Jonás

Comencemos por lo obvio. Los 500 diputados que integran la Cámara Baja en el Congreso de la Unión cuentan con un privilegio único, reservado en la Constitución Política del país: revisan, modifican, aprueban o rechazan el Presupuesto de Egresos de la Federación. Cada año, la presidencia de la república envía a la Cámara su proyecto de presupuesto y ésta es la que determina qué presupuesto debe ejercerse.
El país completo depende de lo que determinan los 500 legisladores.
Sin embargo, la cuestión en el punto actual de la discusión es simple: ¿Determinan los diputados el presupuesto a ejercer en el país o son los ejecutores burocráticos de lo que se determina en Palacio Nacional?
Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó alcanzó la presidencia en 2018, junto con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, la autodenominada “cuarta transformación” ha convertido la Cámara de Diputados en una oficina de trámites. Imposible olvidar aquella instrucción obradorista: “No cambiarle ni una coma” a lo que les llegara de Palacio.
El país lleva ocho años tratando de acomodarse a la realidad de que la Cámara de Diputados sólo confronta ocasionalmente la voluntad presidencial. Justo con Claudia Sheinbaum Pardo es que empezó a resquebrajarse el monolítico poder morenista.
Esa es la realidad en la relación presidencia-diputados. La avasalladora votación de la mayoría conformada por Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, borra la actuación y los argumentos de los legisladores de partidos opositores al bloque; los más afortunados y hábiles logran algunas veces, posicionar iniciativas o protestas en el ojo mediático, pero nada se aprueba sin que pase por Palacio Nacional.
Este punto permite conducir a la discusión del presupuesto federal desde la perspectiva de Jalisco, en una crisis particular, la del agua.
Posturas políticas aparte, la realidad es incontestable: el Área Conurbada de Guadalajara pasa por una crisis hídrica. No hay agua suficiente porque los cortes siguen ocurriendo, y la calidad del líquido ya es conocida: turbio y con mal olor. Y no hay posibilidad de resolver en el corto plazo, porque la infraestructura está desbordada y el organismo distribuidor del agua, el SIAPA, está quebrado.
Se ha discutido hasta los detalles más pequeños la solución y es indispensable construir más infraestructura. Se requieren al menos 20 mil millones de pesos en una primera etapa.
En la ruta de la discusión está involucrada la visión del proyecto político estatal y la del proyecto político del gobierno federal.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, se alcanzó un acuerdo: el gobierno estatal se responsabiliza de un acueducto de Chapala a Guadalajara y de la ampliación de la planta potabilizadora más grande de la ciudad, la de Miravalle. A cambio, el gobierno federal se hace cargo de las obras complementarias de la Presa El Zapotillo, que está concluida pero que no aporta agua a la ciudad porque falta infraestructura.
Y la sorpresa es que a pesar del acuerdo político, en el proyecto presupuestal para 2027 no está contemplado el recurso económico para las obras de El Zapotillo.
¿Qué pueden hacer los diputados federales? Son 32 los jaliscienses.
¿Quedarán sometidos a la voluntad de la cúpula política de Palacio Nacional a pesar del interés superior de Jalisco?

Diputados federales y la discusión del Presupuesto 2027

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Quien se sorprenda, no había revisado antes cómo se hace la política en los Estados Unidos: en muchas de sus estrategias para lograr votos aparecen México y los mexicanos, para bien y para mal. Por eso llama la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum haya usado su estrado mañanero para pedir, para exigir, que los políticos estadounidenses dejen de utilizar a México en su campaña electoral.
Es una defensa muy ingenua de la soberanía.
El más reciente de estos episodios lo protagonizó el secretario de Estado, Marco Rubio, que de vista en Ecuador, aseguró que los cárteles de la droga en México son “la cabeza de la serpiente” y que el gobierno mexicano colabora, pero no ha trabajado lo suficiente para combatirlos.
La presidenta reaccionó y aseguró que se trata de un discurso destinado a los votantes en Estados Unidos, que en noviembre votarán para renovar la Cámara de Representantes, pero exigió que no se use a México en la elección porque nuestro país “no es piñata de nadie”. 
De nada sirve la indignación, a menos que la presidenta haga exactamente lo mismo: lanzar un discurso que tiene como destinatarios a sus simpatizantes, aunque les hable a los políticos estadounidenses.
La realidad es que en política electoral, en Estados Unidos son maestros de la manipulación y el pragmatismo: nada está prohibido si les permite ganar la elección y el presidente Donald Trump se maneja con un descaro sin límites; acaba de prometer cinco mil dólares a cada ciudadano estadounidense si los republicanos ganan la elección… y todavía se está discutiendo si eso es legal, porque correcto, evidentemente no.
No hace falta adivinar. México y los mexicanos seguirán presentes en los discursos de candidatas y candidatos estadounidenses que vean útil señalar a nuestro país como la fuente de todos los males para los Estados Unidos.
Pero quejarse de eso no sirve de nada. A la presidenta Sheinbaum y a todos, les consta la importancia de México entre los norteamericanos, por cultura, población, economía y vecindad.
La cuestión es cómo aprovechar, con una estrategia gubernamental seria y efectiva, la interdependencia entre los países. Los discursos políticos no cambiarán la realidad, porque ante el micrófono se afirma, pero en la práctica se actúa.
En la mañanera –y eso sería ganancia– no deberían caber los mensajes con apariencia de sermones religiosos, sino la información sobre hechos consumados en actos de gobierno.

México, usado en las elecciones gringas

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Después que en Jalisco hemos sido testigos de que ya muchos personajes políticos están en campaña y no hay autoridad que los detenga o sancione, por fin ayer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) aprobó un calendario de actividades para el Proceso Electoral 2026-2027.
El 1 de octubre inicia el proceso que tendrá en total 101 actividades, entre las que destacan para efecto general, las precampañas, las campañas, la selección de candidatas y candidatos, y claro, la jornada electoral que tendrá lugar, como lo marca la Constitución Política de México, el primer domingo de junio del año electoral: 6 de junio.
¿Cambia el calendario los comportamientos fuera de la ley? No, pero sí le ofrece a la ciudadana cuando menos un marco legal; una delimitación en el tiempo y en las obligaciones que tienen la autoridad electoral, los partidos políticos, quienes ambicionan competir por un cargo y también, los ciudadanos en general.
La elección en Jalisco es muy importante, aunque sea intermedia. Los jaliscienses estaremos convocados a votar para elegir a 125 presidentes municipales, 38 diputadas o diputados del Congreso estatal y aunque es otra elección, en este caso federal, también tendremos elección para diputadas y diputados federales.
Al día de la publicación del calendario para el proceso, el IEPC sigue en varios aprietos, y el primero es que no cuenta con la garantía de un presupuesto que permita realizar todas las acciones en el calendario, entre las que figura el establecimiento de consejos electorales municipales y distritales.
El presupuesto debe ser suministrado por el gobierno del Estado, y con toda seguridad habrá discusiones, quizá no públicas, pero sí para determinar que con la menor cantidad de recursos económicos se pueda garantizar toda la elección.
Aunque el trabajo de los consejeros electorales aparente ser burocrático, está lleno de obstáculos y conflictos; todas las fuerzas políticas hacen presión y observan el desempeño de los consejeros. Se presentarán quejas y denuncias, se harán campañas de comunicación para desacreditar y al final, en este complejo entorno, debe efectuarse una elección que valide a los siguientes ayuntamientos y la integración del Poder Legislativo estatal.
La presión es tan real y constante, que actualmente la dirigencia del Partido Morena aún denuncia públicamente que se cometió un fraude electoral en la elección de 2024, aunque todo el proceso ya se haya calificado, juzgado, sentenciado y concluido.
A pesar de todas las dificultade que están por presentarse, incluida la validación de la presidencia del IEPC, el proceso sostiene la estructura democrática de Jalisco y es importante, además, por la trascendencia que tiene el Estado de Jalisco en el país.

Arranque el proceso electoral en Jalisco

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Los resultados de la Prueba PISA detonaron un escándalo nacional. Los puntos de vista se multiplican, aunque no todos tienen la misma repercusión. Uno de los análisis que quizá más se difundieron ayer fue el de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, que como máxima autoridad ejecutiva del país tiene en su responsabilidad la rectoría de la educación mexicana: ella, simplemente cuestionó la prueba porque “tiene sesgos”.
Efectivamente, la Prueba PISA tiene sesgos. Es apenas un instrumento para medir el rendimiento de los alumnos de educación básica que tienen entre 15 y 16 años de edad, es decir, del nivel secundaria. Se aplicó a 7 mil 843 estudiantes de escuelas públicas y privadas en toda la república mexicana, para medir el nivel de conocimiento, habilidades, competencias y aprendizajes. La misma prueba mide también la capacidad de los menores para aplicar lo que han aprendido en situaciones que podrían corresponder a la vida real.
¿Cuáles fueron los resultados? Los estudiantes mexicanos se ubicaron en el lugar 37 entre 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es una posición que está muy por debajo de lo deseado; los estudiantes mexicanos están por debajo de un nivel mínimo en matemáticas; de todos los evaluados, 50% no obtienen calificación aprobatoria en ciencias y lectura.
Lo peor es que los resultados de esta última Prueba PISA, reflejan una disminución en comparación con los de emisiones anteriores.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el resultado y antes que un reconocimiento, como se apuntó líneas arriba, aseguró que la Prueba PISA es limitada. Toda una obviedad. Pero no comentó nada sobre un encargo al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para emprender un proyecto de revisión y mejoría; esa sería la postura ideal. Quizás –y esto puede ser mucho– la presidenta podría ordenar el diseño y la aplicación de un plan para que en la siguiente prueba, que se aplicará en cinco años, las mediciones reflejaran una mejoría.
Lo más sorprendente, es que se sorprendan por los resultados. Son totalmente previsibles y un simple comparativo lo demuestra. Ya lo efectuó la asociación Mexicanos Primero: no ha habido mejoría en esta prueba en 25 años, a pesar de que se han tenido seis cambios de gobierno federal y hubo ya 12 diferentes secretarios de Educación e incluso, a pesar de las reformas educativas.
Esta asociación propone algunos cambios: una política educativa de largo plazo; fortalecer aprendizajes fundamentales; dar más atención a estudiantes rezagados, tener acompañamiento y asesoría permanente a los docentes, ¡y sorpresa!, aplicar una Prueba Nacional con regularidad.
Adicionalmente, porque la realidad se impone, incorporar a las escuelas el uso de tecnología e Inteligencia Artificial.
Se dice fácil y rápidamente. Hacerlo parece imposible. Ni siquiera lo han iniciado en los últimos 25 años.

Prueba PISA: los estudiantes mexicanos

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezó una serie de embestidas mediáticas contra México, los mexicanos y su gobierno. Y lo peor del caso es que no hubo ningún motivo aparente: primero, arremetió contra el intercambio comercial binacional, y aparentemente molesto porque hay un superávit en favor de nuestro país, aseguró que los Estados Unidos no necesitan nada de México, país que sólo ofrece, literal en sus palabras, tomates y tamales picantes. 
Totalmente falso y ajeno de la realidad.
Después, ordenó que en un plazo no mayor a 90 días, se revise legalmente si debe levantarse una protección legal al lobo gris mexicano, que no por tener ese nombre haya dejado de habitar en varios territorios norteamericanos que se ubican en la frontera entre los dos países. La instrucción presidencial, que supuestamente obedece a quejas de algunos ganaderos en la región, parece tener más intención de atacar a los lobos, una especia protegida y en peligro de extinción, sólo por llevar el término “mexicano” en su nombre.
Y por último, compartió en la red Social Truth, de su propiedad, un fotograma en el que se muestra a toda América del Norte, Centroamérica, El Caribe y hasta Groenlandia, pintado con los colores de la bandera de los Estados Unidos. Otra arremetida, casi infantil, contra países vecinos.
¿Qué hay detrás de estas manifestaciones agresivas del presidente estadounidense, que además reitera que respeta totalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum? 
Van un par de hipótesis.
La primera es que sus mensajes son de carácter totalmente electoral. En las elecciones de noviembre próximo, Trump puede ser la primera víctima política de una probable derrota de los republicanos en la Cámara de Representantes. Si el legislativo es controlado por los demócratas, el presidente podría enfrentar, en un escenario totalmente adverso, pero posible, un proceso de destitución: el impeachment.
Por lo tanto, insiste en dirigirse a las bases que lo llevaron al poder y que siempre aplaudirán los discursos de odio a México, junto con los mensajes de la “grandeza” norteamericana que Trump ha vendido siempre.
Pero hay otra hipótesis –y ambas pueden convivir perfectamente– que resulta de la presión constante del gobierno estadounidense al mexicano, para combatir al crimen organizado, el tráfico de drogas, la migración a través de la frontera y también, no hay que olvidarlo, los señalamientos contra políticos de Morena, en funciones de gobierno, acusados de proteger a los cárteles. El más claro ejemplo es el de Rubén Rocha Moya y su grupo, y no se puede ignorar lo que ha sucedido con Andy López Beltrán, su visa retirada, su carta y los videos que extrañamente, se han filtrado a los medios de comunicación como una prueba de sus contradicciones y de sus relaciones de poder.
No hay explicaciones sencillas para entender a Trump y sus ataques a México. Pero no hay que olvidar que tienen razones de sobra, unas válidas y otras no, para mantener su presión a México.
¿Qué estrategia aplicará el gobierno mexicano?

¿Qué hay detrás de los ataques de Trump?

Los alcaldes de los 125 municipios de Jalisco deben presentar su informe anual de trabajo tal como lo obliga la ley. La semana que inicia será muy importante mediáticamente, debido a que presentarán su informe la mayoría de los alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara; no se trata sólo de presentar cifras sobre obras públicas, programas sociales o políticas públicas aplicadas en el último año: está en juego el futuro inmediato de cada municipio.
Uno de los aspectos más importantes en este informe es la confirmación de la búsqueda de la reelección –la última ocasión antes de que desaparezca la reelección, por la reforma impulsada por la presidenta Cladia Sheinbaum– para alcaldes como Verónica Delgadillo y Gerardo Quirino Velázquez en Guadalajara y Tlajomulco, ambos de Movimiento Ciudadano; y Laura Imelda Pérez y María Elena Farías, de Tlaquepaque y El Salto, respectivamente, ambas de Morena. 
En el proceso de la reelección van en juego, no sólo el proyecto político de cada presidente municipal y su equipo, sino también el complicado equilibrio que se vive entre MC y Morena en Jalisco.
De facto, la elección más importante será la de Guadalajara que, junto con Zapopan, conforman la base del poder político naranja en el Estado. La contienda electoral por la capital de Jalisco pone en juego el corazón político de Jalisco y del resultado en las urnas, depende la segunda parte del gobierno de Pablo Lemus y la contienda en el año 2030.
Por eso y otras razones, también, el informe de Verónica Delgadillo es quizá el más importante, mediáticamente hablando. El impacto del mensaje de la alcaldesa debe tener mayor alcance y profundidad que el del resto de los presidentes municipales metropolitanos, porque al consolidarse su presencia como alcaldesa, se consolida también el proceso político para la elección del 2030.
Por otra parte, al margen de los varios contenidos que se presentarán en los mensajes de los alcaldes metropolitanos, la ciudad en su conjunto tiene la mira puesta en la crisis del agua.
Aunque no hay posibilidad de una solución rápida porque simplemente, hay obras pendientes que tomarán al menos dos años, el reclamo ciudadano pasa por la permanente molestia del agua contaminada que sigue llegando a los domicilios.
Esta semana se comprobará si se construyen los discursos adecuados no para revertir la molestia por el problema hídrico, sino para convencer a los habitantes de la ciudad de que sus autoridades municipales sí están haciendo bien las cosas en otros rubros como seguridad y servicios municipales.
Se levanta el telón.

Informes municipales

Como resultado del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han presentado una serie de críticas puntuales a la administración federal, sobre todo en el contexto de la instalación del nuevo período ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la república. Desde su tribuna cotidiana en la conferencia mañanera y en su recorrido por diferentes entidades del país, la mandataria ha salido a responder y defender resultados que, la mayor parte de las veces parecen poco probables o de plano, inexistentes.
Ayer, en particular, la presidenta Sheinbaum defendió el Tren Maya. Con un estilo de “digan lo que digan”, aseguró que el proyecto es exitoso y ante los gastos de mantenimiento, subrayó que éste, como todos los trenes en el mundo, requieren mantenimiento para su correcta operación.
Lo cierto es que el Tren Maya, por mencionar uno de tantos megaproyectos de la “cuarta transformación”, está muy lejos de ser ese detonador económico, de desarrollo y turismo en la Península de Yucatán, como se argumentó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Como prueba, sólo basta revisar las cifras económicas: En el año 2025, el Tren Maya registró pérdidas de 5 mil 13 millones de pesos, mientras que entre enero y junio de 2026, las pérdidas ascienden a 4 mil 810 millones de pesos. Habría que considerar, además, que desde el inicio de operaciones del mismo, en 2023 y a la fecha, sus ingresos rondan 860 millones de pesos.
¿De dónde han salido los más de nueve mil millones de pesos para cubrir la diferencia? Del presupuesto público.
En el sexenio pasado, con el argumento de la austeridad y el ahorro, se anularon los fondos para la promoción de México y sus destinos turísticos. Ante la falta de resultados del Tren Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional, que recibió el encargo de construcción y operación del tren, contempla ejercer 40 millones de pesos en acciones de promoción para atraer usuarios; además, destinará 17 millones de pesos para la contratación de un diagnóstico integral y un plan estratégico de operación hasta el año 2030.
Y mucho más se puede abundar sobre otros megaproyectos de la “cuarta transformación”, como la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Megafarmacia en el Estado de México y otros.
La debilidad estructural en el discurso oficial que tiene a una defensa sin argumentación, es que mientras se recorta en algunos rubros, se sobreabunda en uso de recursos públicos en otros sin más consulta que la voluntad de Palacio Nacional, y encima con la evidencia de la falta de resultados y la operatividad prometida. Así no funcionan las cosas ni se toman las decisiones ideales en materia de administración gubernamental.
La presidenta Sheinbaum, se ha observado ya, tiene méritos evidentes en el ejercicio de gobierno, pero no se ayuda al sostener contracorriente un discurso que no se corresponde con pruebas.

Discurso oficial: entre pérdidas y reclamos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una acusación pública que sorprende: el gobierno de los Estados Unidos intenta dividir al gabinete de seguridad. Es una estrategia –dijo– que han aplicado antes. Para probar su afirmación, comentó que por un lado, halagan públicamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y en momentos diferentes desacreditan a otros integrantes del gabinete.
Hay mucho para leer “entre líneas” en su declaración, porque la mayor parte de la información en materia de seguridad se guarda en secreto, y más cuando se trata de los intercambios con las autoridades estadounidenses.
Cuando el presidente Donald Trump declara, y lo ha hecho muchas veces, que en México el gobierno está controlado por el crimen organizado, la presidenta Sheinbaum ha respondido enérgicamente que es falso, y expone como prueba el combate al crimen organizado, las detenciones de los líderes y miembros de los cárteles; la ubicación y destrucción de laboratorios clandestinos donde se fabrica droga, además de la incautación de drogas y armas.
Pero cuando personajes como el director de la DEA, Terry Cole, reconoce la colaboración del gobierno mexicano en el combate a la delincuencia organizada y califica a Omar García Harfuch como “un amigo”, entonces responde que es una estratagema para dividir al gabinete de seguridad.
Resulta casi inexplicable.
Debe partirse una convicción para juzgar lo que está ocurriendo: no se puede interactuar con ingenuidad y abierta confianza con autoridades norteamericanas. Detrás de cada funcionario, y más cuando se trata de las agencias de gobierno, hay instrucciones jerárquicas, intereses de gobierno y disposición de “sacrificar” a personas u objetivos ajenos, así se trate de un socio o aliado.
La confusión no radica entonces, en la manifestación de desconfianza de la presidenta, sino en la interpretación de los hechos y la advertencia que provoca conjeturas varias: ¿Existe confrontación entre los integrantes del gabinete de seguridad? ¿Los estadounidenses dividen a su gobierno? ¿Es una manifestación de pérdida de confianza en Omar García Harfuch, uno de colaboradores más destacado?
Claudia Sheinbaum acaba de presentar su Segundo Informe de Gobierno y además de reiterar las cifras positivas en reducción de delitos, principalmente homicidios dolosos, insistió también en que no hay división interna en Morena (a pesar de todas las pruebas en contra) y repitió que se mantiene voluntad de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, pero sin sacrificar la soberanía.
Y precisamente desde de la Casa Blanca hay avisos públicos y la mayoría privados, en los que se insiste en la relación de políticos de Morena, principalmente Raúl Rocha Moya, con el crimen organizado, por lo que se pide sean extraditados.
Es en este creciente fenómeno en el que debe radicar, seguramente, la molestia y la advertencia presidencial.

“Intentan dividirnos”: Sheinbaum sobre EU

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Una tragedia ocurrió el fin de semana pasado: en Cuautla, Morelos, fue asesinada una joven de 21 años de edad, Claudia Tacoronte. Española, estudiante de Pedagogía, llevaba un mes en México; había venido a la Universidad Autónoma de Morelos en un programa de intercambio desde de la Universidad de Granada, en España.
Terrible situación. No hay explicación que valga.
El tema se convierte en un incidente internacional, porque las máximas autoridades españolas se dirigieron ya el gobierno de México para reclamar justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció condolencias a familiares y personas cercanas a Claudia Tacoronte, pero eso no basta. Lo imperativo es que la Fiscalía de Morelos descubra a la brevedad quién y porqué le quitó la vida a una chica que seguramente, no tenía con ella pertenencias de excesivo valor y muy probablemente, no había tenido tiempo todavía para involucrarse en alguna actividad riesgosa. 
Al final, tendrá que darse una explicación real, razonable y justa. Y los responsables deberán enfrentar la justica. Es lo mínimo que puede hacerse.
Adicionalmente, se registraron protestas en España y la Universidad de Granada suspendió de inmediato el programa de intercambio académico; otros dos de sus estudiantes tenían proyectado viajar también a Morelos. Ya no será.
La presidenta Sheinbaum y su administración tienen una competencia limitada para intervenir en el lamentable asunto, aunque seguro por la vía de la Secretaría de Gobernación presionarán lo suficiente, pero al margen de la tragedia de un asesinato que se investiga bajo la modalidad de feminicidio (se supone que eso debe arrojar mejores resultados), lo que el hecho revela es la evidente violencia que sufren las mujeres en México. 
El discurso tan repetido de la reducción de homicidios en más del 50% pierde cualquier sentido. Todos los esfuerzos y el manejo estadístico en espacios locales e internacionales, pierden brillo ante un evento criminal como éste.
Es importante aclararlo: la muerte de una estudiante española no es más “importante” ni exige más justicia que las 34 mujeres asesinadas en Morelos sólo en los primeros tres meses del año, pero exhibe con más urgencia porque se convierte en un asunto internacional, que en Morelos y en México, junto con el combate a la violencia y al crimen organizado, debe aplicarse mayor energía en combatir la violencia contra las mujeres, porque pareciera que el tema sigue en las primeras líneas de todos los discursos políticos, pero sin que eso signifique cambios visibles.
Lamentablemente, ahora nuestro país se convierte en un sitio peligroso para los intercambios universitarios y así lo considerarán en España y en otros países.
Damos pasos hacia atrás.

Estudiante española asesinada