La responsabilidad en la crisis del agua
En la actual crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara los acontecimientos se suceden rápidamente. Las manifestaciones aumentan y se preparan otras para el fin de semana, mientras los reclamos y el enojo se multiplica en todos los espacios en los que es posible hacerlo público. La inconformidad de los habitantes de la ciudad que están recibiendo agua sucia y pestilente se entiende perfectamente, pero en la explosión del enojo público se está perdiendo la dimensión real del problema.
Durante más de 450 años, la ciudad de Guadalajara ha pasado por diferentes problemáticas que en su momento se superaron, pero la falta de agua potable y el flujo de agua contaminada supera el hecho de que en los domicilios se abra el grifo el líquido huela mal y esté turbio. El agua potable es indispensable para las necesidades elementales de aseo, limpieza y salud, pero también se requiere para muchas otras actividades: escolares, sanitarias, industriales, comerciales.
Lo que está en juego si no se garantiza el agua potable es la viabilidad de la ciudad, y el afán no es “estirar” la alarma para visualizar escenarios tremendistas.
En la crisis actual, además de la atención a la urgencia y a los reclamos, debe sumarse la responsabilidad y aunque también sea un bien escaso, una postura ética. Se necesita tanto entre quienes son autoridades y ostentas responsabilidades legales, como entre quienes son consumidores individuales o grupales; con intereses de lucro o no.
La situación exige tomar la conciencia de que la crisis del agua alcanza a toda la ciudad, aunque el agua turbia no está distribuyéndose en toda la urbe, porque si la problemática no se atiende en el inmediato y en el largo plazo, la crisis tomará dimensiones mucho más extensas.
No hay mucho qué agregar a lo que los técnicos ya han expuesto: modificar y reducir el consumo de agua limpia; tratar las aguas residuales; seguir estrictamente las normas establecidas para el uso y distribución; invertir en la infraestructura; reformar y reforzar la legislación de sanción a los entes contaminantes. Y pagar correctamente por el agua que se consume, atacando la corrupción y diferenciando los usos que se da al agua.
La manifestación pública es un derecho constitucional; se ha ejercido en los días recientes y se seguirán manifestando más grupos de personas. Pero eso no resuelve el problema de fondo; porque cerrar calles, levantar pancartas, bloquear el transporte público y generar caos en la movilidad, consigue llamar la atención, pero no echa a andar ningún mecanismo para alcanzar los objetivos ya expuestos.
El momento exige, sobre todo de las autoridades correspondientes, elevar el nivel de visión y superar intereses personales, de grupo y político partidistas, para sentar las bases de una dinámica que supere la crisis.
