Luis Cisneros Quirarte

Está por colocarse la primera piedra del primer desarrollo del programa &#8220;Legado&#8221;: 200 departamentos en la zona de San Isidro, en Zapopan. Se trata de una iniciativa con un profundo sentido de justicia institucional concebida para brindar vivienda a nuestros policías. El proyecto estatal atiende un vacío técnico de origen: al percibir un ingreso superior a dos salarios mínimos, las y los policías no son sujetos de crédito en la vertiente federal del programa de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, donde la sociedad ve un avance legítimo en favor de quienes arriesgan la vida por la seguridad de todos, la oposición local encuentra una oportunidad para el chantaje político. En un afán estrictamente electoral, operadores de la 4T se han dedicado a agitar a un grupo de vecinos para descarrilar la obra. Detrás del montaje de un toldo en el predio y del bloqueo con automóviles para impedir los trabajos, se observan las manos de la diputada suplente de Morena, Diana Ascencio; el regidor Mauro Lomelí; el diputado Enrique Velázquez, y el exsecretario del Ayuntamiento de Tonalá, Manuel Salvador Romero Cueva.
El diseño del boicot es transparente: buscan forzar la confrontación y esperan el desalojo para victimizarse ante los micrófonos. La inconsistencia de sus exigencias raya en el absurdo. Argumentan que el predio debería ser un parque, omitiendo que existe uno a tan solo 200 metros; reclaman una escuela, cuando hay un plantel a 100 metros; y afirman, sin exhibir un solo peritaje o prueba, que la obra colapsará los servicios públicos de la colonia.
Lo más ilustrativo es el cínico doble rasero. Mientras en Zapopan buscan sabotear el proyecto y privar de techo a los policías, guardan un silencio cómplice ante desarrollos que el Infonavit ejecuta en predios con características idénticas en varios puntos de Jalisco. Ahí no hay regidores ni diputados de Morena pegando el grito en el cielo ni estorbando el paso de la maquinaria.
Atentar contra la tranquilidad y el patrimonio de las familias de los policías para arañar un par de votos no solo delata una enorme ruindad; confirma que para la 4T local la agitación partidista siempre estará por encima de las causas de la ciudadanía.

Sabotaje de Morena a la dignidad policial

A casi dos años del arranque de la administración de Pablo Lemus, la oposición local continúa en una búsqueda desesperada por una bandera política que desgaste al gobierno estatal. Tras quedarse sin narrativa luego del éxito logístico del Mundial, han decidido atrincherarse en un tema tan vital como sensible: la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Hace apenas unas semanas advertimos en este espacio el burdo “nado sincronizado” coordinado por la dirección de Canal 44 de la UdeG con plumas afines en su pugna por golpear al gobierno de Zapopan. Una coreografía que hoy observamos de nuevo en la descalificación del documento entregado por el secretario de Gobierno estatal al Congreso. Su sesgo es evidente: de un texto de 400 páginas ignoran cualquier avance positivo para centrarse en fallas de redacción y errores tipográficos. No estamos ante un periodismo de contrapeso, ciertamente necesario, sino lo que parece una abierta consigna de golpeteo político.
Bajo esa lógica, la narrativa opositora intenta posicionar la idea de que el agua sucia brota por igual en todos los grifos de la metrópoli. Para sustentar el alarmismo, arrojan cifras que oscilan entre las 200 y las 600 colonias afectadas. Lo que omiten deliberadamente es el origen real de esos números: ese indicador no representa un mapa de desastre simultáneo, sino el acumulado histórico de expedientes y quejas que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) ha recibido a lo largo de varios años de entre las más de 1500 colonias que hay en la metrópoli.
Por supuesto que el problema existe y que la molestia ciudadana es legítima en puntos específicos como Quinta Velarde, Miravalle, Colinas de la Normal o Jardines de la Paz, donde el SIAPA está obligado a resolver los rezagos de la red con urgencia. Sin embargo, lo verdaderamente peligroso de esta obsesión por el titular rentable de la &#8220;tierra en el grifo&#8221; es que desvía la mirada de las crisis hídricas estructurales de Jalisco: el desabasto crónico que castiga a regiones completas como Lagos de Moreno, o el impostergable saneamiento de un Río Santiago cuya polución histórica sigue provocando indignantes tasas de enfermedades renales.
El debate exhibe un cínico doble rasero. Para el bloque opositor es válido lucrar con el descontento y achacar la culpa en exclusiva a la gestión de Movimiento Ciudadano, pero callan ante las responsabilidades concurrentes del Gobierno Federal a través de la Conagua y su histórica asfixia presupuestal.
Frente al ruido, la ciudadanía exige certidumbre. Por ello es de celebrarse el compromiso que el gobernador ha asumido personalmente para encabezar un diagnóstico real del problema y soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Las medidas de mitigación inmediata —como las plantas potabilizadoras portátiles y la dotación emergente en pipas y garrafones— aliviarán a los hogares afectados y operarán como un termómetro territorial exacto que sustituirá los mitos de la oposición con la cartografía real de la necesidad. Jalisco requiere infraestructura y soluciones de fondo, no una oposición empeñada en enturbiar el agua para ver si así logra pescar un voto.

¿Agua o politización selectiva?

En su beligerancia contra Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum no está defendiendo ni la soberanía ni tampoco a Rubén Rocha Moya; la lucha es por proteger a Andrés Manuel López Obrador, al costo que sea.
La estrategia de confrontación de Sheinbaum es un juego de altísimo riesgo que no se justifica por la simple figura de un gobernador sinaloense acorralado. A Washington no le hace falta la cooperación de Palacio Nacional porque ya tiene todas las piezas del rompecabezas: cuenta con las confesiones de los hijos de Joaquín &#8220;El Chapo&#8221; Guzmán; tiene lo que Ismael &#8220;El Mayo&#8221; Zambada ya declaró y seguirá aportando a cambio de pasar sus últimos días en una prisión con menores rigores que la de su antiguo socio; y resguarda los testimonios de los responsables de las finanzas y la seguridad pública de Rocha Moya, quienes eligieron entregarse voluntariamente al gobierno estadunidense. La lista de políticos y funcionarios de primer nivel de Morena que ya se han ofrecido o fungen como colaboradores en las cortes norteamericanas es alarmante.
En el más reciente de los absurdos, nos enteramos que mientras el discurso público exigía con vehemencia que Estados Unidos aclare los pormenores de la captura de Zambada, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias &#8220;El Jando&#8221;, el piloto que lo transportó, había sido entregado por el gobierno estadunidense al mexicano; es decir, el régimen tuvo en sus manos al hombre que poseía respuestas críticas del operativo y, en lugar de procesarlo bajo las leyes mexicanas y extraer la verdad, se lo regresó a las autoridades de EE.UU. bajo criterios de seguridad nacional. Se quejan de la falta de información mientras regalan a un informante clave.
Lo que verdaderamente quita el sueño al oficialismo no es la culpabilidad o no de Rocha Moya –fuera de toda duda–, sino lo que el mandatario estatal sabe y puede revelar sobre los pactos del pasado. Les aterra que la madeja termine por exhibir al mismo personaje que ordenó liberar a Ovidio Guzmán en el humillante episodio del primer &#8220;culiacanazo&#8221;, al que hizo caso omiso de las gravísimas acusaciones de las agencias estadounidenses contra el general Salvador Cienfuegos para acabar exonerándolo, y a quien visitó en seis ocasiones durante su presidencia y sin la presencia de la prensa el municipio de Badiraguato, una población de apenas 26 mil habitantes, supuestamente para supervisar la construcción de una carretera.
El mismo personaje que pactó un saludo en persona con la mamá del &#8220;Chapo&#8221; y gestionó sus cartas para buscarle privilegios carcelarios en los Estados Unidos; el que llegó a disculparse públicamente por decirle &#8220;Chapo&#8221; al &#8220;Señor Guzmán Loera&#8221;, mostrando una cortesía inédita que jamás tuvo con sus oponentes políticos, a quienes solía poner apodos de manera sistemática para denigrarlos. Aquel que sentenció en una mañanera que en México ningún negocio ocurre a espaldas del presidente, y que hoy ve cómo sus propias palabras –y sobre todo, sus actos y deliberadas omisiones– lo acorralan.
Al final, todas las confesiones en las cortes norteamericanas, las rutas del dinero y los pactos de impunidad que pasan por Culiacán, conducen, inexorablemente, a Palenque.

Todos los caminos conducen a Palenque

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Derivado de mi artículo anterior, “¿Empezamos a hablar de Lemus presidenciable?”, recibí numerosos comentarios de lectores en uno y otro sentido. En casi todos ellos quedó en evidencia una percepción generalizada: que Samuel García será, de manera casi inercial, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano para el 2030.
Hay razones de peso para considerar que el candidato no será Samuel. La más contundente es el calendario: su gestión concluye el próximo año, y aún si lograra heredar el cargo a su esposa Mariana Rodríguez, las condiciones no serían las mismas. De hecho, si prosperara ese proyecto familiar, la eventual gobernadora terminaría por desplazar de la luz pública a su consorte.  Es precisamente esta obstinación por que la gubernatura quede en familia, lo que terminó por excluir a Luis Donaldo Colosio Riojas de Nuevo León, enviándolo a una ruta incierta a Sonora.
Es decir, en la construcción de su candidatura presidencial, Samuel García le puso el pie a su compadre Luis Donaldo, y por extensión, abrió el camino a una alternativa distinta, como la que puede representar Jalisco. A esto se suma el severo cerco judicial que asfixia su cierre de ciclo, arrastrando investigaciones de la FGR y un juicio político en el Congreso local por presuntas triangulaciones financieras millonarias hacia despachos vinculados a su entorno familiar.
En franco contraste, Pablo Lemus apenas estará cruzando la mitad de su sexenio en Jalisco, consolidado en el epicentro operativo del Estado que verdaderamente sostiene el peso específico de la marca a nivel nacional. Como también lo comentamos la semana pasada, una vez superado con éxito el inmenso reto logístico del Mundial en Guadalajara, lo que sigue para mantener vivas las aspiraciones nacionales es blindar la gobernabilidad interna. En este diagnóstico coincide plenamente Ismael del Toro en su artículo “La resaca mundialista y la urgencia electoral”, publicado hace unos días en El Informador.
Del Toro —que algo sabe de política tras haber sido el principal estratega y operador de Enrique Alfaro desde sus inicios hasta la primera mitad de su gestión como gobernador, antes de retirarse tras presidir el Ayuntamiento de Guadalajara— pone el dedo en la llaga sobre lo que se juega en el corto plazo: “el proceso intermedio de 2027 no permite márgenes de error; la viabilidad de cualquier proyección nacional hacia la presidencia depende de la retención del Congreso local y del cinturón urbano de la zona metropolitana”.
En ese sentido, con el reagrupamiento de los distintos actores del emecismo local y la reivindicación de Jalisco en el contexto del emecismo nacional –que también tendrá que dar buenas cuentas en las elecciones intermedias de 2027– es que toma viabilidad una candidatura presidencial de Lemus frente a la perspectiva que se diluye en Nuevo León o Sonora.
Jalisco tendrá la oportunidad histórica de concluir el proyecto nacional que, por decisión estrictamente propia, Enrique Alfaro dejó inconcluso al hacerse a un lado como aspirante presidencial en 2024. Si Lemus y su estructura logran sortear con éxito la aduana del 2027, el Occidente reclamará por derecho propio el liderazgo de la plataforma que desde Jalisco se sembró y que hoy está lista para cosecharse a nivel nacional.

¿Lemus o Samuel como candidato presidencial de MC?

Con el silbatazo final del Mundial en el Estadio Guadalajara, concluyó una justa histórica y se cerró el primer gran examen de control de confianza para la gobernanza local. Mientras la Ciudad de México y Monterrey padecieron la insolvencia de sus infraestructuras, Jalisco superó el reto logístico con una pulcritud técnica incuestionable. Con esta prueba superada, la pregunta en los círculos de análisis político nacional ha dejado de ser prematura: ¿es momento de hablar de Pablo Lemus como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para el 2030?
Las condiciones objetivas para considerarlo un potencial aspirante en el tablero nacional están alineadas. Lemus representa hoy el activo más rentable del federalismo naranja: un perfil con alta aprobación en las encuestas, conectividad con las clases medias urbanas y una acreditada capacidad de ejecución de obra pública. La sintonía con el humor social quedó de manifiesto hace unos días en eventos públicos, donde contingentes de jóvenes rompieron el protocolo para gritarle abiertamente &#8220;¡presidente!&#8221;. En política, el ánimo de las calles suele anticipar los reacomodos de las cúpulas.
Frente a este posicionamiento, la narrativa de la oposición local luce visiblemente desarmada. El síntoma más claro de su impotencia es que lo peor que sus críticos en Morena tienen que decir sobre el mandatario es cuestionar su carisma o que haga dominadas al inaugurar los camiones eléctricos de la terminal aérea. Cuando la metralla del adversario se reduce al estilo personal, significa que los argumentos de fondo para descalificar la gestión simplemente se han agotado.
Es verdad que la oposición se atrinchera bajo el estribillo de que &#8220;no hay nada que festejar&#8221;, a propósito de los multitudinarios conciertos de Maná y Alejandro Fernández en La Minerva y del propio Mundial y las celebraciones en el FIFA Fan Fest y la ciudad, intentando arrastrar la conversación hacia los pasivos estructurales del Estado. Nadie niega los pendientes profundos heredados de administraciones pasadas, como la dolorosa crisis humanitaria de las personas desaparecidas o el añejo problema del agua. Sin embargo, la diferencia sustancial con el letargo del pasado radica en la acción: hoy existen decisiones y políticas públicas en marcha orientadas a encarar estos flagelos, no a administrarlos con retórica. El orden y la gobernabilidad demostrados durante el mes más crítico del año evidencian que el Estado funciona y que los problemas se atienden.
La ruta hacia el 2030 es larga. Antes de la gran avenida presidencial, el gobernador tendrá que cruzar la aduana obligatoria de las elecciones intermedias de 2027. Mantener el control territorial de la zona metropolitana y consolidar la mayoría en el Congreso local serán las condiciones indispensables para sellar el pasaporte hacia la Ciudad de México. Si Lemus libra con éxito esa última frontera, Movimiento Ciudadano tendrá en el Occidente a su abanderado natural para disputar la presidencia. El balón ya está rodando en su cancha.

¿Empezamos a hablar de Lemus presidenciable?

Durante el Mundial de 1986, mi salón de clases se unió frente a un televisor para ver el debut de la Selección Mexicana contra Bélgica. En medio del entusiasmo unánime, me impactó profundamente que un compañero deseara abiertamente la derrota nacional. En aquel momento, me resultó imposible comprender por qué alguien albergaría un deseo de fracaso contra su propio entorno.
Cuatro décadas después, ese fenómeno permanece bajo argumentos pretendidamente sofisticados. Es verdad que la actual justa mundialista ha estado acompañada de justificadas críticas: el desorbitado costo de los boletos que aleja el juego del común de la gente, la mercantilización absoluta del balompié por parte de las corporaciones y una persistente nostalgia que lamenta la supuesta pérdida de una época dorada de este deporte. Son debates legítimos sobre el rumbo de una industria multimillonaria. No obstante, dentro de la cancha las épicas, el drama y la pasión siguen siendo exactamente las mismas de siempre; afuera, en las calles, la gente continúa portando con orgullo la playera verde y celebrando las victorias con la misma autenticidad de antaño.
La historia nos demuestra que lo que rodea al futbol profesional siempre ha estado sujeto al cuestionamiento y la política. El trasfondo turbio de los mundiales no es una novedad del siglo: ocurrió desde que Benito Mussolini utilizó el torneo como escaparate fascista en 1934, continuó con la instrumentalización de la dictadura argentina en 1978, y se repitió recientemente con la Rusia de Vladímir Putin o el polémico dinero de los jeques en Catar. La FIFA siempre ha convivido con la sombra del poder y el negocio.
Lo que sí resulta francamente ridículo en la coyuntura actual —aunque políticamente comprensible desde las bajezas de la polarización— es el comportamiento de ciertos actores locales de Morena. En nuestra propia ciudad, hay quienes hubieran querido que durante los partidos que ya han transcurrido exitosamente se presentaran inundaciones severas en los túneles viales, que los incidentes menores en el Fan Fest hubieran escalado a tragedias mayores, o que cualquier otra eventualidad logística colapsara la metrópoli, con el único y mezquino propósito de poder culpar al gobierno estatal. Les enoja también que 170 mil tapatíos hayan gozado del concierto de Maná en La Minerva.
Un ejemplo perfecto de ello es la diputada Itzul Barreda. Se la pasó semanas enteras odiando públicamente el Mundial y la FIFA, despotricando contra las vallas y la organización del Fan Fest en el centro, para terminar subiendo videos a sus propias redes sociales donde se le ve feliz de la vida y dejándose lanzar al aire por sus empleados… ¡en pleno Fan Fest de la FIFA! El ridículo es total.
Itzul Barreda es el símbolo de esa gente para la que todo tiene que estar mal. Buscan desesperadamente el prietito en el arroz aunque las cosas marchen bien, y cuando se dan cuenta de que la realidad los rebasa y no hay modo de descarrilar la fiesta, deciden subirse a la ola mundialista. Lástima que para cuando se acordaron de ser ciudadanos normales, la red ya los tenía completamente “funados”. Al final, la alegría de la gente y el orden de la ciudad siempre terminan por desarmar a los profetas del desastre.

Los mexicanos que quieren que pierda México

Todo apunta a que en Tonalá se lleva gestando desde el 2022 un burdo intento para garantizarle a la familia del alcalde morenista Sergio Chávez, un negocio privado con recursos públicos por los próximos 25 años. Tras sendas investigaciones periodísticas que revelaron las irregularidades del caso, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó un exhorto en el Congreso del Estado para exhibir el entramado y frenar de inmediato este atropello al erario tonalteca.
La historia de este despojo institucional revela una operación de descuido planificado. El rastro municipal ya presentaba problemas sanitarios acumulados y graves deficiencias hidráulicas que provocaron que las vísceras de los animales colapsaran las tuberías de las zonas residenciales vecinas. La administración local no hizo nada por resarcir el daño ni solucionar la contaminación, provocando que la PROEPA clausurara el recinto en 2023. Con la mesa puesta, en enero de 2024, el Cabildo aprobó el cierre definitivo del rastro y, en la misma sesión, anunció la solución: una Asociación Público-Privada (APP) con la empresa “Valor de Alimentos Cárnicos”, entre cuyos accionistas originales figuraban los hermanos del mismísimo alcalde.
Para cumplir la ley, que exige a la empresa aportar al menos el 35% del proyecto, la firma entregó el predio &#8220;El Potrero Negro&#8221;, inscrito ante notario en 2.7 millones de pesos. Sin embargo, en la oferta técnica, el valor fue inflado artificialmente en un 1,100%, declarándolo en 24.8 millones para simular una mayor inversión. Paralelamente, el tesorero municipal aumentó la aportación del erario de 18 a 35 millones de pesos. Duplicaron el dinero público para acomodar el negocio.
Lo sintomático en el Congreso fue la pasmosa réplica de los diputados de Hagamos. Subieron a la tribuna no a desmentir, sino a desviar la atención acusando &#8220;asfixia financiera&#8221; o criticando el costo de las pantallas del recinto. En ningún momento negaron los hechos. El cinismo cumbre llegó con la diputada Valeria Ávila, quien espetó: “Esa diferencia de 22 millones&#8230; ustedes se los guardan en la bolsa”, validando implícitamente el atraco como una &#8220;herramienta&#8221; de supervivencia fiscal. Los diputados Tonatiuh Bravo y Enrique Velázquez denunciaron una &#8220;persecución política&#8221;, cuidándose de no calificar la acusación como falsa.
Acorralado por las evidencias, el alcalde publicó el sábado 13 de junio un tuit de capitulación anunciando la cancelación del dinero para la APP. Su tono es de tristeza: cualquiera diría que se cayó un próspero negocio que aseguraría copiosas ganancias por al menos un cuarto de siglo. Recurre al sello morenista de la victimización: culpa a &#8220;ambiciones políticas&#8221; de su propia responsabilidad por haber dejado caer el rastro. Con su intempestivo repliegue, el alcalde terminó por dejar colgados de la brocha a Valeria y a Enrique, reduciendo su vehemente defensa del viernes al ridículo parlamentario. El negocio se ha desmoronado, arrastrando consigo la congruencia de quienes decidieron actuar como sus abogados de facción. No es suficiente: los hechos sugieren que hubo un descarado intento de corrupción y nepotismo que tendría que sancionarse. El alcalde Sergio Chávez deberá enfrentar la consecuencia de sus propios actos, sin culpar a los demás de lo que no es sino su entera responsabilidad.

El rastro de Tonalá: Anatomía de un negocio familiar

A escasos días de que ruede el balón en la Copa del Mundo de 2026, las tres sedes mexicanas enfrentan su hora de la verdad. El torneo medirá la capacidad logística del país y la eficiencia operativa de sus gobernantes. En este examen definitivo, Jalisco ha comenzado a desmarcarse como el único Estado que ha cumplido a cabalidad con los compromisos técnicos asumidos frente a la FIFA y la federación, exhibiendo un contraste inocultable frente a los rezagos de la Ciudad de México y Nuevo León.
Mientras el gobierno capitalino de la morenista Clara Brugada ha incumplido con los plazos estipulados para concluir sus obras prioritarias y Nuevo León falló con los proyectos anunciados por Samuel García —dejando fuera de tiempo el monorriel del Metro al aeropuerto, los puentes sobre el Río Santa Catarina y el Parque del Agua, así como las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey—, en el Occidente la historia es distinta.
El gobierno de Pablo Lemus no solo concluyó en tiempo récord las obras civiles y operativas de la Línea 5 —conectando el corredor industrial de El Salto y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara—, sino que consolidó la infraestructura periférica indispensable, como el patio de resguardo para vehículos de plataformas digitales, resolviendo con autobuses eléctricos gratuitos la restricción federal de abordaje en terminales aéreas.
Esta eficiencia en la gestión pública se refleja directamente en el ánimo social. La más reciente evaluación de MITOFSKY muestra que por primera ocasión en el sexenio, el mandatario jalisciense —junto a Libia Denisse García en Guanajuato— registra niveles de aprobación ciudadana superiores a los de la presidenta Claudia Sheinbaum en su propia Entidad. En los 30 estados restantes el fenómeno se invierte, llegando a brechas de más de 30 puntos a favor de la Federación en zonas como Guerrero o Tabasco, donde sus gobernadores (Evelyn Salgado y Javier May) arrastran las peores evaluaciones del país junto a Rocío Nahle en Veracruz.
El contraste de realidades entre el plano local y el nacional no podría ser más severo: la reciente revelación en “Los Angeles Times” de que a Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad federal, y a Américo Villarreal —a quien se vincula al huachicol—, ambos gobernadores en funciones, les ha sido revocada la visa y mantienen un estatus de colaboradores en investigaciones en curso en Estados Unidos, obligó a López Obrador a redactar y hacer pública una carta apresurada que, además de dejar mal parada a la presidenta Sheinbaum, denota un profundo temor ante el cerco que se cierra en torno suyo. La publicación ocurre la misma semana en que su hijo menor se retrata en un restaurante con cortes bañados en oro, y &#8220;Andy&#8221; –no exento de sus propios escándalos de huachicol y corrupción– se refugia en una foto con su padre en su búsqueda de fuero.
El Mundial será la vitrina donde el mundo observe estas dos realidades mexicanas: la de un Estado que funciona y cumple sus metas, frente a un régimen federal cercado por sus propios excesos y alianzas inconfesables.

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El programa “Legado Jalisco” nació como una política pública integral para dignificar a más de seis mil elementos de las corporaciones de seguridad y a sus familias. Además de garantizar un ingreso mínimo de 25,714 pesos —colocándolos entre los mejor pagados del país—, incrementos salariales, atención médica y becas universitarias completas. La estrategia contempla vivienda vertical accesible con mensualidades menores al 30% del ingreso familiar. Para concretarlo, el Congreso del Estado respaldó por unanimidad destinar un predio en San Isidro para 200 departamentos, dirigidos a policías que, por sus ingresos, quedan marginados del programa federal de vivienda de la presidenta Sheinbaum.
Sin embargo, la propuesta chocó de frente con el oportunismo y el doble discurso guinda. Resulta paradójico que mientras la bancada morenista respaldaba la obra con su voto en el Congreso, distintos actores políticos de Morena con intereses electorales en Zapopan promovieron entre un grupo de vecinos la toma del predio. La intención era clara: impedir los trabajos, forzar una confrontación y provocar un desalojo para victimizarse ante las cámaras y las redes sociales.
Esta maniobra remite directamente a los métodos del antorchismo histórico: invadir, desinformar y capturar el espacio público para extorsionar a las instituciones y extraer dividendos electorales. En un principio argumentaron que el predio debía ser un parque, omitiendo que existe uno a 200 metros; reclamaron una escuela, habiendo un plantel a 100 metros. Todos los aspectos legales de la donación y sus fines contemplados en la ley de desarrollo urbano han sido escrupulosamente atendidos por el Ejecutivo y el Legislativo. Lejos de buscar el diálogo, los promotores de la invasión hostigaron a los equipos de socialización municipal, los persiguieron en vehículos y los silenciaron con altavoces.
Ante el amedrentamiento, la liberación del terreno por la autoridad municipal restablece la legalidad indispensable para encauzar la discusión institucional. El gobierno ha dicho que abrirá el diálogo, pero éste no podía partir del chantaje. Las inquietudes de los vecinos sobre el impacto en servicios públicos, vialidades y eventuales riesgos ambientales son legítimas y habrán de debatirse en espacios técnicos para llegar a acuerdos. Quienes recurren a la toma ilegal descalifican la causa social que afirman representar y se aprovechan mezquinamente de la buena fe vecinal.
Zapopan y las familias de nuestros policías merecen certidumbre, soluciones de fondo y liderazgos a la altura de sus necesidades, no agitadores que confunden la política con la confrontación y utilizan a la comunidad como carne de cañón. Fuera manos de los partidos y del oportunismo electoral: que se hagan a un lado y permitan el entendimiento directo entre vecinos y autoridad en San Isidro.

El antorchismo de Morena en San Isidro