Jonás

En la ruta para resolver la crisis del agua que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara, nuevos obstáculos se interponen en el trayecto y no estaban en agenda. El más reciente y evidente ocurrió el domingo pasado tras la manifestación multitudinaria que acabó en hechos violentos frente a Casa Jalisco, con 39 detenidos (de los cuales ya sólo 16 siguen en la Fiscalía del Estado), decenas de heridos y una nueva investigación a elementos de la Policía Estatal que hayan abusado del uso de la fuerza.
El segundo y no menos preocupante, es la postura que apenas ayer manifestó la presidenta Claudia Sheinbaum, al externar en su mañanera un cuestionamiento por las confrontaciones en la manifestación y además, indicar que no aceptarán ningún esquema de privatización del agua.
Las detenciones de personas involucradas en la manifestación y las investigaciones en turno a los policías estatales que enfrentaron a los manifestantes terminarán por resolverse en el ámbito judicial, pero la postura presidencial sobre el proyecto para resolver la crisis del agua en la ciudad conduce a un nuevo pico de problematización. La presidenta indicó que personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendrá una nueva reunión con personal del gobierno del Estado, aunque desde hace semanas se había anunciado que la dependencia había otorgado el aval técnico al proyecto para la construcción de un nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara.
Queda en duda, otra vez, el acuerdo político que ella misma había reconocido apenas el viernes: el gobierno federal se encargará de los trabajos complementarios en la Presa de El Zapotillo, y el gobierno de Jalisco atenderá el acueducto de Chapala, la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle y las obras restantes para eliminar el problema de la contaminación del agua.
Ayer, por motivos que no explicó, Claudia Sheinbaum habló de “privatización del agua”, una figura que no puede aplicarse porque es inconstitucional y terminaría seguramente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que rechazaría un proyecto así) y también cuestionó el modelo de financiamiento CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), que empezó a operar en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente para obras carreteras.
Su desacuerdo verbal alienta, naturalmente, a los diputados de oposición en el Congreso del Estado, donde el proyecto debe aprobarse con mayoría calificada (al menos 26 de los 38 votos posibles), quienes precisamente hoy retomarán en conferencia pública sus cuestionamientos.
La ruta de los eventos, si se mantiene como hasta ayer, nos conduce al punto de partida: no hay infraestructura para resolver la crisis por la que atraviesa del SIAPA y conduce a los habitantes de la ciudad a seguir recibiendo agua de mala calidad o escasa, aunque menos contaminada.
En la oposición se asegura que sí hay otras opciones, aunque no han presentado ninguna.
A esperar…

De la crisis del agua a la marcha violenta

Totalmente lamentable y por momentos trágico, lo que ocurrió ayer en las inmediaciones de Casa Jalisco. Los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara están recibiendo triple ración de castigo: la mala calidad del agua, los infiltrados en una manifestación ciudadana que sólo estuvieron ahí para agregar violencia y finalmente, el oportunismo de varios políticos que, alzándose como defensores de los derechos humanos, lanzan videos y mensajes en redes sociales contaminando aún más el enrarecido ambiente de la crisis del agua potable.
Por partes.
La manifestación no fue ninguna sorpresa. Estuvo convocada con varios días de anticipación –debe subrayarse que toda la semana, sin que faltara un día, hubo protestas por la calidad del agua–. Era una convocatoria pública y la movilización estuvo desde su origen, totalmente legitimada. Es cierto que desde algunos partidos políticos se llamó a la marcha, pero eso no disminuyó en lo más mínimo la legítima convocatoria ciudadana. Debe aclararse para que haya total diferenciación: las marchas o protestas convocadas por partidos o actores políticos, son tan válidas como las de origen ciudadano y se desarrollan en el marco del derecho constitucional a manifestarse, pero su origen siempre condiciona los objetivos.
Antes de la manifestación del domingo 11 de octubre, los habitantes de la ciudad ya han padecido el castigo: el agua que debiera ser potable (el término está incluido en el nombre del organismo operador, SIAPA), lleva meses turbia y más recientemente, pestilente. En muchas colonias la queja es que ni si quiera tienen agua.
Con este antecedente se organizó la manifestación convocada en La Minerva, un punto de encuentro que se ha convertido en paradigma de los festejos y la fiesta para los habitantes de la ciudad. Pero en esta ocasión el motivo legítimo fue la protesta. No hubo diferencia de edades, ni filias políticas o de residencia en la ciudad; había de todo: niñas y niños; familias; jóvenes, adultos y adultos mayores. El objetivo era claro: protestar por la calidad del agua. Una iniciativa ganó voluntades y de La Minerva decidieron ir a Casa Jalisco.
Ya en la vecindad de la residencia oficial del gobernador, apareció un grupo de manifestantes que no tenían nada en común con los demás: estaban claramente identificados por su vestimenta, porque tratan de mantener el anonimato ocultando el rostro y porque esencialmente son violentos. Derribaron vallas de protección del edificio y se enfrentaron con los policías; eso era lo que buscaban desde el principio. Arrancaron piedras en una barda de una finca vecina para tener más forma de atacar a los antimotines y nunca quisieron escuchar las demandas de los otros manifestantes: ¡Esta protesta es pacífica!
En las redes sociales que seguían los hechos desde la Ciudad de México los identificaron de inmediato, el Bloque Negro. Y consiguieron lo que buscaban: Agua a presión, gases lacrimógenos y heridos. Un policía terminó con el cráneo fracturado y a otro le cercenaron un dedo. Hubo 39 detenidos y una bandera se levanta, superando las demandas de miles de ciudadanos: “el gobierno del Estado reprime a manifestantes”. ¿Y la solución al agua turbia y maloliente? ¿Qué de las obras, del proyecto, del acuerdo entre los gobiernos del Estado y de la Federación?
Fue la segunda ración de castigo: se robaron la manifestación por medio de la violencia.
Y queda la última ración de castigo, el oportunismo político.
Como siempre, asumiéndose en líderes de la comunidad, de las familias, de los indefensos, numerosos políticos claman liberación. Son los que siempre defienden “al pueblo”, los que jamás carecen de reclamos, pero no ofertan soluciones ni reparación social.
Ellos saben quiénes son. Los ciudadanos también lo saben.

Agua potable: Triple ración de castigo

Mientras se sigue esperando el resultado de las acciones emergentes para resolver en la medida de lo posible, la crisis por el agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el día de ayer se presentó en el Congreso del Estado el proyecto técnico y económico de dos de las obras más importantes para resolver de fondo la problemática en la ciudad: el nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara, y la ampliación de la Planta Potabilizadora de Miravalle. 
La semana ha estado marcada por numerosas protestas, por otras que se están organizando y por la inconformidad, manifestada en diferentes sectores sociales; se trata de una emergencia que requiere soluciones inmediatas.
Por eso fue sorprendente que al presentarse el proyecto que tanto se había estado exigiendo, ninguno de los diputados de Morena en el Congreso del Estado estuvieron presentes. Tampoco asistieron para recibir el proyecto y reunirse con los funcionarios del gabinete algunos diputados del PAN, del Partido Verde, del Partido del Trabajo; no acudieron diputados de Hagamos, y de Futuro, sólo estuvo unos minutos la diputada Mariana Casillas.
¿Se trata de hacerle el vacío al proyecto del Gobierno del Estado para la crisis hídrica? ¿Es un cálculo político? ¿O simplemente, los legisladores de Jalisco tenían cosas más importantes para ellos en agenda?
Han pasado meses de discusiones, de choques políticos, de proyectos inconclusos y acusaciones que no pueden continuar cuando el interés primordial de las personas ha establecido esta urgencia.
Incluso la presidenta del país, Claudia Sheinbaum abordó el tema en Palacio Nacional y reconoció —cuando algunos legisladores federales lo habían negado—, que hay un acuerdo político con el gobernador Pablo Lemus para distribuirse las tareas en las obras indispensables para la solución de la crisis del agua. En palabras coloquiales de la misma presidenta: “Tenemos que entrarle todos”. 
Pero probablemente algunos actores políticos en el Congreso local no han entendido ni el mensaje ni las instrucciones.
Como representantes de todos los ciudadanos del Estado, tendrán que dar explicación de su ausencia.
¿Qué le van a responder a los ciudadanos que se han manifestado reiteradamente? ¿Nuestros actores políticos volverán a los argumentos que no condujeron a ningún resultado? Evidentemente, en lo que a los diputados corresponde, tienen que discutir el proyecto y aprobarlo, o rechazarlo y hacerse responsables y ofrecer otras opciones para recuperar el ejercicio de un derecho fundamental: acceso al agua potable.

Responsabilidad y cálculo político

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En la actual crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara los acontecimientos se suceden rápidamente. Las manifestaciones aumentan y se preparan otras para el fin de semana, mientras los reclamos y el enojo se multiplica en todos los espacios en los que es posible hacerlo público. La inconformidad de los habitantes de la ciudad que están recibiendo agua sucia y pestilente se entiende perfectamente, pero en la explosión del enojo público se está perdiendo la dimensión real del problema.
Durante más de 450 años, la ciudad de Guadalajara ha pasado por diferentes problemáticas que en su momento se superaron, pero la falta de agua potable y el flujo de agua contaminada supera el hecho de que en los domicilios se abra el grifo el líquido huela mal y esté turbio. El agua potable es indispensable para las necesidades elementales de aseo, limpieza y salud, pero también se requiere para muchas otras actividades: escolares, sanitarias, industriales, comerciales.
Lo que está en juego si no se garantiza el agua potable es la viabilidad de la ciudad, y el afán no es “estirar” la alarma para visualizar escenarios tremendistas.
En la crisis actual, además de la atención a la urgencia y a los reclamos, debe sumarse la responsabilidad y aunque también sea un bien escaso, una postura ética. Se necesita tanto entre quienes son autoridades y ostentas responsabilidades legales, como entre quienes son consumidores individuales o grupales; con intereses de lucro o no.
La situación exige tomar la conciencia de que la crisis del agua alcanza a toda la ciudad, aunque el agua turbia no está distribuyéndose en toda la urbe, porque si la problemática no se atiende en el inmediato y en el largo plazo, la crisis tomará dimensiones mucho más extensas.
No hay mucho qué agregar a lo que los técnicos ya han expuesto: modificar y reducir el consumo de agua limpia; tratar las aguas residuales; seguir estrictamente las normas establecidas para el uso y distribución; invertir en la infraestructura; reformar y reforzar la legislación de sanción a los entes contaminantes. Y pagar correctamente por el agua que se consume, atacando la corrupción y diferenciando los usos que se da al agua.
La manifestación pública es un derecho constitucional; se ha ejercido en los días recientes y se seguirán manifestando más grupos de personas. Pero eso no resuelve el problema de fondo; porque cerrar calles, levantar pancartas, bloquear el transporte público y generar caos en la movilidad, consigue llamar la atención, pero no echa a andar ningún mecanismo para alcanzar los objetivos ya expuestos.
El momento exige, sobre todo de las autoridades correspondientes, elevar el nivel de visión y superar intereses personales, de grupo y político partidistas, para sentar las bases de una dinámica que supere la crisis.

La responsabilidad en la crisis del agua

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La crisis del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara alcanzó un nuevo pico esta semana: manifestaciones, reportes y una molestia evidente en redes sociales y medios de comunicación. El tema obligó a una reacción inmediata y ayer, el gobernador Pablo Lemus convocó a una reunión urgente a los presidentes municipales metropolitanos y los funcionarios responsables en el sector. Se tomaron acciones urgentes y la consecuencia está a la vista: mejorará la calidad del agua, pero habrá menos líquido y se establecerán cortes rotatorios.
Las medidas comienzan por dejar de usar agua de la Presa de Las Pintas. En este vaso desemboca el agua que proviene del Lago de Chapala y de ahí pasa a las plantas potabilizadoras, pero en la presa misma se está arrojando agua contaminada. El resultado es lógico: el proceso de potabilización no basta y por eso, en varias zonas de la ciudad se está recibiendo agua turbia y pestilente.
Las medidas emergentes pueden durar varios meses, probablemente seis.
De este modo, durante lo que resta del año el compromiso es mejorar la calidad del agua, pero habrá menos.
El SIAPA y los presidentes municipales acordarán el mecanismo para hacer los cortes del líquido. 
Además, mañana jueves se entregará en el Congreso del Estado el proyecto para la construcción del acueducto del Lago de Chapala a Guadalajara, junto con la ampliación de la Planta Potabilizadora de Miravalle, dónde ya hay obras de crecimiento. Los diputados tendrán que resolver de forma emergente el tema.
El gobernador Lemus Navarro reiteró que tiene un acuerdo con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el gobierno federal se haga cargo de las obras complementarias de la Presa El Zapotillo –aunque hay que subrayarlo, el tema no está contemplado en el proyecto presupuestal que la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados la semana pasada–.
Las medidas urgentes son inevitables. La molestia de los afectados tiende a crecer y además, se prepara también una manifestación para el domingo próximo.
Parte del mensaje de ayer incluyó un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia y disminuir el uso del agua ante la escasez que se avecina. Ha sido el mismo llamado que durante años no ha dado resultado.
El tiempo y la situación alcanzaron a la ciudad. Ahora la disyuntiva es clara: mientras no se efectúen las obras para tener acceso a agua potable, lo implica al menos dos años de espera, sólo queda tener menos agua o tenerla contaminada.
Es imposible que el tema no permanezca vigente durante el proceso electoral que está encima, pero es momento de terminar la politización que ha provocado el alargamiento de la crisis hídrica. 
Al final, las consecuencias son para la mayoría de los habitantes de la ciudad.

Solución y conciencia para el agua contaminada

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De forma totalmente sorpresiva, la dirigencia nacional de Morena anunció ayer a Andrea Chávez Treviño como su “coordinadora de defensa de la 4T” en Ciudad Juárez. En la práctica, le entregaron fuera de toda norma interna la candidatura por la presidencia municipal para las elecciones de 2027. Es el premio de consolación para la senadora con licencia y al mismo tiempo, el mecanismo que cierra la oportunidad para que el Partido del Trabajo la postulara como candidata a la gubernatura de Chihuahua.
Andrea Chávez ha sido siempre –hay que decirlo– un problema en Morena. A pesar de su juventud (apenas 29 años), tuvo un veloz desarrollo en el partido, pasando de diputada federal a senadora apenas en lo que transcurrió el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero carece de todo recato y freno; su personal ambición y la cercana relación que construyó con el influyente Adán Augusto López, la condujeron a adoptar todo lo que Morena rechaza en el discurso. 
En su carrera por convertirse a toda costa en candidata a la gubernatura de Chihuahua, se encontró con el mayor de los obstáculos: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que rechazó su proyecto político y castigó el uso de recursos de procedencia dudosa en campañas de salud para ganar las simpatías de los chihuahuenses.
El equipo político de la presidenta y Ariadna Montiel, en particular, ya como presidenta de Morena, buscaron el perfil adecuado para detener a Andrea Chávez y lo encontraron en un político de larga trayectoria y con militancia previa en el PAN y Movimiento Ciudadano: Cruz Pérez Cuéllar, actual presidente municipal de Ciudad Juárez, precisamente, y quien después de una disputada negociación, se convirtió en el coordinador de Morena en Chihuahua y próximo candidato a gobernador.
El intempestivo desenlace que convierte a Chávez Treviño en candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez presenta un rosario de contradicciones y determinaciones tomadas con base en el cálculo político y al margen del discurso del “humanismo morenista”.
A Andrea Chávez y a Adán Augusto López les entregan Ciudad Juárez y al mismo tiempo, evitan una ruptura interna mayor, pues pudo haberse convertido en candidata por el Partido del Trabajo. 
Lo que aflora con claridad, sin embargo, no sólo el pragmatismo y el atropellamiento a las reglas internas de Morena, sino el desdén con el que se trata a los habitantes de Ciudad Juárez y de Chihuahua, que determinarán, finalmente, si le dan su voto a los candidatos de Morena.

Andrea Chávez y el “premio de consolación”

El sábado pasado, Tere Jiménez presentó su cuarto informe como gobernadora de Aguascalientes. Aparte de los logros anunciados por ella misma en su gestión –logros que no son suyos en exclusiva, aunque se reconoce la continuidad–, el buen desempeño de su gobierno es una de las esperanzas que mantiene el Partido Acción Nacional (PAN), para mantener representatividad en gobiernos estatales.
El caso de Acción Nacional es singular: a pesar de la ola morenista que ha arrasado en el país desde 2018, mantienen cuatro gubernaturas: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro. Y tres de sus cuatro mandatarios son mujeres, pues junto con Tere Jiménez, encabezan gobierno Maru Campus en Chihuahua y Libia García Muñoz Ledo, en Guanajuato, además de Mauricio Kuri en Querétaro.
En lo político, estos cuatro gobernantes tienen muy claras particularidades que los hacen, digamos, “únicos” dentro del PAN y en el concierto nacional.
Tere Jiménez ha sido una gobernadora exitosa, en general. Ajena a las controversias.
Su gestión a lo largo de cuatro años y un quinto –su administración será de sólo cinco años– que está iniciando, ha mantenido una línea constante de crecimiento.
Aguascalientes es reconocida como una de las ciudades mexicanas con mejor calidad de vida, con base en estudio internacional que evaluó más de tres mil 400 ciudades en el mundo, de las cuales solo 251 integraron la clasificación final. Se le reconoce infraestructura urbana, movilidad, seguridad, servicios y oportunidades económicas.
En materia de salud, los hidrocálidos tienen de una esperanza de vida promedio de 77.2 años, superior al promedio nacional de 75.9 años. Las mujeres tienen una expectativa de 80.5 años y los hombres de 74.2 años. El incremento se acredita a programas de salud, acceso a servicios médicos gratuitos y políticas de bienestar social.
Uno de los mayores orgullos del gobierno de Tere Jiménez es que Aguascalientes mantiene un entorno económico favorable: tasa de desempleo 2.16% y un salario promedio mensual de 6 mil 730 pesos, además de la atracción de inversiones nacionales e internacionales con empleos formales y oportunidades de desarrollo; a pesar de su tamaño, menor en comparación con muchas de las entidades del país, tanto en extensión como en población, se trata de importante centro industrial y exportador, particularmente en el sector automotriz y manufacturero.
La gestión de Tere Jiménez ha enfrentado retos importantes, en particular en el cambio de equipos de gobierno y como pasa en Jalisco, en las diferencias ideológicas con el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum.
A pesar de ello, su gestión es una de las fortalezas del PAN como partido de oposición y es también, por el mérito de mantener una línea de crecimiento y continuidad, un espejo en el que deben verse entidades como Jalisco.

En el espejo de Aguascalientes

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Se estrenó en su labora el nuevo presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Ernesto Santana Bracamontes. Rindió protesta, encabezó la sesión del pleno y reconoció que organizar las elecciones en Jalisco es un reto complicado. Tiene razón.
Santana asume el cargo después que en julio pasado presentó su renuncia, de manera totalmente inesperada, Paula Ramírez. Ya como titular del Instituto, le quedan apenas dos semanas antes de que inicie formalmente el proceso de las elecciones 2026-2027, que en Jalisco deben permitir la renovación de los 125 gobiernos municipales y de los 38 escaños en el Congreso del Estado.
En su elección como consejero presidente no han faltado las especulaciones sobre sus antecedentes y relaciones, pero eso es poco relevante. Siempre ocurre así con quienes integran los organismos electorales. En teoría presentó los exámenes correspondientes y acreditó experiencia y conocimiento.
Lo importante a partir de ahora y hasta septiembre del año 2033, período para el que ha sido nombrado, lo que está por demostrarse es su capacidad de liderazgo, organización, conciliación y naturalmente, de tránsito político, porque el IEPC debe organizar las elecciones estatales y garantizar que después de la elección del 6 de junio 2027, queden instaladas en Jalisco, autoridades elegidas con legalidad y legitimidad.
El nombramiento de Ernesto Santana pasa desapercibido para la sociedad en general. Cómo se integra el IEPC y cuáles son sus labores no es asunto que ocupe y preocupe a los jaliscienses, pero que el nuevo presidente y el resto del organismo cumplan cabal y legalmente con su función, es fundamental para mantener la gobernabilidad y la seguridad jurídica en el Estado.
Desde ya, puede contarse con eso, el presidente del IEPC recibirá la presión de los partidos políticos y las autoridades en funciones.
Sin embargo, debe integrarse y si es posible, mejorar la ruta de trabajo que ya ha sido trazada para la organización de la estructura, contratación de personal, instalación de consejos municipales, vigilancia de la estructura burocrática y en general, toda la logística que permita garantizar certeza y legalidad en una jornada electoral que convocará a siete millones de jaliscienses a votar.
El nuevo presidente del IEPC tiene en sus manos la tarea más trascendental que haya podido desempeñar en su trayectoria profesional y aunque su labor y cargo no sean del interés popular, de su exitosa gestión depende mucho el futuro inmediato del Estado. 
Toca observar al IEPC, su Consejo General y su consejero presidente.

Nuevo presidente del Instituto Electoral

Anuar García Gutiérrez

Reprimir a los ciudadanos de Jalisco solo agrava la situación

Mi pecho no es bodega

Manuel Baeza

Alguien tuvo que ceder

Marcela Páramo Ortega

¡Los milagros existen!

Manuel Rojas Rosales

¡Exigimos agua limpia ya!

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La manifestación del pasado 11 de octubre se convirtió en uno de los episodios más complicados y costosos en la gestión política de la administración del gobernador Pablo Lemus. Sin embargo, el mandatario de Jalisco reconoció e inició un proceso de corrección. Ayer, en un mensaje emitido en sus redes sociales, admitió que el operativo de seguridad en la manifestación que se desarrolló en el entorno de Casa Jalisco incurrió en varios errores; como consecuencia de esto, intervino para que se concretara la liberación de todas las personas que habían sido detenidas; siete de los 39 detenidos originalmente habían sido trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande.
Adicionalmente, el gobernador indicó que en la actuación de la policía estatal no debió haberse arrojado gas lacrimógeno ni agua a presión para intentar dispersar a quienes se confrontaban con los policías antimotines.
Aseguró también que se iniciaron investigaciones que permitirán establecer responsabilidad sobre los elementos de seguridad que dieron instrucciones o procedieron a detener a personas sin justificación o haciendo uso indebido de la fuerza.
Desde el domingo 11 de octubre, la manifestación se había convertido en una crisis adicional, derivada de la otra crisis, la que comenzó meses atrás por la mala calidad del agua que se distribuye en la Zona Metropolitana de Guadalajara. De todas las críticas recibidas, las de mayor impacto y que ejercieron mayor presión, fueron las de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante dos días consecutivos, en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional, reprobó lo ocurrido y públicamente pidió explicaciones al gobernador de Jalisco, comprometiendo también un acuerdo para el financiamiento de obras que atiendan de origen el problema que ha crecido en complejidad, la mala calidad del agua.
El gobernador Lemus cede y reconoce la equivocación. Eso no basta para que las críticas se modifiquen, aunque se reconoce su cambio de postura. 
Los manifestantes violentos y las agresiones fueron reales. Pero también lo fueron los yerros en el procedimiento de las fuerzas policiales y la repercusión que se convierte en responsabilidad que debe asumir el titular del Poder Ejecutivo.
Queda pendiente ahora la reacción de la sociedad, porque desde los sectores político, académico y de los partidos políticos, se seguirá reprobando lo ocurrido. 
Al gobierno estatal debe urgirle ahora, después de este episodio, construir los acuerdos para resolver lo que originó todo: la crisis del agua. El tiempo se agota.

Reconocer y corregir