Nicaragua

Lejos queda el día 19 del mes de julio de 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional  (FSLN) entra a Managua, capital de Nicaragua, encabezado por un joven revolucionario que se había convertido en un icono de la izquierda mundial, llamado Daniel Ortega, después de derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle, último integrante de una dinastía que detentó el poder en dicho país desde 1937 y que tuvo sometida a la sociedad nicaragüense en un cruento régimen militar acorde a lo que sucedía en muchas naciones latinoamericanas.

La esperanza en Centroamérica lucía poderosa en la época de la Guerra Fría, con la victoria armada que tuvo como antecedente el movimiento revolucionario en Cuba y a la par, otros movimientos como el del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, y la resistencia chilena frente al golpe de Estado de Augusto Pinochet en contra de Salvador Allende; incluso recuerdo en mis años mozos como estudiante e integrante de la Federación de Estudiantes de Guadalajara a  una delegación numerosa de estudiantes que viajó en camión a Nicaragua para realizar labores de alfabetización en apoyo a la revolución de su gobierno en las zonas rurales de la querida nación, misión en la que participaron algunos amigos que conservo hasta la actualidad. Una época ideologizada en extremo y en la que la lucha política y armada entre los dos grandes bloques derivados de la Segunda Guerra Mundial se disputaba particularmente por las armas, el control latinoamericano.

Habrá que decir que los primeros años de la Revolución Sandinista dieron aceptables resultados; Ortega, acompañado de una generación de mujeres y hombres preclaros, como el escritor Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal o Gioconda Belli, entre otras muchas personas más, dieron todo por ver el sueño de izquierda y de la instauración democrática realizarse, y lo lograron en una primera etapa cuando el FSLN ya constituido como partido político, pierde las elecciones presidenciales frente a Violeta Barrios viuda de Chamorro, en 1990 y la normalidad democrática duró hasta el 2006, cuando Ortega recupera vía las urnas la presidencia de la república y a partir de entonces, se convirtió en una autocracia, hasta el pasado 19 de julio cuando abiertamente, Ortega declaró que no volverá a haber elecciones en su país y pasó con este hecho a tener la calidad de dictador.

Este calificativo se ha ganado a pulso. La represión se convirtió en el signo de la segunda etapa de Ortega como presidente: asesinatos, expulsiones, encarcelamientos y el retiro de nacionalidad a sus antiguos aliados de lucha revolucionaria. El manual de una dictadura aplicada con dureza, acompañado de su esposa Rosario Murillo vicepresidenta primero y copresidenta (cualquier cosa que eso signifique) actualmente, han dejado como novato a Anastasio Somoza. Hoy, Ortega es un dictadorzuelo peor de los fue su antecesor.

La comunidad internacional tiene que rechazar este tipo de actitudes de manera clara, establecer sanciones y hasta romper relaciones, usar todos los medios del Derecho Internacional para evitar que sigan sucediendo este tipo de abusos. El gobierno de México queda mucho a deber en este sentido. Extraña uno la izquierda progresista como la encabezada por Gabriel Boric en Chile, que sin medias tintas ha condenado a Nicolás Maduro o Daniel Ortega, entendiendo que la democracia electoral y los gobiernos emanados de elecciones libres son la mejor opción para las sociedades en un péndulo ideológico que permite a los ciudadanos decidir su futuro, sin dejar de reconocer el reto actual de las democracias para brindar bienes y servicios que lleguen a la mayoría de sus poblaciones.