El regreso de Rocha y los simulacros en Jalisco

Hay preguntas que el gobierno de Morena simplemente no quiere responder. Y prefiere hablar de soberanía, de campañas en su contra o de supuestas conspiraciones internacionales antes que enfrentar los hechos, pero por más que intenten cambiar la conversación, hay una pregunta que seguirá presente, ¿y el Rocha?

Mientras la presidenta insiste en que hacen falta pruebas para actuar, resulta todavía más preocupante conocer que, cuando las pruebas llegan desde Estados Unidos, el propio gobierno mexicano decide esconderlas y la decisión de la Fiscalía General de la República de reservar por cinco años la información relacionada con este caso, no fortalece la confianza en las instituciones, la destruye.

Los mexicanos tienen derecho a preguntarse por qué se reserva información que podría aclarar señalamientos tan delicados. ¿A quién protege esa reserva? ¿Por qué esperar cinco años para conocer información que hoy podría ayudar a esclarecer responsabilidades? La transparencia no puede aplicarse únicamente cuando conviene políticamente.

México necesita instituciones que investiguen, no instituciones que administren el silencio y las consecuencias ya comienzan a sentirse mucho más allá del terreno político.

La incertidumbre también tiene un costo económico, ya que cuando existe la percepción de que las instituciones no actúan con autonomía o que existen dudas sobre el combate al crimen organizado, la confianza de los inversionistas se deteriora. No es casualidad que compañías como Toyota hayan anunciado ajustes en sus procesos productivos trasladando parte de sus operaciones de Tijuana hacia Texas, y tampoco es menor que Estados Unidos haya optado por revisar de manera anual el T-MEC.

Pero mientras el gobierno federal evita responder esas preguntas, en Jalisco ocurre otro hecho que debería preocuparnos profundamente, y es que hace unos días se llevó a cabo un simulacro de operativo preventivo ante posibles narcobloqueos y más allá de la intención preventiva, el mensaje que recibe la sociedad resulta inquietante.

En México estamos llegando al punto de normalizar la violencia como si se tratara de un fenómeno natural y así como realizamos simulacros por sismos o incendios, ahora comenzamos a prepararnos para posibles acciones del crimen organizado. ¿De verdad ese es el país que queremos heredar?

Porque una cosa es prevenir y otra muy distinta, aceptar como inevitable que los narcobloqueos formen parte de la vida cotidiana. Eso representa una claudicación del Estado; es el reconocimiento tácito de que la amenaza del crimen organizado es permanente y de que la autoridad se prepara para reaccionar, en lugar de impedir que esos hechos ocurran.

Resulta inevitable preguntarse por qué este ejercicio se realiza precisamente en Jalisco, un Estado gobernado por Movimiento Ciudadano que, durante años, ha mostrado resultados insuficientes en materia de seguridad, Jalisco es primer lugar en personas desaparecidas, en fosas clandestinas y por eso nos podemos preguntar, ¿se trata únicamente de un protocolo preventivo o las autoridades conocen escenarios que no han informado a la ciudadanía?

Hoy, México enfrenta dos crisis que se alimentan entre sí: una crisis de seguridad y una crisis de confianza institucional. Cuando las autoridades reservan información sensible, cuando protegen políticamente a sus aliados y cuando la violencia comienza a asumirse como parte de la normalidad, quienes pierden son las familias mexicanas.

Porque ningún país puede aspirar al desarrollo mientras protege a los poderosos y acostumbra a sus ciudadanos a vivir con miedo.