Cuando aumentar el salario mínimo no es suficiente para disminuir la pobreza laboral

En economía, los problemas tienen causas múltiples y las soluciones no son sencillas ni funcionan mediante recetas aplicables en cualquier contexto, en cualquier país o en cualquier Estado. Las medidas de política económica no son simples, ni basta una sola medida para resolver el problema; además, siempre habrá ganadores y perdedores, porque los recursos son escasos frente a las necesidades.

Así, por ejemplo, hablemos de pobreza laboral.

De acuerdo con el INEGI, la pobreza laboral mide el porcentaje de la población cuyo ingreso personal es insuficiente para adquirir una canasta alimentaria y no alimentaria y se divide en dos: la línea de pobreza extrema por ingresos que mide a la población que no puede comprar una canasta alimentaria, y la línea de pobreza por ingresos que agrega, además de la canasta alimentaria, la no alimentaria. 

Este tipo de pobreza puede verse afectada por la inflación en general, pero principalmente por la inflación de los alimentos, la informalidad laboral, el incremento de la economía informal y la población ocupada en condiciones críticas, entre otros factores.

Esta complejidad de causas permite afirmar que incrementar el salario mínimo es condición necesaria pero no suficiente, porque el salario puede aumentar, por ejemplo, un 10% y el precio de los alimentos un 8%, de forma que el incremento en el poder adquisitivo fue del 2%, lo que implica una pequeña mejoría en términos reales. 

En México, para adquirir una canasta alimentaria en julio del 2026 para una familia de cuatro personas en una zona urbana, se requiere un ingreso familiar de 10 mil 183 pesos, mientras que una familia rural requiere 7 mil 579 pesos. El salario mínimo actualmente es de 9 mil 582.47 pesos, insuficiente para adquirir una canasta alimentaria en la zona urbana, suponiendo que solo un miembro de la familia trabaja, y para una familia en zona rural apenas es suficiente, sin considerar los otros bienes como educación, vestido, salud, transporte, energía, etc., y esto a pesar del incremento en el salario mínimo que ha sido de 155.7% de 2020 a la fecha.

La buena noticia es que la pobreza laboral ha venido disminuyendo persistentemente, salvo durante la pandemia. 

Durante el segundo trimestre del 2026, disminuyó un 3.2% en comparación anual, pero se incrementó respecto al trimestre anterior un 1.2%, y sigue siendo muy elevada ya que el 44.7% de la población en el ámbito rural enfrenta pobreza laboral, y el 28.3% en el ámbito urbano. A pesar de estos datos hemos avanzado en su combate porque en 2016 esas cifras eran de casi el 60% y el 40% respectivamente.

En el segundo trimestre del 2026, en promedio el 31.9% de la población en México sufre de pobreza laboral, esto es 3 de cada 10 personas, una cifra que sigue siendo muy elevada, y los estados más afectados son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con el 59.8%, 52.9% y 52.2% de la población respectivamente, es decir: ¡uno de cada dos ocupados!, mientras que los estados con menor porcentaje son Baja California Sur, Baja California y Colima con 13.8%, 17.3% y 19.7%. En el caso de Jalisco el 24.2% de la población sufre de pobreza laboral y también incrementó con respecto al trimestre anterior que era del 23.7%

Se observa que, a pesar del incremento en el salario mínimo, la pobreza sigue siendo muy elevada, debido al persistente incremento en el precio de la canasta alimentaria que ha sido mayor que el de la inflación en general. En mayo la inflación general era del 3.9%, pero el precio promedio de la canasta alimentaria urbana creció un 6.9%. 

Otros factores son: a) la precarización laboral resultado de la disminución de los trabajadores registrados en el seguro social, así como de los patrones, b) el notable incremento de la población en el sector informal de la economía, c) el incremento en informalidad laboral y d) el fuerte crecimiento de la población en condiciones críticas de ocupación.

La informalidad laboral se refiere aquellas personas cuya empresa no los ha registrado en el Seguro Social y por ende no gozan de todos los derechos establecidos en la ley, independientemente de que trabajen para una empresa formal. La economía informal se refiera a los empleados de empresas no registradas y que utilizan básicamente los recursos del hogar en su negocio, mientras que la población en condiciones críticas de ocupación es aquella que trabaja menos de 35 horas a la semana y gana menos de un salario mínimo, o aquellos que trabajan jornadas excesivas, esto es más de 48 horas semanales y ganan cuando mucho 2 salarios mínimos.

Complementando la información, el 45.9% de los ocupados ganan como máximo un salario mínimo, y el 32 % de 1 a 2 salarios mínimos; el 56.2% de los ocupados están en informalidad laboral y el 38.9% de los ocupados está en condiciones críticas de ocupación, de forma que, independientemente de la baja tasa de desempleo y el incremento en el salario mínimo, la pobreza laboral se mantiene elevada porque no se han dado las condiciones para que la productividad de las empresas aumente.

Finalmente, hay que agregar que el 95.4% de las empresas son microempresas que no pueden cubrir los costos laborales asociados al incremento del salario mínimo y que generan el 41.4% de los empleos, pero solo el 16% el valor agregado, y está proporción prácticamente no ha cambiado desde 2014

En conclusión, para resolver la pobreza laboral no basta con un solo tipo de política económica como, por ejemplo, aumentar el salario mínimo. Se requieren políticas integrales que eleven la productividad laboral, que puedan controlar la inflación en la canasta alimentaria, que favorezcan la formalización laboral y el crecimiento económico. El incremento al salario mínimo debe ser apoyado por el incremento en la productividad y el control de la inflación más dolorosa: la alimentaria. Las micro y pequeñas empresas requieren de acceso al crédito bancario con intereses bajos, capacitación administrativa, contable y financiera, y desde luego mayor inversión pública en infraestructura, energía, agua, logística y tecnología para aumentar la productividad; finalmente, una política educativa-laboral que eleve la productividad, el talento humano y la empleabilidad entre otro tipo de políticas.