Juan Pablo Colín

Claudia Sheinbaum acaba de presentar su segundo informe de gobierno. Y mientras desde Palacio Nacional nos hablaron de austeridad, seguridad, salud, bienestar y hasta de libertad de expresión, México está viviendo otra realidad. Una realidad que no cabe en el discurso.
Porque mientras la presidenta presumía que en su gobierno “se cuida cada peso”, Andy López Beltrán aparecía en un restaurante de lujo, acompañado de empresarios, en medio de los señalamientos que lo relacionan con el huachicol fiscal. Hay investigaciones y testimonios que lo han colocado bajo escrutinio; el propio gobierno ha reconocido que el caso se investiga.
Y aquí está la pregunta que Morena no quiere contestar: ¿Dónde quedó la austeridad? Mientras unos hablan de privilegios, otros disfrutan de ellos. Pero hay una imagen todavía más dolorosa. Mientras una madre buscadora rasca la tierra buscando a su hijo, la presidenta no ha concretado una reunión con los colectivos de madres buscadoras que llevan años exigiendo ser escuchados.
Una madre busca restos. Andy cena con botellas de más de 16 mil pesos. Y la presidenta decide a quién escuchar. Ese es el México de la 4T.
Y mientras en Sinaloa continúan más de 700 días de guerra, la 4T ha mantenido el respaldo político a Rubén Rocha Moya, sobre quien pesan acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entonces preguntamos: ¿Dónde está la prioridad? ¿En proteger políticamente a los suyos o en proteger a las familias mexicanas?
Y ahora hablemos de algo que la presidenta también presumió: la libertad de expresión. Qué contradicción. Porque resulta que este gobierno sí tiene ubicados a quienes considera opositores. Sí saben quién critica. Sí hacen listas. Sí señalan desde Palacio. Pero cuando un periodista pide ayuda porque está siendo amenazado de muerte, ahí sí parece que nadie sabe dónde está el agresor. Cuando un periodista denuncia al poder, lo investigan a él. Cuando un periodista denuncia al crimen, muchas veces queda solo.
A los opositores sí los ubican. A los criminales que cometen los delitos, no. Y esto no es un juego. En México, más de ocho periodistas han sido asesinados en lo que va de 2026. No son números. Son personas. Son familias. Son voces que fueron apagadas.
Mucho discurso sobre libertad de expresión, pero ni un minuto para quienes perdieron la vida ejerciéndola. Y esto no es solamente un problema de periodistas.
Dentro del mismo periodo en el que rindió su informe, en Jalisco vivimos un día de terror el 22 de febrero. Y un día antes de su informe, el 31 de agosto, Zacatecas volvió a mostrar el nivel de violencia que enfrenta el país: ataques con explosivos, incluido un coche bomba frente a una comandancia policial, con civiles heridos, entre ellos menores. ¿Eso es un país pacificado?
Y sí: el gobierno reporta una reducción importante en homicidios. No vamos a negar un dato solamente porque no nos convenga. Pero México no se acaba en una gráfica.
Porque la seguridad no se mide únicamente contando homicidios. También se mide contando desaparecidos. Contando periodistas asesinados. Contando familias desplazadas. Contando ataques con explosivos. Contando las veces que una persona pidió ayuda y el Estado llegó tarde. Y la contradicción alcanza a la salud.
En su informe, Claudia Sheinbaum afirmó: “Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos”. Nariz Roja denunció públicamente que esa afirmación era falsa y señaló que continúan las carencias de medicamentos, estudios médicos e insumos para pacientes con cáncer. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al discurso desde Palacio Nacional o a quienes acompañan todos los días a los pacientes?
Eso es lo que sucede cuando la propaganda sustituye a la realidad. Nos hablaron también de grandes obras como símbolo de transformación. Pero, ¿qué pasa cuando esas obras enfrentan cuestionamientos ambientales, costos crecientes o problemas de seguridad?
El Tren Maya puede presumirse en una pantalla. Pero el Tren Interoceánico dejó 13 muertos y decenas de lesionados. Los muertos no son una nota al pie de un informe. Son vidas.
Eso es lo que este gobierno no entiende. Gobernar no es seleccionar los datos que convienen. Gobernar es responder por las personas que están sufriendo. Porque ese fue el segundo informe: mucho discurso. Mucha celebración. Y MENTIRAS. Y todavía quieren que México aplauda.
Frente a esa realidad, Acción Nacional no va a callar. Vamos a ponerles nombre y rostro a las víctimas que el gobierno decidió ignorar. Porque México no necesita otro discurso. Necesita un gobierno que escuche, investigue y responda. Yo solo tengo una pregunta para la presidenta, ¿para quién gobierna? México necesita verdad.
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Juan Pablo Colín – Contrapeso

La mentira más grande que le han contado a México

Rubén Rocha se fue. Regresó. Y volvió a irse. Morena primero lo defendió. Después lo dejó solo. La presidenta cambió de postura. Los respaldos se convirtieron en silencios y los silencios en deslindes.
En pocos días, Sinaloa exhibió una pregunta que ya alcanza a todo México: ¿Quién manda? Y más importante: ¿Quién gobierna?
Porque mandar y gobernar no son lo mismo. Claudia Sheinbaum es la presidenta. Tiene el cargo, la investidura y una mayoría política. Pero el episodio de Rocha Moya dejó dudas sobre algo elemental: ¿tiene el control real de su gobierno y de Morena?
No es una cuestión de género. Nunca lo ha sido. La pregunta es política. ¿Puede un gobernador regresar al poder sin consultarlo con la presidenta? ¿Quién decide cuándo se va? ¿Quién cambia la línea política? ¿Quién ordena cerrar filas y quién ordena romperlas?
Si no hay respuestas claras, hay un problema de gobierno. Porque hoy México parece tener demasiados centros de poder. Palacio Nacional. Palenque. Los gobernadores. Las tribus de Morena. Los operadores políticos. Y Washington, cuyas decisiones y presiones generan movimientos inmediatos dentro del oficialismo.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿dónde termina el gobierno de Claudia Sheinbaum y dónde comienza el poder de los demás? Andrés Manuel López Obrador dejó la Presidencia, pero nadie puede sostener seriamente que dejó toda su influencia. Conserva lealtades, operadores y un movimiento construido durante años alrededor de su figura. Y mientras persisten las dudas sobre quién toma realmente las decisiones, surge una preocupación aún más grave: ¿gobierna la presidenta, gobierna el crimen organizado o las decisiones se toman bajo la presión de Washington?
Por eso la pregunta no es si influye. La pregunta es cuándo y cuánto. Ése es el problema de fondo. Morena concentra poder, pero cada crisis evidencia que ese poder está fragmentado. Presume unidad, pero vive en disputa. Presume control, pero improvisa. Presume gobierno, pero muchas veces administra contradicciones.
La Cuarta Transformación corre el riesgo de convertirse en la Cuarta Confusión.
Mientras ellos deciden quién manda sobre quién, México sigue esperando resultados. La violencia no espera. Los desaparecidos no esperan. Las familias que viven con miedo no esperan. La falta de medicamentos no espera. Los problemas económicos no esperan.
Los ciudadanos no pueden poner su vida en pausa mientras Morena resuelve sus pleitos internos. Ése es el verdadero costo del desgobierno.
Un gobierno puede sobrevivir a una crisis política. Lo que no puede hacer es acostumbrarse a gobernar desde la crisis. Gobernar no es cambiar de postura cuando cambia el costo político, no es publicar un desplegado, no es deslindarse después. Gobernar es decidir y asumir la responsabilidad.
Hoy Morena tiene una paradoja. Tiene más poder que nunca. Pero no queda claro quién controla ese poder. Tiene mayorías, gobiernos estatales, instituciones bajo su influencia. Pero cada conflicto revela nuevos grupos, nuevas lealtades y nuevos centros de decisión. Y eso es peligroso.
Porque un país no puede gobernarse mediante llamadas, mensajes, filtraciones y rectificaciones. México necesita una ruta. Necesita decisiones claras, responsables claros y necesita una presidenta que no sólo tenga el cargo, sino el control.
Claudia Sheinbaum debe responder una pregunta que cada día es más difícil ignorar: ¿Manda ella? ¿Mandan los gobernadores? ¿Mandan las tribus de Morena? ¿Manda Palenque? ¿O cada decisión depende de quién tenga más fuerza en ese momento?
Porque una presidenta que manda sólo cuando la dejan, no termina de mandar. Y mientras Morena decide quién gobierna a Morena, México sigue esperando saber algo mucho más importante: ¿Quién gobierna México?
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¿Quién manda y quién gobierna?

¿Quién está educando hoy a nuestros hijos? Durante años pensamos que la respuesta era sencilla: la familia, la escuela y la comunidad. Hoy ya no. Hoy también educa un algoritmo. Uno que no conocemos, que no elegimos y que no rinde cuentas ante las familias. Un algoritmo decide qué aparece en la pantalla de un niño, qué contenido se repite, cuánto tiempo permanece conectado y qué conversación, imagen o mensaje se le presenta después.
Y mientras las familias intentan proteger a sus hijos, las escuelas enfrentan nuevos desafíos y los gobiernos discuten cómo responder, hay una pregunta que no podemos seguir evadiendo: ¿quién vigila a quienes tienen la capacidad de influir todos los días en la formación de millones de niñas, niños y adolescentes? Porque el problema ya no es únicamente cuánto tiempo pasan nuestros hijos frente a una pantalla. El problema es qué hay detrás de esa pantalla.
Ahí hay oportunidades extraordinarias para aprender, crear, informarse y comunicarse. Pero también existen riesgos que hace algunos años ni siquiera imaginábamos: acoso sexual, contacto con adultos que buscan engañar a menores, contenidos violentos o peligrosos, extorsión, manipulación mediante Inteligencia Artificial y, en casos particularmente graves, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales.
Los datos obligan a tomar este debate con absoluta seriedad. Alrededor de 1.6 millones de menores en México han sufrido algún tipo de abuso sexual facilitado por internet o redes sociales. Y frente a esta realidad, seguir diciendo que todo depende de las familias sería una respuesta cómoda, pero insuficiente.
Por supuesto que madres y padres tienen una responsabilidad fundamental. Pero ninguna familia puede enfrentar sola un ecosistema digital construido con enormes recursos tecnológicos y económicos, cuyos sistemas están diseñados para captar, retener y multiplicar nuestra atención. Por eso el debate debe cambiar.
No podemos limitarnos a preguntar cuánto tiempo pasan nuestros hijos conectados. Tenemos que preguntarnos qué ven, por qué lo ven, quién decide mostrárselo y quién asume la responsabilidad cuando ese sistema provoca daños.
La respuesta no puede ser simplemente prohibir por prohibir ni convertir la protección en vigilancia. Tampoco podemos seguir dejando que las grandes plataformas se autorregulen mientras el Estado llega tarde y las familias intentan resolver solas un problema que las rebasa. Proteger a la infancia exige reglas claras, responsabilidades compartidas y decisiones de Estado. En Jalisco entendimos que este debate no podía esperar.
Por eso quiero reconocer el trabajo que desde septiembre del año pasado ha impulsado el diputado Julio Hurtado, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, con una iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales y escolares.
La propuesta plantea establecer límites para que los menores de 16 años no puedan abrir cuentas en redes sociales y obligar a las plataformas a implementar mecanismos efectivos para verificar la edad de sus usuarios. También propone restringir el uso de celulares en las escuelas de educación básica, para recuperar espacios donde la prioridad sea aprender, convivir y desarrollarse. No se trata de una ocurrencia ni de una batalla contra la tecnología. El mundo entero está discutiendo este mismo problema.
Australia ya avanzó con restricciones para menores de 16 años. Francia aprobó medidas para limitar el acceso de menores de 15 años. Otros países han abierto el debate sobre verificación de edad, supervisión parental y obligaciones directas para las empresas tecnológicas.
La tendencia es clara: la infancia digital dejó de ser solamente un asunto privado de las familias. Se ha convertido en un desafío de derechos, educación, seguridad y responsabilidad pública. Pero hay algo que debemos subrayar: regular no puede significar trasladar toda la responsabilidad a los niños, a los adolescentes o a sus padres.
Si una plataforma utiliza algoritmos diseñados para mantenernos conectados, recomendar contenidos y prolongar el tiempo de uso, entonces esas empresas también deben asumir responsabilidad sobre los riesgos previsibles de su propio modelo. La protección debe comenzar desde el diseño.
Privacidad por defecto para menores. Mecanismos de denuncia accesibles y eficaces. Respuesta inmediata ante contenidos ilícitos. Mayor transparencia sobre los sistemas de recomendación. Herramientas reales para madres, padres y personas cuidadoras. Y, sobre todo, la obligación de que las plataformas entiendan que cuando sus servicios llegan a niñas, niños y adolescentes, ya no pueden actuar como si fueran simples intermediarias sin responsabilidad alguna.
En Jalisco ya dimos un primer paso. La iniciativa impulsada por Acción Nacional fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado y enviada al Congreso de la Unión. Ahora corresponde a las diputadas y diputados federales analizarla, discutirla y dictaminarla.
No puede terminar guardada en un cajón. Por eso es importante insistir en el exhorto presentado nuevamente por el diputado Julio Hurtado. Porque las familias mexicanas necesitan respuestas concretas, no discursos que aparecen cuando el daño ya está hecho.
Y qué bueno que este tema también haya sido colocado sobre la mesa desde el Gobierno de México. La protección de nuestros hijos no debería convertirse en una competencia por ver quién se lleva el crédito. Si existe una propuesta que puede contribuir a proteger a la infancia, lo responsable es discutirla, mejorarla y construir acuerdos.
Desde Acción Nacional tenemos claro que hay causas que deben estar por encima de cualquier cálculo partidista. La defensa de nuestras niñas, niños y adolescentes es una de ellas. Gobernar también significa anticiparse. Significa no esperar a que una generación pague las consecuencias de nuestras omisiones para entonces reaccionar. Significa reconocer que el mundo cambió y que nuestras leyes, nuestras escuelas y nuestras instituciones deben cambiar con él.
Nuestros hijos necesitan familias acompañadas, escuelas con reglas claras, educación digital y plataformas que asuman la responsabilidad que les corresponde. Porque mientras nosotros discutimos quién tiene la competencia o quién presenta la iniciativa, alguien más ya está influyendo en la vida de nuestros hijos todos los días. Y ese alguien es un algoritmo. La pregunta es si vamos a seguir permitiendo que opere sin responsabilidades. Proteger a nuestros hijos también es gobernar.
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El algoritmo también educa a nuestros hijos

Hay algo profundamente contradictorio en la política mexicana de nuestros días: quienes durante años hicieron de la crítica al poder una bandera, hoy parecen considerar intolerable que alguien los cuestione.
Morena dice defender la libertad de expresión. Dice que la mañanera es un espacio de comunicación directa con el pueblo, de transparencia y de rendición de cuentas. Dice, incluso, que quienes cuestionan ese espacio quieren “silenciar” al gobierno.
Pero entonces surge una pregunta muy sencilla: Si la mañanera es realmente un ejercicio de diálogo democrático, ¿por qué Morena se opone a que quienes son señalados desde ese espacio tengan derecho a responder?
El PAN ha planteado algo que debería ser elemental en cualquier democracia: que si desde el micrófono presidencial se menciona a una persona, se le acusa o se difunde información incorrecta sobre ella, tenga derecho a réplica. No estamos pidiendo que se calle a la presidenta. Estamos pidiendo exactamente lo contrario: que la palabra del poder pueda ser contrastada.
El propio gobierno federal pretende establecer reglas para proteger los derechos de las audiencias en los medios de comunicación. Perfecto. Pero entonces la primera pregunta que deberían hacerse es: ¿quién protege a los ciudadanos cuando es el propio gobierno federal el que los señala?
Porque si un medio tiene obligaciones frente a sus audiencias, el poder público también debe tenerlas frente a los ciudadanos. Eso es rendición de cuentas. Eso es libertad de expresión. Eso es democracia.
Lo que no es democracia es que desde un espacio financiado con recursos públicos se pueda señalar a una persona y que esa persona no tenga la misma posibilidad de responder. Y aquí aparece la verdadera hipocresía.
Morena sostiene que la mañanera “rompió el monopolio de la información”. Pero parece que lo único que cambió fue quién ocupa el micrófono.
Antes criticaban que el poder hablara desde arriba y no escuchara a la sociedad. Hoy defienden que el poder tenga la última palabra y, cuando alguien exige responder, lo acusan de querer censurar.
No se puede pedir libertad de expresión cuando se está en la oposición y después pretender limitarla cuando se está en el gobierno. Claudia Sheinbaum lo sabe mejor que nadie.
Antes de ser presidenta fue una joven universitaria que participó en un movimiento estudiantil que cuestionó decisiones de la autoridad y exigió ser escuchado. Ella conoce el valor de organizarse, protestar, disentir y levantar la voz frente al poder.
Por eso la pregunta no es histórica. Es política: ¿en qué momento la joven que cuestionaba al poder decidió que el poder ya no debía ser cuestionado?
Porque una cosa es ejercer la autoridad y otra muy distinta creer que ejercerla otorga el monopolio de la verdad. Y cuando un gobierno comienza a confundir la crítica con una agresión, la pregunta deja de ser quién tiene razón.
La pregunta es quién tiene el poder suficiente para imponer su versión. Eso es justamente lo que está en juego. Y aquí no podemos dejar fuera a quienes, desde otros partidos, han decidido acompañar esta lógica. Porque Morena no está solo.
En Jalisco hemos visto cómo Movimiento Ciudadano se presenta ante los ciudadanos como una alternativa, como una fuerza distinta, como un contrapeso. Pero cuando llega el momento de defender instituciones y principios frente al poder, demasiadas veces termina votando y actuando en la misma dirección que Morena.
Eso también es una forma de hipocresía política. No basta con decir que eres oposición. Hay que comportarse como oposición cuando el poder pretende pasarse de la raya.
Un contrapeso que acompaña al poder deja de ser contrapeso. Y un partido que critica a Morena en el discurso, pero lo valida cuando se trata de concentrar decisiones, debilitar controles o reducir los espacios de escrutinio público, termina siendo parte del mismo problema.
Por eso, desde Acción Nacional hemos decidido dejar de ser espectadores. No vamos a aceptar que se pretenda presentar como censura algo tan democrático como exigir derecho de réplica. No vamos a aceptar que se confunda comunicación gubernamental con propaganda. No vamos a aceptar que se utilicen recursos públicos para descalificar a quienes piensan distinto sin permitirles defenderse.
Y tampoco vamos a aceptar que quienes acompañan estas decisiones pretendan después presentarse ante los ciudadanos como sus contrapesos.
La democracia no consiste en que el gobierno tenga un micrófono. Consiste en que nadie tenga el monopolio de la palabra. La democracia no consiste en que el poder pueda responder. Consiste en que el ciudadano también pueda hacerlo. Por eso esta discusión va mucho más allá de una mañanera.
Estamos hablando de qué clase de país queremos construir. Uno donde el gobierno pueda señalar y nadie pueda responder. O uno donde incluso la presidenta de la república tenga que aceptar que su palabra, como la de cualquier otra persona, puede ser cuestionada, contrastada y, cuando sea necesario, corregida.
En Acción Nacional tenemos claro de qué lado estamos. Del lado de la libertad. Del lado de la crítica. Del lado de los contrapesos. Del lado de quienes no tienen un micrófono presidencial, pero sí tienen algo mucho más importante: el derecho a hablar.
Porque el problema nunca ha sido que el poder tenga voz. El verdadero problema comienza cuando el poder cree que su voz debe ser la única que se escuche. Y ahí sí, que quede claro: Morena podrá tener la mañanera. MC podrá seguirle haciendo segunda. Pero la ciudadanía no les pertenece.
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La hipocresía de quienes antes exigían libertad

Hay libertades que una democracia no puede darse el lujo de poner en riesgo; una de ellas es, sin duda, la libertad de expresión. Porque cuando un gobierno comienza a decidir qué se puede decir, quién puede decirlo y qué opiniones son aceptables, deja de gobernar para empezar a controlar.
Es de preocuparse el rumbo que ha tomado la llamada Ley Censura impulsada por el gobierno federal de Morena, más allá del discurso oficial que pretende justificarla como un mecanismo para proteger a las audiencias, lo que realmente se está construyendo es un modelo donde el poder político amplía su capacidad para vigilar, corregir y eventualmente castigar el contenido de los medios de comunicación.
El problema no es la defensa de las audiencias, es que el Estado pretende colocarse en la posición de decidir qué información es &#8220;falsa&#8221;, qué opinión resulta &#8220;aceptable&#8221; y qué medio merece ser sancionado.
Ningún gobierno que ha limitado las libertades comenzó cerrando periódicos o apagando estaciones de radio de un día para otro. Primero llegan los reglamentos, después los lineamientos, más tarde las sanciones administrativas y, finalmente, el silencio. La censura rara vez aparece con estridencia; normalmente se presenta disfrazada de trámites, de multas, de inspecciones y de una constante amenaza para quienes resultan incómodos al poder.
Los periodistas mexicanos conocen perfectamente ese mecanismo, lo han vivido durante décadas y saben que el mayor enemigo de una prensa libre no siempre es la censura abierta, sino el miedo permanente a las represalias; por eso resulta todavía más preocupante la reciente declaración de la presidenta de la república cuando afirmó: &#8220;Si quisiéramos censurar, ya lo habríamos hecho&#8221; y lejos de tranquilizar, esa frase enciende las alarmas.
Cuando desde la presidencia se reconoce que el Estado cuenta con los instrumentos para ejercer ese control, el mensaje que reciben periodistas, comunicadores y medios críticos es profundamente preocupante: la censura deja de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad cuya aplicación dependería únicamente de la voluntad de quien ocupa el poder y mientras el gobierno concentra sus esfuerzos en regular a los medios, la realidad golpea con toda su crudeza.
En los primeros siete meses del año, siete periodistas han sido asesinados en México, siete voces silenciadas, siete familias destruidas, siete recordatorios de que ejercer el periodismo continúa siendo una de las profesiones más peligrosas del país.
Frente a esa tragedia, resulta indignante que el gobierno federal dedique más tiempo a diseñar mecanismos para supervisar el trabajo de los medios que a garantizar la vida y la seguridad de quienes informan. Los periodistas no necesitan tutores políticos, necesitan protección, justicia y condiciones para ejercer su labor con libertad.
La experiencia internacional también debería servirnos de advertencia: Venezuela nos enseñó que el deterioro de una democracia no comienza cuando se clausura un canal de televisión, empieza mucho antes, cuando el poder desacredita sistemáticamente a la prensa, divide a los medios entre aliados y enemigos y construye instrumentos legales para controlar la conversación pública.
Ese libreto ya lo conocemos y desde el PAN Jalisco seremos firmes en la defensa de una de las libertades más importantes de cualquier sociedad democrática; defenderemos el derecho de los medios de comunicación a investigar, cuestionar, denunciar y señalar los errores del poder sin miedo a represalias, porque el periodismo libre no es un privilegio de quienes ejercen la profesión, es un derecho de todos los ciudadanos a estar informados.
Debemos recordar que cuando una sociedad deja de escuchar a una prensa crítica, termina escuchando únicamente la voz del gobierno y ese nunca puede ser el destino de una democracia.
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Morena y la Ley Censura

Imagínese un país donde el gobierno modifica las leyes para concentrar más poder. Donde la independencia del Poder Judicial comienza a diluirse. Donde las instituciones encargadas de impartir justicia parecen actuar con mayor rapidez contra los opositores que contra quienes gobiernan. Donde, además, se presentan nuevas reglas para &#8220;proteger&#8221; a las audiencias, pero que podrían convertirse en una herramienta para vigilar o inhibir la libertad de expresión.
Ahora hágase una pregunta: ¿ese escenario pertenece a la Venezuela de hace algunos años&#8230; o al México de hoy?
Porque las democracias no suelen desaparecer de un día para otro. Se erosionan lentamente. Primero se debilitan los contrapesos. Después la justicia comienza a utilizarse de manera selectiva. Más tarde se intenta regular la conversación pública bajo el argumento de proteger derechos. Y cuando la sociedad reacciona, el poder ya ha concentrado suficientes instituciones para volverse prácticamente incontestable.
Eso es lo que hoy preocupa a los mexicanos.
El caso de Ernesto Ruffo Appel no debe analizarse únicamente como el proceso judicial de un exgobernador. Debe entenderse como parte de un contexto mucho más amplio: el riesgo de que la justicia deje de ser igual para todos y comience a distinguir entre quienes respaldan al gobierno y quienes representan una voz crítica.
En Acción Nacional sostenemos un principio inamovible: nadie puede estar por encima de la ley. Quien cometa un delito debe responder ante la justicia. Pero ese mismo principio obliga a exigir que la ley se aplique con el mismo rigor para todos.
Porque mientras observamos procesos que avanzan con rapidez cuando involucran a figuras de oposición, también existen señalamientos públicos que durante los últimos años han recaído sobre personajes del oficialismo, como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, relacionados con presuntos vínculos con grupos del crimen organizado o investigaciones que, por su gravedad, ameritarían el mismo nivel de determinación institucional.
Sin embargo, la percepción ciudadana es otra. Pareciera que la velocidad de la justicia cambia dependiendo del partido político al que pertenezca la persona investigada. Y cuando la ley tiene dos velocidades, deja de ser justicia.
Ese es el verdadero riesgo de la justicia selectiva: no castiga únicamente a un adversario político; envía un mensaje a todos los demás. El mensaje de que disentir puede tener consecuencias.
Además, el gobierno federal ha puesto a consulta los nuevos lineamientos sobre los llamados derechos de las audiencias. En el discurso se presentan como un mecanismo para proteger a la ciudadanía; en los hechos, existe el riesgo de que se conviertan en una vía para intervenir en la libertad editorial de los medios de comunicación.
La historia de América Latina demuestra que ningún gobierno con vocación autoritaria anuncia que censurará a la prensa. Habla de regulación. Habla de combatir la desinformación. Habla de proteger derechos. Así comienzan los procesos de control sobre la conversación pública.
Por eso estos hechos no deben analizarse por separado. La reforma judicial, la percepción de una justicia selectiva y los nuevos lineamientos para las audiencias forman parte de una misma preocupación: la concentración del poder. Ese fue el riesgo que muchos advertimos desde el inicio.
Porque hoy puede tratarse de un opositor político. Mañana podría ser un periodista incómodo. Después un medio de comunicación. Más adelante una organización de la sociedad civil. Y eventualmente cualquier ciudadano que decida cuestionar al poder.
La democracia no desaparece cuando un gobierno gana una elección. Comienza a debilitarse cuando ese gobierno deja de aceptar los límites que le impone la propia democracia.
México todavía está a tiempo de evitar esa ruta. Pero para lograrlo será indispensable defender la independencia de la justicia, la libertad de expresión y el derecho de todos los mexicanos a disentir sin miedo.
Porque cuando el poder concentra la justicia, la palabra y las instituciones, ya no gobierna una democracia plena: gobierna un proyecto que deja de tener contrapesos.

Justicia selectiva: el peligro de un gobierno que decide a quién perseguir

Después de nueve años de gobiernos de Movimiento Ciudadano, los jaliscienses ya no quieren escuchar explicaciones, mucho menos les interesa seguir viendo cómo las autoridades reparten culpas mientras la crisis del agua continúa agravándose. La realidad es muy simple, quien gobierna tiene la responsabilidad de resolver los problemas, no de administrarlos con discursos.
El acceso al agua es uno de los servicios públicos más importantes para cualquier familia, sin embargo, miles de hogares en Jalisco han enfrentado durante meses desabasto, mala calidad del agua e incluso agua sucia en sus hogares y frente a esta realidad, la ciudadanía espera decisiones, no justificaciones.
Desde Acción Nacional tenemos claro que el papel de la oposición no es solamente señalar los errores del gobierno, sino también construir soluciones, por ello estamos revisando con seriedad el plan hídrico presentado por el gobierno del Estado. Lo hacemos con responsabilidad, porque entendemos la magnitud del problema y la necesidad de encontrar alternativas viables. Incluso, una de las propuestas que hoy se encuentran sobre la mesa, como el “bypass” del acueducto Chapala, es una alternativa que Acción Nacional impulsó desde hace tiempo y cuando una propuesta beneficia a Jalisco, lo importante no es quién la presenta, sino que realmente contribuya a resolver un problema que afecta diariamente a miles de ciudadanos.
También debemos ser claros, no podemos autorizar proyectos millonarios sin conocer a detalle cómo se ejercerán los recursos públicos; hoy todavía no sabemos cuánto costará el proyecto, en qué se invertirá el dinero de los jaliscienses ni cuáles serán los tiempos para entregar resultados. Por eso exigimos transparencia, los ciudadanos tienen derecho a conocer el costo real de las obras, la forma en que se administrará el presupuesto y los indicadores que permitan evaluar si las soluciones realmente funcionaron, porque gobernar también significa rendir cuentas.
Mientras llegan esas soluciones de largo plazo, no podemos ignorar a quienes durante meses han pagado puntualmente por un servicio deficiente. Es profundamente injusto que una familia reciba agua sucia o de mala calidad y aun así tenga que cubrir el costo total de su recibo como si hubiera recibido un servicio eficiente. Por ello, desde Acción Nacional presentamos una iniciativa para que quienes reciben agua sucia obtengan un descuento del 80 por ciento en su recibo. Además, proponemos un reembolso retroactivo del 80 por ciento para quienes pagaron desde diciembre de 2024 por un servicio que claramente no cumplió con los estándares que merecen los jaliscienses.
No se trata de un beneficio político, se trata de un acto de justicia para miles de familias que durante meses han soportado las consecuencias de un servicio deficiente sin recibir una compensación. En Acción Nacional estamos del lado de la gente, nos corresponde vigilar cada peso del presupuesto, exigir resultados y presentar propuestas que realmente mejoren la calidad de vida de las familias de Jalisco. Porque el problema del agua no se resolverá con más discursos ni con el reparto de culpas, se resolverá con responsabilidad, transparencia y soluciones concretas. ¡Eso es lo que hoy esperan los ciudadanos y eso es lo que merece Jalisco!

El agua, los pretextos y los discursos

Hay preguntas que el gobierno de Morena simplemente no quiere responder. Y prefiere hablar de soberanía, de campañas en su contra o de supuestas conspiraciones internacionales antes que enfrentar los hechos, pero por más que intenten cambiar la conversación, hay una pregunta que seguirá presente, ¿y el Rocha?
Mientras la presidenta insiste en que hacen falta pruebas para actuar, resulta todavía más preocupante conocer que, cuando las pruebas llegan desde Estados Unidos, el propio gobierno mexicano decide esconderlas y la decisión de la Fiscalía General de la República de reservar por cinco años la información relacionada con este caso, no fortalece la confianza en las instituciones, la destruye.
Los mexicanos tienen derecho a preguntarse por qué se reserva información que podría aclarar señalamientos tan delicados. ¿A quién protege esa reserva? ¿Por qué esperar cinco años para conocer información que hoy podría ayudar a esclarecer responsabilidades? La transparencia no puede aplicarse únicamente cuando conviene políticamente.
México necesita instituciones que investiguen, no instituciones que administren el silencio y las consecuencias ya comienzan a sentirse mucho más allá del terreno político.
La incertidumbre también tiene un costo económico, ya que cuando existe la percepción de que las instituciones no actúan con autonomía o que existen dudas sobre el combate al crimen organizado, la confianza de los inversionistas se deteriora. No es casualidad que compañías como Toyota hayan anunciado ajustes en sus procesos productivos trasladando parte de sus operaciones de Tijuana hacia Texas, y tampoco es menor que Estados Unidos haya optado por revisar de manera anual el T-MEC.
Pero mientras el gobierno federal evita responder esas preguntas, en Jalisco ocurre otro hecho que debería preocuparnos profundamente, y es que hace unos días se llevó a cabo un simulacro de operativo preventivo ante posibles narcobloqueos y más allá de la intención preventiva, el mensaje que recibe la sociedad resulta inquietante.
En México estamos llegando al punto de normalizar la violencia como si se tratara de un fenómeno natural y así como realizamos simulacros por sismos o incendios, ahora comenzamos a prepararnos para posibles acciones del crimen organizado. ¿De verdad ese es el país que queremos heredar?
Porque una cosa es prevenir y otra muy distinta, aceptar como inevitable que los narcobloqueos formen parte de la vida cotidiana. Eso representa una claudicación del Estado; es el reconocimiento tácito de que la amenaza del crimen organizado es permanente y de que la autoridad se prepara para reaccionar, en lugar de impedir que esos hechos ocurran.
Resulta inevitable preguntarse por qué este ejercicio se realiza precisamente en Jalisco, un Estado gobernado por Movimiento Ciudadano que, durante años, ha mostrado resultados insuficientes en materia de seguridad, Jalisco es primer lugar en personas desaparecidas, en fosas clandestinas y por eso nos podemos preguntar, ¿se trata únicamente de un protocolo preventivo o las autoridades conocen escenarios que no han informado a la ciudadanía?
Hoy, México enfrenta dos crisis que se alimentan entre sí: una crisis de seguridad y una crisis de confianza institucional. Cuando las autoridades reservan información sensible, cuando protegen políticamente a sus aliados y cuando la violencia comienza a asumirse como parte de la normalidad, quienes pierden son las familias mexicanas.
Porque ningún país puede aspirar al desarrollo mientras protege a los poderosos y acostumbra a sus ciudadanos a vivir con miedo.

El regreso de Rocha y los simulacros en Jalisco

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Lista para seguir cuidando de Guadalajara

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El Segundo Informe de la Presidenta

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Arranque el proceso electoral en Jalisco

Mi pecho no es bodega

Hay momentos que desnudan a un gobierno más que cualquier informe. La visita de Claudia Sheinbaum a Jalisco fue uno de ellos.
Mientras desde la comodidad de un escenario, con una planificación meticulosamente cuidada para tener el show controlado y decir los supuestos logros de la Cuarta Transformación, fuera del telón no pudieron contra la realidad: familias buscando a sus desaparecidos, ciudadanos preocupados por la inseguridad y un Estado que todavía carga las consecuencias de la violencia. Y entonces vino el abucheo.
Abucheo de ciudadanos ejerciendo un derecho, el de la libertad de expresión. Y la respuesta de la presidenta solo confirmó algo que en Morena ya parece una costumbre: miente y polariza.
Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia por Morena, pero no entendió que gobernar es para todos los mexicanos. Cada vez resulta más evidente que su prioridad sigue siendo defender a la 4T, no escuchar a los ciudadanos. Proteger a ‘políticos’ corruptos, con vínculos con el crimen organizado u otro delito. Basta con decir ‘Andy’, hijo del padre político de Sheinbaum, quien tiene escándalos de huachicol.
Porque un informe de gobierno debería rendir cuentas, no funcionar como mitin partidista.
¿Cómo hablar de éxito cuando miles de familias siguen esperando respuestas por sus desaparecidos? ¿Cómo presumir avances cuando el crimen organizado ha demostrado su capacidad para paralizar regiones enteras? ¿Cómo hablar de bienestar mientras millones de mexicanos enfrentan inseguridad, falta de servicios y un futuro incierto?
Esos son los otros datos. Los que no caben en el escenario. Y Jalisco no se deja engañar.
El Gobierno de México puede intentar controlar el discurso, pero no puede borrar lo que viven las familias. Puede llenar plazas, pero no puede llenar los vacíos que dejan los desaparecidos. Puede hablar de transformación, pero no puede transformar la realidad con propaganda.
Lo ocurrido en Jalisco dejó una conclusión política muy clara: cuando el poder se siente cuestionado, Morena no escucha; Morena confronta.
Desde Acción Nacional vamos a seguir haciendo lo contrario: señalar lo que está mal, defender a quienes no tienen voz y exigir resultados.
Si Morena no quiere escuchar el reclamo de los ciudadanos, tendrá que enfrentar algo mucho más contundente: su voto en 2027.

Morena y sus mentiras en Jalisco