Sin extrañar el priato, recordé los tiempos en los que los presidentes de la república hacían pedir licencia a aquellos gobernadores que se atrevían a retarlos, no seguían indicaciones o cometían algún acto que no era del gusto de Los Pinos, y que tuvo un momento culmen con Carlos Salinas de Gortari, que “removió” a 12 gobernadores en funciones; esto era un símbolo del centralismo político y la fuerza que ejercían los titulares del Ejecutivo siendo omnímodos durante sus sexenios.
Traigo a cuenta el comentario sobre esta facultad metaconstitucional que fue mermando afortunadamente, con el avance de la democracia electoral en México y algún grado de descentralización del poder, sin que la figura presidencial haya dejado de ser el epicentro del poder político nacional, más aún, la vuelta del centralismo en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, al eliminar y/o mermar a los organismos constitucionales autónomos, más un franco retorno al esquema del caudillo único, habían reforzado la figura presidencial del 2018 hasta la semana pasada.
Parece imposible que Rubén Rocha Moya no le hubiera avisado-consultado a la presidenta de la república sobre su retorno a la silla de la gubernatura de Sinaloa, de la que solicitó licencia después de ser acusado por el gobierno de los Estados Unidos de estar coludido con el cártel que lleva el nombre de ese mismo Estado, pero de ser cierto logró momentáneamente mermar la autoridad presidencial, exhibir de esa manera a la presidenta y abrirle un flanco adicional a la compleja relación con el vecino del Norte. Es un hecho inaudito.
Por ello, la respuesta del movimiento político en torno a Morena tuvo que actuar de manera pronta y más o menos coordinada para presionar a Rocha, que aguantó poco menos de 34 horas en el cargo antes de solicitar licencia nuevamente. No tengo pruebas (si muchas sospechas) de que el gobernador con licencia esté coludido con el crimen organizado, pero parece inconcebible que después del asesinato del ex rector Héctor Cuén en una reunión en donde en teoría estuvieron presentes el propio Rocha y “El Mayo”, en la que se realizó un burdo montaje posterior por parte de la fiscal en ese entonces, Sara Bruna, que con un video de otro asesinato intentó desviar la atención de ese hecho, más la trampa, engaño, operativo de los hijos del “Chapo” ese mismo día, para llevar a territorio estadounidense al “Mayo” Zambada, siguen impunes a pesar de estar demostrado el ilícito por parte del gobierno de Rocha; la duda razonable queda fehacientemente establecida sin que al momento la autoridad federal haya reportado algún avance en dicha investigación y este es solo un botón de muestra; para otra ocasión dejamos el tema: ¿En manos de quienes ha estado la querida Universidad Autónoma de Sinaloa?
También es inevitable pensar que la presidenta y/o el expresidente estuvieron enterados y al estilo del sexenio pasado, quisieron tantear el terreno para observar la respuesta. En ambos casos, la presidenta no queda bien parada de origen y es por ello que hubo la necesidad de hacer que toda la maquinaria política de la 4T operara para enmendar el gazapo político que aún tiene consecuencias por conocer, en lo interno y en la vecindad con el presidente Trump.
Muchas preguntas quedan en el aire; las decisiones políticas y legales de este asunto pueden marcar el rumbo político del país y las presiones externas irán en aumento. Esperemos pertinencia y un actuar firme que permita un mejor futuro para las y los sinaloenses; ojalá sea el inicio de una reconstrucción institucional, no solo necesaria, sino indispensable para el Estado mexicano.