Héctor Ruiz López

La idea de que la democracia se encuentra en crisis se hace visible con la proliferación de gobiernos autoritarios, discursos y narrativas populistas, polarización política, pérdida de confianza en las instituciones, así como al ver que sectores sociales parecen estar dispuestos a aceptar gobiernos menos democráticos si estos son capaces de resolver sus problemas. Sin embargo, el Latinobarómetro 2026 obliga a matizar esta idea.
Después de 30 años de medir la opinión pública de América Latina, el Latinobarómetro revela que el apoyo a la democracia tuvo una leve recuperación, pasando de 48% en 2023 a 52% en 2024 y manteniéndose en su edición de 2026. Y sí, es cierto que estamos lejos de los niveles observados en otros años, pero también es cierto que la ciudadanía latinoamericana no ha abandonado del todo la democracia.
El dato importante no es que la democracia tenga 52% de apoyo. El dato verdaderamente preocupante está en otro lugar: la ciudadanía está dejando de confiar en que el Estado sea capaz de resolver sus problemas.
Por ejemplo, en 2026 solamente 26% de los latinoamericanos consideró que el Estado ha hecho “mucho o algo” por ellos, mientras que 73% señala que ha hecho “poco o nada”. En 2011 quienes tenían esta última percepción representaban 63%. Es decir, en quince años aumentó diez puntos el porcentaje de ciudadanos que consideran que el Estado prácticamente no ha hecho nada por ellos.
Cuando se analiza a los servicios públicos, el problema resulta todavía más evidente. La satisfacción con la educación pública pasó de 54% en 2009 a 40% en 2026; la de los hospitales públicos cayó de 46% a 28%; el sistema judicial pasó de 33% a 22%, y la satisfacción con la policía disminuyó de 35% a 30%.
¿Entonces estamos frente a una crisis de la democracia o frente a una crisis de resultados que los gobiernos están entregando? Desde nuestra perspectiva, esta es una de las principales aportaciones del Latinobarómetro.
La ciudadanía puede seguir creyendo que la democracia es el mejor sistema de gobierno y, al mismo tiempo, estar profundamente insatisfecha con la manera en que funcionan sus gobiernos. De hecho, solamente 30% de los latinoamericanos son considerados demócratas satisfechos. Otro 22% apoya la democracia, pero está insatisfecho con ella. Además, la proporción de quienes consideran que la democracia es “el mejor sistema de gobierno, excepto por todos los otros” disminuyó de 79% en 2013 a 65% en 2026.
Esto es importante porque demuestra que el ciudadano no necesariamente está rechazando la democracia; está cuestionando la democracia que conoce y los resultados que recibe de ella.
En pocas palabras, el Latinobarómetro 2026 no nos está diciendo que los latinoamericanos hayan dejado de querer democracia. Nos está diciendo algo más incómodo: todavía la quieren, pero cada vez tienen menos paciencia con gobiernos que no son capaces de hacerla funcionar. Y esa diferencia puede ser, precisamente, la que determine el futuro político de nuestra región.

Héctor ruiz

¿Crisis de las democracias o crisis de eficacia de los gobiernos?

Ahora que se ha abierto el debate sobre los límites de la Inteligencia Artificial, desde el punto de vista gubernamental y de las administraciones públicas también sería bueno incluir en la discusión algunas preguntas que hasta hace poco parecían pertenecer a la ciencia ficción: ¿Cómo ha cambiado la Administración Pública cuando la IA comienza a participar en las decisiones, los servicios públicos y el trabajo burocrático? ¿Qué nuevas capacidades necesita el Estado para utilizarla? Y, quizá la pregunta más importante, ¿hasta dónde estamos dispuestos a permitir que una máquina participe en decisiones que antes correspondían exclusivamente a una persona?
La discusión no es futurista. La Inteligencia Artificial ya está dentro de las administraciones públicas. La OCDE ha documentado cientos de casos de uso en gobiernos de distintos países, relacionados con la prestación de servicios, la detección de irregularidades, el análisis de información, la recaudación fiscal y la toma de decisiones. Esto significa que el debate ya no consiste solamente en imaginar lo que la IA podría hacer en el gobierno, sino en entender qué está ocurriendo ahora que los algoritmos comienzan a formar parte de las estructuras y procesos con los que el Estado ejerce sus funciones.
Por ejemplo, en Brasil, la Contraloría General utiliza un sistema de inteligencia artificial conocido como “Alice” para analizar licitaciones y contratos públicos y detectar posibles irregularidades. El sistema puede revisar enormes cantidades de información y generar alertas para que los auditores concentren su atención en determinados procedimientos.
Algo parecido ocurre en las administraciones tributarias. La Inteligencia Artificial ya se utiliza para identificar patrones de posible evasión, seleccionar contribuyentes que pueden representar un mayor riesgo y mejorar la atención mediante asistentes virtuales. En este caso, la pregunta deja de ser solamente si una computadora puede hacer más rápido el trabajo de un funcionario.
Aquí es donde, me parece, comienza la verdadera discusión. Una cosa es utilizar Inteligencia Artificial para ordenar documentos, responder preguntas frecuentes o realizar tareas repetitivas. Otra muy distinta es emplearla para identificar a quién auditar, qué contratación pública presenta riesgos, qué trámite debe recibir atención prioritaria o qué información debe ser considerada para tomar una decisión administrativa. En esos casos ya no estamos hablando únicamente de tecnología. Estamos hablando del ejercicio del poder público y, por tanto, de responsabilidad, transparencia, derechos y límites al poder.
Durante mucho tiempo construimos la Administración Pública alrededor de personas. Funcionarios que interpretan normas, valoran información, toman decisiones y responden por ellas. La burocracia moderna buscó precisamente que esas decisiones no dependieran exclusivamente de la voluntad de una persona, sino de reglas, procedimientos e instituciones. Ahora aparece un nuevo actor en esa relación: el algoritmo. Y con él surgen preguntas que todavía no hemos terminado de responder. ¿Quién diseñó el sistema? ¿Con qué datos fue construido? ¿Qué criterios utiliza? ¿Puede equivocarse? ¿Puede reproducir sesgos? Y, sobre todo, ¿quién responde cuando una decisión apoyada por Inteligencia Artificial resulta equivocada?
Pero existe otra pregunta que quizá hemos discutido todavía menos: ¿qué tipo de servidor público necesita este nuevo escenario? Porque la incorporación de Inteligencia Artificial no necesariamente significa que en el futuro habrá menos funcionarios. Puede significar, por el contrario, que necesitaremos servidores públicos con nuevas capacidades: capaces de entender los datos, utilizar herramientas de IA, cuestionar sus resultados, detectar errores y, sobre todo, saber cuándo una decisión no puede delegarse en una máquina. El reto para el Estado no parece ser solamente adquirir tecnología, sino desarrollar las capacidades institucionales, jurídicas y profesionales para gobernarla.
La pregunta de fondo es qué está ocurriendo con el Estado cuando una tecnología comienza a intervenir en la manera en que se toman decisiones, se prestan servicios y se ejerce la función pública.

Gobernar con la IA… ¿o gobernar a la IA?

Cada vez que se conocen los resultados de PISA en México, ocurre prácticamente lo mismo: aparecen las descalificaciones, los reclamos y la búsqueda inmediata de culpables. Y, desde luego, hay razones para preocuparse. Pero quizá estamos viendo el problema desde una perspectiva demasiado mexicana. Como se dice por ahí, estamos concentrándonos solo en el árbol y dejamos de ver el bosque.
Los resultados más recientes de PISA, correspondientes a 2025, muestran algo que debería hacernos pensar: la caída del desempeño educativo no es un fenómeno exclusivo de México. La OCDE reporta que, entre 2015 y 2025, el promedio de los países miembros cayó 28 puntos en lectura y 22 en matemáticas. En lectura, tres de cada cuatro países y economías con datos comparables registraron una disminución entre 2018 y 2025.
España, por ejemplo, también ha experimentado retrocesos importantes. Y no es un caso aislado. Alemania, Finlandia, Francia, Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda, entre otros, ya mostraban deterioros en algunas áreas incluso antes de la pandemia. Esto significa que atribuirlo todo al COVID-19 resulta insuficiente.
Entonces, ¿qué está pasando?
Primero, la pandemia. Es difícil negar que el cierre de escuelas y la interrupción de las actividades presenciales tuvieron consecuencias. Pero la propia OCDE advierte que la pandemia explica solamente una parte del fenómeno. Hay países que tuvieron cierres prolongados y otros que los tuvieron mucho más limitados, sin que exista una relación sencilla entre duración de los cierres y caída de resultados.
Segundo, nuestra nueva relación con las pantallas. Hemos cambiado la manera de informarnos. Pasamos de leer textos largos a consumir fragmentos; de buscar explicaciones a buscar respuestas; de profundizar en un tema a desplazarnos rápidamente de uno a otro. No se trata de satanizar las tecnologías. La propia OCDE encuentra que el uso moderado de herramientas digitales con fines educativos puede estar asociado con mejores resultados. El problema aparece cuando el dispositivo deja de ser una herramienta para aprender y se convierte en una fuente permanente de distracción.
Tercero, la Inteligencia Artificial (IA). Aquí apenas estamos comenzando a entender las consecuencias. La IA puede ser una extraordinaria herramienta para aprender, investigar y resolver problemas. Pero también puede hacer innecesario el esfuerzo intelectual que antes exigía realizar esas tareas. Si una herramienta resume el libro, redacta el ensayo, encuentra la respuesta y explica el problema, la pregunta es qué sucede con la capacidad de leer, comprender, cuestionar y elaborar una respuesta propia.
Durante décadas, la escuela nos enseñó a buscar información porque encontrarla no era sencillo. Hoy ocurre exactamente lo contrario: vivimos rodeados de información. El desafío ya no consiste solamente en encontrarla, sino en saber qué información es cierta, comprenderla, relacionarla, cuestionarla y construir una conclusión propia.
Por eso, quizá PISA nos está diciendo algo mucho más profundo que simplemente que los jóvenes mexicanos saben menos matemáticas o leen peor que antes. Nos está mostrando que estamos atravesando una transformación en la manera en que las nuevas generaciones aprenden, leen, se informan y piensan.

PISA: el problema no solo está en México

Para bien o para mal, en la cultura política mexicana se ha normalizado que los informes de gobierno y legislativos se conviertan en todo, menos en ejercicios reales de rendición de cuentas. Son utilizados más bien para promocionar políticos, destapar aspiraciones, demostrar músculo político y construir narrativas sobre quién gobierna bien y quiénes son los malos.
El informe debería ser otra cosa: explicar qué se hizo, cuánto costó, qué resultados se obtuvieron y qué quedó pendiente. Es decir, rendir cuentas sobre lo realizado, no utilizar el espacio para anunciar lo que se pretende hacer.
Sin embargo, los informes terminan convertidos en verdaderas pasarelas políticas. Las primeras filas se reservan para políticos, funcionarios, empresarios e invitados especiales, mientras el ciudadano, a quien en teoría debería rendírsele cuentas, termina siendo un espectador más.
Guy Debord, en “La sociedad del espectáculo”, advertía sobre una sociedad en la que la representación puede terminar sustituyendo a la realidad. Salvando las distancias, algo parecido ocurre cuando el informe importa más por los invitados, su escenografía, el discurso y el mensaje político que por los resultados que presenta.
El problema es que esa puesta en escena también se paga con recursos públicos. Spots, pautas en redes sociales, espectaculares y bardas pueden terminar pareciéndose más a una campaña política que a un ejercicio institucional de información. Cuando comunicar lo que hizo un gobierno se transforma en promocionar a quien lo encabeza, la frontera entre rendición de cuentas y propaganda comienza a desaparecer.
Y no es un asunto menor. Cada peso destinado a construir una imagen política es un peso que forma parte del presupuesto público y, por tanto, debería estar sujeto a la misma exigencia de transparencia que cualquier otro gasto gubernamental. La comunicación institucional tiene sentido cuando ayuda al ciudadano a conocer y evaluar la acción de gobierno; pierde su propósito cuando busca convencerlo de que el gobierno en turno debe ser reconocido antes de que la propia sociedad emita su juicio.
También se ha permitido que el contenido del informe quede subordinado al discurso. Se habla de grandes logros, se presentan cifras estratégicamente seleccionadas, se recuerda y enfatiza lo que hicieron mal los anteriores y se anuncia lo que vendrá o se pretende hacer. Pero pocas veces se escucha con la misma fuerza qué metas no se cumplieron, qué programas no funcionaron, cuánto costaron los errores o cuáles son los resultados que todavía están pendientes. Rendir cuentas también significa hablar de aquello que no salió bien, aunque cueste trabajo.
Y aquí está la contradicción: el gobernante pretende decirle al ciudadano que su gobierno es bueno, cuando en realidad debería ser el ciudadano quien lo determine. La rendición de cuentas no consiste en que el gobierno se califique a sí mismo, sino en que entregue la información suficiente para que así la sociedad pueda evaluar sus resultados.
La sociedad debería ser el juez. Los resultados, la evidencia. El voto, la sentencia.
Por ello, vale la pena preguntarnos: ¿seguimos asistiendo a informes de gobierno o simplemente hemos normalizado los mítines políticos con cargo al erario? Porque un gobierno que realmente tiene resultados no debería depender de tanta escenografía para demostrarlos. Los resultados hablan por sí mismos.

¿Informes o mítines políticos?

Se puede analizar el Segundo Informe presidencial desde varias perspectivas. Yo escojo una visión objetiva, sin el sesgo de criticar por criticar, como lo haría un opositor, ni el de aplaudir y alabar todo, como lo haría alguien afín al régimen. Decido hacerlo desde la academia, contrastando cifras, datos y realidades. Parto además de distinguir entre el discurso del informe y el documento presentado ante el Congreso de la Unión: una cosa es lo que la presidenta dijo en los actos protocolarios y otra son los resultados y cifras contenidos en el informe escrito. Para evaluar resultados considero más relevantes estos últimos.
En el informe escrito, la presidenta destaca cinco grandes logros: 1) reducción de la pobreza y la desigualdad; 2) ampliación de los programas sociales; 3) disminución de homicidios y fortalecimiento de la estrategia de seguridad; 4) inversión, empleo y fortaleza económica; y 5) recuperación del poder adquisitivo y ampliación de derechos laborales. Después de contrastarlos con cifras y datos duros, podemos decir:
1. Reducción de la pobreza y la desigualdad. El dato es real, pero su atribución a la actual administración resulta excesiva. En 2024, la pobreza multidimensional se redujo a 29.6%, frente a 36.3% en 2022. Sin embargo, buena parte de este resultado corresponde a un proceso iniciado durante la administración anterior. El mérito de Sheinbaum está en mantener esa tendencia y procurar profundizarla, no en atribuirse por completo un resultado con trayectoria previa.
2. Ampliación de los programas sociales. Es un dato real, pero debe interpretarse con cautela. Aumentaron la cobertura y los beneficiarios, pero cobertura no equivale necesariamente a impacto. El informe demuestra cuántas personas reciben apoyos, no cuánto han transformado estructuralmente sus condiciones de vida. Incluso la reducción de la pobreza no permite, por sí sola, atribuir causalidad exclusiva a los programas sociales.
3. Reducción de homicidios. Aquí encontramos uno de los resultados más palpables. El promedio diario pasó de 86.9 homicidios dolosos en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, una reducción de 51%. Es una disminución significativa y sería injusto no reconocerla. La estrategia de seguridad impulsada por la actual administración está mostrando resultados positivos; sin embargo, todavía no son suficientes para considerar resuelto el problema de la violencia. Es, probablemente, uno de los argumentos más sólidos del informe.
4. Inversión y fortaleza económica. También existen datos positivos, particularmente en inversión extranjera, empleo y recuperación de la actividad económica. Pero aquí el discurso sobredimensiona el desempeño. La economía mexicana creció apenas 0.7% en 2025, un resultado modesto. Incluso con cifras récord de inversión, es importante distinguir entre nueva inversión y reinversión de utilidades. Por ello, hablar de una economía fuerte requiere mayor cautela. Cierto es que el peso frente al dólar vive uno de sus mejores momentos en los últimos años.
5. Salario y derechos laborales. Este es, a mi juicio, uno de los logros más claros. El poder adquisitivo del salario mínimo aumentó 154% desde 2018 y la OCDE reconoce que entre enero de 2021 y enero de 2025 el salario mínimo real en México aumentó 56.7%, el mayor incremento entre los países miembros. Pero también aquí se trata de una política de continuidad iniciada en 2018, no de un resultado exclusivo de la actual administración. A ello sí se suma la reforma para reducir gradualmente la jornada laboral hasta 40 horas semanales en 2030.
Al final, el análisis permite una conclusión menos estridente y, quizá por ello, más objetiva: el Segundo Informe no necesita inventar cifras para construir una narrativa favorable al gobierno. Los datos son, en buena medida, reales; lo que cambia es la manera de seleccionarlos, compararlos y atribuirlos. Algunos resultados son claramente atribuibles a la actual administración; otros son continuidad de políticas anteriores, y algunos más requieren tiempo para demostrar si representan cambios estructurales. La responsabilidad del análisis académico no es aplaudir ni descalificar, sino separar el dato de la narrativa y reconocer tanto los avances como sus límites.
Entiendo que el país enfrenta muchos problemas complejos. Un balance general en materia de seguridad, salud, empleo, educación y economía requeriría un análisis mucho más profundo y un espacio mayor al de esta columna. Por ello, seleccioné deliberadamente los logros que la propia presidenta destaca en su informe, para contrastarlos con cifras y datos reales y ofrecer al lector una perspectiva distinta entre el discurso y la realidad.

Segundo informe de Sheinbaum

Año tras año se emite la convocatoria para ingresar al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). Para quienes no están familiarizados con el mundo académico, quizá estas siglas no digan demasiado; sin embargo, detrás de ellas existe uno de los mecanismos más importantes que tiene México para reconocer a quienes se dedican a generar conocimiento.
El SNII reúne a personas que, además de desempeñarse en muchos casos como docentes, realizan investigación científica, humanística, tecnológica y de innovación. Para ingresar o permanecer no basta con tener un título universitario o un doctorado. Es necesario demostrar, mediante un proceso riguroso de evaluación, una trayectoria, productividad y aportaciones relevantes al conocimiento. Es decir, pertenecer al SNII significa ser reconocido por pares académicos como integrante de la comunidad científica del país.
Al cierre de 2025, el SNII contó con 44,794 integrantes. Esta cifra nos permite dimensionar que quienes alcanzan esta distinción siguen representando un grupo reducido frente al tamaño de la población de México, que supera los 126 millones de habitantes, de acuerdo con el INEGI (2020). Entiéndase, los integrantes del SNII representan apenas el 0.035% de la población del país y, al compararlo con el universo de docentes de educación superior en México, representan aproximadamente el 7.49%. Por ello, pertenecer al SNII no debería entenderse como un reconocimiento más dentro de una trayectoria profesional, sino como el resultado de años de preparación, investigación y trabajo académico que han tenido que ser acreditados mediante un proceso de evaluación.
En Jalisco, al cierre de 2025, el SNII reporta 2,740 integrantes, aproximadamente 6.11% del total nacional. De ellos, 2,113 están adscritos a la Universidad de Guadalajara, es decir, 77.11% de los integrantes del SNII en nuestra Entidad. La UdeG se encuentra además entre las instituciones del país con mayor número de investigadores reconocidos por el sistema, solamente por debajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que concentra 5,791.
Estos datos también permiten dimensionar el peso que tienen las universidades públicas en la generación de conocimiento en México. Detrás de cada investigador reconocido por el SNII existe una trayectoria que no se construye de un día para otro: años de estudio, formación de posgrado, investigación, publicación de resultados, dirección de tesis y participación en proyectos académicos. Y detrás de todo ello existen también estudiantes que se están formando y que, en muchos casos, serán quienes continúen con esta tarea. Por ello, cuando hablamos de fortalecer la ciencia y la investigación, no deberíamos reducir la discusión únicamente a cuánto dinero se destina a las universidades; también debemos preguntarnos qué capacidades científicas estamos construyendo como país y qué estamos haciendo para conservarlas y fortalecerlas.
Ahora bien, ¿por qué debería importarnos que una persona pertenezca al SNII? El verdadero valor no está solamente en el reconocimiento que recibe el investigador, sino en lo que existe detrás de él. Una investigación puede generar una nueva tecnología, una innovación, una propuesta para resolver un problema social, aportar elementos para mejorar una política pública o producir conocimiento que permita comprender mejor nuestra realidad.
Desde nuestra perspectiva, reconocer a quienes pertenecen al SNII no significa hablar de una élite alejada de la sociedad. Significa reconocer que el conocimiento también es una forma de construir país. Cada investigador representa años de trabajo, pero también una parte de las capacidades científicas que México necesita para enfrentar sus propios problemas. Por ello, no es cosa menor pertenecer al SNII. Detrás de esas siglas existen miles de personas que han decidido dedicar una parte importante de su vida a investigar, cuestionar lo que conocemos y generar nuevo conocimiento. Y esa tarea no solamente merece reconocimiento; merece también ser entendida, valorada y respaldada.
Mi reconocimiento y felicitación a todas las investigadoras e investigadores que en esta Convocatoria 2026 han obtenido o renovado su reconocimiento dentro del SNII. Detrás de cada nombre hay años de esfuerzo, disciplina y compromiso con la generación de conocimiento; enhorabuena por este merecido reconocimiento.

Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII)

En el ejercicio de gobierno no todo es malo, ni todo es bueno. A veces la balanza se inclina hacia alguno de los dos lados y, con el tiempo, se hace notorio el buen o mal desempeño del gobierno en turno. El problema aparece cuando quienes gobiernan comienzan a confundir la gestión pública con la construcción de una narrativa y creen que comunicar bien equivale a gobernar bien.
Históricamente, en nuestra insípida democracia, una de las batallas de los gobiernos, si es que le entienden, ha sido tratar de incrustar narrativas en el imaginario colectivo de la sociedad, buscando generar percepciones de buen gobierno, aunque la realidad sea otra.
Por ello, los gobiernos destinan cada vez más recursos y tiempo a la comunicación, particularmente en redes sociales. Y tiene sentido. De acuerdo con el Digital News Report 2026 del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, en México el 82% utiliza fuentes de información en línea para acceder a las noticias y 66% recurre a las redes sociales.
Hasta ahí, nada que objetar. El problema comienza cuando el político se cree influencer y se le olvida su verdadero encargo: gobernar. Su responsabilidad no es conseguir likes, sino dar resultados; no es aparecer todos los días en un video, sino resolver los problemas que todos los días enfrenta la población. De ahí esa expresión que cada vez se escucha con mayor frecuencia: hay políticos que gobiernan para el TikTok y el Instagram.
Todo se convierte en contenido: el recorrido por una colonia, la reunión con vecinos, la visita a una obra, la entrega de un apoyo, el desayuno, la comida o hasta el café. Todo debe ser grabado, editado y publicado. La pregunta es: ¿cuánto de eso corresponde realmente a una estrategia de comunicación y cuánto responde a la necesidad de aparentar que se está haciendo algo?
Porque una cosa es comunicar lo que hace un gobierno y otra muy distinta es gobernar para tener algo que publicar. Los problemas públicos no funcionan con la lógica de las redes sociales. El agua no llega más limpia porque se publique un video. La inseguridad no disminuye porque el gobernante aparezca recorriendo una colonia. Una calle no deja de estar destruida porque se grabe un reel frente a ella.
Un buen ejemplo lo tenemos en la crisis hídrica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se pueden producir cientos de videos y ofrecer explicaciones técnicas, pero el ciudadano no abre TikTok para recibir una clase de ingeniería hidráulica. La gente quiere abrir la llave y tener agua. Si el agua llega con mala calidad, con olor, con color o simplemente no llega, poco importa cuántos videos se hayan producido para explicar las causas del problema. La percepción ciudadana también se construye a partir de la experiencia cotidiana.
Ahí está el problema de quienes gobiernan para el TikTok: terminan creyendo que pueden administrar la percepción sin resolver la realidad. Y no pueden.
La gestión pública requiere capacidades institucionales, planeación, servidores públicos preparados, recursos, coordinación y resultados. Por ello, no deberíamos evaluar a los gobiernos por la cantidad de contenido que producen, sino por la calidad de los resultados que entregan.
El algoritmo puede premiar un video, pero no resuelve una crisis de agua, no arregla una calle, no combate la inseguridad y tampoco mejora un servicio público. El algoritmo comunica, pero  los gobiernos tienen que dar resultados, no construir narrativas que muchas veces distan mucho de la realidad o percepción de las sociedades.

Gobiernan para el TikTok

Hay algo paradójico en estos tiempos: vivimos rodeados de tecnología, tenemos acceso a la información y al conocimiento como nunca antes, pero cada vez nos cuesta más trabajo permanecer cinco minutos sin mirar la pantalla del teléfono.
Por ello me parece interesante la decisión que está tomando la Universidad de Guadalajara al lanzar el programa “PRESENTE”, el cual busca atender algunos de los desafíos que enfrentan actualmente las juventudes: la convivencia, la salud mental y el uso de las tecnologías.
Uno de los aspectos que más llama la atención es la regulación del uso del teléfono celular en los espacios escolares, particularmente durante las clases (el aula) y los recreos (espacios comunes).
Porque, seamos honestos, el celular dejó de ser hace mucho tiempo un simple teléfono. Es cámara, agenda, biblioteca, televisión, periódico, calculadora, computadora, GPS, entretenimiento, oficina, banco, red social y, para muchos jóvenes, prácticamente una extensión de su propia identidad. Y pretender que desaparezca de la vida escolar sería tan absurdo como intentar que desapareciera internet.
Pero una cosa es reconocer que el celular forma parte de nuestra vida y otra muy distinta aceptar que tenga que formar parte de cada segundo de nuestra vida. Ahí está el verdadero debate.
A ciertos alumnos les cuesta trabajo leer textos amplios; quieren y pretenden encontrar un texto corto, como un post de su red social preferida. Incluso es notorio cuando comentan las noticias, ya que solo leen el encabezado, más no profundizan en el contenido de la nota, que muchas veces contradice al encabezado, que solo buscaba llamar la atención del lector.
Durante años hemos hablado de la incorporación de la tecnología a la educación como si tener un teléfono inteligente en las manos fuera automáticamente sinónimo de tener una herramienta educativa. Y no necesariamente sucede así.
Un estudiante puede utilizar su teléfono inteligente para consultar una definición, buscar información, tomar una fotografía del pizarrón o participar en una actividad académica. Pero exactamente el mismo aparato puede servir, treinta segundos después, para entrar a TikTok o Instagram, contestar un mensaje de WhatsApp o simplemente perderse durante veinte minutos en un interminable desfile de videos.
El problema no es entonces la tecnología. Es nuestra capacidad para ponerle límites a la tecnología o a ciertos contenidos. Y quizá ahí está lo más interesante del programa de la UdeG.
De lo que se trata es de recuperar algo que parece cada vez más escaso: la capacidad de estar presentes. Presentes en una clase. Presentes en una conversación. Presentes durante el recreo. Presentes frente a otra persona sin que, mientras nos habla, nuestra atención esté pendiente de una notificación que quizá ni siquiera es importante.
El programa “PRESENTE” pretende precisamente que los estudiantes estén presentes. No solo físicamente, porque hoy estar sentado en un salón no necesariamente significa estar ahí. El cuerpo puede estar en el aula mientras la cabeza está en otro lugar.
Y esto no es un problema exclusivo de los jóvenes. Los adultos tenemos que mirarnos también al espejo. Por eso sería un error convertir este asunto en una discusión moralista sobre “los jóvenes de ahora”. El problema es mucho más profundo.
Estamos aprendiendo —todos— a vivir en una sociedad en la que la atención se ha convertido en uno de los bienes más disputados. Y quizá por eso la escuela tiene algo importante que hacer.
La escuela no solamente debe enseñar matemáticas, historia, derecho o ciencias. También debe enseñar a convivir, a escuchar, a esperar, a concentrarse y, algo que parece cada vez más difícil, a tolerar unos minutos desconectado del teléfono. No se trata de quitarle tecnología. Se trata de devolverle, aunque sea durante un rato, su atención. Y eso, en tiempos en los que todos compiten por ella, puede ser una de las formas más importantes de educar.

Presente UdeG: el celular necesita aprender a ir a clases

Luz del Carmen Godínez

Cuando la causa es justa, la violencia nunca debe ser el camino

Jorge García de Alba Hernández

¿Tolerancia: sin límites o hasta excesos criticados?

Jonás

De la crisis del agua a la marcha violenta

Gabriela Cárdenas

El agua limpia también se escribe en el presupuesto

Mi pecho no es bodega

El derecho humano al agua implica garantizar que todas las personas tengan acceso a agua suficiente, salubre y asequible. El Artículo Cuarto Constitucional establece que el Estado debe garantizar este derecho con la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía. Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que su cumplimiento exige disponibilidad, calidad y accesibilidad, además de obligaciones concretas para las autoridades.
Sin embargo, en medio de la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), parece que la disputa política ha desplazado la discusión sobre lo verdaderamente importante: garantizar este derecho.
La Constitución, en su Artículo 115, fracción III, inciso a), establece que los municipios tienen a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. A su vez, el artículo 28 de la Ley General de Aguas dispone que deben garantizar la prestación de estos servicios y darles prioridad en su programación y presupuestación. La propia ley contempla la asociación entre municipios para establecer sistemas intermunicipales, como el SIAPA, mediante el cual se prestan estos servicios en la ZMG. Entiéndase, los municipios deben destinar parte de su presupuesto a satisfacer este derecho humano.
Es cierto que la Federación también tiene responsabilidades en materia de agua, particularmente en la política hídrica nacional y la administración de los recursos hídricos. Pero atribuirle las deficiencias de un servicio municipal exige identificar qué obligación concreta incumplió. Lo mismo aplica para los municipios y las autoridades estatales: cada quien debe responder por las atribuciones que le corresponden. La participación del Ejecutivo estatal en la conducción del SIAPA también obliga a examinar sus responsabilidades, en lugar de reducir la discusión a una disputa entre gobiernos.
Mientras las autoridades se reparten culpas, las familias siguen enfrentando problemas de suministro y calidad del agua. Cuando una persona recibe agua de mala calidad, padece interrupciones en el servicio o debe buscar alternativas para satisfacer sus necesidades básicas, el problema deja de ser exclusivamente técnico o financiero. Se trata de saber si las autoridades están cumpliendo con su obligación de garantizar un derecho humano.
Por ello, desde nuestra perspectiva, el agua no puede convertirse en una disputa en la que cada gobierno busque trasladar el costo político al de enfrente. Antes que repartir culpas, habría que responder una pregunta elemental: ¿Qué está haciendo cada autoridad para garantizar el derecho humano al agua? La ciudadanía no tendría que salir a la calle ni convertirse en árbitro de una disputa entre gobiernos para exigir que se cumpla lo que la Constitución reconoce.

El derecho humano al agua en medio del juego de las culpas