Morena y la Ley Censura

Hay libertades que una democracia no puede darse el lujo de poner en riesgo; una de ellas es, sin duda, la libertad de expresión. Porque cuando un gobierno comienza a decidir qué se puede decir, quién puede decirlo y qué opiniones son aceptables, deja de gobernar para empezar a controlar.

Es de preocuparse el rumbo que ha tomado la llamada Ley Censura impulsada por el gobierno federal de Morena, más allá del discurso oficial que pretende justificarla como un mecanismo para proteger a las audiencias, lo que realmente se está construyendo es un modelo donde el poder político amplía su capacidad para vigilar, corregir y eventualmente castigar el contenido de los medios de comunicación.

El problema no es la defensa de las audiencias, es que el Estado pretende colocarse en la posición de decidir qué información es “falsa”, qué opinión resulta “aceptable” y qué medio merece ser sancionado.

Ningún gobierno que ha limitado las libertades comenzó cerrando periódicos o apagando estaciones de radio de un día para otro. Primero llegan los reglamentos, después los lineamientos, más tarde las sanciones administrativas y, finalmente, el silencio. La censura rara vez aparece con estridencia; normalmente se presenta disfrazada de trámites, de multas, de inspecciones y de una constante amenaza para quienes resultan incómodos al poder.

Los periodistas mexicanos conocen perfectamente ese mecanismo, lo han vivido durante décadas y saben que el mayor enemigo de una prensa libre no siempre es la censura abierta, sino el miedo permanente a las represalias; por eso resulta todavía más preocupante la reciente declaración de la presidenta de la república cuando afirmó: “Si quisiéramos censurar, ya lo habríamos hecho” y lejos de tranquilizar, esa frase enciende las alarmas.

Cuando desde la presidencia se reconoce que el Estado cuenta con los instrumentos para ejercer ese control, el mensaje que reciben periodistas, comunicadores y medios críticos es profundamente preocupante: la censura deja de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad cuya aplicación dependería únicamente de la voluntad de quien ocupa el poder y mientras el gobierno concentra sus esfuerzos en regular a los medios, la realidad golpea con toda su crudeza.

En los primeros siete meses del año, siete periodistas han sido asesinados en México, siete voces silenciadas, siete familias destruidas, siete recordatorios de que ejercer el periodismo continúa siendo una de las profesiones más peligrosas del país.

Frente a esa tragedia, resulta indignante que el gobierno federal dedique más tiempo a diseñar mecanismos para supervisar el trabajo de los medios que a garantizar la vida y la seguridad de quienes informan. Los periodistas no necesitan tutores políticos, necesitan protección, justicia y condiciones para ejercer su labor con libertad.

La experiencia internacional también debería servirnos de advertencia: Venezuela nos enseñó que el deterioro de una democracia no comienza cuando se clausura un canal de televisión, empieza mucho antes, cuando el poder desacredita sistemáticamente a la prensa, divide a los medios entre aliados y enemigos y construye instrumentos legales para controlar la conversación pública.

Ese libreto ya lo conocemos y desde el PAN Jalisco seremos firmes en la defensa de una de las libertades más importantes de cualquier sociedad democrática; defenderemos el derecho de los medios de comunicación a investigar, cuestionar, denunciar y señalar los errores del poder sin miedo a represalias, porque el periodismo libre no es un privilegio de quienes ejercen la profesión, es un derecho de todos los ciudadanos a estar informados.

Debemos recordar que cuando una sociedad deja de escuchar a una prensa crítica, termina escuchando únicamente la voz del gobierno y ese nunca puede ser el destino de una democracia.