Claudia Salas

En el debate sobre el agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el dinero es muy importante, pero la voluntad política lo es más. Ante una crisis que no admite simulaciones ni pausas, la pregunta de fondo es inevitable: ¿hasta dónde nos interesa realmente resolver el problema?
Por un lado, está la dimensión del reto. Hace solo unos días, el gobernador Pablo Lemus llevó la urgencia hídrica de Jalisco hasta el despacho de Bucareli en una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La intención es construir puentes con la Federación para coordinar proyectos estratégicos de infraestructura, saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago y financiamiento a largo plazo.
Sin embargo, mientras en el plano nacional se buscan acuerdos de fondo, en algunas partes de esta casa la respuesta es el desentendimiento.
Resulta incomprensible la postura de las administraciones morenistas de Tonalá y Tlaquepaque, que en un momento clave decidieron cerrar la puerta, no pagar y desconocer los adeudos históricos con el SIAPA. Estamos hablando de pasivos que rondan los 260 millones de pesos en el caso de Tlaquepaque, y 90 millones de pesos en Tonalá. Su argumento para no responder es que solo pagarán lo correspondiente a sus gestiones actuales, como si la responsabilidad de gobernar un municipio recayera en sus chequeras personales y no en la continuidad de las instituciones públicas.
En este reordenamiento del agua la regla tiene que ser clara: El dado marcó &#8220;todos ponen&#8221;. El propio Gobierno del Estado asumió la revisión y liquidación de sus propios pendientes por más de 200 millones de pesos, sumado a los acuerdos alcanzados con municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, e incluso la Universidad de Guadalajara que también harán lo propio.
No se puede pedir una solución integral si no intervienen todas las partes. El agua no es un tema de partidos políticos ni de regateos electorales; es un tema estricto de responsabilidad pública. Cuando un ayuntamiento le da la espalda a sus compromisos financieros, no le está ganando una disputa al gobierno estatal: está condenando a sus propios habitantes a vivir sin agua.
Tonalá y Tlaquepaque tienen que dar la cara, sentarse a la mesa y cumplir. Gobernar implica asumir los problemas de cabo a rabo, sin excepciones. Porque al final de la jornada, si la política se impone sobre la responsabilidad pública, la única que termina perdiendo es la ciudadanía. No se le puede dar la espalda a la gente.
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El dado marca “todos ponen”

Las crisis no avisan, pero sí se incuban. Durante décadas, las grandes zonas metropolitanas de México, incluida la nuestra, crecieron al ritmo de la improvisación. Se expandieron bajo la lógica de parchado urbano y de resolver la urgencia del día, reaccionar cuando el problema ya desbordó a la comunidad y administrar fronteras políticas invisibles en lugar de gobernar un territorio compartido.
El caso del agua en Jalisco y en el occidente del país es, quizás, el espejo más claro y doloroso de esta realidad. Nos demuestra con dureza lo que ocurre cuando una metrópoli no se planea con visión de futuro. Por años se pospusieron decisiones clave, se postergó la inversión en infraestructura hídrica y se creyó que los límites municipales bastaban para gestionar un recurso que no conoce de mapas ni de decretos. Hoy nos toca corregir el problema desde el origen, reparar fugas históricas, sanear cuencas agotadas y garantizar el abasto en colonias que durante años sufrieron la desatención.
Lo que vivimos con el agua en Guadalajara es la misma historia que se repite, con distintos matices, en la movilidad, en la gestión de residuos y en el ordenamiento del suelo de más de 70 zonas metropolitanas en el país. Casi el 65% de la población de México habita en ciudades que jamás fueron diseñadas para la escala que hoy tienen.
Seguir gestionando las ciudades con parches, retórica y buena voluntad es insostenible. Es momento de actuar con responsabilidad. Por esa razón, desde la presidencia de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados, impulsamos una transformación de fondo. Este 5 de agosto logramos reunir en San Lázaro a representantes de 25 congresos locales de todo el país para asumir que la reconfiguración de nuestras ciudades no admite colores ni diferencias partidistas. La gente no pide discursos ideológicos cuando abre la llave y no sale agua, ni cuando espera el autobús de noche; pide soluciones institucionales que funcionen.
De esa Mesa Interparlamentaria salimos con el acuerdo claro de presentar en el próximo periodo de sesiones una Reforma Constitucional que reordene la gobernanza metropolitana y dé origen a la nueva Ley General de Coordinación Metropolitana.
Esta iniciativa busca cambiar las reglas del juego mediante cuatro decisiones estructurales: que la Federación, los estados y los municipios aporten recursos coordinados para megaproyectos de agua, saneamiento y movilidad regional, evitando que obras vitales queden a medias; crear organismos técnicos e imparciales que garanticen que los planes de desarrollo y agua trasciendan los gobiernos de tres o seis años; impulsar mecanismos estrictos de rendición de cuentas para que cada peso destinado a la infraestructura metropolitana se ejecute con transparencia y eficiencia; y también un Sistema Nacional de Información Territorial que genere plataforma de datos precisos para invertir donde más se necesita, previniendo el caos antes de que las crisis estallen.
Jalisco y Guadalajara nos han enseñado que corregir el rumbo cuesta mucho más que planear a tiempo. El remiendo será grande y profundo, pero a la vez un gran aprendizaje para toda América Latina. La reforma que promovemos busca precisamente pasar de la reacción a la prevención, poner orden en el territorio y garantizar el derecho pleno de la población a disfrutar de sus ciudades. Es tiempo de actuar hoy para no condenar el futuro de quienes habitarán nuestras metrópolis mañana.

El futuro de México se decide en sus metrópolis

Hay una pirueta retórica muy ensayada en la política mexicana cuando se señala los males del presente con los hechos del pasado, asegurándose siempre de tapar el logo propio a la vuelta el próximo periodo electoral. Eso pasó con la reciente visita a Jalisco de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, que dejó al descubierto, una vez más, esa estrategia de repartición de culpas donde la federación pretende actuar como mera espectadora y no como responsable de primer orden.
Al abordar la severa crisis del agua que impacta a la Zona Metropolitana de Guadalajara y a diversas regiones del Estado, señaló un problema estructural con décadas de rezago en infraestructura: la red de distribución. La dirigente guinda repartió culpas por igual al PRI, el PAN y a Movimiento Ciudadano. Pero en el diagnóstico que sus afiliados locales le contaron ventajosamente, se les olvidó mencionar la grave omisión de Palacio Nacional al ponerle camisa de fuerza a Jalisco.
A Ariadna se olvida que tener agua limpia y disponible exige la corresponsabilidad y coordinación federal, no revanchas políticas desde el escritorio. Mejor guardó silencio, no habló de los proyectos de infraestructura hídrica que duermen en algún cajón de la CONAGUA y evade los recortes presupuestales asignados a los estados desde la fracción morenista de San Lázaro. Ahora resulta que llega a tierras tapatías quitada de la pena a pedir cuentas de todos los platos rotos en 8 años de su mal llamada “transformación”.
Pero el detalle más agudo de esta retórica no está solo en todo lo que se omite nombrar, sino en la incongruencia de quienes la aplauden en esa foto de grupo que circula en todos los medios anunciando su visita.
Resulta revelador observar cómo dentro de las filas de Morena militan hoy numerosos personajes que, en su momento, ostentaron cargos de primer nivel, presupuestos holgados e influencia decisiva bajo las siglas del PRI o del PAN. En aquellos años de gestión, esos mismos perfiles tampoco levantaron la voz, ni asignaron los recursos ni gestionaron las obras estructurales que hoy Jalisco echa en falta. Hoy, tras un oportuno cambio de camiseta, posan como recién llegados a la política, impolutos y listos para atacar y señalar hacia afuera lo que ellos mismos no resolvieron desde adentro.
La crisis hídrica de Jalisco no se va a solucionar con diagnósticos partidistas a la medida ni culpando al pasado mientras se condiciona el futuro. Si el gobierno federal busca ser un interlocutor serio en nuestra Entidad, debe empezar por asumir su parte: destrabar los recursos, acelerar las obras de CONAGUA y etiquetar el presupuesto que a Jalisco le corresponde por derecho. Porque cuando el agua falta en el grifo de las familias, la demagogia es lo primero que se seca.

La tubería rota del discurso federal

Varios de los perfiles legislativos que tiene Jalisco en San Lázaro nos han quedado a deber. Es inevitable hacer una pausa en una de las heridas políticas más profundas que se le han abierto a nuestro Estado en los últimos dos años: la inacción legislativa en momentos de crisis. Cuando Jalisco ha atravesado etapas de auténtica vulnerabilidad, aquellos espacios que por definición deberían ser la primera línea de defensa de las y los jaliscienses, como la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, simplemente se han quedado pasmados.
La pregunta es tan obvia como incómoda: ¿este silencio y la nula capacidad de respuesta ante los problemas del Estado responden a una preocupante falta de iniciativa propia, o son el resultado de agachar la cabeza ante el manoteo y las órdenes estrictas de su partido? La disciplina partidista no puede, ni debe, estar por encima de las urgencias de la gente que los puso en esa curul.
Sin embargo, cuando la ineficacia en la gestión de recursos es evidente, la maquinaria suele recurrir a su vieja y conocida táctica de la manipulación mediática. A base de declaraciones a modo, narrativas fabricadas y discursos que no se sostienen en los hechos, se intenta cubrir el vacío de los presupuestos que jamás llegaron a la Entidad. Se construye una realidad de papel para ocultar el abandono de la federación. Ningún estado del país es autosuficiente y todos requieren del músculo que da tener un presupuesto sensible en el territorio.
Lo cierto es que la memoria política de la ciudadanía no es corta. A casi un año de que la Comisión de Presupuesto le diera la espalda a Jalisco en sus momentos más álgidos, el reloj avanza hacia una coyuntura decisiva que comienza en septiembre.
Ricardo Monreal ya dio línea clara de cuál será la agenda de temas prioritarios para el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados; la duda que hoy recorre al Estado es si las y los diputados jaliscienses de Morena serán capaces de romper la inercia y dar resultados en los temas que a Jalisco le es urgente resolver, o si volverán a priorizar el libreto nacional sobre las necesidades locales.
Para que no haya pretextos ni olvidos, la tarea prioritaria para Jalisco ya está trazada y requiere un presupuesto digno en tres frentes innegociables:
1. Seguridad: La urgencia principal de las familias jaliscienses. No admite más tijeretazos ni discursos huecos; se necesitan fondos etiquetados y recursos reales para fortalecer las capacidades operativas y devolver la tranquilidad a los municipios.
2. Saneamiento de agua y reconstrucción de la red hídrica: No hay desarrollo ni salud pública posibles con una infraestructura hídrica al límite. Jalisco necesita inversiones de gran calado para el saneamiento de sus cuencas y la modernización de sus redes, no remedios superficiales.
3. Recuperación de las carreteras jaliscienses: Las vías de comunicación del Estado son las arterias de su economía y la seguridad de miles de personas que las transitan a diario. Exigen un presupuesto a la altura para su rehabilitación integral, no las migajas que las han condenado al deterioro.
El próximo periodo de sesiones será un espejo implacable y todos los ojos del Estado estarán ahí viendo cómo se da respuesta. Las y los representantes jaliscienses del chaleco guinda en el Congreso tienen en sus manos la oportunidad de demostrar si llegaron a San Lázaro a ser la voz de su gente o simples tramitadores de la agenda del Centro. La tarea está puesta; los resultados dirán lo demás.

El presupuesto no olvida

Para entender mucho de la problemática que vivimos en materia de agua hay que tener una lúcida memoria histórica. La narrativa de los voceros de Morena al afirmar que es un problema que &#8220;nació hace ocho años&#8221; no solo es un insulto a la inteligencia de las y los jaliscienses; es un síntoma de una profunda y conveniente amnesia.
La crisis hídrica que se empeña en estrangular a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y a gran parte del Norte, Centro y Sur del país, no se construyó en un sexenio. Es una avalancha que lleva arrastrándose por lo menos hace más de cuatro décadas. Es el resultado acumulado de omisiones, crecimiento urbano desmedido, tomas clandestinas, cuencas severamente contaminadas y, sobre todo, de un catálogo de mezquindades políticas que prefirieron el cálculo electoral por encima del futuro de la gente.
Hagamos memoria, porque la historia no miente. En los años noventa, cuando se buscó una solución de fondo a través de un histórico crédito japonés para infraestructura hidráulica, fue precisamente la mayoría priista en el Congreso local la que decidió meterle el freno de mano. Prefirieron ahogar el proyecto antes de permitir que un gobierno de oposición se colgara una medalla indispensable para el Estado. Prefirieron que nos faltara agua mañana con tal de que no les faltaran votos.
Lamentablemente, esa mezquindad sigue viva. Hoy vemos con indignación cómo recientemente representantes populares de Jalisco, como Mery Gómez Pozos, asumen una postura de chantaje político. Al declarar que el financiamiento para solucionar de fondo el problema del agua en Jalisco pasará &#8220;sobre su cadáver&#8221;, no solo dinamitan los puentes del diálogo, sino que exhiben la peor cara de la revancha política. El agua no es un botín electoral ni un &#8220;contentillo&#8221; de partido; es un derecho humano fundamental que no puede estar sujeto a las filias, fobias o caprichos de una comisión legislativa.
Condicionar la dignidad y la salud de las familias de Jalisco es un acto de crueldad política. El problema no solo es de abastecimiento; es de distribución. En el Centro Histórico de Guadalajara y sus barrios aledaños, la red de distribución supera los 100 años de antigüedad. Estamos intentando sostener una ciudad moderna, con un acelerado crecimiento vertical y nuevas demandas habitacionales, sobre arterias obsoletas de principios del siglo pasado que ya cumplieron su vida útil. La capacidad de tratamiento y bombeo no alcanza, y como era de esperarse, ahora abrimos el grifo y sale la podredumbre de omisiones pasadas.
Si las zonas metropolitanas no son replanteadas por completo en su operación, el desabasto será un cuento de nunca acabar. Necesitamos sustituir de manera urgente las redes de distribución, pero esto requiere rediseñar la política pública del agua en su totalidad. Y aquí es donde topamos con pared, porque las reglas del juego y las principales facultades están, por ley, en la cancha de la federación.
Si de buscar culpables se trata, el Gobierno Federal sigue siendo el principal sospechoso en el banquillo. La desatención de la Conagua, el abandono presupuestal sistemático a los estados y la nula prioridad a una agenda de seguridad hídrica nacional nos han traído a este punto de quiebre.
El reto que enfrenta Pablo Lemus no es el de administrar la inercia, sino el de unir las piezas de un rompecabezas roto por decisiones de hace 40 años. Toca reconstruir sobre las trabas del pasado, sanar nuestras cuencas, frenar el saqueo de las tomas clandestinas, renovar nuestras redes obsoletas y exigir, con la fuerza de Jalisco, la infraestructura y el presupuesto que la federación nos ha regateado por décadas.

El agua al banquillo de los acusados

Abrir la llave en la cocina y toparse con agua turbia es una realidad inaceptable. Como ciudadana y como representante, comparto la misma frustración que miles de familias en nuestra metrópoli. Lo que vivimos arrastrando desde hace décadas no es solo un problema doméstico; es el síntoma visible de una verdad de fondo que ya no podemos esquivar: la red hidráulica del Área Metropolitana de Guadalajara fue construida para una ciudad que ya no existe.
Nuestra urbe creció, se desbordó y se entrelazó a un ritmo acelerado, pero el modelo para gestionar sus recursos se quedó atrapado en el siglo pasado. Seguimos intentando resolver crisis del mañana con un diseño municipalista viejo que fragmenta las soluciones y en nuestros días nos da más dolores de cabeza que soluciones. El agua, la presión de las tuberías y la contaminación, no se detienen a revisar los mapas. Ignoran por completo si están en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá. El flujo del subsuelo no conoce fronteras políticas, pero grita por nuevos esquemas que garanticen el acceso al vital líquido.
Por eso, la solución no puede seguir dependiendo de parches aislados, de la pericia de un solo organismo o de la buena voluntad del gobernante en turno. Cuando el agua se ensucia en la en el último tramo debido a tuberías obsoletas, la respuesta debe ser estructural haciendo una cirugía mayor en nuestra arquitectura institucional.
Desde la Cámara de Diputados he impulsado la Ley General de Coordinación Metropolitana precisamente para eso: para pasar de la buena vecindad a la obligación jurídica. No es un debate teórico; ya lo conversamos con especialistas de la academia, de los gobiernos y con la ciudanía de varios estados. Esta nueva ley es una herramienta proactiva para cambiar la realidad de la gente a través de tres ejes urgentes. Primero, establecer estándares metropolitanos obligatorios para que la calidad del agua y el mantenimiento técnico de las plantas potabilizadoras se homologuen por ley, evitando que el esfuerzo se diluya al cruzar una avenida. Segundo, abrir la llave a presupuestos concurrentes que sumen fondos federales, estatales y municipales; la renovación masiva de las viejas redes de asbesto es una inversión multimillonaria que hoy ningún municipio puede asumir en solitario, y coordinarse es la única vía para pagarlo. Tercero, garantizar una planeación con blindaje técnico, institucionalizando comités ciudadanos y científicos para que la gestión del agua responda a las necesidades reales de la gente y no a los vaivenes electorales de cada tres años.
Jalisco ha sido pionero nacional en coordinación metropolitana gracias a herramientas creadas en nuestro Estado; para dar el siguiente gran paso necesitamos el respaldo federal.  La ley que propongo no es solo para ordenar el territorio; es una vía de justicia social para garantizar que el derecho humano a un agua digna sea una realidad en cada hogar. Sanar nuestra red hidráulica es urgente, y el primer paso es aprender a gobernar a la escala del mapa real que estamos viviendo.

El agua no conoce fronteras

La frase ¿Y si sí?, tiene una potencia que va más allá del simple optimismo. Es ya un catalizador mental y mantra que nos ha movido profundo en este Mundial. Es el recordatorio de que el statu quo no es una condena que debe arrastrarse, y de que las cosas sí pueden cambiar cuando desafiamos las inercias del &#8220;no se puede&#8221; o del &#8220;siempre ha sido así&#8221;. Es una pregunta que inspira, que nos empodera y que abre la puerta a escenarios que a veces damos por perdidos. Sin embargo, si hay un lugar en este país donde esta provocación cínica adquiere un tinte de urgencia es en el Palacio de San Lázaro, un espacio que hoy conozco y combato desde las entrañas.
En los últimos años, la Cámara de Diputados ha dejado de ser el epicentro de la deliberación nacional para convertirse en una aduana oficialista de Morena. La cerrazón impuesta por la aplanadora ha convertido el recinto legislativo en una tierra de nadie, donde el debate constructivo está muerto y la vergonzosa consigna de &#8220;no cambiarle ni una coma&#8221; a las iniciativas presidenciales se volvió ley de vida. San Lázaro ya no actúa como el contrapeso constitucional de la nación, sino como la pasarela de personajes descarados que ven la curul no como una alta responsabilidad con sus representados, sino como una cómoda hamaca y una catapulta para el siguiente cargo.
Y se los dice alguien que lo vive en carne propia en cada sesión, en cada votación y en cada intento frustrado de debate. Es profundamente indignante subir a la tribuna sabiendo que del otro lado no hay argumentos, sino consignas ciegas; que no hay oídos dispuestos al bien común, sino un bloque sordo que responde con gritos e insultos a las propuestas técnicas y necesarias. Pero precisamente porque lo veo y lo sufro de frente, desde nuestra trinchera como oposición nos negamos rotundamente a caer en la resignación. Al contrario, tenemos la obligación ética de conminar a las y los ciudadanos a creer que las cosas pueden ser distintas. Al final, la parálisis actual no es perpetua y el descaro tiene fecha de caducidad.
Por eso, pongo sobre la mesa la verdadera provocación ciudadana: ¿Y si sí legisláramos y trabajáramos parejo en la Cámara de Diputados?
Imaginemos el impacto de que el bloque mayoritario rompiera sus intolerancias. ¿Y si sí escucharan nuestras propuestas para mejorar el país en lugar de desecharlas en automático por mero sectarismo? ¿Y si sí recordaran que juraron representar a toda la nación y no a las órdenes de un solo personaje? El verdadero poder del ¿Y si sí?, radica caer en la simulación.
¿Y si sí todos los diputados y diputadas, asistieran a las sesiones y dieran resultados medibles en lugar de presumir cuántas veces se levanta la mano para aprobar presupuestos a ciegas? ¿Y si sí se evaluara nuestra productividad por el impacto real de las leyes en el bolsillo y la seguridad de las y los mexicanos, y no por las fotos o escándalos en redes sociales?
Plantear esta pregunta a un par de meses del nuevo periodo ordinario en San Lázaro es un acto de rebeldía legislativa. Es arrebatarles la narrativa de la sumisión y demostrar que un Congreso digno, plural y trabajador no es una utopía, sino el estándar mínimo que México merece. Como oposición, nosotros seguimos dando la batalla todos los días sin doblarnos. La cerrazón solo prospera si nos callamos, y nosotros no nos vamos a callar. Así que volvamos a preguntarles, de frente y en su cara: ¿Y si sí… legislamos?

¿Y si sí… legislamos?

Cuentan los viejos negociadores del milagro comercial del TLC de 1994 que, en los pasillos de Washington, la delegación mexicana solía imponer respeto a golpe de datos duros, colmillo técnico y una visión de Estado que trascendía el calendario electoral. Tres décadas después, el contraste es casi deprimente. Este 1 de julio, México, Estados Unidos y Canadá cruzarán las cartas formales que activan la revisión del T-MEC. Sin embargo, mientras la Casa Blanca afila los dientes bajo la estricta lógica de seguridad nacional impuesta por Donald Trump y sus operadores, aquí el aparato oficialista parece más preocupado por blindar la pasarela personal de su secretario de Economía que por la certidumbre de los empleos que sostienen al país.
Marcelo Ebrard ha decidido convertir la mesa del tratado en su primer comité de campaña rumbo al 2030. Vendiéndose como el visionario y el único capaz de contener las llamaradas retóricas del Norte, monopoliza la interlocución con Washington mientras desmantela, silencioso, el rigor técnico. Aquí, la narrativa del gobierno federal en los medios y entre el sector empresarial va en la complacencia y nos repiten con triunfalismo que, en el peor de los escenarios, el tratado &#8220;sobrevive&#8221; hasta 2036. Lo que omiten con descaro es que normalizan el dichoso &#8220;Plan B&#8221;, que cada vez es más común en todo. Si no pega una cosa, aquí les tenemos esta otra opción; caer en el esquema de revisiones anuales es inyectar veneno puro al nearshoring. Ningún consorcio automotriz o cualquier tecnológico, expandirá sus operaciones en Jalisco o el país si las reglas del juego mutan cada doce meses al ritmo del humor electoral de la Casa Blanca. ¿Usted lo haría? Administrar la incertidumbre no es diplomacia, sino mediocridad empaquetada como logro.
Ir a negociar con el sombrero en la mano y la lealtad partidista a Morena como única credencial nos deja cada vez más a la deriva. Cuando enviamos perfiles políticos a debatir sobre el acero o la propiedad intelectual frente a feroces lobistas norteamericanos, el aparato tiembla y las industrias locales son quienes pagan la factura de la especulación. El error de origen radica en querer enfrentar la geopolítica del 2026 con los anteojos del México de 1994. El mundo unipolar donde México se ofrecía como la maquiladora barata y complaciente ha muerto. Hoy estamos atrapados en una guerra fría comercial y el elefante en la habitación se llama China. Washington ya no busca socios, ahora exige aliados sumisos que actúen como sus policías aduanales. Si el equipo negociador insiste en simular que todo se resuelve con buenas intenciones, estamos por mal camino y terminaremos reducidos a ser la maquila, perdiendo la oportunidad histórica de liderar la transición tecnológica de Norteamérica.
En este momento, la paradoja macroeconómica es brutal. Por un lado, resumimos el liderato como principal socio comercial del imperio, mientras puertas adentro asfixiamos presupuestalmente a los sectores estratégicos de mil y un maneras.
Mientras Estados Unidos inyecta miles de millones de dólares para subsidiar su industria de semiconductores, el gobierno mexicano recorta fondos de innovación, sabotea la infraestructura de energía limpia y deja desprotegidos a los motores regionales.
El T-MEC ha sido el gran motor de desarrollo de las últimas décadas, un liderazgo indiscutible que hoy no podemos permitir que se devalúe. El campo de Jalisco, el hub tecnológico de Occidente y el empleo de millones de mexicanos no pueden ser la moneda de cambio de un conflicto de interés político. México necesita negociadores de tiempo completo, con el temple para exigir la prórroga de 16 años, y no candidatos de tiempo parcial que utilicen el patrimonio económico nacional como pasarela personal.

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Quienes atestiguamos en su momento la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conocemos de primera mano la expectativa que generan para acabar con la desigualdad y la violencia de género. En 2006 y 2007 fueron marcos normativos diseñados para marcar un antes y un después. Sin embargo, los años han demostrado que a pesar de muchos avances, la impunidad es el lastre que impide su óptima operación. Aun con la vasta transferencia de recursos que hubo algunos años atrás hacia estados y municipios, no ha logrado detener la hemorragia de la violencia feminicida.
Hoy, la llegada de la iniciativa para la Ley General en Materia de Feminicidio vuelve a poner el foco en preguntarnos sin finalmente detendremos la violencia feminicida como uno de los muchos pendientes que el Estado tiene con las mujeres. Homologar el delito a nivel nacional, fijar penas severas de hasta 70 años y obligar a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio son aciertos jurídicos que corrigen vacíos históricos. Sería una ingenuidad asumir que la ley, por sí sola, resuelve la crisis.
Si desde el discurso oficial del gobierno federal se enarbola la bandera de la &#8220;profunda transformación&#8221;, es imperativo aplicar esa misma máxima al ámbito donde la justicia verdaderamente se fractura: en el sistema de impartición y procuración de justicia. La herida social de la inseguridad que viven las mujeres no se cura únicamente redactando nuevos códigos, sino desmantelando los vicios de origen de las instituciones encargadas de aplicarlos.
Una transformación sustancial en esta materia exige tres pilares impostergables: Un sistema judicial e investigador incorruptible, porque de nada sirve un catálogo unificado de agravantes si los ministerios públicos y jueces locales operan bajo complicidades, presiones políticas o acuerdos de impunidad; recursos operativos y presupuestales reales, para que las fiscalías estatales tengan laboratorios periciales dotados, personal con salarios dignos y capacidades operativas para integrar carpetas de investigación sólidas que no se caigan en los tribunales; y por supuesto, servidores públicos genuinamente sensibilizados no solo desde la perspectiva de género y justicia en un taller obligatorio de un par de horas, sino desde un estándar ético y profesional indispensable para mantener el cargo.
La creación de la Ley General de Feminicidio debe ser la pieza que destrabe el cuello de botella que el sistema de justicia tiene para garantizar una vida libre de violencia. Seguimos siendo puntero mundial en niñas y mujeres que desaparecen, que son asesinadas y orfandad por feminicidio. Es ahora o nunca.

¿Un paso hacia la impunidad feminicida?