Futuro predecible…
Antes de que alguien se indigne: sí, está bien. Si cometieron un delito, que paguen. Que nadie tenga fuero partidista ni licencia para delinquir en el país. La justicia debe alcanzar a todos, empezando por los propios.
Pero aquí aparece la pregunta: ¿Por qué precisamente ahora?
Mientras el gobierno federal presume golpes contra alcaldes de Morena, el país continúa cargando una crisis de inseguridad que no desaparece por decreto, ni conferencia mañanera, ni fotografía de un detenido.
Y mientras se detiene a esos alcaldes, hay asuntos que siguen flotando en el ambiente político, como el caso de Sinaloa y las acusaciones que han rodeado al gobernador Rubén Rocha Moya. Un expediente políticamente incómodo que, para efectos del debate público, parece tener la extraordinaria capacidad de no desaparecer… pero tampoco de resolverse.
Entonces aparecen algunas posibilidades.
La primera: las detenciones de funcionarios de Morena son una señal de que, por fin, la llamada transformación decidió aplicar aquello de que nadie está por encima de la ley. Sería magnífico.
La segunda: son una conveniente cortina de humo para administrar la crisis de inseguridad, cambiar la conversación nacional y demostrar que el gobierno federal también “se pega solo”.
Pero hay una tercera más interesante. Y que esto apenas sea el calentamiento.
Porque si en 2027 la maquinaria federal aparece con toda la artillería para detener alcaldes, ex alcaldes, ex gobernadores, ex secretarios y demás personajes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, entonces entenderemos que aquello no era una limpieza institucional, sino el tráiler de una temporada electoral bastante entretenida.
Imagínese: primero se limpia la casa… y después se pasa la aspiradora por la de enfrente. Y con todo.
Por eso hay algo particularmente temerario en este asunto: tirar balazos hacia tu propia casa, en medio de tantas crisis, puede ser un suicidio político… o una sinceridad pocas veces vista.
Si Morena está dispuesto a exhibir, investigar y detener a los suyos cuando existan elementos, habrá que reconocerlo. Pero si la justicia se vuelve implacable únicamente cuando el expediente cambia de color partidista, entonces tendremos lo de siempre: justicia selectiva y una Fiscalía General de la República convertida en protagonista de temporada electoral.
La prueba no está en 2026. Estará en 2027.
Porque el próximo año será electoral, será decisivo para Claudia Sheinbaum y será fundamental para la 4T. Ahí veremos si la espada de la justicia corta parejo o si, casualmente, aprende a distinguir colores.
Y entonces quedará claro si estamos ante una verdadera limpia institucional… o simplemente ante el “Operativo Enjambre: temporada electoral”.
El futuro parece bastante predecible.
