Jonás

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Era inevitable el choque entre el gobierno estatal y el gobierno federal. En la ruta de solución propuesta por el gobierno de Pablo Lemus Navarro en Jalisco, aparece la solicitud de recursos económicos del gobierno federal para sustentar las obras propuestas que corrijan la crisis de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara… Y aquí estallan las diferencias.
Desde su rueda de prensa mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que en lugar de hacer declaraciones públicas, le llamen por teléfono para tomar acuerdos. El mandatario jalisciense aseguró ayer que de inmediato intentó comunicarse con ella… pero no ha recibido ninguna respuesta.
De hecho, aseguró que ha esperado ocho meses para tener un encuentro con la presidenta del país. Y sigue esperando. 
Lemus Navarro ofreció un dato adicional: el gobierno federal no ha entregado un solo peso de los mil 200 millones que se comprometió a entregar para las obras de ampliación de la Carretera a Chapala que incluyeron, además de ampliar la vialidad, introducir la Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto. Debido a que ni siquiera se han firmado los documentos para establecer el fideicomiso correspondiente, ya se retrasó el comienzo de las obras de la misma carretera, pero en los siguientes cuatro kilómetros, desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el entronque con la carretera al corredor industrial de El Salto.
El choque entre las dos autoridades era inevitable también por el paréntesis temporal que nos conduce, en unas semanas, al inicio del proceso electoral 2027, una de las prioridades para la administración federal que espera, aunque en teoría no hay nexo con el partido Morena, mantener o ampliar la ventaja electoral de la denominada cuarta transformación.
Aunque la gubernatura de Jalisco no está en juego, como sí lo está en otras 17 entidades, las prioridades políticas y presupuestales de la administración de Claudia Sheinbaum tienen objetivos entre los que no figura Jalisco.
El gobernador Lemus aseguró también que en la comunicación con la presidencia “no puede haber orgullo, sino todo lo contrario”. Las pugnas son naturales, pero lo que viene ahora es la defensa discursiva del presupuesto que la federación destina a Jalisco; ya lo adelantó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al subrayar que no habrá más recursos para el Estado debido a que sí están financiado otras obras de saneamiento y construcción de plantas potabilizadoras en el trayecto de la Cuenca Lerma-Santiago, que finalmente aporta agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Son lecturas e intereses distintos. Y estarán chocando.
En lo que debe insistirse es en salvar el tema central: sacar al SIAPA de la crisis estructural en que se encuentra y dotar de agua potable a los habitantes de la ciudad, antes de que sea demasiado tarde.

El diálogo necesario con la presidencia

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En el Congreso del Estado, el secretario general del gobierno, Salvador Zamora, entregó el plan hídrico del Poder Ejecutivo, que sin embargo no incluye todavía planteamientos económicos para las obras que son necesarias en los años siguientes para resolver la crisis del SIAPA y de la calidad del agua que se consume en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El acto simbólico de la entrega de un paquete de hojas impresas con el plan en la Oficialía de Partes del Congreso, instala de facto la nueva discusión que se generará en el Poder Legislativo: aprobar o no, los planteamientos hechos por el gobernador Pablo Lemus, primero, para solventar en lo inmediato la necesidad de agua de calidad, es decir el envío de pipas, los garrafones gratuitos y las plantas de tratamiento provisionales, y en un término de más largo aliento, las obras para mejorar el tratamiento del agua (Planta Potabilizadora 1 de Miravalle) y un abasto más seguro y limpio, con el nuevo acueducto de Chapala a la ciudad.
Antes de que llegara el secretario Samora a la casa de los diputados, el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, había encabezado una conferencia de prensa en la que precisó que a partir del documento, los diputados de todos los partidos podrán abordar temas concretos, discutirlos, rechazarlos o aprobarlos. “Bienvenido el debate”, señaló el coordinador emecista que, como es sabido, tiene diálogo directo y permanente con el gobernador Pablo Lemus.
Y con esta bienvenida, pues se puede dar por hecho que debate habrá, y abundante, aunque eso no garantice que se garanticen los resultados inmediatos para mejorar la calidad del agua. 
Otro frente que se abrió ayer en la discusión de la crisis hídrica vino directamente desde Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió ante los señalamientos de falta de apoyo presupuestal de su administración para atender el problema en Guadalajara, que “cada autoridad debe hacerse cargo de su responsabilidad”, y le recomendó al gobernador Pablo Lemus comunicarse con ella directamente, por teléfono, y evitar las declaraciones públicas.
Inmediatamente después, desde la Conagua en Jalisco, aseguraron que no falta inversión federal en el tema y que entre 2025 y 2026 esta comisión ha aplicado dos mil 938 millones de pesos en diferentes obras de saneamiento para la Cuenca Lerma-Santiago, que impactará en una mejor calidad del agua que llega a Guadalajara. Son visiones distintas, aunque atienden a un solo fin.
Lo ocurrido ayer, entonces, garantiza que hay materia de discusión, y que finalmente se acelera el proceso para dar lugar a un nuevo acuerdo en el esquema de abasto y calidad del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La calidad del agua

Rubén Rocha Moya está a punto de regresar al cargo… así lo asegura al menos la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN). Lo denuncian públicamente el presidente del partido, Jorge Romero, y su vocero nacional, el diputado federal Ernesto Sánchez. Y cabe entonces la pregunta: ¿Realmente puede Rocha Moya regresar a la gubernatura sinaloense como colofón al escándalo que ha confrontado a los gobiernos de México y Estados Unidos y con todas las denuncias pendientes.
Si Rocha Moya decide poner fin a su licencia –y no tendría problema con un Congreso local de aplastante mayoría morenista– y ocupa de nuevo el Poder Ejecutivo, sólo se habría completado una simulación: la supuesta investigación de la Fiscalía General de la República, originada en la denuncia judicial estadounidense.
A Rocha Moya se le unió el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también se separó temporalmente del cargo para permitir las investigaciones, sin que hasta la fecha haya trascendido ninguna resolución. 
En el ámbito judicial no existe en realidad ningún obstáculo para que ambos personajes retornen a ocupar sus cargos. Todo lo que se ha visto desde hace más de dos meses es una historia política con muchos de sus episodios desahogados en la rueda de prensa mañanera, donde una de sus principales defensoras fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró repetidamente que si bien no defendería al gobernador y los demás acusados si eran responsables, también exigió repetidamente las pruebas de las acusaciones que se les plantearon en la corte estadounidense.
Adicionalmente, ante una solicitud por la vía de transparencia, se conoció que la declaración de Rocha Moya ante el Ministerio Público quedó “reservada” hasta el año 2031.
Pero más allá de la denuncia pública del Partido Acción Nacional, un acto que también debe leerse desde la contienda política y electoral que ya se expresa en todo el país, lo que todavía puede generar muchas sorpresas es la reacción de las autoridades estadounidenses.
El gobierno de Donald Trump ha ejercido presión desde varios frentes: las filtraciones informativas a los medios de comunicación con proyección internacional, en los que se han filtrado otros nombres de políticos morenistas que estarían a punto de ser denunciados; el impacto negativo al T-MEC que no será renovado y se revisará anualmente cada año, al menos mientras Trump sea presidente; las declaraciones que reiteran la influencia del crimen organizado en el gobierno federal.
La presidenta Sheinbaum, a pesare de presiones externas e internas, se ha mantenido en su postura. Pero la contienda está lejos de concluir aunque consintiera en el regreso de Rocha Moya a la gubernatura.
Si esta semana se concreta ese regreso, la agenda nacional apunta a una nueva crisis mediática.

¿El regreso de Rocha Moya?

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Y reapareció. Al menos en sus redes sociales. El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, compartió un texto en sus redes sociales, en el que afirmó que permanece en Culiacán, Sinaloa, desde que solicitó licencia a su cargo para permitir sin obstáculos la investigación que realiza la Fiscalía General de la República a fin de comprobar si como lo acusa la justicia de los Estados Unidos, está coludido con la delincuencia organizada y desde su gobierno, ha protegido la actividad de un cártel.
Su “reaparición”, sin embargo, debe matizarse. No fue espontánea, sino que responde a publicaciones periodísticas en las que se acusa que el gobierno federal, con el apoyo de corporaciones de seguridad, lo protege todos los días y al mismo tiempo lo vigila.
“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso (&#8230;). He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas”, apunta la publicación que, ¿hay que creerlo?, es autoría del mismo Rocha Moya.
Repentinamente, sobre todo después que terminó la participación de México en el Mundial de Futbol, el tema volvió a la discusión mediática con una fuerza desmedida, quizá mal calculada por la presidencia de la república.
A partir de que se empezó a exhibir en un museo de Texas el avión en el que se presume, trasladaron a Ismael Zambada García “El Mayo”, desde México a los Estados Unidos en julio de 2024, como parte de los “operativos del FBI” para combatir al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo estallar el tema.
Durante varios días ha abordado este asunto y ha ordenado a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentar una cronología de los hechos; orilló a que la fiscal general del país, Ernestina Godoy, realizara en vivo un informe del caso y reactivara investigaciones, y por si no fuera suficiente, se enzarzó a distancia en una discusión pública con un personaje que no está a la altura de su investidura presidencial, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, exigiendo que se aclare si le mintieron al gobierno mexicano y elementos del FBI incursionaron en territorio nacional para capturar al “Mayo” Zambada.
El tamaño del escándalo es increíble si se considera que el “El Mayo” ya negoció cadena perpetua. No volverá con vida a México.
Pero todo esto, conduce de nuevo a Rocha Moya, cuyas declaraciones ante la FGR quedaron “reservadas” hasta el año 2031.
En los hechos, parece muy poca cosa para que la presidenta Sheinbaum y el gobierno de México le dediquen tanta atención.
En la percepción, pareciera que al gobierno de México le molesta que se hayan llevado al “Mayo” Zambada y claro, se mantiene la defensa del gobernador acusado de estar asociado al crimen organizado.

Rocha Moya desde sus redes sociales

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Con el paso de los días, en la discusión por la crisis del agua que se padece en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que se aclara es el choque político entre legisladores, partidos y funcionarios de gobierno.
Mientras los habitantes de la ciudad suman semana tras semana recibiendo agua contaminada en sus grifos, las posturas políticas se radicalizan: se ataca y cuestiona el proyecto de obras para recuperar la infraestructura; se acusa que la pretensión real es privatizar el servicio del agua; se rechaza cualquier solución que contemple deuda pública; se reparten acusaciones y claro, se aprovecha el tema para alimentar proyectos políticos con miras a la elección del año entrante; todos estos factores juegan.
Pero el tema ya rebasa el ámbito político: la sociedad civil acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde exigen que se tome postura y se exija a la autoridad salvaguardar el derecho humano al agua.
Lo que se puede sacar en claro en medio del vocerío que se ha desatado, primero, es que hay una crisis real y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es un organismo quebrado, que no tiene posibilidad real de resolver los numerosos problemas que enfrenta, aunque quizá el más urgente sea corregir el agua turbia y maloliente.
Además, que las únicas obras propuestas para garantizar agua limpia, se están revisando entre el gobierno estatal y el gobierno federal, con revisión en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Hacienda, aunque naturalmente deberán pasar por la aprobación de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum. 
Teniendo claro esto, nos damos cuenta que la crisis no será resuelta por diputados o funcionarios detrás de un escritorio, sino por técnicos y especialistas.
Pero a pesar de ello, en la ecuación estarán siempre los miembros de la clase política y gobernante; de hecho, fueron ellos quienes orillaron en las últimas tres décadas, con decisiones inmediatistas y perjudiciales, a que el SIAPA se encuentre en la ruta de la desaparición.
Por ello, sorprende que en lugar de buscar una ruta de negociación y acuerdo, opten automáticamente por la confrontación y la descalificación. 
La ciudad necesita resolver la crisis, reconstruir la infraestructura y garantizar el abasto de agua para que la urbe sea viable ahora y para las generaciones futuras.
Este 9 de julio, en el Congreso del Estado, se podrá comprobar si persisten en sus posturas o dan prioridad al bien común que presumen defender.

En la crisis del agua falta el acuerdo político

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Es cierto: la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, no puede simplemente voltear a otro lado e ignorar que posiblemente, se haya registrado una incursión del FBI en territorio mexicano para detener a Ismael Zambada García “El Mayo”, el 25 de julio del año 2024. Sin embargo, ¿por qué la cruzada que ha emprendido con este tema cuando el capo del crimen organizado ya negoció una condena de cadena perpetua con la justicia estadounidense? ¿Por qué convertir el tema en un reclamo público internacional, desde su rueda de prensa en Palacio Nacional?
El caso del “Mayo” tiene enormes repercusiones. Si no, que se lo pregunten a Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, acusado también por la justicia norteamericana por diferentes delitos y sobre quien pesa una solicitud de extradición que el gobierno federal no ha aceptado por falta de pruebas. 
Pero pese a esas y muchas otras repercusiones, resulta casi increíble que casi dos años después, la presidencia de la república reaccione de forma tan contundente y ordene a la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación un recuento de todo el caso. La presidenta misma lo planteó como pregunta: ¿Quién mintió?
¿Mintió el exembajador Ken Salazar al asegurar que en la detención del “Mayo” Zambada no hubo intervención de autoridades estadounidenses? ¿O mintió el FBI y con esta agencia, también el gobierno estadounidense?
Es importante, sin duda, tener la respuesta.
Sin embargo, la presidenta no ha expuesto en su conferencia cotidiana cómo está relacionado este reclamo con hechos recientes: la negativa del gobierno de Donald Trump a ratificar el T-MEC por otros 16 años, lo que pone a prueba la duración del tratado comercial que ha convertido a México en el principal socio comercial de los norteamericanos; no menciona tampoco cómo es que el caso del “Mayo” Zambada puede estar ligado con el tema Rocha Moya y los insistentes rumores sobre próximas acusaciones contra otros destacados políticos mexicanos relacionados con Morena y la 4T.
Y debe apuntarse que este tema tiene similitudes a lo ocurrido con los dos agentes de la CIA que murieron en Chihuahua el 19 de abril pasado, al participar en un operativo estatal para desmantelar un narcolaboratorio: el gobierno federal reclama la soberanía sin reconocer las acciones contra el crimen organizado. Y es que al “Mayo” Zambada no se le detuvo en México, sino en Estados Unidos.
¿Qué objetivos se persiguen con esta campaña desde la mañanera? ¿Se exigirá el reconocimiento y la disculpa por parte de la Casa Blanca? ¿Se estarán midiendo y sopesando las consecuencias?
O como diría la presidenta, ¿quién miente?

La cruzada presidencial por el “Mayo”

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La tradicional Zona Metropolitana de Guadalajara vive una crisis de agua. No sólo son los hechos contundentes que han motivado varias protestas públicas por el agua turbia y maloliente, es también la realidad palpable de la quiebra en la que se encuentra el organismo operador del agua, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Se cumplió ya una semana desde que integrantes del gobierno estatal anunciaron un paquete de obras que requerirán en los años por venir al menos 25 mil millones de pesos, para construir la infraestructura que permita recuperar el abasto de agua y la calidad del líquido.
Se había anticipado una confrontación política y ya está plenamente instalada en el Congreso del Estado, donde incluso el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Tostado, anunció que propondrá formalmente la desaparición del SIAPA.
Además, para tratar de apaciguar el enojo y la inquietud de la ciudadanía por la mala calidad del agua, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, anunció ayer que no hay registro de incremento de enfermedades gastrointestinales por la coloración y el mal olor del agua. Reiteró que no debe usarse para cocinar, sino sólo para tareas de limpieza, y tampoco se mencionaron enfermedades de la piel.
Puede deducirse que no hay riesgo detectado de enfermedades por las actuales condiciones del agua que se recibe en las llaves del agua.
Cálculos realistas de una solución al agua turbia y maloliente semana que puede ser en septiembre próximo cuando se corrija, gracias a las obras que se iniciaron con el primer paquete de cinco mil millones de pesos.
El problema, con base en esta información, persistirá durante varias semanas más. 
Es totalmente entendible la indignación y la protesta de la ciudadanía, pero es importante entender la crisis del agua porque esta situación, combinada con desinformación y especulaciones, se convierte en material ideal para proyectos político electorales de diferentes actores públicos que avivan la discusión y los reclamos sociales.
Sin embargo, ningún proyecto político podrá corregir en menos tiempo un problema que se dejó crecer durante las últimas décadas; no hubo inversión ni mantenimiento para actualizar la infraestructura hidráulica en la ciudad, y evidentemente, un sistema que no se actualiza y no se protege, terminar por romperse. Es lo que está pasando con el SIAPA y su estructura de suministro.
Las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, en los ayuntamientos y en el gobierno estatal, pueden buscar a los responsables que antes, no hicieron lo que correspondía para mantener al SIAPA como un organismo estrictamente técnico, que ha sufrido manejos políticos y económicos desastrosos, pero esa búsqueda de responsables no corregirá lo que hoy ya es caduco.
Lo más urgente es un acuerdo general para iniciar el trayecto de varios años que requerirá sanear al SIAPA o crear un nuevo organismo que garantice agua en calidad y cantidad para todos en la metrópoli.

¿Qué entender en la crisis del agua?

El sábado pasado se conmemoraron 250 años desde que se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Los festejos que ha intentado acaparar Donald Trump en su afán particular por ser el personaje central, conducen sin embargo a muchas rutas de análisis que para nosotros los mexicanos, desembocan en una pregunta fundamental: ¿Qué tan aliados podemos o debemos ser de los Estados Unidos?
Hay algunos datos elementales.
En territorio norteamericano residen 12 millones de personas nacidas en México. Si se suman las personas de primera o segunda generación con raíces en nuestro país, la cifra es impresionante: 36 millones de personas con identidad mexicana viviendo en Estados Unidos, aunque de todos ellos, al menos cuatro millones son “mojados”, personas “sin papeles”.
De acuerdo con información de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la gente que vive en los Estados Unidos y que tiene orígenes en México, genera casi 2.3 billones de dólares cada año en actividad económica. Si toda este gente fuera un país, sería considerada la octava economía del planeta. En otras palabras, su economía es casi el doble de la mexicana.
Ahora bien, si hablamos de lo que comerciamos actualmente, entre los dos países compramos y vendemos cada año 870 mil millones de dólares; México es el principal socio comercial de Estados Unidos y esto representa 15.6% del intercambio total de la mayor economía del planeta.
Terminemos con las estadísticas, que de por sí son demoledoras. En otras palabras, la relación económica y demográfica que más nos conviene es con Estados Unidos.
Con perdón del cariño al “espíritu latino”, tenemos mucho más en común con Estados Unidos que con cualquier otro país de América Latina. De hecho, hay más asuntos que nos confrontan con las naciones latinoamericanas, aunque nuestros orígenes culturales, religiosos, étnicos, lingüísticos y emocionales nos igualen.
Una alianza duradera y firme con Estados Unidos, puede convertir a México en un baluarte de la cultura occidental, de la que tanto han augurado su declive.
Los agravios que México ha sufrido de los Estados Unidos no son anécdota sino historia. Pero el papel del país vecino se ha construido por una ruta muy diferente del rol que juega México –y que está llamado a ser más importante y decisivo– en el plano mundial.
Expresado en castellano: los mexicanos no son responsables de lo que hace el gobierno estadounidense, pero sumados los esfuerzos de los dos países, por la vía oficial y la vía de facto, es posible construir un tándem que le dé más larga vida a la democracia liberal occidental.
Hay muchos conflictos. Pero la relación entre los dos países es más benéfica que el distanciamiento.

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Las primeras acciones de justicia elemental en la crisis por la mala calidad del agua empezaron a llegar desde ayer a diferentes puntos de Guadalajara: plantas de tratamiento transportables y provisionales que purifican agua en las colonias, los primeros garrafones de agua limpia y pipas con agua que no sea turbia ni con malos olores. Así es como comenzaron a remediar el daño en un operativo que, como se anunció, estará financiado con 100 millones de pesos mientras se realizan los trabajos que eliminen el problema en el corto plazo. 
Mientras tanto, en el Congreso del Estado, los diputados de la Comisión legislativa de Hacienda aprobaron la aplicación de un mecanismo de descuento del 80% a las tarifas del SIAPA, en las colonias donde se haya registrado agua turbia o con malos olores.
La propuesta, sin embargo, debe pasar por la aprobación del pleno, aunque no parece que haya diputados que vayan a votar en contra.
Hay condiciones: el beneficio será para domicilios particulares y pequeños negocios, y el listado de colonias que recibirán el beneficio se revisará mensualmente mientras persiste el problema, con base en el listado de lugares que presentaron queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En la misma sesión de la comisión legislativa se aprobó la iniciativa para eliminar multas y sanciones a quienes tienen deuda con el SIAPA, a fin de avanzar en el cobro de la “cartera vencida”. Se estima que en el mejor escenario, el organismo operador del agua recuperaría alrededor de 320 millones de pesos.
Se trata de las primeras acciones concretas para enfrentar una problemática que es crítica en muchos sentidos y que estaba creciendo y expresándose con manifestaciones y un creciente descontento social.
Mientras tanto, también aumenta de volumen la diferencia de posturas entre el gobierno del Estado y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este 16 de julio el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, aseguró en la rueda de prensa mañanera que sí hay diálogo con autoridades de Jalisco y el organismo sí está colaborando en procesos de saneamiento del Río Lerma y en la solución de la crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Del lado jalisciense, sin embargo, se insiste en solicitar recursos económicos para las obras de ampliación de plantas potabilizadores y el acueducto de Chapala a Guadalajara. Aparentemente, se trata de una discusión que tomará bastante tiempo porque desde Palacio Nacional se están asignando tareas a diferentes actores de Morena (funcionarios y diputados federales) para que argumenten en favor de la postura federal.
Mientras el proceso político avanza en su ruta, lo más importante es mantener el pulso y la exigencia en soluciones de fondo, que permitan recuperar permanentemente la capacidad de abasto de agua potable para la ciudad.

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