El derecho de las audiencias
Resulta cuando menos paradójico, que en una época en que varios medios de comunicación comerciales atacan con una ferocidad pocas veces vista, un día sí y al otro también, al gobierno de la república, ahora acusen a este mismo gobierno de censurarlos o intentar censurarlos. ¿Será fundado su temor o es sólo un intento más de invisibilizar los derechos de las audiencias a recibir información veraz?
Vaya que están molestos y asustados algunos medios de comunicación comerciales, quienes ejerciendo a plenitud su libertad de expresión, están señalando a los cuatro vientos que el gobierno de la Cuarta Transformación quiere censurar al periodismo, a la prensa y a los medios con su nueva Ley de Telecomunicaciones… ¡esperen! ¡Pero esta ley no la hizo la 4T! Estamos hablando de lo que se mandató en la Constitución el 11 de julio de 2013, cuando se integró en el artículo sexto constitucional el derecho a la información y a las audiencias, mismo que al año siguiente, en 2014, fue integrado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
¿O sea que el que buscaba la supuesta censura fue Peña Nieto, o cómo? La realidad es que el derecho de las audiencias está garantizado en la Constitución pero no se ha podido ejercer a plenitud. Ahora sí, aclarado el aspecto confuso, podemos analizar lo que está proponiendo el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que no es una nueva ley, ni mucho menos la censura contra los medios como afirman algunos, sino sólo una propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. ¡Sí, nada más una propuesta!
Fieles a su estilo de acusar y después investigar, varios medios y partidos ya condenan abiertamente una propuesta que está abierta a una consulta pública en la que investigadores, organizaciones civiles, ciudadanía y concesionarios están ponderando sus opiniones antes de emitir una versión definitiva. ¿Pero qué dice esta propuesta de lineamientos que ahora se discute? Básicamente, que los medios diferencien entre información y opinión, así como entre contenido y publicidad; además, que cuenten con un código de ética, con un defensor de las audiencias y que tengan un mecanismo para recibir y atender quejas del público. ¿Y ya? Sí, es todo.
Si queremos hablar en serio de violaciones a la libertad de expresión, volteemos al pasado: Es censura cuando un gobierno arremete contra un medio de comunicación, como en 1976, cuando el presidente Echeverría boicoteó al periódico Excélsior y logró la salida del director Julio Scherer García y su equipo; o como en 2002, cuando un grupo de hombres armados enviados por TV Azteca tomaron por asalto las instalaciones de CNI Canal 40; o en aquel marzo de 2011, cuando 715 medios de comunicación firmaron la petición de Felipe Calderón para “autorregularse” y no informar al pueblo los efectos de la fallida guerra contra el crimen organizado; sin olvidar aquel 2015, cuando Carmen Aristegui, tras su reportaje sobre la Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, fue despedida de su espacio en MVS.
Los que en el pasado censuraron periodistas y persiguieron medios de comunicación, hoy se rasgan las vestiduras ante una propuesta de lineamientos de derechos de las audiencias que está bajo consulta pública. Los que en el pasado se autocensuraron para ocultar la verdad y rendir pleitesías al presidente de la guerra, hoy gritan furibundos que se quiere violar su libertad de expresión. Así está el doble racero de algunos partidos políticos y de algunos medios comerciales de comunicación.
Mientras algunos sacan a relucir sus incongruencias y quieren asustar con el petate del muerto, hay un pueblo libre que exige ejercer su derecho como audiencias, que quieren tomar un rol activo ante lo que se informa y se opina. ¡Enhorabuena, hay debate público! ¡Señal de que de verdad estamos avanzando!
