Laura Haro Ramirez

En México, el feminicidio se convirtió en una de las estadísticas más dolorosas de todas. Detrás de cada número hay vidas interrumpidas, familias rotas y, en la mayoría de los casos, un Estado que llega tarde, acciones aisladas y mucha impunidad.
Ser mujer en México sigue siendo una actividad de alto riesgo. Esta idea es una que ninguna sociedad debería aceptar, pero aquí pareciera no importarle a las autoridades. Las violencias contra las mujeres han alcanzado prácticamente todos los espacios: la calle, el transporte público, el trabajo y la casa, y ninguna mujer queda exenta, niñas, jóvenes, madres, incluso mujeres que vienen del extranjero a nuestro país, como la estudiante española Claudia Tacoronte, asesinada en Morelos.
En los primeros 9 meses de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 420 casos de feminicidio en México. La cifra representa más de una mujer asesinada por razones de género cada día. Esto sin sumar los homicidios dolosos de mujeres que no son catalogados como feminicidio en las fiscalías y ministerios públicos.
La semana pasada un caso estremeció a Jalisco, el de la estudiante de medicina, Karla Margarita Pérez, reportada como desaparecida el 14 de septiembre. La tarde del 16, su cuerpo fue localizado en un predio cercano al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan.
Karla era una estudiante foránea, originaria de Irapuato, Guanajuato. A sus 22 años de edad tenía toda una vida por delante con su sueño de convertirse en doctora. Hoy ese sueño es uno de los miles y miles de sueños truncados por la violencia feminicida de este país.
El pasado viernes 18, la Fiscalía de Jalisco reportó en Tala la detención de Eduardo “N” presunto feminicida de Karla Margarita. El detenido prestaba servicio de chofer de plataformas, las investigaciones apuntan a que ella solicitó un servicio, el cual fue asignado a Eduardo. El feminicidio de Karla despertó una ola de manifestaciones, publicaciones en redes sociales y notas informativas, fenómeno que aceleró los trabajos de las autoridades, pero no siempre ocurre lo mismo.
Son muchas las familias mexicanas que enfrentan investigaciones lentas, expedientes incompletos, negligencias y en algunos casos, la indiferencia de las instituciones de seguridad. En 2025 solo el 15% de los casos de feminicidio en el país llegaron a judicializarse.
Si algo se les adeuda a las mujeres de este país es justicia, desde tener igualdad salarial, hasta vivir seguras. México no debe ser un país acostumbrado a contabilizar casos de mujeres asesinadas. Cada feminicidio es una derrota institucional, cada investigación a medias es una segunda forma de violencia, y cada agresor impune, un mensaje de vulnerabilidad para las mexicanas. Algo debe cambiar.

Laura Haro

A las mexicanas se les adeuda justicia

En la discusión en torno al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2027, Morena podrá decir que hay un aumento significativo para Jalisco, podrán presumir miles de millones de pesos para proyectos en nuestra Entidad y defender que hay recursos para nuestro Estado y que la oposición busca desinformar. Al revisar el documento presentado noté lo que es verdaderamente cierto y valioso: hay un total desprecio presupuestal a Jalisco. A continuación, el análisis.
El proyecto contempla para Jalisco 241 mil 663.7 millones de pesos de gasto federal programable. Es una cifra considerable, pero si la contextualizamos correctamente aparecen los problemas, el más grave sin duda: frente al tamaño de la economía jalisciense y su aportación fiscal, lo que nos regresan a las y los jaliscienses es completamente desproporcional: por cada 8.83 pesos que Jalisco aporta, la federación nos regresa únicamente 2.28 pesos.
La desigualdad presupuestal se profundiza cuando nos adentramos a los rubros del prepuesto federal, como en infraestructura, donde en 2027, el gobierno de Morena propone destinar a Jalisco 3 mil 627 millones de pesos; es decir, de aquellos 241 mil 663.7 millones de pesos, sólo el 1.5 por ciento va destinado a proyectos de infraestructura, además hay un pero que se debe poner a consideración, de estos recursos solamente mil 463.4 millones corresponden a proyectos exclusivos para Jalisco, el resto es para proyectos compartidos con otras entidades.
Siguiendo con lo anterior, si comparamos la bolsa de Jalisco para infraestructura con el total a nivel nacional para este rubro, lo que recibirá Jalisco alcanza apenas el 1.9% y si lo comparamos con el hermano Estado de Tabasco, la comparación se vuelve simplemente ridícula: 137.8 mil millones de pesos para las y los tabasqueños, y 3 mil 627 millones para las y los jaliscienses; la diferencia es 38 a 1.
El proyecto de presupuesto no es una discusión partidista, ni una disputa de ideologías o colores. Se trata de un ejercicio republicano y debe discutirse proyecto por proyecto, bajo la pregunta elemental de qué necesita cada Entidad; sin embargo, Morena ha dejado ver año con año que el presupuesto federal es su mayor herramienta de control político y electoral. Aquí parece no importar si Jalisco es uno de los principales motores económicos del país, lo que importa es priorizar los bastiones de Morena.
Sin embargo, estoy clara que oponerse y criticar no es la alternativa real. Por eso, en el PRI anuncié una ruta distinta para Jalisco. En próximos días convocaré a las y los 32 diputados federales a la conformación de una comisión especial para analizar y discutir el presupuesto para Jalisco. En este grupo de trabajo se deberán revisar las partidas, identificar los proyectos y construir una propuesta que haga sentido a las necesidades y la realidad de nuestro Estado. El presupuesto todavía no está aprobado, puede corregirse y reasignarse; la pregunta está en la voluntad de las y los representantes jaliscienses.
Si deciden actuar harán lo correcto, si deciden ser espectadores del desprecio a Jalisco, revelarán de qué lado están.

Desprecio presupuestal a Jalisco

El Segundo Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en términos reales, no dista tanto de los siete informes pasados, dictados desde los gobiernos morenistas. Programas sociales como el eje rector y culpas al pasado.
El medio de comunicación Verificado MX, especializado en la verificación de hechos para combatir la desinformación, revisó el ejercicio y localizó algunos dichos falsos, imprecisos y engañosos sobre la administración federal en este Segundo Informe de gobierno del pasado 1 de septiembre. A continuación, algunas de las afirmaciones, cifras y premisas.
“En 2025 los ingresos del gobierno federal alcanzaron una cifra histórica de 6 billones 046 mil millones de pesos; esto significa 487 mil millones de pesos más que engañosos 2024”. Esta afirmación resulta falsa, pues la suma de los ingresos del gobierno federal en 2025 fueron 5 billones 672 mil 186.8 millones de pesos.
Acerca de las gasolinas, la presidenta dijo: “no ha aumentado el precio de la gasolina regular, ni del diésel y 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12% en términos reales”. Lo cierto es que entre 2024 y 2025 la variación real de la canasta básica alimentaria urbana y la canasta básica alimentaria rural ha sido de 1.69% y 1.62% respectivamente, aumentos que distan de la baja porcentual propuesta por la presidenta.
En materia de salud, la presidenta aseguró que “en el periodo del neoliberalismo de 1983 a 2018 solo se agregaron 4 mil camas de hospital”. Datos históricos del Sector Salud contradicen esta afirmación, pues entre 1982 y 2018, el total de camas hospitalarias pasó de 59,066 a 85,656, resultando 26,590 camas adicionales en este periodo y no las 4 mil dichas por la mandataria.
Así mismo, detalló que “se contratan el doble de médicos especialistas cada año, comparado con el periodo neoliberal”. Y para ello una comparación: en el sexenio de Vicente Fox se contrataron un promedio de 3 mil 174 médicos especialistas por año, en el de Felipe Calderón fueron 3 mil 114 por año, en el de Peña Nieto 3 mil 629 por año, y en el sexenio de López Obrador la cifra cayó a 2 mil 884 médicos especialistas por año. Y por igual dijo que ningún hospital carece de medicamentos para tratamiento del cáncer.
En cuanto a la seguridad, declaró que se ha logrado 51% de disminución en homicidios dolosos desde que arrancó su sexenio, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. La afirmación es engañosa, pues si bien el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública afirma que hay una disminución en lo que va del presente sexenio, esta no es del 51% sino del 48.03%, lo que equivale a 36.64 homicidios menos por día.
La presidenta dijo también que se respeta plenamente la libertad de expresión y manifestación. La organización Artículo 19 registró en 2025, 451 agresiones contra la prensa, y basta con recordar las listas del gobierno de políticos y periodistas incómodos, o la represión en manifestaciones como la de la Generación Z, para reconocer que este dicho es falso.
Informar a la ciudadanía requiere transparencia, carácter y resultados o bien, un diagnóstico de la ausencia de los mismos. De otra forma, el ejercicio es un simple mitin partidista.

Un informe con falsedades, engaños e imprecisiones

Los periodistas dedicados a los grandes artículos de investigación siempre repiten la misma idea: para llegar a la verdad hay que seguir el rumbo del dinero. Este gobierno de Morena y el anterior, han hecho evidente esta verdad. Sus obras y también sus omisiones han resultado en pérdidas billonarias para el país; basta con mencionar algunas para conocer una verdad ineludible: Morena es una máquina hípereficiente para desaparecer el dinero de las y los mexicanos.
La obra emblemática de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, que significó además la devastación de la selva del Sureste mexicano, opera en número rojos. Hasta junio del 2026 acumulaba 14 mil 104 millones de pesos en gastos y pérdidas, mientras que únicamente había obtenido mil 60 millones de pesos en ingresos por venta de boletos y otros servicios, por lo que su permanencia está sujeta a subsidios públicos año con año.
A casi tres años del resurgimiento de la extinta Mexicana de Aviación, la participación de la aerolínea en el mercado aéreo nacional es de apenas el 1% en comparación con las aerolíneas comerciales del país, frente a los 38 mil millones de pesos que ha costado el capricho al erario. Analistas advierten que a finales del año las pérdidas económicas sean de 600 a 900 millones de pesos; y se estima que sus pérdidas diarias ascienden a 2.5 millones de pesos.
Por otro lado, la empresa Litio MX, nacida tras el rechazo de la reforma eléctrica, reporta cero proyectos de exploración y explotación de este mineral, que además pareciera tener el tiempo contado, pues vienen nuevas tecnologías como las baterías de sodio que ya se desarrollan en China; sin embargo, la paraestatal, pese a no haber extraído aún ni un gramo de litio, ha gastado 40 millones de pesos en nóminas para su personal.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mejor conocido como AIFA, después de cuatro años de operaciones, continúa dependiendo de subsidios federales para mantener su viabilidad. Con todo y el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol en México, este aeropuerto movilizó a 3.4 millones de pasajeros a lo largo de 6 meses, cuando la meta establecida había sido de 8.3 millones. Además, esta obra se prometió con un costo de 75 mil millones de pesos, pero su costo final fue de 115 mil millones, sin contar los costos emanados de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.
Y una de las joyas de la corona, la refinería de Dos Bocas, prometida en 8 mil millones de dólares, acumula al momento un costo de más de 21 mil millones de dólares, y alcanza apenas un ritmo de operación del 41% de su capacidad, y múltiples accidentes como incendios y explosiones en su haber.
Toda esta información puede consultarse en las publicaciones del periódico El Universal en su serie de artículos titulados Mega Obras Bajo la Lupa, a las que doy crédito.
Por último, el que es hasta hoy el mayor escándalo de corrupción en la historia de este país: el huachicol fiscal, que representa un daño al erario de hasta 600 mil millones de pesos por evasión de impuestos, robo y contrabando de combustibles, durante ambos sexenios, y en el que múltiples figuras y funcionarios de Morena han resultado involucrados. Este es el dinero que no regresa bajo los gobiernos morenistas.

El dinero que no regresa

Tras 112 días de permanecer apartado del cargo, el viernes Rubén Rocha Moya desafió, pisoteó y quemó prácticamente todo al regresar de forma burlesca y retadora a la gubernatura de Sinaloa. No volvió acompañado de su partido, ni por sus homólogos, mucho menos por el gobierno de México. Volvió solo, y su decisión le causó un terremoto de tal magnitud a Morena que sacudió a toda la estructura del poder.
Morena calificó su reincorporación como una decisión personal; la Secretaría de Gobernación recordó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación en su contra, los gobernadores guindas lo llamaron a actuar con madurez y responsabilidad, legisladores de su partido calificaron el momento como un cisma (una división o separación de una iglesia cuando las personas se apartan de la autoridad).
La hecatombe llegó el mismo día que una muy conveniente gripa atacó a la presidenta, misma que dijo haberse enterado de la decisión de Rocha por un tweet. El sábado, sin mencionar su nombre, la mandataria criticó que el ejercicio del poder sin principios lleva a la arrogancia, y la falta de límites deriva en abusos. Cualquier parecido con la realidad debe ser mera coincidencia.
Al final, las presiones surtieron efecto. Rubén Rocha duró solo un día en el cargo. El sábado volvió a solicitar licencia. Bien dicen que en política la forma es fondo; que un gobernador señalado de vínculos con la criminalidad reasuma el cargo sin informar a la presidenta no es una falla administrativa, es toda una fractura expuesta en el poder.
Quedará en incógnita si fueron las presiones de Morena y la presidenta las que hicieron rectificar a Rocha Moya, o si hubo alguna advertencia peligrosa desde las autoridades de Estados Unidos, que mantienen la versión más oscura del sinaloense. Lo que queda muy claro es que Morena cada vez debe dar más maromas para mantener a flote el movimiento.
En Sinaloa, Rocha se fue otra vez, pero el problema no se fue, sigue ahí, en Sinaloa, donde la guerra continúa. De acuerdo con el Consejo Sinaloense de Empresarios, en 2026 las extorsiones han aumentado en 94.4% mientras que el empleo se ha desplomado con 44 mil 451 personas desempleadas, al tiempo que en Culiacán la ciudadanía ha desplegado espectaculares exigiendo que dejen de matar a la gente.
Lo cierto es que Rubén Rocha pudo entrar y salir en un día por la libre, pudo pedir licencia y Morena ya descansa en haber contenido la que pudo haber sido la crisis de política internacional más fuerte de este sexenio, pero en Sinaloa la violencia y el miedo continúan, ahí no hay licencia ni presiones. Esto es Morena.

Rocha por la libre

Al más puro estilo de los regímenes fascistas de la historia, el gobierno de Morena presentó en las mañaneras del Palacio Nacional, el listado de sus mayores críticos y detractores. Por supuesto que la lista incluye a políticos de la oposición y líderes de opinión de distintos medios de comunicación que no se han entregado al poder. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, es quien encabeza la relación presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
¿Cómo se llega a algo como esto? Cuando imaginamos una democracia no pensamos en un gobierno que exhibe listas y nombres de sus ciudadanos críticos, esto viene cuando pensamos en una dictadura. Ahora, si nos basamos en aquello que tanto presumen los gobiernos de Morena, acerca de la aprobación de sus gobernantes, resultaría incongruente que el 80, 70, 60 por ciento de aprobación se traduzca en mano dura contra esas “minorías” quienes opinamos distinto.
Analizando las listas presentadas por Luisa María Alcalde, hay algo que me llama la atención, si bien aparecen los dirigentes nacionales del PRI y el PAN, Alejandro Moreno y Jorge Romero, la ausencia del dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, deja ver que este personaje y su partido no incomodan a Morena al grado de señalarlos, a pesar de ser un cobarde señalamiento. Y es que si recordamos todas aquellas votaciones en el Congreso de la Unión, en la que naranjas y guindas han sido uno mismo, podemos encontrar las razones del cariño, y del porqué Máynez es el consentido de Morena.
Ustedes que han llegado hasta este punto del texto, podrán hacer memoria, y con un gran esfuerzo mental, no podrán recordar ni un solo momento en el que algún gobierno del PRI o de los dos sexenios del PAN, se hubiese presentado un listado de personas no afines al poder, y vaya que los había; entonces la pregunta aquí es ¿en dónde sustenta Morena su ejercicio de gobierno?
A la par de este acontecimiento ocurre otro asunto vinculado al gobierno morenista, el reciente retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán, dado a conocer por él mismo en una ridícula carta dirigida al presidente Donald Trump desde Teapa, Tabasco, donde acusa a Marco Rubio y Christopher Landau, al que llama “el quita visa” por haber ordenado quitarle el permiso para ingresar a los Estados Unidos de América, sin embargo señaló que no desea visitar aquél país “en estos tiempos decadentes y lamentables”. Aunque parezca comedia, fueron sus palabras.
Ante este caso, la embajada estadounidense en México respondió que Estados Unidos cancela cualquier visa cuando existen razones para hacerlo, sea quien sea a quien se le retire. En el trasfondo político, son perfiles morenistas y aliados los que han sufrido el retiro del visado, y las acusaciones o señalamientos sobre sus vínculos con la criminalidad parecen razones suficientes para ello.
Al final del día, un listado desde el Palacio Nacional enciende las alertas sobre el camino que anda el país, pero no dobla a quienes tenemos la convicción que el presente no ha sido mejor que el pasado. La diferencia del listado de Estados Unidos, es que advierte sobre quiénes gobiernan México y les cierra las puertas de entrada a su nación.

El listado de Morena y el listado de Estados Unidos

El asunto de la seguridad es, sin duda, el más importante para las mexicanas y los mexicanos. Podemos verlo reflejado en encuestas, sondeos y en las mismas conversaciones de café, porque sencillamente, sin seguridad de poco o nada importa si hay empleo, agua o educación de calidad. Si nuestra integridad y la de nuestras familias no está garantizada, lo demás pasa a un plano secundario. El día de mañana tendremos el Foro Nacional de Seguridad y Paz México 2026, aquí en Jalisco, organizado por el PRI.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en el segundo trimestre de 2026, el 59.8% de la población de 18 años y más, vive con miedo en su ciudad. En Jalisco, prácticamente 8 de cada 10 personas mayores de edad viven con miedo en Guadalajara, y entre 5 y 7 personas padecen esta misma situación en el resto de municipios metropolitanos y en Puerto Vallarta.
Las cifras de la ENSU tienen su explicación en otras estadísticas oficiales que hacen una radiografía de cuerpo completo al fenómeno de la inseguridad en México y a nivel local. El mismo INEGI documenta que entre 2019 y 2025, periodo gobernado por Morena, se han registrado 232 mil 459 homicidios, y con las cifras preliminares del 2026, se acumulan hasta 241 mil casos. Si bien en 2025 se registra una disminución del 16%, el promedio diario de homicidios es de 76.6, cifra escalofriante.
Respecto a feminicidios, de acuerdo con datos oficiales, 10 mujeres son asesinadas cada día, sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cataloga únicamente 2 por día, lo que deja ver las fallas u omisiones que persisten en las fiscalías. En Jalisco, entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron al menos 32 víctimas de feminicidio.
En cuanto a desaparición de personas, alarman los recientes y crecientes casos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; en el primer semestre de 2026, desaparecieron en Jalisco 415 personas de entre 10 y 19 años. Son hasta 3 casos por día. En los registros hay 16 mil personas desaparecidas y no localizadas en el Estado. Y alarma mucho que continúen las inconsistencias entre el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
Otras explicaciones al fenómeno de la inseguridad tienen que ver con los bajos salarios de los elementos de las policías en México: de acuerdo con INEGI, el 48% reciben un salario menor a 10 mil pesos; por otro lado, abundan la corrupción; datos del INEGI también muestran que 7 de cada 10 personas que acudieron ante autoridades de seguridad en 2025 fueron víctimas de corrupción.
Una reciente encuesta de El Financiero publicada el 6 de julio, reportó que el gobierno de Claudia Sheinbaum está reprobado en seguridad, ya que sólo el 20% de los referidos aprueban el trabajo del gobierno federal en este ámbito, y un 68% lo califica como mal/muy mal. Como lo dije antes, sin seguridad todo lo demás pasa a un segundo plano.

Hablemos de seguridad

La semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, y al propio partido, bajar todas aquellas publicaciones en redes sociales en las que se refiere a Morena como narcopartido. A estas alturas del momento político conviene aclarar que lo dicho está dicho y no se puede borrar la verdad de un plumazo. Lo que es alarmante es el hecho de que el árbitro tomó partido.
Dicho de otro modo lo anterior, el problema de fondo no es la palabra; que Morena sea un narcopartido no tiene lugar a dudas, el problema es quién decide pasar por encima de la libertad de expresión de un senador de la república y de todo un partido político regido por principios, estatutos y órganos internos. El INE acaba de sobrepasar todos los límites posibles.
Por años, Morena ha lanzado acusaciones contra el PRI y su dirigencia, sin una intervención del Instituto Nacional Electoral. La diferencia reside en que en la batalla legal y jurídica ha quedado comprobado que todos y cada uno de estos señalamientos han resultado infundados. Del otro lado del tablero, numerosos morenistas enfrentan duras inculpaciones por parte de la justicia estadounidense, por sus vínculos con la criminalidad.
Adán Augusto y su jefe de seguridad, Hernán Bermúdez; Rubén Rocha, Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez, Américo Villarreal, Marina del Pilar y un largo etcétera de políticos y funcionarios de Morena, mantienen activo el interés de la DEA no necesariamente por sus grandes resultados al frente de sus encargos.
En este mismo contexto en el que se da la resolución del INE contra “Alito” Moreno y el PRI, el gobierno de México dio a conocer una serie de lineamientos sobre los “derechos de las audiencias”, contemplados en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que en los hechos, constituyen un paso muy peligroso hacia una dictadura, porque buscan censurar a concesionarios de radio y televisión.
Los lineamientos anunciados pretenden “evitar” la difusión de información falsa, garantizar la distinción entre noticia y opinión, distinguir entre publicidad y contenido, entre otros. La propia Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) calificó la medida como una regresión democrática, y la organización Artículo 19 dijo que los derechos de las audiencias no son para castigar ni perseguir.
En ambos casos lo que se observa es que Morena quiere borrar la verdad, callar las voces incómodas e imponer su propio relato de la realidad. Por nuestra cuenta, las y los priistas no nos vamos a doblar, ni nos van a intimidar. Ninguna resolución hará que dejemos de señalar a quienes le quieren ven la cara a este país. Podrán quitarnos una palabra, pero jamás nos arrebatarán la verdad de nuestras bocas.

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Con los votos de Morena y sus aliados, sumado a la abstención de Movimiento Ciudadano, las comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la república, aprobaron la polémica “Ley Antimemes”, la reforma de la presidenta México que busca imponer condenas de prisión a quien realice parodias del gobierno.
Para Morena, la reforma pretende combatir la piratería, la falsificación y el uso fraudulento de elementos protegidos por la propiedad industrial; para el resto del país es un mecanismo más de censura, represión y control político. ¿Ir a la cárcel por un meme o una parodia? Ahora sería posible.
Irónicamente, México es un país con una gran tradición histórica sobre la crítica política; en el lejano 1900 los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón publicaban el diario de combate “Regeneración” donde caricaturistas contrastaban al poder en turno. Hoy día es impensable imaginar un periódico sin cartones políticos que hacen del humor y la sátira un ejercicio de contrapeso al régimen.
Un gobierno que no soporta un meme tiene un problema; y el problema no es en sí mismo el meme o la piel delgada de la clase política morenista, sino el castigo que buscan imponer. El dictamen original contemplaba penas de tres a siete años de prisión para quien utilizara o imitara la identidad gráfica institucional para “inducir a un error” o “desinformar”. Después de las duras críticas modificaron la redacción y ahora plantean penas de uno a cinco años.
Y la pregunta es difícil de omitir: ¿Por qué una reforma contra la piratería tiene que invadir el terreno de la sátira política? De ninguna manera voy a negar que en la actualidad hay cientos de páginas digitales que buscan engañar, extorsionar y desinformar utilizando logotipos oficiales, sin embargo, hay que tener la mente extraviada para tolerar la intolerancia a la crítica. Catalogar la crítica humorística en un delito no es opción.
Morena asegura que no hay censura en sus gobiernos; para muestra un botón: En el Estado de Campeche los diarios impresos Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades, han cerrado o limitado sus operaciones durante el gobierno de Layda Sansores, quien ha hostigado a periodistas y ciudadanos críticos de su administración. Otro ejemplo, en junio de 2025, cuando el alcalde detenido de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, agredió físicamente a un fotoperiodista del medio N+.
Imponer el miedo como política pública del Estado para silenciar la crítica es digno de cualquier dictadura. Si un periodista, caricaturista o ciudadano se la tiene que pensar antes de parodiar o satirizar al poder, es señal alarmante de que hemos perdido nuestras libertades. Y es escandaloso que Movimiento Ciudadano se haya abstenido de votar contra esta aberrante reforma.
No se trata de proteger los memes o el humor del mexicano (totalmente importante) se trata de defender un principio básico de libertad plasmado en la Constitución. Que nadie en este país tenga que callar por miedo a ir preso. El PRI dará la batalla y no callará.

El meme bajo sospecha