Quince minutos bastaron para que el mundo entendiera que ninguna potencia, por robusta que sea su infraestructura militar, está exenta de la violencia extremista. Aquel 11 de septiembre, cuando Al Qaeda derribó las Torres Gemelas de Nueva York, no solo cayeron dos edificios, se derrumbó también la ilusión de que la seguridad nacional podía blindar por completo a una sociedad abierta. Un cuarto de siglo después, esa lección sigue vigente, y conviene repasarla no como anécdota histórica, sino como advertencia activa para cualquier país, no únicamente Estados Unidos.
El terrorismo demostró entonces —y lo sigue haciendo hoy en otras latitudes— que la vulnerabilidad social es una condición estructural del mundo interconectado, no un accidente geográfico. Ninguna sociedad, por desarrollada o vigilada que esté, puede considerarse inmune.
La respuesta institucional más visible fue la transformación radical de los protocolos de seguridad, sobre todo en los aeropuertos. Todos hemos pasado por estos protocolos y largas filas. Los controles biométricos, las restricciones de líquidos, los escáneres corporales y la cooperación de inteligencia entre países se normalizaron como parte del viaje cotidiano.
Ese cambio, aunque incómodo, revela algo más profundo: la seguridad dejó de ser un asunto exclusivamente nacional para convertirse en una responsabilidad compartida entre gobiernos.
Sin embargo, blindar aeropuertos no basta si no se fortalece, en paralelo, la armonía social como antídoto contra la radicalización. Aquí es donde el derecho internacional enfrenta su prueba más exigente: se requieren marcos jurídicos más estrictos y efectivamente aplicables contra los Estados que financian, albergan o toleran organizaciones terroristas, para que la impunidad deje de ser un incentivo.
Cabe entonces preguntarse qué futuro nos espera si, como sociedad global, decidiéramos recapacitar. La respuesta no es ingenua: no se trata de eliminar el conflicto, sino de redirigir las prioridades. La industria bélica, que durante dos décadas encontró en el terrorismo una justificación inagotable para expandirse, debería reorientar una parte sustancial de sus recursos hacia la prevención —inteligencia, diplomacia, desarrollo social— y no solo hacia la motivación de nuevas confrontaciones armadas. Aquí está la tarea si es que queremos un mundo mejor.
Veinticinco años después, el mensaje más duradero del 11-S no es el miedo, sino la constatación de que la seguridad genuina se construye colectivamente. La memoria de las víctimas exige algo más que solemnidad: exige que la comunidad internacional convierta la lección en política pública sostenida, antes de que otra fecha se sume al calendario del duelo compartido. No dejemos que esto pase.
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