Para miles de familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la parte más difícil comenzó hace meses; para otras, hace años. Llegó cuando el agua dejó de inspirar confianza, cuando aparecieron los garrafones como gasto cotidiano, los filtros como necesidad y la incertidumbre sobre la calidad del agua como una preocupación permanente.
Pero con la presentación oficial del Plan Hídrico ante el Congreso de Jalisco comenzó otra etapa. Una que ya no gira alrededor del diagnóstico, sino de las decisiones. Porque si bien identificar el problema era indispensable; resolverlo será mucho más complejo.
En las últimas semanas se ha hablado de obras prioritarias, de nuevas líneas de conducción, de la modernización de plantas potabilizadoras y de proyectos para fortalecer el abastecimiento de agua en la ciudad. La discusión técnica, en buena medida, ya está planteada. Ahora toca responder ¿cómo se financiará todo eso?
El gobernador Pablo Lemus ha planteado una ruta: primero construir un consenso sobre las obras que necesita la ciudad y después definir el esquema de financiamiento. También sostiene que, hasta ahora, el gobierno federal no ha destinado recursos para nueva infraestructura hidráulica en Jalisco durante el actual sexenio. Al mismo tiempo, evita convertir esa diferencia en una confrontación con la presidenta Claudia Sheinbaum e insiste en mantener abiertas las vías de diálogo.
Esa postura merece una reflexión. Cuando un proyecto de esta magnitud rebasa la capacidad financiera de una sola instancia de gobierno, la coordinación deja de ser un gesto político para convertirse en una necesidad. Las grandes obras hidráulicas necesitan construirse con más que solo voluntad; requieren acuerdos, recursos y una visión compartida entre distintos niveles de gobierno.
También comienza una prueba para el Congreso de Jalisco, pues es previsible que existan diferencias sobre los mecanismos de financiamiento, los plazos de ejecución o los esquemas de inversión. Es un debate indispensable pues compromete recursos públicos para proyectos de largo alcance.
Sin embargo, sería un error que la discusión se agotara en la confrontación política. Mientras diputados, autoridades estatales y federación deliberan sobre cifras y modelos financieros, cientos de miles de personas siguen esperando algo mucho más sencillo: abrir la llave y confiar en el agua que sale de ella.
Ahí está el verdadero desafío.
La ingeniería podrá definir cuáles obras son las más adecuadas. La política deberá encontrar la forma de hacerlas posibles.
La semana pasada escribía que el costo de haber esperado terminó siendo enorme. Hoy el reto es distinto. Ya existe un diagnóstico y también una ruta de acción. Lo que sigue es demostrar que los acuerdos políticos pueden avanzar con la misma urgencia que exige una crisis que los ciudadanos ya no están dispuestos a seguir esperando.