Luis Cisneros Quirarte

En la política representativa existe una regla no escrita que ningún legislador debería ignorar: se puede ser adversario férreo del gobernante en turno, pero jamás cómplice del castigo contra el Estado que se representa. Esta premisa elemental fue vulnerada por la diputada federal morenista Merilyn Gómez Pozos, quien protagonizó un tropiezo político mayúsculo al justificar —e incluso festejar con desparpajo— la exclusión de recursos federales para los proyectos hídricos estratégicos de Jalisco en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En su afán por confrontar al gobernador Pablo Lemus, la legisladora perdió la brújula. La suficiencia presupuestal para concluir las obras complementarias de El Zapotillo, sanear el Río Santiago y modernizar la red de abasto metropolitano atañe directamente a millones de familias. Al declarar que la Entidad debe “hacerle frente con sus propios recursos” y validar el cerrojazo financiero de la Federación, Gómez Pozos le dio la espalda a los jaliscienses. Su deber era atraer inversión y defender a su Estado —tarea doblemente exigible al presidir la Comisión de Presupuesto en San Lázaro—; en cambio, optó por avalar el estrangulamiento presupuestal con el mezquino cálculo de que el desgaste lo asumirá el gobierno local, olvidando que el agua no tiene colores partidistas.
La incongruencia de quien como dice una cosa dice otra, salta a la vista al contrastar sus declaraciones. Días antes, al calor de la visita presidencial, Gómez Pozos presumía estar “súper contenta” por el respaldo de la Federación a la agenda hídrica. Antes, en tribuna y conferencias de prensa, había exigido la intervención de Conagua y prometió pelear una bolsa extraordinaria junto a su bancada. Sin embargo, al confirmarse el recorte en el proyecto presupuestal, recurrió a la evasiva cínica de afirmar que “no tenía esos datos” sobre los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, para rematar festejando el despojo.
Por lo demás, su dislate terminó por ser un auténtico tiro por la culata. Con sus dichos, la diputada no sólo reforzó la percepción de que al gobierno federal poco le importa Jalisco, sino que le entregó en charola de plata al gobernador Pablo Lemus la oportunidad de consolidarse como el abanderado en la defensa de la Entidad frente al centralismo. En lugar de arrinconar a la administración local, la estridencia guinda le obsequió al mandatario estatal la noble causa de exigir un trato presupuestal justo y digno para nuestra tierra.
Quien aspira a construir un liderazgo electoral no puede erigirse en comparsa del ninguneo de la Ciudad de México. La confrontación estridente podrá granjearle aplausos efímeros en los cenáculos de su partido, pero ante la sociedad jalisciense deja una marca indeleble de deslealtad cívica. Creer que se puede ganar en Jalisco celebrando el desdén a Jalisco es la confesión más nítida de una mezquindad política que la ciudadanía sabrá cobrar en las urnas.

Pozos siente pasos

El debate en torno a la reforma sobre infancias trans en el Congreso de Jalisco no puede reducirse a una caricatura maniquea entre conservadores y progresistas. La reiterada votación en el Pleno local —donde se rechazó una vez más la modificación a la Ley del Registro Civil exigida por mandato judicial— puso sobre la mesa una discusión jurídica y social mucho más profunda: si el Estado debe facultar a un menor de edad para alterar su identidad legal sin la autorización, conocimiento y acompañamiento de sus padres.
En ese punto nodal descansa la postura de rechazo asumida por Movimiento Ciudadano. Lejos de tratarse de una cerrazón dogmática, el planteamiento responde a un principio elemental de protección a la niñez y de preservación de la patria potestad. Permitir que niñas, niños o adolescentes realicen trámites registrales de trascendencia jurídica absoluta al margen de quienes ejercen su tutela legal, desarticula la función protectora de la familia. El verdadero interés superior de la niñez no se garantiza dejando al menor en la orfandad institucional frente a la burocracia civil, sino asegurando que cualquier proceso que incida en su desarrollo cuente con el respaldo de quienes tienen la obligación legal, moral y cotidiana de velar por su bienestar: sus padres.
En contraste, la insistencia de Morena y sus aliados evidencia la pretensión de imponer una agenda de género dogmática y vertical que no responde a la realidad social ni a la cultura comunitaria de Jalisco. Amparados en un discurso retórico de supuesta defensa de los derechos humanos, los legisladores de la bancada guinda han preferido subordinar la patria potestad y la salvaguarda familiar a las exigencias ideológicas de su agenda. Resulta muy cómodo enarbolar banderas progresistas desde la comodidad de una curul o la resonancia de las redes sociales, omitiendo deliberadamente que la madurez de un menor no puede suponerse por decreto y que despojar a los progenitores de su rol de guía vulnera la estabilidad emocional del propio niño.
El Congreso de Jalisco marcó una línea clara frente a la estridencia. Defender los derechos fundamentales es una obligación del Estado, pero esa causa no puede pervertirse para debilitar a la familia como primera línea de defensa de la infancia. Entre el activismo que busca legislar de espaldas a la sociedad y la prudencia de quienes exigen respetar la tutela de los padres, la mayoría parlamentaria optó por cuidar a la niñez desde la responsabilidad y el sentido común.

Infancias trans: la tutela de los padres frente a la imposición ideológica de Morena

Las recientes revelaciones sobre la solicitud de la Secretaría de Hacienda a la FGR para ejercer acción penal contra un personaje estrechamente vinculado al círculo de Andy López Beltrán, confirman que la ruptura entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor es real. La escaramuza del fallido retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa y la insólita carta a Donald Trump firmada por Andy tras el retiro de su visa —dos provocaciones que difícilmente se explican sin el visto bueno de López Obrador para desafiar la autoridad presidencial— terminaron por dinamitar la frágil tregua oficialista.
Se reanudan así unas hostilidades que comenzaron a ventilarse públicamente desde el año anterior, cuando las reiteradas filtraciones a la prensa exhibieron los presuntos vínculos de Adán Augusto López con la organización criminal de “La Barredora” en Tabasco; un fuego cruzado que no cesó hasta forzar la salida de Adán de la coordinación de Morena en el Senado. Hoy, el canibalismo interno escala a niveles inéditos entre expedientes judiciales, señalamientos de huachicoleo, viajes en aviones privados costeados por contratistas consentidos y la presión asfixiante de las agencias estadounidenses sobre las redes del obradorismo.
En este complejo tablero, la reciente visita de la presidenta a Jalisco para encabezar un acto militar, adquirió un simbolismo de primer orden: el refrendo de la lealtad fuera de toda duda, de las Fuerzas Armadas a su Comandante Suprema, una señal crucial ante el previsible encontronazo con el expresidente que las favoreció con presupuestos, contratos y obras multimillonarias durante el sexenio pasado.
En el plano local, los contrastes son elocuentes. Mientras el gobernador Pablo Lemus aprovechó la estancia presidencial para acordar el respaldo de la Federación a las obras de infraestructura hídrica indispensables para la entidad, la descomposición de la franquicia guinda alcanza tintes caricaturescos. El botón de muestra lo aportó la alcaldesa de Tlaquepaque, envuelta en un bochornoso escándalo tras ventilarse acusaciones de haber asignado a un elemento de seguridad pública como escolta personal para cuidar y pasear a su perro con cargo al erario, además de circular en camionetas de lujo con placas foráneas para eludir contribuciones locales. La pretendida &#8220;austeridad republicana&#8221; y la supuesta superioridad moral terminan invariablemente estrellándose contra la realidad de sus propios y frívolos privilegios.
Ante un régimen que se resquebraja por sus contradicciones y disputas de facción, la oposición debe actuar con pragmatismo y altura de miras. La disposición mostrada por el PAN en Jalisco para construir alianzas locales competitivas es un paso en la dirección correcta. Resulta indispensable que la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano abandone la miopía centralista y respalde esa apertura en la entidad y otros estados. Dividir el voto frente a un Morena en declive y confrontación abierta sería un error histórico; el momento exige consolidar un frente común capaz de contener el autoritarismo y, al mismo tiempo, garantizar gobernabilidad ante una previsible ruptura entre la presidenta Sheinbaum y los costos que la facción obradorista quiera hacerle pagar.

El quinazo que se viene: fin de la tregua entre Sheinbaum y Obrador

López Obrador decidió medir fuerzas abiertamente con la presidenta Sheinbaum y, aunque en primera instancia pareciera contenido, el reto sigue abierto.
La decadencia del obradorismo como proyecto transexenal comenzó con la extracción de Ismael &#8220;El Mayo&#8221; Zambada en el ocaso del sexenio pasado: la elocuente despedida que la DEA, la CIA y el FBI le recetaron a Obrador. Desde entonces, la acumulación de testimonios en el Departamento de Justicia estadounidense ha cercado al entorno del expresidente, reconfigurando la correlación de fuerzas de cara al futuro.
Por un lado, el delfín dinástico, Andrés Manuel López Beltrán, ha visto descarrilar sus aspiraciones hacia la jefatura de la CDMX o la presidencia. Marginado de la operación real del partido entre señalamientos de corrupción y huachicol, la carta ventilando el retiro de su visa es el manotazo de un proyecto herido.
En contraste, Omar García Harfuch   —vetado por AMLO en 2024 para imponer a una obradorista pura en la capital—, fue arropado en Argentina por el titular de la DEA y quien semanas antes sentenció ante el Congreso estadounidense que en México el narco prospera bajo protección política, perfilándose con el visto bueno de Washington como la carta fuerte del claudismo hacia la sucesión presidencial.
La provocación provino de Sinaloa: el retorno de Rocha Moya no contó con el aval presidencial. Resulta inverosímil que tanto Andy como Rocha hayan tomado decisiones de ese calibre sin el respaldo directo del expresidente. El rechazo unánime de la dirigencia de Morena, Gobernación y los gobernadores guindas, refleja el realineamiento de fuerzas en favor de la presidenta.
En lo local, Jalisco reproduce con fidelidad este desmoronamiento. La dirigente nacional de Morena —de filiación claudista— vino a la Entidad a exigir disciplina y vetar a perfiles con antecedentes criminales. Fue un dardo directo contra Carlos Lomelí, de quien está documentado el pago millonario al Tesoro estadounidense para librar acusaciones de narcotráfico y a quien se vincula políticamente con Adán Augusto López, señalado por presuntos nexos con La Barredora de Tabasco. Pese a la advertencia, Lomelí se destapó junto a la dirigencia estatal, en un paralelismo evidente con la insubordinación de Rocha Moya y con un resultado igualmente predecible.
La marcha atrás obligada de Rocha es un triunfo temporal para Sheinbaum, pero el desafío mismo retrata la soberbia y la ambición de Obrador: no se trataba de devolver el cargo a un gobernador –un mero peón en la verdadera lucha por el poder–, sino de demostrarle a la mandataria que no puede gobernar sin el ala dura obradorista y su líder.
Por ello, cada línea del mensaje presidencial que precipitó el repliegue de Rocha adquiere una resonancia que trasciende al mandatario sinaloense: “Ningún interés personal puede estar por encima de los intereses de la Nación. Y menos cuando lo que se pretende colocar por encima de México es la ambición desnuda del poder por el poder”.
Demasiada densidad conceptual y peso político para agotarse en la figura de un gobernador debilitado al frente de un Estado en llamas.

López Obrador reta a la presidenta Sheinbaum

El programa Legado Jalisco en la Colonia Mirador de San Isidro, Zapopan —proyectado para dotar de 200 viviendas a elementos policiales del Estado—, vivió esta semana un punto de inflexión decisivo. Frente al burdo intento de Morena y sus voceros de instrumentalizar una inquietud vecinal con fines de golpeteo político, las diputadas emecistas Gabriela Cárdenas, Mónica Magaña y Alejandra Giadans acudieron directamente al territorio para sostener un diálogo abierto de casi cuatro horas con más de 80 colonos.
El encuentro destrabó demandas centrales de la comunidad. Las legisladoras recogieron la legítima preocupación ambiental sobre la subcuenca del Arroyo Seco y asumieron compromisos institucionales. En consecuencia, la bancada de Movimiento Ciudadano, mediante su coordinador José Luis Tostado, formalizó la solicitud al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) para realizar estudios hidrológicos rigurosos e integrales que garanticen la viabilidad del entorno.
Días después, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, se reunió con más de un centenar de habitantes para asumir un papel activo de mediación. El edil propuso mesas técnicas integradas por especialistas, vecinos y autoridades para auditar el terreno y explorar alternativas sustentables, como consolidar un parque lineal con infraestructura verde y vegetación nativa que resguarde la absorción hídrica. Esta apertura fue bien recibida por la comunidad, confirmando que la concertación política y el rigor técnico son el camino para brindar certeza a las familias.
Detrás de la marejada de desinformación que rodeó al proyecto, resultó evidente la consigna de actores morenistas empeñados en sembrar zozobra mediante versiones alarmistas sobre supuestos riesgos catastróficos. Cualquier inquietud técnica es válida y debe atenderse institucionalmente; lo inadmisible es la fabricación deliberada de mitos para incendiar el ánimo social y lucrar con el conflicto. Desde el primer momento, el gobernador Pablo Lemus expresó públicamente la disposición del gobierno estatal al diálogo, con la condición de que tendría que darse con los verdaderos vecinos.
La maniobra para obtener dividendos partidistas a costa de la tranquilidad comunitaria fue desactivada a tiempo. La presencia de las diputadas en campo y la mediación del alcalde Frangie desarmaron la trampa de la confrontación. Pero el deslinde más contundente provino de los propios colonos, quienes marcaron raya frente a los agitadores para evitar que su causa fuera secuestrada. Al final, la sensatez ciudadana y la política de proximidad se impusieron sobre el oportunismo electoral.

San Isidro: cuando el diálogo vence al oportunismo

En la discusión sobre el programa “Legado” en San Isidro confluyen distintos espacios y narrativas. Hay quienes quisieran creer que X (antes Twitter) es la nueva plaza pública, cuando en realidad sus algoritmos favorecen burbujas donde solo interactúan voces afines. En ese ecosistema, algunos usuarios parecen sentir el &#8220;deber ciudadano&#8221; de criticar sistemáticamente toda acción del gobierno estatal, sin valorar jamás sus méritos posibles. Esto genera la ficción de estar ante una &#8220;opinión pública&#8221; consolidada cuando, en los hechos, se trata del mismo y muy compacto grupo de personas interactuando en bucle entre ellos, con el añadido de paquetes de bots y cuentas simuladas diversas.
Al bajar del terreno digital a la realidad del territorio en Mirador de San Isidro, de un universo de alrededor de cinco mil habitantes, la estridencia la encabeza un grupo reducido de vecinos movilizados por activistas plenamente identificados con Morena, entre los cuales está una diputada suplente. Para sostener su protesta han construido mitos que no por mucho retuitearse dejan de ser falaces. Se ha dicho que el predio es una donación de un particular destinada exclusivamente a un parque; la verdad es que la Ley de Desarrollo Urbano vigente en su momento, obligaba a los desarrolladores a ceder terrenos no a los vecinos, sino a las autoridades estatal y municipal como reserva territorial para fines públicos diversos, que abarcan desde vialidades y escuelas hasta programas sociales de vivienda como es el caso.
Quisieron vender la idea de que el terreno era un parque vecinal, cuando en realidad se trataba de un predio abandonado con matorrales y fauna silvestre; omitiendo, además, el compromiso formal del proyecto para arbolar el espacio y el hecho de que ya existe un parque real a tan solo 200 metros. Por otro lado, los &#8220;expertos&#8221; de Twitter han sentenciado que el lugar no es viable para vivienda por asentarse en una pretendida zona de riesgo a partir de datos imprecisos que se replican como ciertos entre el mismo nicho de “líderes de opinión”.
La narrativa del &#8220;despojo violento&#8221; por parte de la fuerza pública es otra ficción diseñada para la red y medios de comunicación afines a Morena. La autoridad simplemente procedió a la recuperación de un predio tomado de forma irregular, en una diligencia ejecutada sin mayores incidentes. La supuesta &#8220;represión&#8221; fue un montaje fallido de quienes buscaban convertir la zona en un campamento de agitación electoral.
Tampoco es sostenible que no haya hilos políticos detrás de las inconformidades. Existen grabaciones circulando que documentan a personas con chalecos guinda y rótulos de Morena participando en los campamentos. Y mientras en redes exigen un diálogo que dicen desear, en los hechos los manifestantes hostigaron y se cerraron a dialogar con los funcionarios de Participación Ciudadana de Zapopan que acudieron a escucharlos y atender sus inquietudes.
Hoy condicionan cualquier mesa de trabajo a ser recibidos únicamente por las máximas autoridades –hemos de suponer que el gobernador y el presidente municipal–. Cabe preguntarse si la intención auténtica es resolver dudas técnicas y no politizar el tema, ¿por qué cerrarse al diálogo con las áreas operativas? Rechazar la mesa de trabajo solo confirma que la prioridad no es el bienestar vecinal, sino mantener el conflicto vivo para alimentar la burbuja digital y sacar raja electoral.

Legado en San Isidro y la burbuja de los tuiteros

El programa “Legado Jalisco” nació como una política pública integral para dignificar a más de seis mil elementos de las corporaciones de seguridad y a sus familias. Además de garantizar un ingreso mínimo de 25,714 pesos —colocándolos entre los mejor pagados del país—, incrementos salariales, atención médica y becas universitarias completas. La estrategia contempla vivienda vertical accesible con mensualidades menores al 30% del ingreso familiar. Para concretarlo, el Congreso del Estado respaldó por unanimidad destinar un predio en San Isidro para 200 departamentos, dirigidos a policías que, por sus ingresos, quedan marginados del programa federal de vivienda de la presidenta Sheinbaum.
Sin embargo, la propuesta chocó de frente con el oportunismo y el doble discurso guinda. Resulta paradójico que mientras la bancada morenista respaldaba la obra con su voto en el Congreso, distintos actores políticos de Morena con intereses electorales en Zapopan promovieron entre un grupo de vecinos la toma del predio. La intención era clara: impedir los trabajos, forzar una confrontación y provocar un desalojo para victimizarse ante las cámaras y las redes sociales.
Esta maniobra remite directamente a los métodos del antorchismo histórico: invadir, desinformar y capturar el espacio público para extorsionar a las instituciones y extraer dividendos electorales. En un principio argumentaron que el predio debía ser un parque, omitiendo que existe uno a 200 metros; reclamaron una escuela, habiendo un plantel a 100 metros. Todos los aspectos legales de la donación y sus fines contemplados en la ley de desarrollo urbano han sido escrupulosamente atendidos por el Ejecutivo y el Legislativo. Lejos de buscar el diálogo, los promotores de la invasión hostigaron a los equipos de socialización municipal, los persiguieron en vehículos y los silenciaron con altavoces.
Ante el amedrentamiento, la liberación del terreno por la autoridad municipal restablece la legalidad indispensable para encauzar la discusión institucional. El gobierno ha dicho que abrirá el diálogo, pero éste no podía partir del chantaje. Las inquietudes de los vecinos sobre el impacto en servicios públicos, vialidades y eventuales riesgos ambientales son legítimas y habrán de debatirse en espacios técnicos para llegar a acuerdos. Quienes recurren a la toma ilegal descalifican la causa social que afirman representar y se aprovechan mezquinamente de la buena fe vecinal.
Zapopan y las familias de nuestros policías merecen certidumbre, soluciones de fondo y liderazgos a la altura de sus necesidades, no agitadores que confunden la política con la confrontación y utilizan a la comunidad como carne de cañón. Fuera manos de los partidos y del oportunismo electoral: que se hagan a un lado y permitan el entendimiento directo entre vecinos y autoridad en San Isidro.

El antorchismo de Morena en San Isidro

Está por colocarse la primera piedra del primer desarrollo del programa &#8220;Legado&#8221;: 200 departamentos en la zona de San Isidro, en Zapopan. Se trata de una iniciativa con un profundo sentido de justicia institucional concebida para brindar vivienda a nuestros policías. El proyecto estatal atiende un vacío técnico de origen: al percibir un ingreso superior a dos salarios mínimos, las y los policías no son sujetos de crédito en la vertiente federal del programa de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, donde la sociedad ve un avance legítimo en favor de quienes arriesgan la vida por la seguridad de todos, la oposición local encuentra una oportunidad para el chantaje político. En un afán estrictamente electoral, operadores de la 4T se han dedicado a agitar a un grupo de vecinos para descarrilar la obra. Detrás del montaje de un toldo en el predio y del bloqueo con automóviles para impedir los trabajos, se observan las manos de la diputada suplente de Morena, Diana Ascencio; el regidor Mauro Lomelí; el diputado Enrique Velázquez, y el exsecretario del Ayuntamiento de Tonalá, Manuel Salvador Romero Cueva.
El diseño del boicot es transparente: buscan forzar la confrontación y esperan el desalojo para victimizarse ante los micrófonos. La inconsistencia de sus exigencias raya en el absurdo. Argumentan que el predio debería ser un parque, omitiendo que existe uno a tan solo 200 metros; reclaman una escuela, cuando hay un plantel a 100 metros; y afirman, sin exhibir un solo peritaje o prueba, que la obra colapsará los servicios públicos de la colonia.
Lo más ilustrativo es el cínico doble rasero. Mientras en Zapopan buscan sabotear el proyecto y privar de techo a los policías, guardan un silencio cómplice ante desarrollos que el Infonavit ejecuta en predios con características idénticas en varios puntos de Jalisco. Ahí no hay regidores ni diputados de Morena pegando el grito en el cielo ni estorbando el paso de la maquinaria.
Atentar contra la tranquilidad y el patrimonio de las familias de los policías para arañar un par de votos no solo delata una enorme ruindad; confirma que para la 4T local la agitación partidista siempre estará por encima de las causas de la ciudadanía.

Sabotaje de Morena a la dignidad policial

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Querer a México

Las giras de Claudia Sheinbaum para presentar sus informes regionales abandonaron cualquier barniz institucional. Lejos de ser ejercicios de rendición de cuentas, los actos públicos se han transformado en escenarios de presión política contra los gobiernos locales. Para los mandatarios estatales, la visita presidencial plantea una disyuntiva tramposa: someterse a los abucheos de las porras organizadas en el templete o asumir el costo político de no acompañar a la presidenta. La lección quedó clara en Guanajuato, donde la gobernadora Libia Dennise García aceptó la cortesía del presídium solo para recibir una rechifla coordinada que obligó a la propia mandataria federal a solicitar un respeto tan formal como inútil ante la marea guinda.
Frente a la emboscada, el gobernador Pablo Lemus fue el primero en marcar una distancia estratégica: cumplió con la cortesía republicana de recibir institucionalmente a la presidenta, pero declinó subir al escenario. Ese precedente trazó una ruta que otros gobernadores de oposición imitaron, como Samuel García y Mauricio Kuri, para no prestarse al linchamiento coreografiado.
Lo revelador del fenómeno es que el estruendo de la plaza no refleja la opinión ciudadana, sino la disciplina del acarreo. De acuerdo con Consulta Mitofsky, mientras la presidenta aventaja por más de 20 puntos a mandatarios de su propio partido en estados como Tabasco o Veracruz, y por más de 30 a Evelyn Salgado en Guerrero —además de registrar un empate técnico en Guanajuato—, Jalisco representa una excepción en todo el país: es la única Entidad donde la gestión del gobernador está mejor evaluada que la del Ejecutivo federal, situándose siete puntos por encima. Las rechiflas, por tanto, no juzgan resultados de gobierno; solo miden la capacidad de movilización de las tribus morenistas.
Ahí radica el verdadero trasfondo de la pasarela. Los informes no se concibieron para dialogar con la sociedad, sino para que Palacio Nacional tome el pulso a las facciones locales de cara a las próximas definiciones electorales. Al mismo tiempo, el despliegue le permite a Sheinbaum afianzar su autoridad territorial y refrendar un mando propio frente al pulso que mantiene con el expresidente López Obrador y sus huestes dentro del partido.
Disfrazada de itinerario republicano, la gira es la auténtica encuesta del régimen: un aplausómetro donde los aspirantes guindas se juegan su futuro en el agravio de las autoridades locales. Negarse a subir a esa tarima no fue un desplante, sino un acto elemental de dignidad que desnudó la farsa: ningún gobernante tiene por qué prestarse como comparsa en un teatro montado para dirimir los conflictos internos de Morena.

Los abucheos en los informes de Sheinbaum