Más de 15 mil personas acudieron a la marcha del pasado domingo a reclamarle al Gobierno de Jalisco su responsabilidad por el desabasto y mala calidad del agua que llega a los hogares de las familias metropolitanas.
La marcha fue eminentemente ciudadana, la gente acudió motivada por el justificado enojo de no contar con agua limpia, asequible y accesible en sus hogares y negocios. La única intromisión partidaria en ella, fue la que realizó MC y el gobierno estatal queriendo desincentivar a la ciudadanía de acudir a la protesta, valiéndose para ello de publicaciones anónimas, aunque no gratuitas, que informaban de su cancelación.
También desplegaron gobierno y partido una estrategia de comunicación centrada en la narrativa de que el problema del agua sucia ya se había resuelto.
Una línea más de acción que desdoblaron contra la manifestación, fue divulgar la versión de que Morena era la convocante, movida por intereses políticos.
Nada les funcionó, porque nada era cierto; miles y miles de personas salieron a la calle a gritar su hartazgo frente a la crisis hídrica que padecemos y a exigirle al Gobierno del Estado que se ocupe del problema y garantice el derecho humano al agua potable.
La respuesta de la autoridad emecista fue acorde a su naturaleza: insensible, déspota, autoritaria, represora e ilegal, no comprendió que la ciudadanía acudía a plantear un justo reclamo. Tampoco que los marchantes son los verdaderos titulares del poder público y no entes carentes de derechos. Lo más sorprendente, el gobierno naranja se olvidó de que en su carácter de autoridad legalmente instituida le tocaba garantizar el ejercicio de la libre manifestación, abrirles a éstos los debidos espacios de diálogo para escuchar sus demandas, y de ser necesario prever la contención de cualquier desbordamiento, para garantizar la seguridad de las y los manifestantes, la del personal de seguridad y proteger también los bienes patrimoniales.
Bajo su mando, los cuerpos de seguridad apostados en los alrededores de Casa Jalisco patearon con saña a la ciudadanía, le arrojaron piedras y cápsulas de gases lacrimógenos, le aventaron agua utilizando los equipos de bomberos, detuvieron y golpearon a manifestantes y consignaron a casi 50 de ellos.
MC nos trajo, con su acción arbitraria del domingo pasado, una fiel remembranza del autoritarismo del PRI y del comportamiento fascista de la derecha.
Las personas detenidas ya fueron liberadas gracias a la presión y movilización social y a la denuncia pública local, nacional e internacional, que dio visibilidad a la cara represora de Movimiento Ciudadano con este acontecimiento. Pero subsisten las carpetas judicializadas que obligarán a los detenidos a llevar su proceso en libertad, por eso exigimos el sobreseimiento, la cancelación de las mismas, porque no se trata de delincuentes, sino de ciudadanas y ciudadanos desesperados por la falta de agua y/o la mala calidad de esta, que decidieron hacerse escuchar.
Es justo además, cuando menos, que los responsables de la seguridad pública del Estado sean cesados de sus cargos y se les instaure investigación no solo por las instancias locales, sino nacional e internacionales, porque la evidencia arroja la comisión de delitos graves que van desde las detenciones ilegales, el robo, las lesiones, la tortura y hasta la desaparición forzada por la falta de inmediatez en la entrega de los detenidos a las autoridades de procuración e impartición de justicia.