Si hay algo que caracteriza a este gobierno es que cuando hay un problema se atiende, no se niega, y por encima de todo, lo que se busca es ayudar y acompañar de la mejor manera a las personas que han sido afectadas por la mala calidad del agua entregada por el SIAPA.
La semana pasada el Congreso respondió a esa exigencia y se aprobó un descuento del 80 por ciento en el cobro del agua para las viviendas y los pequeños comercios de las colonias donde está documentada la mala calidad del suministro, vigente hasta el 15 de diciembre de este año.
El descuento se fijó en 80 y no en 100 por ciento por una razón que se puede sostener frente a cualquiera: el 20 por ciento restante corresponde al alcantarillado y al drenaje, servicios que siguieron operando todos estos meses.
Aplica a tomas domésticas y también a micro, pequeñas y medianas empresas, con un consumo de hasta 25 metros cúbicos al mes. Esa inclusión no estaba en el diseño original y la peleamos en comisión, porque el comercio de barrio también compró garrafones, y también absorbió el costo de una falla.
El listado de colonias lo publicará el SIAPA y se integra con dos fuentes: los reportes del propio organismo y las quejas que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió desde diciembre de 2024. Hay un detalle importante, si tu colonia no aparece en la lista inicial, puedes solicitar la revisión de tu caso ante el SIAPA acreditando la afectación.
Y si ya pagaste, tampoco perdiste, porque el beneficio se aplica como compensación en la siguiente facturación, y quien pagó su cuota anual por adelantado recibirá un saldo a favor para consumos futuros. Cumplir a tiempo no puede salir más caro que no hacerlo.
Junto con esto se abrió un programa para quienes traen adeudos: descuento de hasta 100 por ciento en recargos, multas e intereses moratorios para quien se ponga al corriente antes del 21 de octubre, y de 80 por ciento después de esa fecha. Detrás de cada deuda con el agua casi siempre hay una historia de ingresos que no alcanzan, no una decisión de no pagar. Darle a esas familias una salida digna es también una forma de cuidar al organismo, porque un padrón regularizado sostiene mejor al sistema que uno lleno de cuentas incobrables.
Ahora viene la otra mitad, la que da coherencia a todo lo anterior.
Si le vamos a decir a una familia de Zapopan que su recibo se ajusta al servicio que recibió, tenemos que decirle también que nadie más va a quedar exento de pagar el agua que consume. Y ahí las cuentas están abiertas hacia arriba.
La Federación adeuda 131 millones de pesos del ejercicio 2024, y queda pendiente también el de 2025, por concepto de derechos de aprovechamiento de aguas nacionales, recursos que salieron de Jalisco, que ya pagamos y que solo pueden destinarse a infraestructura hidráulica, de ahí la importancia de poder recibir estos recursos. No es un préstamo ni una gracia, es una devolución. Las dependencias federales que operan en el Estado acumulan además, cerca de 58 millones de pesos de agua consumida y no pagada al SIAPA. Se debe dos veces: por lo que no se regresa y por lo que no se cubre.
Y está el Fondo Metropolitano, desaparecido hace años por los gobiernos de Morena, que era justamente el instrumento con el que municipios financiaban las obras de gran escala que ninguno puede pagar por su cuenta. Una metrópoli de cinco millones de habitantes no se sostiene con presupuestos que se detienen en los límites de cada municipio. El agua no reconoce fronteras municipales y el financiamiento tampoco debería.
Cobrarle a todos los deudores no arregla por sí solo la infraestructura hidráulica de la metrópoli, eso tomará años e inversiones de otra magnitud, pero es lo único que no depende de una reforma nueva, de una negociación larga ni del permiso de nadie, depende de que quien debe, pague.
El agua no distingue entre partidos, poderes ni niveles de gobierno. Llega o no llega, se paga o no se paga. Nadie está exento.