La violencia machista se combate hasta las últimas consecuencias

Ningún debate público debe propiciar agravios en razón de género contra las mujeres, pero es inadmisible que cuando los hay, la autoridad los pase por alto. El regidor “Chema” Martínez no ha querido establecer un debate político y abierto conmigo, sino que ha ejercido violencia política contra mi persona. No confrontó ideas o presentó argumentos, sencillamente hizo lo que un macho hace: intentar restarme valor.

Decir que soy una mujer “desquehacerada”, que “no decido” y que “otros hombres deciden por mí” no es una crítica legítima; es afirmar que no tengo voluntad propia, en menoscabo de mi imagen pública. Lamentablemente, lo que hizo el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco fue normalizarlo al negarse a juzgar los hechos con una auténtica perspectiva de género. Al resolver mi denuncia, el Tribunal local ha juzgado los hechos por pedacitos. Tomó la palabra “desquehacerada” y la analizó de forma aislada en el diccionario, como si fuera una broma coloquial sin consecuencias.

No obstante, las jurisprudencias 6/2024 y 14/2024 del Tribunal Federal obligan a valorar la violencia de género de manera integral y en su contexto. Si se une la expresión completa, el mensaje es nítido: se me tildó de desquehacerada para afirmar que carezco de autonomía y que otros toman las decisiones por mí. Eso no es confrontación de ideas, es descalificación machista.

“Chema” Martínez recurrió al estereotipo más añejo de la subordinación: insistir en que una mujer no manda, no dirige, no decide. Él mismo sugirió que esas “otras personas” que supuestamente toman las decisiones por mí en Movimiento Ciudadano son tres hombres: Dante Delgado, Clemente Castañeda y Enrique Alfaro. La ley sanciona explícitamente el menoscabo que reproduce relaciones de dominación masculina. La Sala Toluca (ST-JDC-28/2026) ha dejado en claro que acusar a una dirigente partidista de inmadurez o falta de independencia constituye violencia simbólica.

Tampoco puede admitirse la excusa de la libertad de expresión ni el pretexto del debate sobre el agua potable en Guadalajara. Como lo fijó la Sala Superior en el expediente SUP-PSC-17/2026, la libertad de expresión no ampara el sexismo. Utilizaron una discusión de interés ciudadano como pantalla para vulnerar mi dignidad, un derecho tutelado por la Convención de Belém do Pará.

Decir que “si se lo hubieran dicho a un hombre daría igual” revela una alarmante ceguera judicial. A un hombre jamás lo reducen a un títere dependiente de la voluntad de otros varones; a nosotras sí, porque arrastramos una historia de exclusión.

Por ello, he acudido a la Sala Regional Guadalajara con tres exigencias puntuales: que revoque la sentencia local y declare la existencia de violencia política de género; que juzgue con perspectiva de género e integralidad; y que garantice la reparación del daño mediante una sanción, la inscripción de “Chema” Martínez en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, una disculpa pública y capacitación obligatoria.

No estoy pidiendo un privilegio, estoy exigiendo que se juzguen estos hechos con perspectiva de género y se me garantice el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño. Si una dirigente de un partido político puede ser llamada “desquehacerada” y afirmar que otros hombres deciden por ella sin consecuencias, ¿qué mensaje le mandamos a las mujeres de Jalisco que quieren participar en política? Callar representaría dar la espalda a décadas de lucha de mujeres valientes que dejaron la vida porque nosotras tuviéramos la posibilidad de alzar la voz. ¡Basta de violencia machista!