Precisiones

El Gobierno de Jalisco salió a aclarar que las sanciones contra la apología del delito siguen vigentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las referencias a “algún tipo de vicio”, pero eso no significa que haya desaparecido la posibilidad de sancionar la apología de conductas delictivas. La precisión era necesaria. También lo es detenernos en aquello que la aclaración oficial no resuelve: cómo llegó hasta una ley una expresión que terminó siendo expulsada de ella por la Corte.

Porque una palabra adquiere otro peso cuando sirve para justificar una sanción. ¿Qué debe entenderse por un vicio? ¿Quién lo determina? ¿Con qué criterios puede una autoridad convertir su valoración sobre una conducta en una consecuencia para el ciudadano? La claridad que se exige a una norma tiene que ver con los límites del poder y con la posibilidad de saber, de antemano, qué está prohibido.

En Jalisco ya existen antecedentes de disposiciones sancionadoras que no superaron esa revisión. En agosto de 2023, la Corte invalidó preceptos de las leyes de ingresos de Zapopan, San Juan de los Lagos, Tamazula de Gordiano y Talpa de Allende que castigaban las “molestias” provocadas por juegos o deportes fuera de los lugares destinados a ello. La ambigüedad dejaba un margen amplio de discrecionalidad tanto a las autoridades como a quienes se sintieran molestados.

Dos años antes, en mayo de 2021, el máximo tribunal había invalidado disposiciones del Código Penal de Jalisco relacionadas con el abigeato. Al sancionar operaciones con ganado robado y sus derivados, faltaba establecer que la persona conociera su origen ilícito. Una omisión con consecuencias suficientes para que la Corte señalara la falta de claridad y precisión de esos preceptos.

Son asuntos distintos, aprobados en diferentes momentos. Precisamente por eso obligan a mirar más allá de una legislatura y a preguntar qué aprende la institución cada vez que la Corte vuelve a corregirle la plana.

Un diputado no tiene por qué ser especialista en técnica legislativa, se sabe. Ellos representan —y que no se olvide— al pueblo, tan amplio y diverso como podemos ser todos quienes lo conformamos. Por ello, igual caben personas del campo, del comercio, de la docencia o de las organizaciones sociales.

Conocer las necesidades de una comunidad no depende de contar con un título universitario, y un Congreso integrado exclusivamente por abogados tampoco garantizaría buenas leyes.

Pero los diputados tienen asesores. Hay toda una estructura de apoyo cuya justificación es aportar el conocimiento especializado que la función requiere. La Ley Orgánica del Poder Legislativo contempla órganos técnicos y les asigna la elaboración de proyectos de dictamen bajo criterios técnicos. Esa revisión forma parte del diseño de leyes.

Entonces, ¿qué ocurrió durante ese proceso? ¿Se identificó el problema? ¿Hubo alguna observación? ¿Se consideró que la redacción era suficientemente precisa? ¿O existió una advertencia que terminó subordinada a una mera decisión política? ¿O de plano se les fue?

La resolución de la Corte, por sí sola, no permite atribuir negligencia a una persona determinada, pero tampoco debe convertir a los diputados en espectadores. Son ellos quienes discuten, dictaminan y votan. Contar con asesores amplía sus herramientas para decidir; también vuelve menos convincente cualquier explicación basada en el “yo no sabía”.

A los ciudadanos se les exige cumplir la ley. A quienes la elaboran y a quienes cobran por asesorarlos les corresponde entregar leyes que puedan sostenerse; vaya, que sepan exactamente qué están escribiendo.