Inevitablemente, el tema a comentar el día de hoy es el de la manifestación convocada por diversas organizaciones ciudadanas. El tema de la manifestación es el legítimo reclamo para que las y los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara gocemos de manera plena el derecho humano a agua potable suficiente y sin que ponga en riesgo nuestra salud.
Durante los últimos meses, muchas de las personas que habitamos la metrópoli hemos padecido que al abrir alguna llave de nuestros hogares, el vital líquido huele de manera desagradable o sale con una coloración que evidencia la mala calidad del líquido y en algunos casos, hace imposible su uso, siendo una situación que genera enojo con toda la razón.
Desde hace algunos días las autoridades estatales que tienen que ver con el tema, es decir el SIAPA, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría del Agua y el propio titular del Ejecutivo, nos informaron sobre los orígenes del problema, el agua proveniente de Las Pintas tiene una ínfima calidad y su potabilización es altamente compleja, por lo tanto se cerraron las compuertas de dicha presa para que la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle recibiera agua de otras fuentes de mejor calidad y se pudiera cumplir con la norma oficial sobre la calidad de la misma, el problema es que al cerrar el afluente comentado, la cantidad de líquido disminuiría y empezaremos a tener cortes programados por zonas de la ciudad, en lo que se amplía la capacidad de la planta en una primera etapa y se realizan obras complementarias en el Acueducto Chapala y en El Zapotillo, para darle solución de largo alcance a la calidad del agua que consumimos.
Es claro que en el legítimo malestar ciudadano se convocó a una marcha el pasado domingo con origen en la Glorieta de La Minerva, terminando en las afueras de Casa Jalisco. Las cifras siempre varían dependiendo de quién haga el cálculo, pero supongamos que fueron entre 10 y 15 mil personas quienes atendieron el llamado cívico, realizándose de manera ordenada y pacífica en su recorrido hasta arribar hasta Casa Jalisco; era claro desde el inicio que algunas personas encapuchadas acompañaban primero de manera discreta la marcha, que al menos en evidencia fotográfica a validar, arribaron grupos de otras entidades y se sumaron al contingente y en un segundo momento, realizaron una labor que hemos visto en numerosas ocasiones, particularmente en la CDMX, emprendiendo agresiones en contra de las vallas que se encontraban en la circunferencia de la residencia del Ejecutivo y después en contra de los elementos policiacos que las resguardaban, desatándose un enfrentamiento que distorsionó el origen de la manifestación. Las escenas hablan por sí mismas: hordas de jóvenes agrediendo y elementos policiacos que primero se defendieron y después avanzaron para detener al menos a 39 personas.
Los culpables, muchos durante muchos años, de pronto recordé (si la memoria no me falla) a los finados, en esos momentos a los diputados Raúl Padilla López enfrentándose físicamente a Manuel Verdín en el pleno del Congreso del Estado en tiempos de Alberto Cárdenas, por la discusión de un crédito japonés para precisamente aplicarlo en la mejora del abastecimiento de agua en el proyecto de las presas El Salto-Calderón allá por los años 90, proyecto que no logró verse aprobado en el Legislativo y desde entonces, al menos 5 sexenios han pasado y las obras siempre insuficientes nos alcanzaron; hoy parece que tenemos agua suficiente pero no tenemos la capacidad para potabilizarla, sanearla y distribuirla con eficiencia. Sin olvidar que en este tema la concurrencia gubernamental es tripartita, federal, estatal y municipal, y desde el nacimiento del Río Lerma en Almoloya, Estado de México, pasando por Querétaro, Guanajuato, Michoacán, antes de llegar a Jalisco, las infinitas descargas ilegales hacen que la calidad del agua se vea seriamente mermada, dejando al final el problema a los gobiernos municipales y estatal en Jalisco.
Sin embargo, es claro que a pesar de la concurrencia jurídica, el problema frente al ciudadano lo tienen el gobierno del Estado y los municipios y son quienes deben, tienen que solucionar el problema. Asumo que en esta ruta estamos, pero la solución no es inmediata y hay que esperar resultados en el corto, mediano y largo plazo.
Reclamos justos, sin cortapisas y soluciones prontas y exigibles con ahínco. Mezquinos los que sabiendo con claridad la problemática se aprovechan de la desesperación popular para sacar beneficio político, poniendo en riesgo la integridad de quienes se manifestaron antier.
Procesamiento legal y expedito de las y los detenidos con todas las garantías jurídicas para su defensa, investigación necesaria y transparente por asuntos internos para deslindar responsabilidades en los casos de presunto abuso de fuerza de los elementos policiacos, y la solidaridad con los dos policías heridos en gravedad en dichos hechos.
En efecto, que nunca más se repitan hechos como los del domingo pasado, es una responsabilidad compartida.