Gustavo Parra Noriega

La tipificación del phishing como delito autónomo en la Ciudad de México, marca un parteaguas en la lucha contra la ciberdelincuencia. Aprobada recientemente, la adición del artículo 231 bis al Código Penal capitalino, sanciona con 3 a 6 años de prisión y multa de 200 a 600 UMA a quien mediante mensajes, correos, dominios, apps o sitios apócrifos que simulan ser legítimos, induzca a una persona a revelar datos personales, financieros o de autenticación para obtener un beneficio indebido o causar perjuicio. La pena se incrementa hasta en una mitad, llegando a 9 años, si la víctima es adulto mayor, persona con discapacidad o menor de edad.
Su importancia es fundamental: hasta ahora existía un vacío legal que obligaba a perseguir el phishing como fraude genérico, dificultando la investigación. Al nombrarlo, se da certeza jurídica, se habilita a la Fiscalía y a la Policía Cibernética, además de reconocer la gravedad del robo de identidad como antesala de otros delitos, solo habrá que ir perfeccionando técnicamente el tipo penal para que no se sancione a la tecnología en sí misma, sino el uso ilegal.
Comparativamente, la reforma coloca a la CDMX a la vanguardia. El Estado de México aún persigue estas conductas bajo fraude informático, sin tipo penal específico de phishing, lo que genera disparidad metropolitana. A nivel federal, el Código Penal en ese nivel, sanciona acceso ilícito a sistemas, pero con enfoque más técnico y penas de hasta 10 años, sin describir la ingeniería social propia del phishing. En contraste, Puebla con una reforma polémica, ya contempla desde 2025 el phishing, el ciberasedio, usurpación y espionaje digital con penas de 3 hasta 8 años.
Internacionalmente, España lo castiga con prisión como estafa informática con 6 meses a 3 años, y EE.UU. bajo la ley federal CAN-SPAM y Wire Fraud con hasta 5 a 20 años; poco a poco México se acerca a esos estándares, pero además de faltar una homologación en todas las entidades federativas y en el orden federal, es necesario avanzar por un lado en la adhesión a instrumentos internacionales para combatir los ciberdelitos y que facilitarían que nuestro marco jurídico sea integral y, por otro, en el trabajo preventivo de alfabetización digital, concientización de la población para alertar, educar y evitar que la ingeniería social haga de las suyas y se afecten personas y patrimonios.
El impacto de criminalizar esta conducta es directo: facilita la denuncia, inhibe conductas criminales, protege el patrimonio digital y reduce la impunidad del robo de identidad, base del fraude bancario y extorsión.
Sin embargo, el problema no se soluciona por contemplar este delito y ahora poder sancionarlo más fácilmente en algunas entidades, ya que además de la prevención hay que contar con nuevas formas y sofisticadas maneras que la delincuencia está usando: la inteligencia artificial, códigos QR maliciosos, los deepfakes y otras herramientas para cometer delitos por medio del phishing. Habrá que hacer un esfuerzo coordinado y a gran escala, entre las autoridades, legisladores, sector privado y sociedad civil para combatir esta conducta y otros delitos en el mundo digital.

Nuevas formas de estafas digitales y medios para combatir el phishing

La reciente multa de más de 42 millones de pesos impuesta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SACBG), a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por la operación del Fan ID, marca un mensaje importante en la protección de datos personales en México. Este caso no es un simple diferendo administrativo, sino un recordatorio contundente de que el uso tecnológico y el loable deseo de convivir pacíficamente en los estadios, no eximen a nadie de cumplir con la ley.
El Fan ID nació para mitigar la violencia en las tribunas. Sin embargo, la FMF no midió los efectos de usar fotografías y rasgos faciales de miles de aficionados, ya que estos constituyen datos biométricos de categoría sensibles. El riesgo de su tratamiento indebido es crítico, ya que filtraciones de estas bases de datos masivas pueden afectar gravemente la esfera más íntima de la persona o causar discriminación al exponerse a los particulares, con la consecuencia de ser víctimas de delitos como suplantación de identidad, extorsión o violencia digital, lo cual provoca daños reputacionales, sociales y patrimoniales irreparables.
Sin conocer los detalles y solo los detalles públicos, pero con una visión de gobernanza y rigor técnico, la falta medular pudo radicar en pretender validar la recolección biométrica en el FAN ID, es decir de datos sensibles, mediante solo el marcado automático de una casilla web, omitiendo dejar constancia del consentimiento libre, informado, expreso y por escrito que exige la ley o con mecanismos indudables de identificación. 
Recordemos que todo sistema de identificación masiva tiene la obligación de alinearse con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, proporcionalidad, finalidad, seguridad y responsabilidad. Además de cumplir cabalmente con los deberes de seguridad y confidencialidad, al prescindirse de un consentimiento que se exige al tratar datos de esta naturaleza especialmente protegida, se fracturó la confianza del público.
Esta decisión de la autoridad de datos en México, puede generar un profundo impacto institucional, jurídico, social y reputacional que haga pensar no solo a los organizadores de eventos masivos sino a cualquier otra autoridad o particular que pretenda usar sin el cuidado debido datos sensibles y ahora tan de moda, como son los biométricos. Este caso también evidencia que la tensión entre seguridad y derechos fundamentales es una falsa dicotomía. La seguridad pública o privada jamás debe justificarse en la vulneración de la privacidad y la protección de datos; al contrario, se deben armonizar ambos derechos y asegurarse los dos con la medida que se tome, respetando el estado de derecho.
Para el futuro, instituciones públicas y privadas deben prepararse adoptando una cultura preventiva de cumplimiento normativo. Esto exige medidas concretas: evaluaciones de impacto en protección de datos, previas al despliegue tecnológico, avisos de privacidad claros, proporcionalidad y minimización de datos para recabar solo lo estrictamente necesario, controles de seguridad técnicos, auditorías periódicas, supervisión independiente, protocolos eficaces ante incidentes, gobernanza interna y capacitación continua del personal.
La lección de esta sanción es categórica –la cual además, será histórica cuando sea firme, ya que la anterior multa más alta fue por 36 millones de pesos efectivamente pagados– esto es, que la protección de datos personales no es un obstáculo para la seguridad, sino una condición indispensable de legitimidad democrática. 
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Tarjeta roja al Fan ID: La privacidad como condición de legitimidad

La muerte solía ser el límite infranqueable de la presencia humana. Hoy, la Inteligencia Artificial desafía esa frontera con una promesa tan fascinante como perturbadora: la inmortalidad digital. A través de algoritmos capaces de procesar correos, audios, fotografías y mensajes, diversas plataformas comerciales ofrecen la posibilidad de “revivir” a nuestros seres queridos mediante chatbots, clones de voz y avatares interactivos. Sin embargo, detrás del alivio aparente que promete este reencuentro virtual, se esconde una profunda encrucijada ética, jurídica y psicológica que exige una seria reflexión colectiva.
Desde la perspectiva de la protección de datos personales, este fenómeno inaugura un debate complejo sobre la privacidad post-mortem. Tradicionalmente, entendemos el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa, como una salvaguarda y derecho del individuo vivo, pero la huella digital que dejamos al morir no es un simple montón de archivos baldíos; es la extensión de nuestra identidad, privacidad y dignidad digital.
Surge entonces una pregunta fundamental: ¿Puede el consentimiento que otorgamos en vida extenderse legítimamente a la recreación artificial de nuestra personalidad? Utilizar el rastro digital de alguien para alimentar una simulación interactiva, sin su voluntad explícita, vulnera la autodeterminación y podría abrir la puerta a la manipulación de su memoria.
El impacto psicológico en quienes se quedan en este plano, también es alarmante. Los especialistas en duelo y salud emocional advierten que la asimilación de la pérdida es un proceso adaptativo que requiere aceptar la ausencia. Sustituir la realidad de la muerte con una réplica automatizada que simula la voz y el pensamiento del ausente puede estancar el proceso terapéutico, creando dependencias emocionales artificiales. No podemos permitir que la responsabilidad ética y legal de las empresas tecnológicas se rinda ante la mercantilización del dolor y la explotación de la vulnerabilidad humana.
Frente a este escenario, la herencia digital ya no puede ser tratada como un asunto secundario en las notarías o en las leyes vigentes. Es urgente incorporar cláusulas específicas de voluntad digital y consolidar la figura del testamento digital en nuestra práctica jurídica. Así como decidimos el destino de nuestros bienes materiales, debemos tener el poder de determinar el destino de nuestros datos: elegir quién los administra, qué se elimina y, de manera crucial, si deseamos prohibir expresamente que nuestra identidad sea replicada.
La innovación tecnológica debe tener límites claros cuando toca la fibra de la dignidad humana. Es necesario abrir un debate público sano y plural que culmine en una regulación prudente y protectora de la dignidad de la persona. La inmortalidad digital ya no es ciencia ficción, es un producto en el mercado. Ante esto, debemos defender un derecho fundamental, quizás el último de todos: el derecho a descansar en paz fuera de la nube, impidiendo que nuestros datos sigan hablando por nosotros para siempre.
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¿Fantasmas en la IA? La herencia digital y ética post-mortem

La recurrente intención del Estado mexicano por regular la identidad detrás de cada línea telefónica, ha vuelto a cobrar vida en 2026. Con el argumento innegable de combatir la extorsión, el fraude y el secuestro, delitos que laceran profundamente a nuestra sociedad, se ha implementado un nuevo registro obligatorio de líneas móviles. Como especialista con años analizando la intersección entre tecnología, regulación y derechos fundamentales, no puedo evitar sentir un profundo &#8220;déjà vu&#8221; y, más aún, una seria preocupación.
El objetivo es loable: dotar a las autoridades de herramientas para la trazabilidad y la investigación criminal, eliminando el anonimato que facilita la operación de la delincuencia. Sin embargo, la historia nos ha enseñado —con el fallido RENAUT y el inconstitucional PANAUT— que el diseño y la implementación son el verdadero cuello de botella. La promesa de seguridad no puede ser un cheque en blanco que ponga en riesgo la privacidad de millones de ciudadanos.
La carga para los usuarios es clara: deben registrar su línea vinculándola a su Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada e identificación oficial antes de la fecha límite del 30 de junio de 2026, so pena de suspensión del servicio. Según datos recientes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al 13 de mayo de 2026 se reportaban 48 millones de líneas registradas. Esta cifra, aunque parece significativa, es cuestionada por operadores y analistas, quienes señalan un ritmo de avance insuficiente y una base total de líneas activas incierta, que oscila entre los 144 y más de 160 millones. Lograr el cumplimiento total parece una misión imposible, generando un rezago que podría dejar a millones incomunicados o sin poder usar otros servicios como la banca digital.
Pero la mayor responsabilidad recae en las empresas telefónicas. No basta con habilitar canales de registro gratuitos. Deben garantizar los más altos estándares de ciberseguridad, resguardo de datos y autenticación para prevenir filtraciones, robo de identidad y &#8220;SIM swapping&#8221;. Sus sistemas deben asegurar la trazabilidad y el cumplimiento normativo riguroso, bajo pena de sanciones severas y, lo que es peor, la pérdida irremediable de la confianza ciudadana. En un país con antecedentes de bases de datos estatales a la venta en el mercado negro, la centralización de esta información es un imán para ciberdelincuentes y un riesgo latente de vigilancia estatal injustificada.
La pregunta fundamental no es si debemos combatir el crimen, sino si este registro, con sus debilidades en ciberseguridad y supervisión, es la herramienta adecuada o un abismo para nuestra privacidad y protección de datos personales. Equilibrar la balanza es un desafío ético y legal de nuestro tiempo.
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El padrón telefónico en México: una promesa de seguridad frente a la privacidad

El Encuentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) en Cartagena consolidó un punto de inflexión en la gobernanza digital regional. Ante la aceleración tecnológica que desafía fronteras, México y América Latina deben robustecer sus ecosistemas de derechos humanos.
La privacidad ya no es una simple garantía individual; es el pilar de nuestra integridad democrática frente a los poderes fácticos digitales. 
El entorno exige atender vulnerabilidades críticas: la protección de la niñez, el avance de la violencia digital y el tratamiento masivo de datos en plataformas extranjeras. Equilibrar la innovación y la salvaguarda de la identidad no frena el desarrollo, sino que lo hace ético y sostenible. Ante desafíos globales, la cooperación iberoamericana es nuestra herramienta más potente para homologar altos estándares.
Ahí, la RIPD alcanzó dos avances: actualizar los estándares iberoamericanos y aprobar el documento sobre “Desafíos normativos para la protección de los neurodatos y de los tratamientos de datos personales que emplean neurotecnologías en el ámbito no sanitario”. Los neurodatos registran o alteran la actividad cerebral fuera del entorno médico (comercio, empleo o educación). Cuando los algoritmos acceden a procesos cognitivos y emocionales, se arriesga la dignidad, autonomía y libertad de pensamiento.
Sin normas armonizadas, dejaríamos desprotegida la mente humana, la última frontera de la intimidad, erosionando la libertad con la que la ciudadanía toma sus decisiones.
Esta discusión adquiere máxima urgencia ante el Mundial de futbol que inicia este próximo jueves en México. Como sede de este megaevento, el país experimentará un despliegue masivo de tecnologías de vigilancia: reconocimiento facial, videovigilancia inteligente, geolocalización, monitoreo biométrico, análisis algorítmico de multitudes, rastreo en aplicaciones, control de accesos y tratamiento masivo de datos personales.
Estas prácticas representan riesgos para los derechos fundamentales. Sus implicaciones imponen desafíos en gobernanza de datos, transparencia, proporcionalidad, finalidad, consentimiento, seguridad y rendición de cuentas que pondrán a prueba a las autoridades.
La organización no debe justificar un control invasivo y hacer consciente a las personas del tratamiento de sus datos, incluidos a los connacionales de países integrantes del Convenio 108 y su Protocolo Adicional, quienes podrían demandar apoyo y asistencia técnica a las autoridades mexicanas, si quisieran ejercer sus derechos ARCO y de Portabilidad ante responsables mexicanos.
El debate sobre neurodatos es sumamente pertinente aquí, pues avanzan sistemas capaces de inferir emociones, atención, fatiga, intención o preferencias con fines comerciales o de seguridad.
México debe aprovechar el Mundial para fortalecer una agenda democrática de límites a la vigilancia y salvaguardas tecnológicas, en lugar de normalizar el monitoreo excepcional.
La urgencia es inaplazable. Llamo a autoridades, sector privado, academia y sociedad civil a una corresponsabilidad activa con reglas claras y supervisión efectiva. Proteger la privacidad es indispensable para asegurar una sociedad libre, justa y democrática.

Privacidad, neurodatos y democracia, ante el Mundial

La discusión ética en torno a la Inteligencia Artificial (IA) no es un ejercicio filosófico abstracto, sino una encrucijada democrática y humanista inaplazable. En un acierto analítico notable, la carta encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV, que sitúa esta transformación en el centro del debate público, advirtiendo que el progreso técnico desprovisto de maduración moral amenaza con eclipsar la dignidad humana.
Observo con preocupación cómo el despliegue desregulado de estos sistemas consolida una peligrosa asimetría de poder. La encíclica acierta al señalar que el motor de la innovación digital ya no reside en los Estados, sino en actores privados transnacionales cuyo poder supera al de los gobiernos. Esta concentración se alimenta de la recopilación masiva de datos, nutriendo una infraestructura invisible de vigilancia invasiva y control social que trata la libertad como mercancía. Peor aún, este extractivismo de datos configura un rostro colonial inédito, expropiando mapas genéticos y perfiles de poblaciones vulnerables para entrenar modelos predictivos.
El núcleo del peligro radica en la opacidad algorítmica. Hoy desplegamos sistemas computacionales cuyos procesos y representaciones internas son desconocidos incluso para sus creadores. Confiar a ciegas decisiones que afectan al trabajo, al crédito o a la reputación a estos automatismos, genera una preocupante discriminación automatizada. Al reflejar los sesgos ideológicos de quienes las programan, estas herramientas reproducen injusticias de forma silenciosa, anulando la compasión, la rendición de cuentas y la apertura al cambio en el individuo.
A este escenario se suma la desinformación, potenciada por una tecnología capaz de manipular imágenes y videos, desdibujando los límites entre lo verdadero y lo falso. Al erosionar la verdad como bien común, se dinamitan los cimientos de la confianza y la vida democrática, propiciando un conformismo y autocensura dictados por la arquitectura de la visibilidad digital.
Ante ello, resulta imperativo atender el vehemente llamado de León XIV para &#8220;desarmar&#8221; la IA, sustrayéndola de la competencia armamentística y comercial. No podemos delegar la ética en los monopolios que controlan el código invisible. Urgen marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente y una firme corresponsabilidad social. Exigir límites éticos y regulatorios no es frenar el progreso, es garantizar que la revolución tecnológica defienda la autonomía humana y el bien común, impidiendo que la técnica se convierta en el instrumento definitivo de dominio.
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La encrucijada de la Inteligencia Artificial: entre la tiranía del algoritmo y la dignidad humana

La eficiencia tecnológica suele presentarse como la panacea de la administración moderna. Sin embargo, bajo la promesa de agilizar apoyos sociales o combatir el fraude fiscal, se oculta un riesgo latente: la deshumanización de la justicia social. Cuando un algoritmo niega un subsidio o perfila a un ciudadano bajo sospecha, no asistimos meramente a un proceso técnico, sino a un acto de autoridad que debe someterse, por mandato constitucional, al escrutinio público y al respeto irrestricto de los derechos humanos.
El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector público ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en realidad, a veces para cosas positivas, pero también como un burócrata invisible que opera en la sombra. El problema central no es el avance tecnológico, sino la opacidad institucional que lo rodea. Si una “caja negra” decide que una persona no es apta para recibir una beca, una pensión o una asistencia médica, y esa persona no puede conocer los criterios exactos ni la lógica detrás de la negativa, estamos frente a una vulneración directa a los derechos de autodeterminación informativa, de acceso a la información, al buen gobierno y al debido proceso. No hay democracia funcional allí donde el ciudadano carece del derecho a preguntar “¿por qué?”, y recibir una respuesta clara, humana y fundamentada.
La supuesta neutralidad algorítmica es un mito peligroso. Los sistemas se nutren de datos que, con frecuencia, arrastran sesgos históricos de clase, género o territorio. Automatizar la burocracia sin controles críticos es, en los hechos, automatizar la exclusión de los sectores más vulnerables. Un error en el código o un sesgo en la base de datos pueden convertirse en una sentencia de marginación para miles de familias, blindada por una apariencia de objetividad matemática que dificulta cualquier defensa legal. La tecnología debe servir para cerrar brechas, no para sofisticar la discriminación.
Como autoridad de transparencia y protección de datos, nuestra postura es firme: la innovación pública no puede ser un cheque en blanco para ignorar las garantías fundamentales. Todo sistema automatizado que determine o influya de manera determinante en decisiones públicas debe ser auditable tanto por los organismos públicos como desde sociedad civil, tanto técnica como jurídicamente. La responsabilidad estatal no puede diluirse en líneas de programación ni delegarse ciegamente a proveedores privados. La rendición de cuentas exige que exista siempre una supervisión humana efectiva; el derecho a la apelación debe conducir necesariamente a una persona servidora pública con capacidad de rectificar, no a otro algoritmo.
Es urgente transitar hacia una transparencia algorítmica real, con legislación federal y local. El derecho a la explicación debe ser la piedra angular de nuestra gobernanza digital. Necesitamos reglas claras, autoridades y auditorías independientes, además de mucha participación ciudadana, para que haya garantía de que el progreso técnico servirá para ampliar derechos, no para restringirlos. La modernización del Estado solo será legítima si es capaz de rendir cuentas ante las personas, pues el futuro del Estado de Derecho se juega hoy, precisamente, en la claridad de sus algoritmos.

¿Quién vigila y transparenta el algoritmo y ante quién apelamos?

La tecnología ya no solo rodea nuestras vidas; está por entrar en nuestra esfera más íntima: la mente y el pensamiento. Avances de Neuralink y las interfaces cerebro-computadora prometen maravillas médicas, pero también abren una puerta sin llave a nuestra privacidad mental. El progreso tecnológico actual permite el registro directo y el procesamiento digital de las características del sistema nervioso, superando velozmente los marcos legales vigentes.
Como parte del grupo de trabajo sobre Neuroderechos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), he participado en un diálogo enriquecedor sobre la urgencia de establecer un marco normativo que proteja la identidad personal y el libre albedrío. Los neurodatos, definidos como la información sensible obtenida de la actividad cerebral y el sistema nervioso, son tan únicos como una huella dactilar. El riesgo reside en que su uso ha trascendido el ámbito médico para expandirse a sectores como la educación, el empleo y el marketing.
Si no actuamos, nuestros pensamientos y estados emocionales se convertirán en activos monetizables. Ya se vislumbra el uso de neurotecnologías para el neuromarketing agresivo o la vigilancia laboral, midiendo niveles de fatiga o concentración para calificar el desempeño. Esta intrusión crea un vacío de protección alarmante en el ámbito no sanitario, entre otros temas que hoy ni vislumbramos.
Además, enfrentamos el peligro de la neurodiscriminación: el uso de perfiles cerebrales para categorizar o excluir a personas en procesos de contratación o acceso a servicios. Ante esto, el consentimiento tradicional resulta insuficiente; en entornos de desequilibrio de poder, como el laboral o educativo, el interesado puede sentirse presionado a ceder sus datos más íntimos.
En la Red Iberoamericana, esperemos se pueda llegar a consensos técnicos y aprobarse un documento en mayo de este año, para orientar a los legisladores de nuestra región hacia medidas proactivas y también a prohibiciones de algunos neurotratamientos que busquen manipular subliminalmente, o aquella que quiera usar estas neurotecnologías en menores de edad, sin que prueben su seguridad científicamente, además de que se garantice la transparencia algorítmica para los sistemas de IA que procesen neurodatos y que éstos expliquen sus inferencias, similar a lo que ya sucede en Europa.
Legislar sobre neuroderechos hoy no es una opción, es un imperativo ético para evitar un futuro distópico. Debemos garantizar que el desarrollo científico esté siempre al servicio de la persona, colocando la dignidad y la privacidad en el centro de la innovación. La última frontera de la libertad —nuestro pensamiento— no debe ser vulnerada.
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Neuroderechos: La última frontera de la privacidad es tu mente

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Desperdicio de recursos públicos

Vicente Viveros

Las ciencias sociales y humanidades

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Guadalajara en la lucha intestina de Morena

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Lo que sigue después de una escuela nueva

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Crisis rojiblanca

La privacidad, concebida bajo las premisas del siglo pasado, ha caducado. No por falta de conciencia ciudadana, sino por la irrupción de una Inteligencia Artificial (IA) basada en modelos fundacionales, uso masivo de datos e inferencias predictivas que erosionan la autodeterminación informativa.
Esta segunda semana de agosto del presente año, la región se cita en la conferencia CPDP LatAm bajo el lema: “Gobernanza de Datos para la Soberanía Digital, la Cooperación y la Interoperabilidad”. En este foro, tendré el honor de participar en dos momentos estratégicos: con una ponencia en el panel sobre el rol de las autoridades de protección de datos ante los desafíos colectivos de la IA, y en la sesión de clausura del evento. Ambos espacios comparten una convicción: la discusión ya no es sobre riesgos teóricos, sino sobre la necesidad de fiscalizar el impacto cotidiano de los algoritmos. 
Frente a sistemas de caja negra que determinan créditos, empleos o servicios públicos, los derechos ya no pueden defenderse mediante quejas individuales. América Latina consume masivamente tecnologías e infraestructuras desarrolladas fuera de sus fronteras. Si las autoridades garantes mantienen una postura reactiva, la brecha algorítmica seguirá ensanchándose.
Soberanía digital no es aislamiento ni proteccionismo informático; es la capacidad de garantizar derechos a través de las fronteras. De ahí la importancia de impulsar y discutir respuestas transversales en favor de los particulares, desde estos espacios en los que intervendré.
Debemos transitar hacia Evaluaciones de Impacto Algorítmico, vinculantes para sistemas de alto riesgo antes de su despliegue, pasando de la sanción que es ex post a la prevención necesariamente ex ante. Por otro lado, es indispensable implementar Sandboxes Regulatorios seguros, que permitan a empresas y gobiernos innovar con la guía técnica de la autoridad. Tercero, resulta crucial consolidar la interoperabilidad regional mediante las cláusulas contractuales tipo que ha propuesto la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) y que han sido acogidos ya por diversos países.
Las transferencias internacionales de datos no frenan el comercio, sino que tienden un puente entre regulación, certidumbre e integración. Si Latinoamérica se fragmenta, las tecnológicas impondrán sus reglas; si actúa como un mercado unificado, construirá una soberanía colaborativa con peso geopolítico real.
La infraestructura digital más valiosa de la región no son los servidores ni la fibra óptica, sino la confianza pública. CPDP LatAm 2026 debe marcar el rumbo hacia autoridades más audaces y robustas y hacia una América Latina decidida a liderar su propio futuro tecnológico.
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Soberanía digital e IA: el tiempo de la gobernanza colectiva en América Latina