Mario Muñoz

La educación pública escaló del lugar 11 al cuarto entre las principales preocupaciones de los mexicanos entre 2024 y 2026, superada únicamente por problemas de violencia e institucionalidad como la inseguridad, el crimen organizado y la corrupción. El dato, revelado por un estudio de la consultora Quiddity, debería encender las alarmas en Palacio Nacional. Después de años de reformas, promesas de transformación y disputas ideológicas, millones de familias siguen sin encontrar en las aulas públicas la calidad que necesitan para construir un futuro mejor para sus hijos.
El 70% de la población se declara insatisfecha con la educación pública y 43% considera que no es una prioridad para el Gobierno federal. Además, 76% califica su calidad como regular o mala.
El diagnóstico exhibe una contradicción incómoda para un proyecto político que reivindica la justicia social: mientras el discurso oficial promete reducir las desigualdades, la ciudadanía cuestiona la capacidad de la escuela pública para ofrecer oportunidades reales.
La educación importa porque no solo transmite conocimientos: desarrolla pensamiento crítico, forma ciudadanos, eleva la productividad y permite acceder a mejores empleos. Una población mejor preparada puede innovar, emprender y adaptarse a los cambios tecnológicos. Cuando el sistema educativo falla, el costo trasciende las aulas: disminuyen las oportunidades de crecimiento y se perpetúan las desventajas económicas de una generación a otra.
La experiencia internacional demuestra que invertir en capital humano puede cambiar el destino económico de una nación. Corea del Sur convirtió la expansión educativa y la formación de capacidades en pilares de su desarrollo. La OCDE reconoce que el aumento de la escolaridad contribuyó a su extraordinario crecimiento durante las últimas décadas.
Singapur, por su parte, fortaleció la preparación de su población y la vinculación entre educación, competencias e innovación.
Y Finlandia apostó por la formación docente, la autonomía profesional y el aprendizaje basado en la comprensión y la resolución de problemas.
Ninguno alcanzó sus resultados exclusivamente mediante la educación: también influyeron la inversión productiva, la tecnología, las instituciones y las políticas económicas. Pero esos tres países muestran que preparar a la población es una condición estratégica para competir y prosperar.
México, en cambio, suma décadas atrapado en reformas que con frecuencia parecen diseñadas para distinguir gobiernos, antes que para garantizar continuidad y mejores aprendizajes.
Enrique Peña Nieto impulsó una reforma centrada en la evaluación docente, la profesionalización y el control institucional. Su implementación quedó atravesada por la confrontación con sectores del magisterio y no consiguió consolidar una transformación duradera que cerrara las brechas educativas.
Andrés Manuel López Obrador hizo de la cancelación de aquel modelo una bandera política. Lo sustituyó por la Nueva Escuela Mexicana, con énfasis en la comunidad, la inclusión y el pensamiento crítico. Sin embargo, modificar planes de estudio y libros de texto no bastó para resolver los rezagos, mejorar la infraestructura o garantizar que todos los estudiantes aprendieran lo indispensable. Cambiar una reforma por otra no equivale, por sí mismo, a transformar la educación.
Los datos materiales revelan la dimensión del desafío. Durante el ciclo escolar 2024-2025, el sistema educativo registró 34.3 millones de estudiantes y 83.7% asistía a instituciones públicas. Según las cifras de la SEP citadas por Quiddity, apenas 45.2% de los planteles de educación básica tenía al menos una computadora y 41.5% contaba con conexión a internet. A ello se suma el desempeño de México por debajo de los promedios de la OCDE en lectura y matemáticas.
La pregunta no es qué gobierno tuvo la reforma más ambiciosa, sino cuál consiguió que los alumnos aprendieran más. La administración de Peña Nieto no resolvió el problema; la de López Obrador cambió el modelo sin eliminar los rezagos fundamentales. Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum debe demostrar que la política educativa puede superar la lógica de ruptura sexenal. Pero vamos tarde.
La educación pública no puede ser rehén de la ideología ni de los intereses políticos. Si la transformación que se proclama no se traduce en mejores maestros, escuelas dignas y aprendizajes comprobables, seguirá siendo una promesa sin sustento. El verdadero legado de una reforma no está en el discurso con que se anuncia, sino en las oportunidades que abre para millones de estudiantes.

¿Qué nos preocupa?

Hay frases que retratan una política pública mejor que 100 discursos. Mario Delgado acaba de pronunciar una de ellas al explicar que el objetivo educativo es formar “ciudadanas y ciudadanos integrales que defiendan la soberanía nacional y el bienestar humano”.
El problema no es hablar de soberanía, valores o ciudadanía. El problema aparece cuando esos conceptos ocupan el centro del discurso educativo, mientras las preguntas incómodas siguen siendo las mismas: ¿Qué tanto leen nuestros estudiantes?, ¿qué tanto comprenden lo que leen?, ¿qué tan bien resuelven problemas matemáticos?, ¿qué tan capaces son de utilizar la ciencia para entender y transformar su realidad?
Una escuela pública no puede convertirse en una fábrica de discursos. Su primera obligación es enseñar. Enseñar a leer, escribir, calcular, investigar, razonar, cuestionar y comprobar. Después vendrá todo lo demás.
México arrastra este problema desde hace décadas. Gobiernos de distintos colores han reformado planes, cambiado libros, creado programas, desaparecido otros y rebautizado modelos, pero la crisis fundamental permanece: el país no ha conseguido garantizar aprendizajes sólidos y homogéneos para todos.
Los datos internacionales son difíciles de maquillar. En PISA, México quedó muy por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Mientras tanto, Singapur obtuvo los mejores resultados entre los participantes.
Y aquí está la lección: Singapur no construyó ese desempeño alrededor de consignas políticas. Su sistema pone enorme atención en la preparación docente. En la última Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje de la OCDE (TALIS), 88% de sus profesores consideró alta la calidad de su formación inicial.
Ése debería ser el espejo.
Y no se trata de copiar a Singapur. Se trata de replicar lo que funciona: profesores mejor preparados, formación continua, exigencia académica, evaluación seria, dominio de matemáticas y lectura, ciencia desde edades tempranas y una cultura que premie el conocimiento.
La soberanía no se defiende con alumnos que repiten consignas. Se defiende con ciudadanos capaces de detectar una mentira, interpretar una estadística, entender una evidencia científica y pensar por sí mismos.
Éste es el aprendizaje que México sigue posponiendo: un país fuerte no necesita estudiantes obedientes. Necesita estudiantes capaces.
Si de verdad se quiere transformar la educación, la recomendación es sencilla: mirar hacia los sistemas que consiguen aprendizajes medibles y adaptar sus prácticas a la realidad mexicana. Menos retórica y más matemáticas. Menos narrativa y más lectura. Menos discursos sobre el futuro y más ciencia para construirlo.

Nos quieren obedientes…

La pregunta ya no parece una exageración de sobremesa. Pero tampoco hay elementos para afirmar que Europa esté a las puertas de una tercera guerra mundial. Lo que sí existe es algo más peligroso y menos espectacular: una escalada gradual en la que las fronteras entre la guerra de Ucrania y la seguridad europea comienzan a desdibujarse.
El punto de partida sigue siendo el mismo: la guerra entre Rusia y Ucrania. El ataque de Kiev contra Moscú del domingo, con más de mil drones lanzados contra territorio ruso y daños en una refinería, representa una nueva dimensión de la capacidad ucraniana para golpear profundamente a Rusia. Moscú reportó muertos y heridos.
Pero el verdadero riesgo para Europa no está solamente en que Ucrania pueda alcanzar territorio ruso. Está en la posibilidad de que Moscú responda ampliando deliberadamente el conflicto hacia países de la Unión Europea o de la OTAN.
Ese escenario ya tiene señales preocupantes. La Unión Europea atribuyó a Rusia un intento de sabotaje con material militar en el aeropuerto de Leipzig/Halle y denunció incursiones aéreas, sabotajes, interferencia y ataques híbridos contra países europeos. Además, durante septiembre se han acumulado incidentes que involucran a Lituania, Polonia, Dinamarca y Alemania. Bruselas prepara, incluso, un mecanismo específico para responder a las amenazas que no llegan todavía al nivel de una agresión militar abierta.
Ahí está el peligro: una guerra mundial no necesariamente comenzaría con una declaración de guerra. Podría surgir de un incidente mal calculado: un dron que mate civiles en territorio de la OTAN, un misil que impacte deliberadamente o por error en un país aliado, un sabotaje con víctimas masivas o una represalia que active los compromisos de defensa colectiva.
Y entonces aparecería el factor decisivo: Estados Unidos.
Donald Trump mantiene simultáneamente una presión económica sobre Moscú y una vía diplomática. El viernes pasado promulgó una ley que le permite imponer aranceles de hasta 100% a los grandes compradores de energía rusa. Al mismo tiempo, habló con Vladímir Putin, y sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner viajaron a Moscú y Kiev.
Ahora Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU que inicia este lunes. El presidente ucraniano habla de un nuevo impulso diplomático y de posibles medidas de desescalada.
Esa contradicción define el momento: mientras las armas amplían el campo de batalla, la diplomacia intenta cerrarlo.
Europa, entre tanto, está incrementando su gasto militar y su apoyo a Ucrania. La Comisión Europea ha anunciado recursos para misiles, drones y defensa aérea, mientras la OTAN profundiza su preparación en el flanco oriental.
Por eso, hablar hoy de una tercera guerra mundial sería adelantarse a los hechos. Pero ignorar el riesgo también sería irresponsable. La amenaza más seria no es que alguien quiera comenzar una guerra mundial: es que una cadena de represalias, errores y decisiones calculadas termine produciéndola.
Y justamente por eso, la reunión Trump-Zelenski en Nueva York importa más que una fotografía diplomática: puede convertirse en otro intento para impedir que la guerra de Ucrania termine convirtiéndose en un conflicto directo entre Rusia y Occidente.

¿Se está armando una tercera guerra mundial?

La primera llamada de auxilio ya sonó. Y sería irresponsable hacer como que no la escuchamos.
La advertencia no proviene de cualquiera, de un enemigo de la tecnología ni de alguien que desconozca el potencial de la Inteligencia Artificial (IA). La hizo Dario Amodei, director ejecutivo y cofundador de Anthropic, una de las empresas que están en la primera línea de esta revolución tecnológica. Su petición es tan sencilla como inquietante: hay que desacelerar el desarrollo de la IA antes de que nuestra capacidad para controlarla se quede atrás.
Aquí está la paradoja.
Estamos fascinados con una tecnología capaz de transformar la medicina, acelerar investigaciones, mejorar la educación, automatizar procesos, crear herramientas y resolver problemas que durante décadas parecieron imposibles. La IA puede convertirse en uno de los mayores avances de la humanidad.
Pero precisamente por eso también puede convertirse en uno de sus mayores riesgos.
El problema no es la Inteligencia Artificial. El problema es la velocidad con la que estamos entregándole poder.
Las empresas compiten por construir modelos más capaces, más autónomos y más rápidos. Hay miles de millones de dólares en juego y una presión feroz por no quedarse atrás. En esa carrera, la seguridad corre el riesgo de convertirse en un obstáculo que debe superarse, en lugar de ser una condición indispensable para avanzar.
Amodei advierte incluso sobre sistemas capaces de coordinarse, actuar de manera autónoma y eventualmente generar daños a una escala desconocida. No hace falta imaginar robots dominando el planeta. Basta pensar en algo más cercano: ataques cibernéticos automatizados, manipulación masiva de información, fraudes a escala industrial o sistemas tomando decisiones que sus propios creadores no puedan explicar ni detener.
Y entonces aparece la pregunta incómoda: ¿Quién controla al que controla la Inteligencia Artificial?
Que Sam Altman, director de OpenAI, haya respaldado la propuesta de avanzar a un ritmo adecuado y someter los sistemas a evaluaciones independientes demuestra que la preocupación dejó de ser marginal.
No se trata de apagar la tecnología. Se trata de ponerle freno antes de que necesitemos un freno de emergencia.
La historia está llena de inventos que cambiaron nuestra vida y cuyos efectos secundarios comprendimos demasiado tarde. Con la IA todavía tenemos una oportunidad excepcional: establecer reglas, auditorías, límites y responsabilidades antes de que los acontecimientos nos obliguen a hacerlo después de una tragedia. La peor decisión sería confundir innovación con velocidad.
No todo lo que podemos construir debemos construirlo inmediatamente.
La IA puede hacer mejor nuestra vida. Pero si permitimos que la carrera por dinero, poder y liderazgo tecnológico avance más rápido que la prudencia, podríamos terminar descubriendo demasiado tarde que la máquina no necesitaba rebelarse contra nosotros.
Primera llamada.

Primera llamada…

Hay noticias que provocan enojo. Otras provocan risa. Y hay algunas que, de plano, nos dejan con la sensación de que alguien está jugando con nuestra cara. La semana pasada terminó con una de esas.
Mientras los mexicanos hacen malabares para pagar la renta, el súper, la luz, la gasolina y todo aquello que misteriosamente sube más rápido que los salarios, el Gobierno federal decidió seguir consintiendo a Pemex y a su sindicato.
El acuerdo laboral para los trabajadores petroleros contempla incrementos salariales de 7%, que representan una nueva presión para las finanzas de una empresa que lleva años viviendo con el tanque de oxígeno puesto.
Aquí está lo verdaderamente absurdo: Pemex está en quiebra. Tiene deudas con bancos (más de 80 mil millones de dólares), enfrenta millonarios compromisos con proveedores (374 mil millones de pesos), requiere apoyo del Gobierno (Hacienda le dará 263.5 mil millones de pesos) y, aun así, mantiene una estructura laboral con prestaciones que cualquier trabajador común quisiera ver en su recibo de nómina: salarios jugosos y pensiones de medio millón de pesos para privilegiados.
La empresa está endeudada, pero hay aumento. La empresa necesita dinero público, pero hay prestaciones. La empresa requiere rescates, pero la fiesta continúa.
Y si falta dinero, siempre queda una solución infalible: que lo pague el contribuyente. Total, el dinero no es de quien firma el cheque.
Ese es el pequeño detalle que parece habérsele olvidado al Gobierno.
Nadie está cuestionando que los trabajadores tengan derecho a mejores salarios. El problema es que Pemex no es una empresa sana que esté repartiendo las ganancias extraordinarias de un negocio exitoso.
Es una empresa cuya producción petrolera lleva años lejos de las fantasías de grandeza que se vendieron desde la tribuna (prometieron 2.6 millones de barriles diarios y apenas estamos en 1.6 millones). Pero parece que en Pemex existe una regla muy sencilla: si las cuentas no cuadran, que cuadre el Gobierno.
Porque mientras la petrolera necesita miles de millones de pesos para seguir operando, los mexicanos seguimos esperando aquella gasolina casi regalada que durante años fue una de las grandes promesas de la llamada Cuarta Transformación. ¿Se acuerdan? Aquel combustible de 10 pesos por litro.
Si Pemex quiere aumentos extraordinarios, perfecto: que aumente también la productividad. Que reduzca costos. Que disminuya pérdidas. Que cobre lo que le deben. Que pague a sus proveedores. Que incremente la eficiencia de sus refinerías. Que produzca más. Que genere utilidades.
Y, sobre todo, que deje de depender del contribuyente. Es el que paga.
Nos hemos acostumbrado tanto al absurdo que ya ni siquiera nos sorprende. Pero debería. Porque Pemex no pertenece al Gobierno. Cada peso que se gasta mal, cada privilegio que no se justifica y cada deuda que termina respaldando el erario tiene un propietario: el ciudadano.
Estamos hablando de una fiesta con dinero ajeno. ¡Y todos callados!

La fiesta con el dinero ajeno

Hubo un tiempo en que el recreo era una pequeña batalla por la libertad. Sonaba el timbre y los niños salían disparados al patio. Corrían, gritaban, competían, se peleaban y se reconciliaban. Se organizaban para jugar futbol, inventaban reglas, elegían capitanes y descubrían, sin manuales ni tutoriales, quién tenía liderazgo y quién debía aprender a perder.
Había algo elemental en aquello: había que sudar para divertirse.
Hoy, en demasiadas escuelas, basta con sacar un teléfono del bolsillo. El patio puede estar ahí, enorme y soleado, pero algunos prefieren permanecer sentados mirando una pantalla. Ya no corren: deslizan. Ya no inventan juegos: consumen videos. Ya no conversan: mandan mensajes a alguien que está a tres metros.
Y todavía tenemos el descaro de llamarlo progreso.
El celular no es el demonio. Es una herramienta. El problema empieza cuando dejamos que una herramienta se convierta en niñera, entretenimiento, anestesia emocional y sustituto de la convivencia. Y después nos sorprendemos porque los niños no toleran el aburrimiento, se distraen con facilidad o necesitan estímulos permanentes.
La pandemia aceleró esa dependencia. Lo que comenzó como una solución para mantener conectados a los estudiantes terminó convirtiéndose, para muchos menores, en una conexión que nunca se apagó.
Ahora la ciencia comienza a explicar algo que maestros y padres ya habían visto. Un estudio de investigadores de la Universidad de Zhejiang encontró que los videos cortos pueden reducir temporalmente la actividad de regiones cerebrales vinculadas con el control cognitivo y favorecer una navegación automática. No significa que las redes sociales destruyan permanentemente el cerebro. Sería una conclusión que el estudio no permite sostener. Pero sí debería encender una alarma.
Y aquí viene la parte incómoda: también los adultos tenemos responsabilidad.
Es más fácil darle un celular a un niño que jugar con él. Es más cómodo permitirle encerrarse con una pantalla que llevarlo al parque. Es menos cansado soportar veinte minutos de TikTok que escuchar veinte minutos de preguntas infantiles.
Hemos confundido la tranquilidad con el bienestar.
Mientras tanto, las plataformas compiten por cada segundo de atención, los algoritmos ofrecen un video después de otro y los adultos discutimos quién debe regularlas. La responsabilidad, sin embargo, empieza mucho antes de una ley: empieza en casa.
El patio enseñaba cosas que ninguna pantalla puede sustituir: liderazgo, cooperación, frustración, resistencia, imaginación y límites. Enseñaba que para ganar había que competir y que para volver a jugar después de perder había que tener carácter.
También enseñaba algo todavía más importante: que el cuerpo existe.
Quizá por eso debemos recuperar la cuota del sudor. No como nostalgia del pasado, sino como una necesidad del presente.
Porque un niño que nunca aprende a correr, esperar, perder, aburrirse y volver a intentarlo corre el riesgo de convertirse en un adulto incapaz de desconectarse.
Y mientras nosotros les compramos el teléfono para mantenerlos ocupados, alguien más está cobrando la factura: su atención, su tiempo y, poco a poco, su infancia.

La cuota del sudor

A todos nos quedó claro: Rubén Rocha Moya se fue por la libre. Desafió al poder, desafió a la presidenta Claudia Sheinbaum y desafió a Morena. El resultado fue contundente: fue aplastado políticamente.
Su intento de regresar a la gubernatura de Sinaloa, después de haber solicitado licencia y anunciado su reincorporación, terminó exhibiendo algo más profundo que una torpeza política. Reveló que el gobernador creyó que podía jugar con sus propias reglas, aun cuando las condiciones políticas habían cambiado.
La pregunta inevitable es brutal: ¿El crimen organizado fue el peor asesor de Rocha Moya?
Porque resulta difícil explicar semejante decisión sin preguntarse quién lo convenció de que podía desafiar a todos y salir indemne. Si alguien le hizo creer que tenía fuerza suficiente para enfrentarse al poder presidencial, a su partido y a la opinión pública, no le hizo un favor: lo empujó hacia su sepultura política.
Pero el problema ya no es solamente Rocha.
La verdadera pregunta es si Claudia Sheinbaum aprovechará esta crisis para hacer lo que hasta ahora no se ha atrevido a hacer: cortar de una vez por todas con los personajes del obradorismo que le han provocado crisis, desgaste y costos políticos innecesarios.
La presidenta heredó una estructura política, pero no tiene por qué heredar todos sus vicios, lealtades, compromisos y lastres.
Gobernar también significa elegir.
Y elegir significa entender que hay colaboradores, gobernadores, dirigentes y operadores cuya permanencia dejó de ser una fortaleza para convertirse en un problema. Mantenerlos por gratitud, por acuerdos políticos o por la necesidad de pagar cuotas del pasado puede terminar siendo más caro que prescindir de ellos.
Sheinbaum tiene una oportunidad que no debería desperdiciar.
No se trata de una purga política ni de ajustar cuentas con el pasado. Se trata de una decisión de supervivencia institucional: separar a su gobierno de quienes han demostrado que pueden generar una crisis en cuestión de horas y obligar a la presidenta a pagar el costo de sus errores.
La ciudadanía no votó para que la presidenta administrara eternamente las facturas del sexenio anterior.
Es el momento.
El poder presidencial también se demuestra cuando se tiene el valor de cortar aquello que ya no sirve.
Y Rocha Moya acaba de demostrar, de la manera más estúpida, lo que ocurre cuando alguien confunde el poder prestado con poder propio.

El momento preciso…

Hay cifras que deberían provocar una reflexión, no una celebración. El jueves 13 de agosto México registró 20 homicidios dolosos, la cifra diaria más baja en al menos 15 años, y la presidenta Claudia Sheinbaum la presentó como una señal de que la estrategia de seguridad está dando resultados.
Pero convertir un solo día en prueba de éxito es, cuando menos, una peligrosa forma de demagogia. La violencia no se combate con fotografías de una estadística favorable ni se derrota porque durante 24 horas el crimen mató menos. Mañana, pasado mañana o la próxima semana los números pueden volver a dispararse. Y entonces el festejo presidencial habrá durado exactamente lo que dura una cifra aislada.
Lo que no se dice es la horrorosa forma en la que están muriendo los adolescentes y jóvenes. Es el verdadero fracaso: México no ha sabido aprovechar su bono demográfico. Tenemos generaciones enteras de adolescentes y jóvenes que deberían estar estudiando, capacitándose, trabajando, emprendiendo y construyendo el país, pero demasiados encuentran escuelas deficientes, empleos precarios, barrios abandonados y un crimen organizado dispuesto a ofrecerles dinero, pertenencia y poder. Y muerte.
El propio Programa Nacional de Población 2026-2030 reconoce la necesidad de cerrar brechas en educación, trabajo decente, vivienda, seguridad social y otros servicios. El problema es que reconocerlo en un documento no significa convertirlo en una política pública eficaz.
¿Dónde está la estrategia nacional para impedir que un adolescente sea reclutado por una organización criminal? ¿Dónde están los programas permanentes de prevención en colonias con mayor violencia? ¿Dónde están las escuelas de tiempo completo, la capacitación laboral, la atención psicológica, el deporte, la cultura y los espacios comunitarios que realmente compitan con el poder de las organizaciones criminales?
Sin educación, capacitación, tratamiento de adicciones, empleo y seguimiento, mientras discutimos estadísticas, adolescentes y jóvenes siguen las víctimas de asesinatos atroces, desapariciones y reclutamiento criminal. Esa debería ser la medida del fracaso.
México necesita dejar de administrar la violencia y empezar a prevenirla. Un día con 20 homicidios es una buena noticia. Convertirlo en argumento de victoria nacional es otra cosa.
El verdadero triunfo llegará cuando un adolescente pueda elegir su futuro sin que el crimen organizado le gane la partida antes que el Estado.

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De mal en peor

Hay gobiernos que resuelven problemas y otros que organizan consultas para averiguar cuáles son. La Cuarta Transformación pertenece, cada vez más, a la segunda categoría: convierte la incompetencia en espectáculo, la demagogia en método y la estupidez burocrática en una forma de gobernar.
Andrés Manuel López Obrador hizo de las consultas populares una de sus herramientas favoritas para disfrazar decisiones políticas de ejercicios democráticos. Ahora, sus herederos parecen empeñados en perfeccionar esa fórmula del absurdo.
La última ocurrencia fue consultar a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para saber si aceptaban un aumento salarial de 6.8 por ciento. ¡Qué revelación! Los empleados rechazaron la propuesta y exigieron un incremento del 10 por ciento, por lo menos. Hacía falta una consulta nacional para descubrir que los trabajadores quieren mejores salarios.
Para semejante hallazgo se convocó a 476 mil empleados y se instalaron 670 casillas en todo el país. Es en serio. Una maquinaria burocrática monumental para confirmar lo que las protestas ya gritaban en las calles: la oferta no convencía.
El problema no es consultar. El problema es confundir una votación con una solución y pretender que organizar urnas equivale a gobernar. Sin embargo, los votos no compran medicamentos, no abastecen hospitales, no mejoran las condiciones laborales ni pagan las cuentas de las familias. Para eso se necesita dinero, capacidad de negociación y voluntad política.
Mientras el discurso oficial presume justicia social, médicos, enfermeras, laboratoristas y trabajadores administrativos tienen que manifestarse para exigir remuneraciones dignas y los insumos necesarios para atender a los pacientes. Esa es la realidad que desmiente la propaganda: quienes sostienen al sistema de salud reciben ofertas que consideran insuficientes y deben presionar para que las autoridades vuelvan a negociar.
La herencia política de López Obrador consiste, en buena medida, en vender las consultas como una patente de legitimidad. Se pregunta, se vota, se anuncia solemnemente el resultado y después la realidad sigue esperando. Los problemas no desaparecen por someterlos a votación, ni las decisiones se vuelven acertadas porque se organicen ceremonias de participación.
Ahora, tras el rechazo de los trabajadores, los sindicalizados solicitan retomar las negociaciones. Es decir, después de gastar tiempo y recursos en confirmar la inconformidad, hay que regresar al lugar donde debió buscarse una solución desde el principio: la mesa de negociación.
La encuesta absurda es aquella que exhibe la incapacidad de quienes deberían resolver los problemas. Después de tantos años de promesas transformadoras, consultar lo obvio y aplazar lo indispensable ya no es democracia ejemplar: es una tomadura de pelo.
Y detrás de las exigencias de trabajadores está el mal servicio de salud para la población.

La encuesta estúpida