Diputados federales y la discusión del Presupuesto 2027

Comencemos por lo obvio. Los 500 diputados que integran la Cámara Baja en el Congreso de la Unión cuentan con un privilegio único, reservado en la Constitución Política del país: revisan, modifican, aprueban o rechazan el Presupuesto de Egresos de la Federación. Cada año, la presidencia de la república envía a la Cámara su proyecto de presupuesto y ésta es la que determina qué presupuesto debe ejercerse.

El país completo depende de lo que determinan los 500 legisladores.

Sin embargo, la cuestión en el punto actual de la discusión es simple: ¿Determinan los diputados el presupuesto a ejercer en el país o son los ejecutores burocráticos de lo que se determina en Palacio Nacional?

Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó alcanzó la presidencia en 2018, junto con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, la autodenominada “cuarta transformación” ha convertido la Cámara de Diputados en una oficina de trámites. Imposible olvidar aquella instrucción obradorista: “No cambiarle ni una coma” a lo que les llegara de Palacio.

El país lleva ocho años tratando de acomodarse a la realidad de que la Cámara de Diputados sólo confronta ocasionalmente la voluntad presidencial. Justo con Claudia Sheinbaum Pardo es que empezó a resquebrajarse el monolítico poder morenista.

Esa es la realidad en la relación presidencia-diputados. La avasalladora votación de la mayoría conformada por Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, borra la actuación y los argumentos de los legisladores de partidos opositores al bloque; los más afortunados y hábiles logran algunas veces, posicionar iniciativas o protestas en el ojo mediático, pero nada se aprueba sin que pase por Palacio Nacional.

Este punto permite conducir a la discusión del presupuesto federal desde la perspectiva de Jalisco, en una crisis particular, la del agua.

Posturas políticas aparte, la realidad es incontestable: el Área Conurbada de Guadalajara pasa por una crisis hídrica. No hay agua suficiente porque los cortes siguen ocurriendo, y la calidad del líquido ya es conocida: turbio y con mal olor. Y no hay posibilidad de resolver en el corto plazo, porque la infraestructura está desbordada y el organismo distribuidor del agua, el SIAPA, está quebrado.

Se ha discutido hasta los detalles más pequeños la solución y es indispensable construir más infraestructura. Se requieren al menos 20 mil millones de pesos en una primera etapa.

En la ruta de la discusión está involucrada la visión del proyecto político estatal y la del proyecto político del gobierno federal.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, se alcanzó un acuerdo: el gobierno estatal se responsabiliza de un acueducto de Chapala a Guadalajara y de la ampliación de la planta potabilizadora más grande de la ciudad, la de Miravalle. A cambio, el gobierno federal se hace cargo de las obras complementarias de la Presa El Zapotillo, que está concluida pero que no aporta agua a la ciudad porque falta infraestructura.

Y la sorpresa es que a pesar del acuerdo político, en el proyecto presupuestal para 2027 no está contemplado el recurso económico para las obras de El Zapotillo.

¿Qué pueden hacer los diputados federales? Son 32 los jaliscienses.

¿Quedarán sometidos a la voluntad de la cúpula política de Palacio Nacional a pesar del interés superior de Jalisco?