Los derechos de las audiencias y la demagogia

Desde que se anunció en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (que se haya presentado ahí ya es un indicador determinante), la discusión de los “Lineamientos Generales para la protección de los derechos de las audiencias”, surgió un importante debate sobre la libertad de expresión y sobre todo, de la tarea de los medios convencionales de comunicación en nuestro país.

Lamentablemente, porque es un signo de nuestros tiempos, ante la gigantesca difusión de información a la que todos tenemos acceso, el interés por los derechos de las audiencias y la manera como lo está enfocando el gobierno federal a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) es algo que, sin exagerar, casi a nadie le importa. Ni siquiera en un escenario de broma, “los derechos de las audiencias” conforman un tópico del que se ocupen los jóvenes o los “mexicanos promedio” que, como ha sucedido desde hace años, manejan otros temas de interés muy ajenos.

Aunque no sea un asunto de interés general, pese a todo, entraña una gigantesca importancia.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró, desde el atril de su rueda de prensa diaria, que no tienen razón quienes anuncian acciones de censura en los medios de comunicación, sino que por el contrario, se trata sólo de dotar a los ciudadanos, de sus derechos legales para exigir información verídica y comunicación en el marco de la ley.

Después, este fin de semana, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, abordó la cuestión con otro lenguaje, muy en su naturaleza de dirigente partidista. Pero no hay que olvidar que cuando utilizan discursos propagandísticos, mezclan al gobierno federal con Morena, en ese concepto que se difunde como la “cuarta transformación”.

La presidenta de Morena, entre otros conceptos, aseguró que los derechos de las audiencias permitirán garantizar “el derecho del pueblo a estar informado”. Esta entrada ya refleja esa flexible generalización con la que en Morena siempre se refiere “al pueblo” como si se tratara de un grupo de personas homogéneo y con una única postura. Ariadna Montiel refiere que durante “el período neoliberal” se privatizó la conversación pública y la información se utilizó “para proteger intereses particulares”, además de que se “disfrazó de noticia” la propaganda.

“Ese modelo produjo desánimo y despolitización”, se atrevió a asegurar.

En el concepto clásico, demagogia es “la conducción del pueblo”. Con el paso de los siglos, el concepto se amplió en sus significados y actualmente esta palabra es casi un sinónimo de mentira. Entre las características que le atribuyen los científicos políticos, figuran el uso de la emoción por encima de la razón; la oferta de soluciones fáciles a problemas complejos y peligrosamente, la utilización de miedo y la ira para convencer, sin que haya en contraste datos reales.

Menciono lo anterior porque al anunciarse la discusión de los “derechos de las audiencias” y al establecerse al CRT como la autoridad que regulará y defenderá los derechos “del pueblo”, es decir, un conjunto de 130 millones de personas, de inmediato se externaron críticas de asociaciones civiles y académicas, observadores nacionales e internacionales, partidos políticos de oposición y hasta medios de comunicación agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.

Todos, sin excepción, en la versión de la presidenta de Morena, caen en la hipocresía y se convierten en adversarios del régimen en el gobierno.

Los medios de comunicación en nuestro país han tenido históricamente, deficiencias y límites; han participado en los agitados períodos de cambio y desarrollo social. Tienen mucho por mejorar y se encuentran en una profunda crisis provocada por la emergencia y dominio de las redes sociales.

Pero han sido, siempre, un factor que termina por colaborar con las demandas sociales.

Someterlos al modelo que ahora proponen como un rescate de los derechos de las audiencias, para “recuperar” los derechos del pueblo, es otro modo demagógico para implementar mecanismos legales que le permitan a una autoridad, ahora sin nombre ni rostro, sancionar y silenciar. Eso es retroceder, no avanzar.