Contra el abuso y la imposición
El 31 de julio del actual, en la colonia Mirador de San Isidro, ubicada en Zapopan, un grupo de vecinos que manifestaban pública y pacíficamente su rechazo a la construcción de un desarrollo de vivienda en un predio de la comunidad, sufrieron el abuso de la fuerza pública.
Días previos a la agresión, las personas de la localidad habían instalado un campamento en el terreno que se encuentra en disputa: por la madrugada de aquel día arribaron más de 100 agentes de seguridad pública que, sin más, comenzaron a retirarlos a empujones e incluso a varios de ellos tuvieron que sacarlos cargados. Una vez concluido el desalojo las autoridades asignaron un destacamento policial para el resguardo del sitio, el cual permanece hasta hoy.
Con esta actuación abusiva y excesiva, las autoridades estatal y municipal violentaron las garantías constitucionales de libre asociación y expresión que les asisten a las personas manifestantes, así como sus derechos a ser respetados en su dignidad e integridad humana. El Congreso tendrá que llamar a cuentas a los responsables de estos abusos.
El motivo principal de la inconformidad vecinal tiene que ver con una iniciativa que el gobernador del Estado envió al Congreso y posteriormente, mediante su aprobación, se autorizó al Ejecutivo a desincorporar del patrimonio público un predio para su donación al Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), con el objeto de que se destinara a la construcción de viviendas asequibles para las personas que laboran en tareas de seguridad pública.
La autorización de desincorporación que otorgamos en el Congreso está sujeta al cumplimiento de diversos requisitos que establece la normativa estatal y municipal, los cuales deben acreditarse con dictámenes técnicos. Sin embargo, en un recorrido que realizamos a solicitud de los vecinos, posterior al desalojo, se pudo observar que ya iniciaron los movimientos de tierra e incluso el retiro de flora adulta. Se observó también, sin tener la expertiz específica, que existen condiciones que demeritan su idoneidad para el fin que se pretende: la colonia Mirador de San Isidro tiene una alta densidad poblacional, dispone de mínimas áreas verdes, las calles presentan saturación vehicular, el predio es colindante con un arroyo y por el cause trasado evidencia que el flujo de agua que desfoga es alto.
Los vecinos, además, expusieron que el predio es parte del patrimonio ambiental de la colonia, que el desarrollador lo promovió así cuando adquirieron los inmuebles.
Es lamentable equivocarse, sea el Ejecutivo, el Legislativo o la autoridad municipal, pero es aún más lamentable persistir en un error cometido. Creemos que debemos apoyar a las personas que se dedican a la seguridad pública, por la labor tan sensible y de riesgo que desempeñan –aunque a veces pueda mancharse por abusos como el que se refiere al inicio de esta columna–, creemos que el Estado debe procurar lo más posible ayudarles a ellos y a sus familias a estar bien y esto implica que puedan acceder a viviendas dignas, construidas en lugares dignos. Nos parece acertado un programa que procura este satisfactor. Con lo que no estamos de acuerdo y resulta condenable, es que se lesionen los derechos ambientales, de movilidad, de espacio vital de terceros, y que se haga, aún peor, valiéndose la autoridad del abuso y la excesiva fuerza del Estado para imponer su decisión, sin diálogo con quienes estamos siempre obligados a escuchar y atender, en nuestro carácter de servidores y funcionarios públicos: con la ciudadanía.
Por lo anterior, nos pronunciamos en favor de la vivienda para las y los agentes de seguridad pública, pero que se construya en un lugar donde existan las condiciones, las factibilidades previstas por la ley; no donde su desarrollo deteriore la calidad de vida de los antiguos y los nuevos pobladores.
