El problema no es el registro, sino la falta de credibilidad
El registro obligatorio de las líneas telefónicas celulares con la CURP, ha dejado al descubierto un problema mucho más profundo que un simple trámite administrativo: la enorme desconfianza que millones de mexicanos sienten hacia las instituciones encargadas de proteger sus datos personales.
Las autoridades sostienen que esta medida permitirá combatir delitos como la extorsión y eliminar el anonimato de quienes utilizan líneas telefónicas para actividades ilícitas. El objetivo puede parecer válido, pero la realidad demuestra que una buena intención no basta cuando no existe confianza en quien implementa la política pública.
Los números son claros. Apenas alrededor del 45% de las líneas celulares del país han sido registradas. Diversos análisis publicados en medios nacionales señalan que cerca del 47% de los mexicanos preferiría perder su número telefónico antes que entregar sus datos personales, debido al temor de que la información pueda ser vulnerada o utilizada de manera indebida. Incluso miles de ciudadanos han promovido amparos para cuestionar la medida.
La experiencia nos obliga a ser prudentes. México ha enfrentado filtraciones de bases de datos y constantes cuestionamientos sobre la protección de la información personal. Por eso resulta entendible que exista preocupación cuando se solicita a millones de ciudadanos vincular su identidad con su línea telefónica.
Además, diversos grupos y ciudadanos, han señalado que no existe evidencia suficiente de que un padrón obligatorio, por sí solo, reduzca delitos como la extorsión. Mientras tanto, las organizaciones criminales continúan operando mediante teléfonos robados, chips obtenidos ilegalmente o llamadas realizadas desde centros penitenciarios. El ciudadano que cumple con la ley termina siendo quien carga con nuevas obligaciones, mientras el crimen encuentra otras formas de actuar.
Desde Acción Nacional respaldamos todas las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad pública, pero también creemos que esa lucha debe ir acompañada de transparencia, certeza jurídica y una verdadera protección de los datos personales. La confianza ciudadana no puede construirse mediante amenazas de cancelar líneas telefónicas, sino ofreciendo garantías claras sobre el manejo de la información.
El Gobierno debe escuchar lo que hoy expresan millones de mexicanos. Cuando casi la mitad de la población decide no participar en una política pública de esta magnitud, no puede calificarse simplemente como resistencia al cambio. Es un llamado de atención sobre la falta de confianza que existe hacia las instituciones.
La seguridad y la protección de los datos personales no son objetivos incompatibles. Ambos deben caminar de la mano. Por ello, es indispensable fortalecer los mecanismos de resguardo de la información, transparentar el funcionamiento del sistema y corregir las deficiencias antes de imponer sanciones que podrían afectar a millones de usuarios.
La confianza no se impone por decreto. Se construye con resultados, transparencia y respeto a los derechos de los ciudadanos. Ese es el reto que hoy tienen las autoridades y la razón por la que millones de mexicanos siguen diciendo: primero dennos certeza, después pidan confianza.
