Laura Haro Ramirez

El Segundo Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en términos reales, no dista tanto de los siete informes pasados, dictados desde los gobiernos morenistas. Programas sociales como el eje rector y culpas al pasado.
El medio de comunicación Verificado MX, especializado en la verificación de hechos para combatir la desinformación, revisó el ejercicio y localizó algunos dichos falsos, imprecisos y engañosos sobre la administración federal en este Segundo Informe de gobierno del pasado 1 de septiembre. A continuación, algunas de las afirmaciones, cifras y premisas.
“En 2025 los ingresos del gobierno federal alcanzaron una cifra histórica de 6 billones 046 mil millones de pesos; esto significa 487 mil millones de pesos más que engañosos 2024”. Esta afirmación resulta falsa, pues la suma de los ingresos del gobierno federal en 2025 fueron 5 billones 672 mil 186.8 millones de pesos.
Acerca de las gasolinas, la presidenta dijo: “no ha aumentado el precio de la gasolina regular, ni del diésel y 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12% en términos reales”. Lo cierto es que entre 2024 y 2025 la variación real de la canasta básica alimentaria urbana y la canasta básica alimentaria rural ha sido de 1.69% y 1.62% respectivamente, aumentos que distan de la baja porcentual propuesta por la presidenta.
En materia de salud, la presidenta aseguró que “en el periodo del neoliberalismo de 1983 a 2018 solo se agregaron 4 mil camas de hospital”. Datos históricos del Sector Salud contradicen esta afirmación, pues entre 1982 y 2018, el total de camas hospitalarias pasó de 59,066 a 85,656, resultando 26,590 camas adicionales en este periodo y no las 4 mil dichas por la mandataria.
Así mismo, detalló que “se contratan el doble de médicos especialistas cada año, comparado con el periodo neoliberal”. Y para ello una comparación: en el sexenio de Vicente Fox se contrataron un promedio de 3 mil 174 médicos especialistas por año, en el de Felipe Calderón fueron 3 mil 114 por año, en el de Peña Nieto 3 mil 629 por año, y en el sexenio de López Obrador la cifra cayó a 2 mil 884 médicos especialistas por año. Y por igual dijo que ningún hospital carece de medicamentos para tratamiento del cáncer.
En cuanto a la seguridad, declaró que se ha logrado 51% de disminución en homicidios dolosos desde que arrancó su sexenio, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. La afirmación es engañosa, pues si bien el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública afirma que hay una disminución en lo que va del presente sexenio, esta no es del 51% sino del 48.03%, lo que equivale a 36.64 homicidios menos por día.
La presidenta dijo también que se respeta plenamente la libertad de expresión y manifestación. La organización Artículo 19 registró en 2025, 451 agresiones contra la prensa, y basta con recordar las listas del gobierno de políticos y periodistas incómodos, o la represión en manifestaciones como la de la Generación Z, para reconocer que este dicho es falso.
Informar a la ciudadanía requiere transparencia, carácter y resultados o bien, un diagnóstico de la ausencia de los mismos. De otra forma, el ejercicio es un simple mitin partidista.

Laura Haro

Un informe con falsedades, engaños e imprecisiones

Los periodistas dedicados a los grandes artículos de investigación siempre repiten la misma idea: para llegar a la verdad hay que seguir el rumbo del dinero. Este gobierno de Morena y el anterior, han hecho evidente esta verdad. Sus obras y también sus omisiones han resultado en pérdidas billonarias para el país; basta con mencionar algunas para conocer una verdad ineludible: Morena es una máquina hípereficiente para desaparecer el dinero de las y los mexicanos.
La obra emblemática de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, que significó además la devastación de la selva del Sureste mexicano, opera en número rojos. Hasta junio del 2026 acumulaba 14 mil 104 millones de pesos en gastos y pérdidas, mientras que únicamente había obtenido mil 60 millones de pesos en ingresos por venta de boletos y otros servicios, por lo que su permanencia está sujeta a subsidios públicos año con año.
A casi tres años del resurgimiento de la extinta Mexicana de Aviación, la participación de la aerolínea en el mercado aéreo nacional es de apenas el 1% en comparación con las aerolíneas comerciales del país, frente a los 38 mil millones de pesos que ha costado el capricho al erario. Analistas advierten que a finales del año las pérdidas económicas sean de 600 a 900 millones de pesos; y se estima que sus pérdidas diarias ascienden a 2.5 millones de pesos.
Por otro lado, la empresa Litio MX, nacida tras el rechazo de la reforma eléctrica, reporta cero proyectos de exploración y explotación de este mineral, que además pareciera tener el tiempo contado, pues vienen nuevas tecnologías como las baterías de sodio que ya se desarrollan en China; sin embargo, la paraestatal, pese a no haber extraído aún ni un gramo de litio, ha gastado 40 millones de pesos en nóminas para su personal.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mejor conocido como AIFA, después de cuatro años de operaciones, continúa dependiendo de subsidios federales para mantener su viabilidad. Con todo y el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol en México, este aeropuerto movilizó a 3.4 millones de pasajeros a lo largo de 6 meses, cuando la meta establecida había sido de 8.3 millones. Además, esta obra se prometió con un costo de 75 mil millones de pesos, pero su costo final fue de 115 mil millones, sin contar los costos emanados de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.
Y una de las joyas de la corona, la refinería de Dos Bocas, prometida en 8 mil millones de dólares, acumula al momento un costo de más de 21 mil millones de dólares, y alcanza apenas un ritmo de operación del 41% de su capacidad, y múltiples accidentes como incendios y explosiones en su haber.
Toda esta información puede consultarse en las publicaciones del periódico El Universal en su serie de artículos titulados Mega Obras Bajo la Lupa, a las que doy crédito.
Por último, el que es hasta hoy el mayor escándalo de corrupción en la historia de este país: el huachicol fiscal, que representa un daño al erario de hasta 600 mil millones de pesos por evasión de impuestos, robo y contrabando de combustibles, durante ambos sexenios, y en el que múltiples figuras y funcionarios de Morena han resultado involucrados. Este es el dinero que no regresa bajo los gobiernos morenistas.

El dinero que no regresa

Tras 112 días de permanecer apartado del cargo, el viernes Rubén Rocha Moya desafió, pisoteó y quemó prácticamente todo al regresar de forma burlesca y retadora a la gubernatura de Sinaloa. No volvió acompañado de su partido, ni por sus homólogos, mucho menos por el gobierno de México. Volvió solo, y su decisión le causó un terremoto de tal magnitud a Morena que sacudió a toda la estructura del poder.
Morena calificó su reincorporación como una decisión personal; la Secretaría de Gobernación recordó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación en su contra, los gobernadores guindas lo llamaron a actuar con madurez y responsabilidad, legisladores de su partido calificaron el momento como un cisma (una división o separación de una iglesia cuando las personas se apartan de la autoridad).
La hecatombe llegó el mismo día que una muy conveniente gripa atacó a la presidenta, misma que dijo haberse enterado de la decisión de Rocha por un tweet. El sábado, sin mencionar su nombre, la mandataria criticó que el ejercicio del poder sin principios lleva a la arrogancia, y la falta de límites deriva en abusos. Cualquier parecido con la realidad debe ser mera coincidencia.
Al final, las presiones surtieron efecto. Rubén Rocha duró solo un día en el cargo. El sábado volvió a solicitar licencia. Bien dicen que en política la forma es fondo; que un gobernador señalado de vínculos con la criminalidad reasuma el cargo sin informar a la presidenta no es una falla administrativa, es toda una fractura expuesta en el poder.
Quedará en incógnita si fueron las presiones de Morena y la presidenta las que hicieron rectificar a Rocha Moya, o si hubo alguna advertencia peligrosa desde las autoridades de Estados Unidos, que mantienen la versión más oscura del sinaloense. Lo que queda muy claro es que Morena cada vez debe dar más maromas para mantener a flote el movimiento.
En Sinaloa, Rocha se fue otra vez, pero el problema no se fue, sigue ahí, en Sinaloa, donde la guerra continúa. De acuerdo con el Consejo Sinaloense de Empresarios, en 2026 las extorsiones han aumentado en 94.4% mientras que el empleo se ha desplomado con 44 mil 451 personas desempleadas, al tiempo que en Culiacán la ciudadanía ha desplegado espectaculares exigiendo que dejen de matar a la gente.
Lo cierto es que Rubén Rocha pudo entrar y salir en un día por la libre, pudo pedir licencia y Morena ya descansa en haber contenido la que pudo haber sido la crisis de política internacional más fuerte de este sexenio, pero en Sinaloa la violencia y el miedo continúan, ahí no hay licencia ni presiones. Esto es Morena.

Rocha por la libre

Al más puro estilo de los regímenes fascistas de la historia, el gobierno de Morena presentó en las mañaneras del Palacio Nacional, el listado de sus mayores críticos y detractores. Por supuesto que la lista incluye a políticos de la oposición y líderes de opinión de distintos medios de comunicación que no se han entregado al poder. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, es quien encabeza la relación presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
¿Cómo se llega a algo como esto? Cuando imaginamos una democracia no pensamos en un gobierno que exhibe listas y nombres de sus ciudadanos críticos, esto viene cuando pensamos en una dictadura. Ahora, si nos basamos en aquello que tanto presumen los gobiernos de Morena, acerca de la aprobación de sus gobernantes, resultaría incongruente que el 80, 70, 60 por ciento de aprobación se traduzca en mano dura contra esas “minorías” quienes opinamos distinto.
Analizando las listas presentadas por Luisa María Alcalde, hay algo que me llama la atención, si bien aparecen los dirigentes nacionales del PRI y el PAN, Alejandro Moreno y Jorge Romero, la ausencia del dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, deja ver que este personaje y su partido no incomodan a Morena al grado de señalarlos, a pesar de ser un cobarde señalamiento. Y es que si recordamos todas aquellas votaciones en el Congreso de la Unión, en la que naranjas y guindas han sido uno mismo, podemos encontrar las razones del cariño, y del porqué Máynez es el consentido de Morena.
Ustedes que han llegado hasta este punto del texto, podrán hacer memoria, y con un gran esfuerzo mental, no podrán recordar ni un solo momento en el que algún gobierno del PRI o de los dos sexenios del PAN, se hubiese presentado un listado de personas no afines al poder, y vaya que los había; entonces la pregunta aquí es ¿en dónde sustenta Morena su ejercicio de gobierno?
A la par de este acontecimiento ocurre otro asunto vinculado al gobierno morenista, el reciente retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán, dado a conocer por él mismo en una ridícula carta dirigida al presidente Donald Trump desde Teapa, Tabasco, donde acusa a Marco Rubio y Christopher Landau, al que llama “el quita visa” por haber ordenado quitarle el permiso para ingresar a los Estados Unidos de América, sin embargo señaló que no desea visitar aquél país “en estos tiempos decadentes y lamentables”. Aunque parezca comedia, fueron sus palabras.
Ante este caso, la embajada estadounidense en México respondió que Estados Unidos cancela cualquier visa cuando existen razones para hacerlo, sea quien sea a quien se le retire. En el trasfondo político, son perfiles morenistas y aliados los que han sufrido el retiro del visado, y las acusaciones o señalamientos sobre sus vínculos con la criminalidad parecen razones suficientes para ello.
Al final del día, un listado desde el Palacio Nacional enciende las alertas sobre el camino que anda el país, pero no dobla a quienes tenemos la convicción que el presente no ha sido mejor que el pasado. La diferencia del listado de Estados Unidos, es que advierte sobre quiénes gobiernan México y les cierra las puertas de entrada a su nación.

El listado de Morena y el listado de Estados Unidos

El asunto de la seguridad es, sin duda, el más importante para las mexicanas y los mexicanos. Podemos verlo reflejado en encuestas, sondeos y en las mismas conversaciones de café, porque sencillamente, sin seguridad de poco o nada importa si hay empleo, agua o educación de calidad. Si nuestra integridad y la de nuestras familias no está garantizada, lo demás pasa a un plano secundario. El día de mañana tendremos el Foro Nacional de Seguridad y Paz México 2026, aquí en Jalisco, organizado por el PRI.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en el segundo trimestre de 2026, el 59.8% de la población de 18 años y más, vive con miedo en su ciudad. En Jalisco, prácticamente 8 de cada 10 personas mayores de edad viven con miedo en Guadalajara, y entre 5 y 7 personas padecen esta misma situación en el resto de municipios metropolitanos y en Puerto Vallarta.
Las cifras de la ENSU tienen su explicación en otras estadísticas oficiales que hacen una radiografía de cuerpo completo al fenómeno de la inseguridad en México y a nivel local. El mismo INEGI documenta que entre 2019 y 2025, periodo gobernado por Morena, se han registrado 232 mil 459 homicidios, y con las cifras preliminares del 2026, se acumulan hasta 241 mil casos. Si bien en 2025 se registra una disminución del 16%, el promedio diario de homicidios es de 76.6, cifra escalofriante.
Respecto a feminicidios, de acuerdo con datos oficiales, 10 mujeres son asesinadas cada día, sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cataloga únicamente 2 por día, lo que deja ver las fallas u omisiones que persisten en las fiscalías. En Jalisco, entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron al menos 32 víctimas de feminicidio.
En cuanto a desaparición de personas, alarman los recientes y crecientes casos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; en el primer semestre de 2026, desaparecieron en Jalisco 415 personas de entre 10 y 19 años. Son hasta 3 casos por día. En los registros hay 16 mil personas desaparecidas y no localizadas en el Estado. Y alarma mucho que continúen las inconsistencias entre el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
Otras explicaciones al fenómeno de la inseguridad tienen que ver con los bajos salarios de los elementos de las policías en México: de acuerdo con INEGI, el 48% reciben un salario menor a 10 mil pesos; por otro lado, abundan la corrupción; datos del INEGI también muestran que 7 de cada 10 personas que acudieron ante autoridades de seguridad en 2025 fueron víctimas de corrupción.
Una reciente encuesta de El Financiero publicada el 6 de julio, reportó que el gobierno de Claudia Sheinbaum está reprobado en seguridad, ya que sólo el 20% de los referidos aprueban el trabajo del gobierno federal en este ámbito, y un 68% lo califica como mal/muy mal. Como lo dije antes, sin seguridad todo lo demás pasa a un segundo plano.

Hablemos de seguridad

La semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, y al propio partido, bajar todas aquellas publicaciones en redes sociales en las que se refiere a Morena como narcopartido. A estas alturas del momento político conviene aclarar que lo dicho está dicho y no se puede borrar la verdad de un plumazo. Lo que es alarmante es el hecho de que el árbitro tomó partido.
Dicho de otro modo lo anterior, el problema de fondo no es la palabra; que Morena sea un narcopartido no tiene lugar a dudas, el problema es quién decide pasar por encima de la libertad de expresión de un senador de la república y de todo un partido político regido por principios, estatutos y órganos internos. El INE acaba de sobrepasar todos los límites posibles.
Por años, Morena ha lanzado acusaciones contra el PRI y su dirigencia, sin una intervención del Instituto Nacional Electoral. La diferencia reside en que en la batalla legal y jurídica ha quedado comprobado que todos y cada uno de estos señalamientos han resultado infundados. Del otro lado del tablero, numerosos morenistas enfrentan duras inculpaciones por parte de la justicia estadounidense, por sus vínculos con la criminalidad.
Adán Augusto y su jefe de seguridad, Hernán Bermúdez; Rubén Rocha, Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez, Américo Villarreal, Marina del Pilar y un largo etcétera de políticos y funcionarios de Morena, mantienen activo el interés de la DEA no necesariamente por sus grandes resultados al frente de sus encargos.
En este mismo contexto en el que se da la resolución del INE contra “Alito” Moreno y el PRI, el gobierno de México dio a conocer una serie de lineamientos sobre los “derechos de las audiencias”, contemplados en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que en los hechos, constituyen un paso muy peligroso hacia una dictadura, porque buscan censurar a concesionarios de radio y televisión.
Los lineamientos anunciados pretenden “evitar” la difusión de información falsa, garantizar la distinción entre noticia y opinión, distinguir entre publicidad y contenido, entre otros. La propia Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) calificó la medida como una regresión democrática, y la organización Artículo 19 dijo que los derechos de las audiencias no son para castigar ni perseguir.
En ambos casos lo que se observa es que Morena quiere borrar la verdad, callar las voces incómodas e imponer su propio relato de la realidad. Por nuestra cuenta, las y los priistas no nos vamos a doblar, ni nos van a intimidar. Ninguna resolución hará que dejemos de señalar a quienes le quieren ven la cara a este país. Podrán quitarnos una palabra, pero jamás nos arrebatarán la verdad de nuestras bocas.

Morena quiere borrar la verdad

La crisis del agua que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara ya no puede ser tratada como un asunto coyuntural; mucho menos como un tema de dimes y diretes entre partidos (ojo aquí, que no es lo mismo señalar con argumentos, que repartir culpas para no asumir responsabilidades). Porque mientras esto ocurre, miles de familias enfrentan todos los días la incertidumbre de un servicio turbio y maloliente.
En ese contexto, en el PRI en Jalisco hemos decidido tomar una posición distinta, alejada de la politiquería facilonga. Hablamos de una posición responsable, propositiva y con visión de Estado: dejar de lado el cálculo electoral y entrarle de lleno a lo que verdaderamente importa: las soluciones para resolver esta tremenda crisis. Y no, por supuesto que no estamos cayendo en ninguna ingenuidad, sabemos que antes de las soluciones están los diagnósticos y las voluntades, y después están los presupuestos.
Por eso propusimos al Senado de la República la creación de una comisión especial que permita conocer, con información pública, y verificar qué es lo que está sucediendo verdaderamente con el agua en nuestra ciudad.
Se requiere un diagnóstico serio sobre nuestras fuentes de abastecimiento, procesos de potabilización, conducción, almacenamiento y distribución. Necesitamos saber con precisión qué colonias, viviendas y personas están siendo afectadas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos habla de 650, aunque no hay un mapeo que diga cuáles y en dónde. Se necesita revisar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos, para determinar qué está funcionando y qué no.
Pero, sobre todo, necesitamos poner todo en acción. Esta misma semana viajaré a la Ciudad de México, acompañada de regidores metropolitanos y dirigentes municipales del PRI, para acudir ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a hacer un llamado a todas las fuerzas políticas del Poder Legislativo, al Gobierno federal, al Gobierno de Jalisco, a todos, a que dejemos de lado los colores, y le entremos de una vez por todas a resolver el problema.
Si queremos resolver esta crisis, el gobierno de Morena debe dar presupuestos justos para Jalisco. Ya no más esta disparidad de que por cada peso que recibe nuestro Estado, Tabasco recibe casi 40. También, si queremos resolver el problema, no basta con que las autoridades en Jalisco reconozcan la situación, deben asumir los costos políticos e institucionales que conlleva el haber hecho una mala gestión del agua y del SIAPA durante años.
Las personas que habitamos la Zona Metropolitana de Guadalajara, queremos agua de calidad, información oportuna, y transparencia respecto al servicio. No es que exijamos imposibles como agua traída de algún rincón interestelar, un servicio gratuito o agua que milagrosamente sane enfermedades. Queremos agua limpia y suficiente, punto.
Lo anterior puede leerse hasta obvio y básico, pero repito, no será posible si no le entramos todos. Por eso, el PRI Jalisco hace este llamado a construir una solución colectiva, sin culpas, pero también sin evasiones. Con especialistas, con información, con responsabilidad y con voluntad política.

Queremos agua, no culpas ni evasiones

Hoy escribo sobre un tema que parecería sacado de una película de ficción al estilo “Los juegos del hambre”, pero dolorosamente es real. En Estados Unidos ha surgido un debate que ha llegado a México a través de las redes sociales. Se trata del “Household voting” o voto familiar, una propuesta impulsada por Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, el joven aliado y vocero de Donald Trump asesinado el pasado septiembre de 2025.
Durante la cumbre de liderazgo femenino de la asociación ultraconservadora “Turning Point”, su dirigente, Erika Kirk, lanzó la peligrosa propuesta del voto familiar, que busca que las mujeres renuncien a su derecho al voto para que un solo integrante del hogar vote por toda la familia; desde luego se propone que sea el varón quien ejecute esta acción. El sustento se basa en la reinterpretación bíblica del texto que conceptualiza al matrimonio como “una sola carne”.
En primer lugar, hay que señalar que estar en contra de esta idea no es ir en contra de la fe cristiana, significa oponerse a la pérdida de derechos políticos y Derechos Humanos ganados por las mujeres a sangre y lucha en buena parte del mundo. Y es importante hablar de esto, porque nuestro país no es un ente aislado; el panista Javier Albarrán, político del Estado de México, ha respaldado esta propuesta del voto por familia, mientras que la conocida abogada Natalia Torres ha afirmado que no todas las personas deberían tener el derecho al voto.
En México, Morena nos ha enseñado que los derechos ganados sí se pueden perder de golpe, para muestra un botón: la reforma a la Ley de Amparo limitó nuestra capacidad para frenar atracos del gobierno en contra de la ciudadanía; la eliminación de órganos autónomos como el INAI, nos arrebató el derecho a la información; mientras que la desaparición del Seguro Popular y el desabasto de medicamentos, le arrebatan a millones de personas el derecho a la salud.
Tanto en Estados Unidos como en México, las mujeres participamos más que los hombres en los procesos electorales. De acuerdo con el INE, el 2 de junio del 2024, la participación de las mexicanas fue del 64.3% mientras que el 54.8% de los hombres acudió a las urnas. Así mismo, las mujeres somos el blanco de la violencia. Datos del INEGI muestran que en nuestro país 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más la hemos sufrido.
Aunque no sea una propuesta formal todavía, la sola idea de eliminar el derecho al voto de las mujeres y otorgárselo a los hombres, es un peligro, pero al mismo tiempo es una radiografía del nivel de conciencia de nuestro país. Recientemente, en Jalisco vivimos una situación que parecía impensable cuando un grupo de magistradas y magistrados echaron atrás los lineamientos de paridad en ocho municipios que nunca han sido gobernados por una mujer, y fue sinceramente decepcionante escuchar las posturas o silencios de algunos opinadores y personajes de la política.
Como la primera mujer encargada de dirigir al PRI en Jalisco, mi compromiso y lucha es por todas las jaliscienses, priistas y no priistas. Porque nunca más, nadie debe pasar por encima de nosotras. Los derechos no se cuestionan, se fortalecen.

La peligrosa idea de un voto por familia

Mario Muñoz

Primera llamada…

Isaura Amador

La educación no cabe en un sexenio

Laura Castro Golarte

Educación: nos toca

Luis Cisneros Quirarte

Pozos siente pasos

Mi pecho no es bodega

En la discusión en torno al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2027, Morena podrá decir que hay un aumento significativo para Jalisco, podrán presumir miles de millones de pesos para proyectos en nuestra Entidad y defender que hay recursos para nuestro Estado y que la oposición busca desinformar. Al revisar el documento presentado noté lo que es verdaderamente cierto y valioso: hay un total desprecio presupuestal a Jalisco. A continuación, el análisis.
El proyecto contempla para Jalisco 241 mil 663.7 millones de pesos de gasto federal programable. Es una cifra considerable, pero si la contextualizamos correctamente aparecen los problemas, el más grave sin duda: frente al tamaño de la economía jalisciense y su aportación fiscal, lo que nos regresan a las y los jaliscienses es completamente desproporcional: por cada 8.83 pesos que Jalisco aporta, la federación nos regresa únicamente 2.28 pesos.
La desigualdad presupuestal se profundiza cuando nos adentramos a los rubros del prepuesto federal, como en infraestructura, donde en 2027, el gobierno de Morena propone destinar a Jalisco 3 mil 627 millones de pesos; es decir, de aquellos 241 mil 663.7 millones de pesos, sólo el 1.5 por ciento va destinado a proyectos de infraestructura, además hay un pero que se debe poner a consideración, de estos recursos solamente mil 463.4 millones corresponden a proyectos exclusivos para Jalisco, el resto es para proyectos compartidos con otras entidades.
Siguiendo con lo anterior, si comparamos la bolsa de Jalisco para infraestructura con el total a nivel nacional para este rubro, lo que recibirá Jalisco alcanza apenas el 1.9% y si lo comparamos con el hermano Estado de Tabasco, la comparación se vuelve simplemente ridícula: 137.8 mil millones de pesos para las y los tabasqueños, y 3 mil 627 millones para las y los jaliscienses; la diferencia es 38 a 1.
El proyecto de presupuesto no es una discusión partidista, ni una disputa de ideologías o colores. Se trata de un ejercicio republicano y debe discutirse proyecto por proyecto, bajo la pregunta elemental de qué necesita cada Entidad; sin embargo, Morena ha dejado ver año con año que el presupuesto federal es su mayor herramienta de control político y electoral. Aquí parece no importar si Jalisco es uno de los principales motores económicos del país, lo que importa es priorizar los bastiones de Morena.
Sin embargo, estoy clara que oponerse y criticar no es la alternativa real. Por eso, en el PRI anuncié una ruta distinta para Jalisco. En próximos días convocaré a las y los 32 diputados federales a la conformación de una comisión especial para analizar y discutir el presupuesto para Jalisco. En este grupo de trabajo se deberán revisar las partidas, identificar los proyectos y construir una propuesta que haga sentido a las necesidades y la realidad de nuestro Estado. El presupuesto todavía no está aprobado, puede corregirse y reasignarse; la pregunta está en la voluntad de las y los representantes jaliscienses.
Si deciden actuar harán lo correcto, si deciden ser espectadores del desprecio a Jalisco, revelarán de qué lado están.

Desprecio presupuestal a Jalisco