Sin duda, a lo largo de la historia los humanos hemos buscado la forma de comunicar. En el terreno político la caricatura y sátira política inició porque no todas las personas tenían acceso a la educación y por ende, no sabían leer.
Hoy, ese comienzo es parte fundamental de una democracia. Desde una noticia hasta un meme, pueden influir en la toma de decisiones de la opinión pública.
Ante ello, la obligación de un gobierno debe ser responder con resultados, no buscar herramientas legales que limitar la crítica. Por eso es preocupante la discusión de la llamada “Ley Antimemes” y cualquier redacción que deje espacio a interpretaciones que puedan afectar la libertad de expresión.
Sí creemos en proteger la propiedad intelectual y combatir el fraude. Nadie plantea permitir el uso de marcas, identidades o contenidos con fines comerciales para engañar a los ciudadanos. El problema surge cuando una legislación puede interpretarse de manera que una parodia, sátira, caricatura o meme político sea objeto de sanciones.
El Senado modificó el artículo 403 Bis para precisar que el supuesto sancionable está relacionado con el uso comercial y la intención de inducir a engaño. Sin embargo, la propia discusión legislativa evidencia la necesidad de mayores salvaguardas para la libertad de expresión.
Desde Acción Nacional nuestra exigencia es sencilla: si no quieren censurar memes, parodias o caricaturas, que quede claramente establecido en la ley. Cuando se trata de un derecho fundamental, no debe haber ambigüedades.
El poder tiene que aprender a convivir con la crítica. Si un gobierno no está de acuerdo con un meme, que responda con argumentos; si enfrenta una crítica, que dé resultados. Lo que no puede hacer es generar incertidumbre sobre si cuestionarlo tendrá consecuencias legales.
Aquí Morena enfrenta un problema de credibilidad. Mientras habla de democracia y libertad, existen antecedentes que generan preocupación sobre su tolerancia frente a quienes lo cuestionan. El caso de Gerardo Fernández Noroña y el ciudadano Carlos Velázquez de León, es una muestra de la controversia sobre los límites entre autoridad, crítica y poder. Noroña sostiene que la disculpa pública fue propuesta por el propio ciudadano como mecanismo de conciliación, mientras otras voces cuestionaron el episodio como un posible abuso de poder.
El punto es claro: la crítica no puede desaparecer cuando incomoda. Hoy puede tratarse de un meme sobre un funcionario; mañana, de una investigación periodística, una caricatura o una denuncia ciudadana. Por eso, la libertad de expresión debe estar protegida por la ley y no depender del criterio de quien ejerza el poder.
Tampoco podemos ignorar la actuación de Movimiento Ciudadano, que decidió abstenerse en esta votación. Esa posición resulta insuficiente cuando está en juego una libertad fundamental: frente a una posible amenaza a la libertad de expresión, abstenerse no es defenderla.
Los ciudadanos también han visto a MC coincidir con Morena en decisiones legislativas de gran trascendencia. Por eso es legítimo preguntar cuál es realmente la diferencia entre ambos cuando llega el momento de defender los contrapesos y poner límites al poder. Morena y MC son lo mismo.
No basta con decir que se es oposición en los discursos; las diferencias se demuestran al votar.
Hay que defender algo muy sencillo: que en México nadie tenga miedo de criticar al gobierno.
Una democracia fuerte no necesita ciudadanos silenciosos, sino ciudadanos libres para cuestionar, denunciar, investigar, criticar y hasta burlarse del poder.
Si al gobierno le molesta un meme, tiene una solución muy sencilla: gobernar bien y dar resultados.