Ana Paty Peralta: Estos son los nexos que investigan tras cancelación de visa de EU

Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, así como por posibles operaciones de huachicol fiscal y un eventual desvío de recursos públicos.

De acuerdo con información publicada por El Financiero, una de las líneas de investigación está relacionada con Ingemar, S.A. de C.V., empresa señalada por su presunta participación en el transporte irregular de hidrocarburos mediante ferrotanques. Las autoridades buscan determinar si personas cercanas a la alcaldesa tuvieron algún vínculo con dichas operaciones.

Las indagatorias también pretenden esclarecer la naturaleza de los supuestos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa y establecer si existe alguna relación entre estos señalamientos, el posible contrabando de combustibles y un eventual uso irregular de recursos públicos.

Otra de las investigaciones se centra en el manejo de recursos del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún. En este caso, la FGR busca determinar si recursos económicos, personal o estructuras municipales fueron utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México y quien ha sido mencionado como aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.

En cuanto al llamado huachicol fiscal, la información citada señala que Ingemar habría participado en el ingreso irregular de más de 18 millones de litros de hidrocarburos, transportados en 163 ferrotanques, antes de que estas operaciones fueran detectadas por las autoridades.

El caso también se da en medio de la decisión de autoridades de Estados Unidos de retirar las visas de Ana Paty Peralta, así como las de su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.

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Hasta ahora, no se han informado públicamente las razones de la cancelación de las visas ni se ha confirmado que esta medida tenga una relación directa con las investigaciones que se llevan a cabo en México.

Ante los señalamientos, la alcaldesa negó las acusaciones y afirmó que tanto su visa estadounidense como sus documentos se encuentran en orden.

Por ahora, las acusaciones forman parte de líneas de investigación de la FGR y no constituyen hechos acreditados mediante una sentencia judicial ni implican, por sí mismas, responsabilidad penal. Corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para continuar con las indagatorias y, en su caso, avanzar hacia una posible judicialización.