convierte también en una directriz obligatoria para Movimiento Ciudadano, porque en palabras de la coordinadora estatal del partido, Mirza Flores, en la determinación de candidaturas para la elección de 2027 tanto en municipios como en la contienda para integrar el Congreso estatal y la Cámara de Diputados, hay determinación de seguir apoyando a las mujeres, y en eso también está comprometido el mandatario jalisciense.
Esta controversia es el pretexto ideal para recordar que en México, debido a la falta de oportunidades para las mujeres que siempre intentaron participar en la vida política nacional, todas las fuerzas políticas aceptaron la reforma legal para garantizar que al menos la mitad de las candidaturas presentadas por los partidos políticos, deben ser para mujeres.
Sin embargo, las leyes no pueden prever los comportamientos evasivos y de resistencia, y por eso se presentaron chapuzas como la de presentar candidatas que no tenían posibilidades de ganar la elección o sólo estaban destinadas a espacios de menor importancia, es decir que no competían por los cargos más importantes.
Eso está cambiando y hay pruebas claras, como el hecho de que el país tiene una presidenta y Guadalajara una alcaldesa. 
Sin embargo, la lucha real para que las mujeres tengan acceso al ejercicio de poder y la toma de decisiones todavía tiene que avanzar más y superar las candidaturas y los primeros cargos, hasta normalizarse.
Con la determinación del gobierno estatal que les garantiza el respaldo para 2027, el Estado también es ejemplo y vanguardia en esta ruta.

Candidaturas femeninas obligatorias

El profundo drama que se vive en México por los más de 130 mil desaparecidos reconocidos por el gobierno federal, le plantea ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un grave dilema, después de haber recibido en su conferencia mañanera en Palacio Nacional al Pato “Merlín”, la mascota de una familia de la Ciudad de México que se ha convertido, gracias a las redes sociales, en la mascota no oficial del Mundial de Futbol.
El reclamo es básico: Sí hay espacio en su conferencia cotidiana para dar espacio a una mascota, pero no se atiende a los colectivos de madres buscadoras que reclaman más atención, presupuesto y solidaridad de las autoridades.
Ante la polémica, la presidenta mantuvo una compostura firme y mesurada, pero reveló que sí atiende personalmente a las madres buscadoras, pero en privado; no lo hace público porque quiere evitar que esto se interprete como un acto de propaganda. 
Su respuesta, sin embargo, no aplacó los ánimos adversos de quienes han sido críticos con la postura del gobierno federal, el actual y el que encabezó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El drama de un desaparecido, que se multiplica por miles en todo el país, es casi inaprehensible. No hay recurso económico, declaración pública o programa de gobierno que alivie el sufrimiento de quienes están buscando a un ser querido del que no se sabe su paradero. 
La desaparición de personas, sin embargo, no es un asunto nuevo ni tampoco se puede acreditar sólo a la administración de la presidenta Sheinbaum Pardo, pero sí hay un elemento que agravia a la gente y que se expresa de varias maneras: la insensibilidad, la falta de respaldo, la desatención.
Y lo mismo alcanza al gobierno de la república que a los gobiernos estatales y los municipios.
El hecho de que existan grupos de “buscadores” ya es una contradicción: madres, padres, hermanos y voluntarios, salen a los campos, los terrenos baldíos, las casas abandonadas, para buscar cuerpos, huesos, restos humanos. Esa tarea, en teoría, le corresponde a autoridades.
Quizá convendría revisar –y esto se ha repetido constantemente– cuáles deben ser los contenidos y la información que se maneja en la conferencia presidencial de cada mañana. Los asesores y responsables de este ejercicio oficial y cotidiano, deben mantener el equilibrio y la sensibilidad que tanto reclaman los colectivos de buscadores.
No tiene la culpa el Pato “Merlín”. Es la autoridad la que ha fallado en sus responsabilidades.

De las madres buscadoras al pato “Merlín”

Ni bien se resolvió el conflictivo plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, mediante la entrega de 800 millones de pesos, y ya se anticipa otro problema: los transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) anunció movilizaciones en las principales carreteras del país.
Los transportistas llevan años denunciando inseguridad en carreteras: desde asaltos hasta asesinatos de conductores. 
El problema se agudizó desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador; en ese período de gobierno, ya sin la Policía Federal de Caminos, las carreteras quedaron a cargo de la Guardia Nacional y una de las consecuencias directas y totalmente documentadas, ha sido el incremento de violencia y la actuación de bandas criminales que operan en carreteras.
La movilización de AMOTAC sostiene que transportistas en los 32 estados del país participarán en los bloqueos carreteros en protesta por la falta de atención del gobierno federal a sus demandas de mayor seguridad, pero además, manifiestan exigencias para modificar trámites, cobros y la regulación de la actividad transportista.
Como punto de partida en este fenómeno social, debe reconocerse primero que tanto maestros de la CNTE, como transportistas o cualquier otra expresión organizada, tienen el derecho de manifestarse y movilizarse, sin embargo, se ha caído en un esquema que se explica de manera simple: ante la falta de eficacia en el cumplimiento de deberes de las autoridades y por la casi desaparición de la Secretaría de Gobernación como responsable de resolver los conflictos sociales y la política interna en el país, la única “palanca de presión” ante el gobierno es la manifestación y el bloqueo. 
Los grupos inconformes recurren a la afectación de los derechos de otros ciudadanos hasta que la presión social estalla y obliga a la autoridad a reaccionar y aplicar soluciones temporales.
En este comparativo, habría que señalar que la CNTE no está totalmente conforme; varios de los puntos en su pliego de exigencias quedaron pendientes. Es sólo cuestión de tiempo para que regresen a las calles y retomen sus exigencias. 
Con la presión suficiente, los transportistas también conseguirán algunos cambios favorables, pero seguramente no será lo que pretendieron inicialmente: seguridad en la red carretera federal.
La solución a los problemas estructurales no puede tener lugar a partir de protestas de inconformidad ciudadana. No se consigue así el orden general que, en teoría, brinda seguridad real y jurídica a todos, porque a final de cuentas, ¿quiénes serán los siguientes en plantear bloqueos, cierres y plantones después de los transportistas?

Manifestaciones y marchas ante a la autoridad

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, le dio otra vuelta a la tuerca: pidió que el gobierno federal entregue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y en su petición pública le robó el discurso a la presidencia de la república: que sea entregado por el bien del país.
La mandataria chihuahuense, que desde su confrontación con el gobierno federal por el caso de los agentes de la CIA muertos después de un operativo contra el narcotráfico, se ha convertido en la bandera del Partido Acción Nacional (PAN) para contrastar con la cuarta transformación, reapareció públicamente después de un silencio que se entiende en el contexto de la inauguración y atención central en el Mundial de Futbol.
El fin de semana fue la ventana que aprovechó para hacer su nueva apuesta: exigir la entrega de Rocha Moya, y aunque no hace mención específica de los otros acusados por la justicia norteamericana, van incluidos el alcalde de Culiacán (también con licencia), Juan de Dios Gámez, y el senador Enrique Inzunza, ahora descartado aspirante a la gubernatura sinaloense.
Naturalmente, desde este lunes se puede esperar que Maru Campos sea desacreditada por la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera y que en las redes sociales se refleje un vapuleante rechazo a la chihuahuense, pero más allá de la batalla pasajera en las redes sociales, la cuestión es si Maru Campos será una apuesta de largo aliento en el PAN, y cuál será la respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) como contraataque.
Ernestina Godoy, fiscal general del país, es una de las principales aliadas de la presidenta Sheinbaum y no dejará pasar el resto lanzado por la gobernadora de Chihuahua, pero Maru Campos lo sabe y seguro tiene una estrategia de respuesta.
Ninguna acción y su reacción serán circunstanciales desde ahora y hasta las elecciones de 2027. Si el PAN tiene hecha su apuesta con Maru Campos, tiene mucho trabajo en adelante para competir abiertamente con la 4T y su reestructuración en la alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Pero mientras tanto, será muy entretenido ver la contienda.

Choque profundo PAN vs. Morena

Miguel De La Rosa Figueroa

El triunfo del Pueblo

Hiram Espinoza de los Monteros

Certidumbre en negociación

Mirza Flores

Guadalajara, el corazón del Mundial

Juan Pablo Colín

Pasando el Mundial, viene la realidad de Jalisco

Mi pecho no es bodega

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Desde cualquier inicio de análisis, el rechazo del gobierno de los Estados Unidos para continuar en el T-MEC por los siguientes 16 años, es un golpe para la economía de México. El impacto es negativo por la incertidumbre que provoca y por la posición de desventaja en la que se ubica al sector económico mexicano ante una posible renegociación de un tratado comercial que desde su inicio, en 1994, le había dado amplias ganancias y posibilidad de crecimiento a la economía nacional.
Desde ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum se esforzó en subrayar que se pueden hacer nuevas negociaciones y que en julio habrá una reunión de primer nivel entre los responsables económicos de México y Estados Unidos; insistió en que todavía quedan vigentes las reglas comerciales del T-MEC hasta el año 2036 e insistió en ver el “vaso medio lleno”. 
Pero la realidad es que el horizonte se obscurece.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, repitió el discurso presidencial y por momentos se le apagaba la voz al reconocer que ante este escenario, el T-MEC se revisará año con año, para admitir reclamos o solicitudes corrección que pueden presentar los gobiernos mexicano, canadiense y estadounidense. 
Pero los productores y exportadores mexicanos no han convertido a México en el primer socio comercial de los Estados Unidos con discursos políticos o un falso optimismo; la economía mexicana creció con visiones pragmáticas y medidas concretas, mejorando su calidad de producción y analizando cada detalle en el mercado para hacer la mejor oferta y sacar ventaja. Parte esencial de esta cadena de procedimientos es la certeza; certeza en la inversión, en los plazos y en las garantías.
Un T-MEC que se revisará cada año, que tiene vida útil hasta 2036 empezará a perder atractivo para las inversiones, tanto de mexicanos como de capitales de otros orígenes.
El momento exige actuar rápidamente, porque la responsabilidad la tendrán las autoridades gubernamentales y en concreto la administración de Claudia Sheinbaum. Se necesitaron años y muchos miles de millones de dólares para consolidar el mercado de América del Norte; incrementar nuevos mercados con la Unión Europea o con los gigantes asiáticos tomará años, trabajo y estrategias. Mientras tanto, la realidad que habíamos conocido cambiará profundamente.
Es cierto que también pierden los Estados Unidos. Pero no tenemos tiempo de hacernos cargo de eso o de hacer recomendaciones al gobierno de Donald Trump, entrampado en su agenda y en el proceso interno estadounidense.
Lo que no se puede perder de vista es que la vecindad con Estados Unidos siempre nos proyecta como la parte más débil y sus exigencias en materia económica, política y de seguridad, se mantendrán o aumentarán durante la gestión de Trump, y la incertidumbre sobre lo que pasará cuando él deje la Casa Blanca, exigirá medidas autónomas, inteligentes y atrevidas de las autoridades políticas y del sector empresarial mexicano.
Se afirma que una crisis es también una oportunidad de mejorar. La crisis ya está aquí.

México sin el T-MEC