Luz del Carmen Godínez

Los acontecimientos ocurridos el pasado domingo nos dejan preguntas importantes que, como sociedad, no podemos ignorar.
La preocupación por el agua es legítima. Es una inquietud real que surge de la incertidumbre que muchas personas sienten cuando piensan en el presente y el futuro de un recurso indispensable para la vida. Hablar del agua es hablar de nuestras familias, de nuestras comunidades y de las generaciones que vienen.
Por eso es natural que la ciudadanía quiera participar, preguntar, exigir información y hacer escuchar su voz. En una democracia, las calles también son espacios de expresión. Manifestarse de manera pacífica es un derecho humano que debe protegerse y garantizarse siempre.
Sin embargo, también debemos reconocer algo que resulta evidente, cuando una movilización deriva en actos de violencia, la atención deja de centrarse en la causa que dio origen a la protesta. El debate sobre el agua, sobre sus desafíos y las posibles soluciones, termina desplazado por las imágenes de confrontación, de daños o de detenciones. Y eso lastima a todas y todos.
Lastima a quienes acudieron con la intención legítima de expresar una preocupación ciudadana. Lastima la posibilidad de construir acuerdos. Lastima la confianza entre sociedad y autoridades. Y debilita nuestra capacidad colectiva para encontrar soluciones a los problemas que nos afectan.
Es importante decirlo con claridad: La violencia no representa a quienes ejercen su derecho a manifestarse de forma pacífica. La gran mayoría de las personas que participan en una protesta lo hacen movidas por convicciones, por preocupaciones genuinas y por el deseo de ser escuchadas. Su voz merece respeto. Pero también es cierto que ninguna causa se fortalece cuando la confrontación sustituye al diálogo.
Hoy necesitamos mirar más allá de los hechos aislados y preguntarnos qué podemos aprender de lo ocurrido. Porque el verdadero reto no consiste únicamente en evitar nuevos episodios de violencia. El reto es reconstruir la confianza.
Confianza para escucharnos aun cuando existan diferencias. Confianza para dialogar sin descalificaciones. Confianza para entender que los desacuerdos son parte de toda sociedad democrática, pero que la manera en que los enfrentamos define el tipo de comunidad que queremos ser.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, no hay espacio para visiones parciales. Los derechos pertenecen a todas las personas. Deben protegerse para quien se manifiesta, para quien observa, para quien pudiera verse afectado por los hechos y también para quien, en un momento determinado, se encuentra privado de su libertad. La dignidad humana no depende de una postura política ni de estar de un lado u otro de un conflicto.
Ese es precisamente el sentido de la labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco durante estos acontecimientos. Estar presentes, observar, documentar, escuchar, acompañar y vigilar que los derechos de todas las personas sean respetados. 
Lo ocurrido debe llevarnos a una reflexión profunda. Ninguna demanda social pierde su importancia por generar incomodidad, pero ninguna causa encuentra fortaleza en la violencia. Del mismo modo, ninguna autoridad puede limitarse a administrar los conflictos, su obligación es generar condiciones para el diálogo, la participación y la búsqueda de soluciones.
Jalisco necesita volver a encontrarse desde aquello que nos une. Necesitamos escucharnos y menos confrontaciones. Más participación y menos descalificaciones. Más acuerdos y menos barreras.
Porque el agua merece respuestas. La ciudadanía merece ser escuchada. Las personas afectadas merecen atención y acompañamiento.
Y porque la paz no significa silencio ni indiferencia. La paz se construye todos los días, con diálogo, con respeto y con la convicción de que los derechos humanos deben ser el punto de encuentro que nos permita avanzar juntas y juntos, incluso en medio de nuestras diferencias.
Esa es la invitación: No convertir el conflicto en una ruptura, sino en una oportunidad para escucharnos mejor, comprendernos más y construir, entre todas y todos, las soluciones que Jalisco necesita.
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Cuando la causa es justa, la violencia nunca debe ser el camino

Hace apenas unos años, hablar de salud mental seguía siendo un tema rodeado de silencios. Muchas personas ocultaban su ansiedad, minimizaban su tristeza o cargaban en soledad con problemas emocionales por miedo a ser juzgadas. Hoy la conversación ha cambiado. Cada vez es más común escuchar a alguien decir: &#8220;necesito ayuda&#8221;, &#8220;me siento agotado&#8221; o &#8220;estoy pasando por un momento difícil&#8221;.
Y eso, lejos de ser una señal de debilidad, representa un avance como sociedad.
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que nos invita a reflexionar sobre un aspecto fundamental de nuestras vidas: el bienestar emocional. Porque la salud mental no es un asunto que afecte únicamente a quienes viven con un trastorno o una enfermedad mental. Nos involucra a todas y todos. Está presente en la forma en que enfrentamos los desafíos cotidianos, construimos nuestras relaciones, tomamos decisiones y proyectamos nuestro futuro.
Sin embargo, aunque cada vez hablamos más de este tema, persisten importantes desafíos. Vivimos en una época marcada por la inmediatez, la hiperconectividad y la presión constante por rendir más. Las redes sociales nos mantienen informados y comunicados, pero también pueden generar ansiedad, comparaciones permanentes y una sensación de exigencia difícil de sostener. A ello se suman las preocupaciones económicas, las largas jornadas laborales, la incertidumbre y las violencias que muchas personas enfrentan en distintos ámbitos de su vida.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, este tema debe abordarse con toda seriedad. El bienestar mental forma parte del derecho a la salud y es indispensable para que las personas puedan desarrollar plenamente su proyecto de vida. Cuando alguien no recibe la atención que necesita, no solamente se afecta su salud, también pueden verse comprometidos otros derechos relacionados con la educación, el trabajo, la participación social y una vida digna.
Por ello resulta preocupante que muchas personas aún enfrenten barreras para acceder a servicios de atención psicológica o psiquiátrica. El estigma continúa siendo una de las principales. Todavía hay quienes consideran que pedir ayuda es una muestra de fragilidad o que los problemas emocionales pueden resolverse únicamente con voluntad. Estas ideas, además de ser equivocadas, provocan que muchas personas retrasen la búsqueda de apoyo profesional.
A ello se suma la insuficiencia de servicios especializados, las desigualdades territoriales en el acceso a la atención y las dificultades económicas que enfrentan miles de familias para costear tratamientos. La consecuencia es que muchas personas atraviesan sufrimientos que podrían ser atendidos oportunamente si existieran más recursos, mayor información y mejores políticas públicas.
Frente a este panorama, debemos comprender que la salud mental no es una responsabilidad exclusivamente individual. Por eso hablamos de una responsabilidad compartida.
Las familias tienen un papel fundamental cuando crean espacios de escucha y confianza. Las escuelas contribuyen al enseñar habilidades socioemocionales y promover ambientes de convivencia respetuosa. Los centros de trabajo pueden marcar una diferencia significativa cuando impulsan condiciones laborales saludables y previenen el desgaste emocional de sus equipos. Las autoridades, por su parte, tienen la obligación de fortalecer los servicios de atención y garantizar que nadie quede excluido por razones económicas, geográficas o sociales.
Hablar de salud mental es, en el fondo, hablar de dignidad humana. Es reconocer que todas las personas, en algún momento de nuestra vida, podemos necesitar acompañamiento, escucha o apoyo profesional. Es entender que el bienestar emocional no debe ser un privilegio para unos cuantos, sino una condición accesible para todas y todos.
Este 10 de octubre vale la pena hacer una pausa y preguntarnos no sólo cómo estamos físicamente, sino también cómo nos sentimos. Escuchar nuestras emociones y prestar atención al bienestar de quienes nos rodean puede ser el primer paso para construir comunidades más empáticas y solidarias.
Porque una sociedad que cuida la salud mental de las personas, es una sociedad que protege derechos, fortalece la convivencia y apuesta por una vida más digna para todas y todos. Y esa es una tarea que nos corresponde compartir.
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Hablar de salud mental también es defender derechos

Envejecer es parte natural de la vida. Todas las personas, si tenemos la oportunidad de vivir lo suficiente, llegaremos algún día a esa etapa. Sin embargo, aunque el envejecimiento es una experiencia humana universal, todavía vivimos en una sociedad que muchas veces valora más la juventud que la experiencia, más la rapidez que la sabiduría y más la productividad que la trayectoria de vida.
En Jalisco basta observar nuestro entorno para reconocer una realidad evidente, cada vez hay más personas mayores participando activamente en nuestras comunidades, cuidando a sus familias, trabajando, compartiendo conocimientos y sosteniendo redes de apoyo fundamentales. Sin embargo, también encontramos a muchas personas que enfrentan soledad, discriminación, dificultades para acceder a servicios, obstáculos para desplazarse por la ciudad o falta de oportunidades para participar plenamente en la vida social.
Por eso, cada 1 de octubre, al conmemorar el Día Internacional de las Personas de Edad, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre una pregunta que nos involucra a todas y todos: ¿Estamos construyendo una sociedad en la que sea posible envejecer con dignidad?
Hablar del envejecimiento desde una perspectiva de Derechos Humanos implica cambiar la manera en que vemos esta etapa de la vida. Las personas mayores no son únicamente personas que necesitan apoyo o cuidados. Son mujeres y hombres con derechos, con experiencias valiosas, con proyectos, opiniones, sueños y decisiones propias.
Sin embargo, todavía persisten actitudes que limitan el ejercicio de esos derechos. A veces ocurren de forma tan cotidiana que pasan desapercibidas, cuando decidimos por una persona mayor sin preguntarle qué quiere, cuando asumimos que ya no puede aprender algo nuevo, cuando minimizamos sus opiniones o cuando consideramos que su participación ya no es necesaria.
Estas conductas tienen nombre: edadismo. Y aunque muchas veces se expresan como comentarios aparentemente inofensivos, pueden convertirse en formas de discriminación que afectan la dignidad y la autonomía de las personas.
La verdadera inclusión comienza por reconocer que la edad no disminuye el valor de una persona ni su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida.
Por eso es fundamental garantizar la participación de las personas mayores en todos los espacios donde se toman decisiones que les afectan. Escucharlas no debe verse como un gesto de buena voluntad o de cortesía. Es una obligación que nace del reconocimiento de su dignidad y de sus derechos.
Desde las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de impulsar acciones que hagan efectivos los derechos de las personas mayores. Sin embargo, la construcción de una cultura de respeto y dignidad también ocurre en los hogares, en los centros de trabajo, en las escuelas y en cada espacio de convivencia cotidiana.
La manera en que tratamos hoy a las personas mayores dice mucho sobre nuestros valores como sociedad. Por ello, este 1 de octubre la reflexión no debería limitarse a reconocer la importancia de las personas mayores. También deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo para eliminar las barreras que enfrentan, para escuchar su voz y para garantizar que puedan vivir esta etapa de la vida con autonomía, seguridad y bienestar.
Porque el envejecimiento no es una realidad lejana que pertenece a otras personas. Es parte de nuestra propia historia y de nuestro futuro. Defender hoy los derechos de las personas mayores es defender el derecho que todas y todos tenemos a llegar a esa etapa de la vida con respeto, libertad y dignidad.
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Envejecer con dignidad: una responsabilidad de todas y todos

Cuando escuchamos la palabra paz, muchas veces pensamos en acuerdos entre gobiernos, en el fin de las guerras o en decisiones que parecen ocurrir lejos de nuestra realidad. Sin embargo, la paz también nace mucho más cerca de nosotros, en la forma en que tratamos a las personas, en cómo resolvemos nuestras diferencias, en la manera en que convivimos en nuestras familias, escuelas, comunidades e instituciones.
Cada 21 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Paz. Esta fecha nos invita a recordar que la paz es mucho más que la ausencia de violencia. La paz es poder vivir sin miedo, con oportunidades, con respeto y con la certeza de que nuestra dignidad será reconocida. Este año, el llamado de las Naciones Unidas es claro: invertir en la paz, para todas las personas, en todos los lugares y todos los días.
Pero, ¿qué significa realmente invertir en la paz? Desde una visión de derechos humanos, significa invertir en las personas. Significa construir condiciones para que nadie sea excluido, discriminado o violentado. Significa que una niña pueda caminar tranquila hacia su escuela, que una persona mayor pueda vivir con dignidad y cuidados, que una persona con discapacidad encuentre espacios accesibles, que las mujeres puedan desarrollar su proyecto de vida libres de violencia y que quienes defienden derechos humanos o ejercen el periodismo puedan hacerlo sin amenazas.
La paz tiene rostro humano. Se refleja en las oportunidades que tienen las personas para vivir plenamente sus derechos. También se construye cuando aprendemos a escuchar, cuando elegimos el diálogo por encima de la confrontación y cuando entendemos que pensar diferente no debe separarnos, sino enriquecernos.
Una sociedad democrática no es aquella donde todas las personas opinan igual. Es aquella que sabe convivir en la diversidad, que reconoce el valor de cada voz y que entiende que toda persona merece respeto por el simple hecho de ser humana.
Por eso, hablar de paz es también hablar de igualdad, de inclusión y de justicia. Es difícil que exista una paz duradera cuando persisten la discriminación, la pobreza, la impunidad o las barreras que impiden a muchas personas ejercer plenamente sus derechos. La paz no puede florecer donde hay exclusión o donde alguien siente que no cuenta.
Construirla exige atender las causas que generan violencia, fortalecer nuestras instituciones, ampliar las oportunidades para las personas y promover una educación basada en el respeto a los derechos humanos. Pero también exige algo que a veces olvidamos y que puede transformar profundamente nuestra convivencia: escuchar.
Escuchar a quienes durante mucho tiempo han permanecido invisibles o han sido ignorados también es una forma de construir paz.
Desde las instituciones públicas tenemos una responsabilidad ineludible, hacer que los derechos humanos se traduzcan en realidades concretas. No basta con que estén reconocidos en las leyes. Debemos trabajar para que cada persona pueda ejercerlos en su vida diaria. La confianza en las instituciones crece cuando las personas son escuchadas, cuando las víctimas encuentran acompañamiento y cuando la justicia coloca en el centro la dignidad humana.
La paz no comienza ni termina en una fecha marcada en el calendario. Es una tarea cotidiana. Se construye con nuestras acciones, con nuestras palabras y con la forma en que miramos a quienes nos rodean
Porque una sociedad donde todas las personas pueden vivir con dignidad, igualdad, libertad y sin exclusiones es una sociedad que avanza hacia una paz verdadera.
Y esa es una responsabilidad que compartimos todas y todos.
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La paz se construye todos los días

Para quien espera justicia, el tiempo no transcurre igual. Mientras para una institución un expediente puede representar una investigación en curso, una diligencia pendiente o un dictamen por emitirse, para una víctima cada día tiene otro significado. Es un día más de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de preocupación por no saber si la verdad llegará o si el caso quedará en el olvido.
Por eso, cuando hablamos de procuración de justicia, es importante mirar más allá de los procedimientos y los documentos. Detrás de cada carpeta de investigación hay una historia, una familia y una persona que confió en las instituciones del Estado con la esperanza de encontrar respuestas.
El acceso a la justicia es un derecho humano. No se trata únicamente de que exista la posibilidad de presentar una denuncia, sino de que las autoridades actúen con responsabilidad, profesionalismo y oportunidad para esclarecer los hechos y garantizar los derechos de las víctimas.
La justicia no puede entenderse como un trámite administrativo. Es una obligación del Estado y una condición indispensable para la dignidad humana. Cuando una investigación avanza de manera diligente, las personas encuentran mayores posibilidades de acceder a la verdad, a la reparación del daño y a la confianza de que las instituciones cumplen con su deber. Cuando ocurre lo contrario, la espera puede convertirse en una nueva forma de sufrimiento.
Las demoras injustificadas tienen consecuencias reales. El paso del tiempo puede dificultar la obtención de pruebas, afectar la localización de personas, limitar el esclarecimiento de los hechos e incrementar la angustia de quienes esperan una respuesta. Por ello, no basta con que una investigación exista formalmente; es necesario que avance de manera efectiva.
Los organismos internacionales de derechos humanos han señalado que investigar un hecho posiblemente delictivo no es una opción ni una formalidad. Es una obligación que debe cumplirse con seriedad, imparcialidad y sin retrasos indebidos. La búsqueda de la verdad exige acciones concretas y oportunas, especialmente cuando están en juego derechos tan sensibles como la vida, la libertad, la integridad o la seguridad de las personas.
Esta realidad se vuelve aún más evidente en los casos de desaparición. Para las familias que buscan a un ser querido, cada hora cuenta. Cada diligencia pendiente, cada resultado que se retrasa y cada actuación que no se realiza oportunamente puede representar una oportunidad perdida para conocer el paradero de una persona.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hemos observado esta problemática en distintos casos. La Recomendación 20/2025 documentó retrasos en la integración de carpetas de investigación relacionadas con personas desaparecidas, así como demoras en procesos periciales fundamentales para el avance de las investigaciones. Estos hallazgos nos recuerdan que el tiempo tiene un valor especialmente importante cuando se trata de proteger derechos humanos.
Durante este año, la Comisión ha recibido cientos de señalamientos relacionados con dilación en la procuración de justicia. Detrás de cada uno de ellos hay personas que buscan ser escuchadas, conocer la verdad y obtener una respuesta efectiva de las autoridades.
Es importante señalar que una justicia oportuna no significa una justicia apresurada. Hay investigaciones complejas que requieren tiempo para desarrollarse de manera adecuada. Lo que no puede justificarse es la inactividad, el abandono o la ausencia de avances durante largos periodos. La complejidad de un asunto nunca debe convertirse en una excusa para la indiferencia institucional.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco seguiremos vigilando, acompañando y promoviendo el respeto de los derechos de las víctimas. Estamos convencidos de que cada investigación que avanza, cada diligencia que se realiza a tiempo y cada respuesta institucional efectiva fortalecen el Estado de derecho y acercan a la sociedad a un ideal que no debemos dejar de perseguir: una justicia que escuche, que actúe y que llegue cuando todavía puede hacer la diferencia.
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Cuando la justicia tarda, los derechos esperan: la importancia de una procuración de justicia oportuna

Cuando hablamos de mejorar los servicios públicos, solemos pensar en más recursos, mejores instalaciones o procesos más ágiles. Sin duda, todo ello es importante. Sin embargo, existe un elemento que con frecuencia pasa desapercibido y que puede marcar la diferencia entre una institución que genera confianza y una que provoca descontento: la formación de las personas servidoras públicas en Derechos Humanos.
Capacitarse en esta materia no debería entenderse como un requisito administrativo más o como una constancia que se guarda en un expediente. Se trata, en realidad, de una herramienta indispensable para garantizar un servicio público más humano, cercano y respetuoso de la dignidad de todas las personas.
Los Derechos Humanos no son asuntos reservados únicamente para tribunales, organismos defensores o especialistas. Forman parte de la vida cotidiana de todas y todos. Están presentes cuando una persona acude a un centro de salud y espera ser atendida con respeto, cuando una niña o un niño entra a un aula para aprender en igualdad de condiciones, cuando una persona adulta mayor realiza un trámite, o cuando alguien busca apoyo de una autoridad en un momento de necesidad.
Cada servidor y servidora pública representa, para muchas personas, el rostro más cercano del Estado. Y es precisamente en ese encuentro cotidiano donde los Derechos Humanos pueden hacerse realidad o, lamentablemente, verse vulnerados.
Por eso resulta tan importante la capacitación continua. No basta con conocer conceptos o memorizar leyes. Lo verdaderamente relevante es comprender cómo aplicar esos principios en las decisiones diarias, cómo identificar prácticas discriminatorias que a veces pasan inadvertidas o cómo brindar atención con sensibilidad a quienes enfrentan mayores obstáculos debido a su condición social, económica, cultural, de género o discapacidad.
Cuando una institución incorpora la perspectiva de Derechos Humanos en su forma de actuar, los beneficios alcanzan a toda la sociedad. Se previenen situaciones de maltrato y violencia institucional, se fortalecen las relaciones de confianza con la ciudadanía y se reducen conflictos que muchas veces surgen por la falta de información, empatía o sensibilidad en la atención pública.
Además, una persona servidora pública que conoce sus obligaciones y comprende el alcance de los Derechos Humanos tiene mayores herramientas para tomar decisiones justas, transparentes y responsables. Esto no solo protege a las personas usuarias de los servicios públicos, sino que también fortalece a las propias instituciones.
La capacitación en Derechos Humanos contribuye también a construir una cultura de paz. Nos enseña que escuchar, dialogar y comprender las distintas realidades de las personas suele ser mucho más eficaz que responder con indiferencia, burocracia o confrontación. En tiempos donde la polarización y la desconfianza parecen crecer, apostar por servidores públicos capacitados es apostar por una sociedad más respetuosa y solidaria.
Capacitar en Derechos Humanos no es un lujo, ni una moda, ni un trámite. Es una necesidad democrática. Es reconocer que detrás de cada expediente, de cada solicitud y de cada procedimiento existe una persona con historia, necesidades y derechos.
Fortalecer la profesionalización de quienes sirven a la sociedad es fortalecer la confianza en las instituciones. Y fortalecer esa confianza es uno de los pasos más importantes para construir un Estado más justo, más igualitario y más humano para todas y todos.
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La profesionalización de la función pública: Porque capacitar en Derechos Humanos no es un trámite, sino una urgencia democrática

Cada 27 de agosto se conmemora el Día Mundial de los Lagos, una fecha que nos invita a mirar estos ecosistemas más allá de su belleza natural. Los lagos son mucho más que paisajes que admiramos o lugares que visitamos, son fuentes de vida, bienestar y equilibrio ambiental para millones de personas.
Sin embargo, hoy enfrentan amenazas cada vez más visibles. El cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación del agua y el crecimiento urbano desordenado están poniendo en riesgo su existencia y, con ello, nuestro propio futuro. Lo que sucede en los lagos no es un problema aislado de la naturaleza, sus efectos impactan directamente en las comunidades, en la disponibilidad de agua y en la calidad de vida de las personas.
Por ello, su conservación está estrechamente relacionada con los compromisos que el mundo ha asumido a través de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuidar los lagos significa proteger el agua, fortalecer comunidades resilientes, reducir la contaminación, enfrentar los efectos del cambio climático y preservar la biodiversidad que hace posible la vida en el planeta.
Pero más allá de los acuerdos internacionales, proteger los lagos es una responsabilidad ética con las generaciones presentes y futuras. Es reconocer que todas las personas tenemos derecho a acceder al agua y a vivir en un medio ambiente sano. También implica exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones, promover políticas públicas sostenibles y garantizar que la sociedad participe activamente en las decisiones que afectan nuestros recursos naturales.
En Jalisco, esta reflexión adquiere una relevancia especial. El lago de Chapala, el más grande de México, así como nuestras lagunas, humedales y cuencas hidrológicas, forman parte de un patrimonio natural que sostiene la vida, la actividad económica y el desarrollo de innumerables comunidades. Sin embargo, estos ecosistemas también enfrentan desafíos importantes derivados de la contaminación, los cambios en el uso del suelo y las presiones generadas por distintas actividades humanas.
Frente a esta realidad, resulta indispensable comprender que la protección del agua no es tarea exclusiva de las autoridades. Es una labor compartida que requiere la participación de todos los sectores: gobiernos, academia, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía. Cada acción cuenta cuando se trata de preservar los ecosistemas de los que depende nuestro bienestar.
El Día Mundial de los Lagos también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con el agua. ¿La valoramos realmente? ¿Somos conscientes de que cada decisión cotidiana puede contribuir a su cuidado o a su deterioro? Pensar en estas preguntas nos permite entender que la defensa de los lagos es, en el fondo, la defensa de la vida misma.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hacemos un llamado a fortalecer la corresponsabilidad social y ambiental para proteger estos ecosistemas. Cuidar nuestros lagos es cuidar el derecho humano al agua, al medio ambiente sano y a una vida digna. Es también un acto de justicia con quienes habitan hoy nuestro 
Estado y con quienes habrán de recibirlo mañana.

Cuidar nuestros lagos es cuidar la vida

Cada etapa de la vida merece ser vivida con dignidad, plenitud y respeto. Por ello, la conmemoración del Día Nacional de las Personas Mayores representa mucho más que una fecha en el calendario, es una oportunidad para reconocer sus aportaciones a nuestras familias, comunidades y sociedad, así como para reflexionar sobre las condiciones en las que miles de personas enfrentan esta etapa de la vida.
La manera en que una sociedad trata a sus personas mayores habla de sus valores más profundos. Habla de su capacidad para reconocer la experiencia, agradecer las enseñanzas recibidas y garantizar que nadie quede excluido por razón de edad. 
Hoy, el marco jurídico internacional y nacional nos invita a mirar a las personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos. 
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la que México se adhirió en 2023, reconoce que las personas mayores son titulares plenas de derechos y que corresponde al Estado, a las instituciones y a la sociedad, generar las condiciones necesarias para que puedan ejercerlos en igualdad y sin discriminación.
Sin embargo, la realidad nos muestra que aún existen desafíos importantes. Muchas personas mayores enfrentan soledad, abandono, violencia psicológica, física o económica, así como formas más sutiles de exclusión que pasan desapercibidas. Ignorar sus opiniones, minimizar sus decisiones o apartarlas de la convivencia familiar también son expresiones de discriminación.
A estas barreras se suma una brecha cada vez más evidente, la digital. Para muchas personas mayores, la transición acelerada hacia trámites, servicios y comunicaciones digitales significa dificultades para acceder a derechos básicos, a servicios de salud o incluso para mantener el contacto con sus seres queridos. Esta realidad puede derivar en aislamiento y limitar su participación plena en la vida social.
Frente a estos retos, es indispensable impulsar una cultura que valore el envejecimiento como una etapa natural de la vida y que reconozca la diversidad de experiencias que existen dentro de ella. No hay una sola forma de envejecer. Las circunstancias cambian según el contexto, el género, las condiciones económicas, el lugar donde se vive o las redes de apoyo con las que se cuenta. Por ello, las respuestas también deben ser diversas e incluyentes.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco sabemos que la construcción de una sociedad más justa requiere del trabajo conjunto. Los grandes desafíos sociales no pueden enfrentarse de manera aislada, demandan diálogo, colaboración y corresponsabilidad.
Un ejemplo de ello fue el Primer Congreso de Personas Mayores, realizado gracias a la suma de voluntades entre la Fundación J. Enrique Michel Velasco, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Este espacio permitió escuchar las voces de las personas mayores, reflexionar sobre los desafíos asociados al envejecimiento y fortalecer una agenda común centrada en la dignidad, la participación, la inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos.
Las alianzas como esta nos recuerdan que cuando instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos unen esfuerzos, es posible generar espacios de aprendizaje, sensibilización y acción que impactan positivamente en la vida de las personas.
Envejecer es un destino común que, con suerte, todas las personas alcanzaremos. Por ello, la forma en que acompañamos hoy a las personas mayores refleja también la sociedad que estamos construyendo para nuestro propio futuro. Apostar por sus derechos, su inclusión y su bienestar no es un acto de asistencia; es una obligación ética y un compromiso con la dignidad humana que nos beneficia a todas y todos.
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Personas mayores: dignidad, derechos y comunidad

Julio Hurtado

Que no se olvide: el verdadero problema es la falta de agua potable

Jorge García de Alba Hernández

Del dicho al hecho ¿Qué tan estrecho?

Vicente Viveros

Como en botica

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¿Qué nos han dado las protestas?

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La jornada que nunca termina

Como institución defensora de los derechos humanos, reiteramos nuestro compromiso con la protección de la libertad de expresión, de reunión y de manifestación. Del mismo modo, reafirmamos la importancia de que estas libertades se ejerzan de manera pacífica y con respeto a los derechos de todas las personas.
Nuestra sociedad enfrenta desafíos complejos que requieren diálogo, escucha y construcción de acuerdos. La protesta es parte de esa conversación democrática y debe seguir siéndolo. Pero también debemos entender que la convivencia exige responsabilidad colectiva.
La firmeza en las demandas no está reñida con el respeto, la exigencia social no necesita de la violencia para ser legítima, y la defensa de una causa encuentra mayor fortaleza cuando se sostiene en la paz. Hoy, más que nunca, hacemos un llamado a todas las partes, a las autoridades para que escuchen con sensibilidad y respondan con responsabilidad, a quienes se manifiestan para que mantengan viva la fuerza de sus causas a través de acciones pacíficas, y a la sociedad en general para que privilegie el entendimiento por encima de la confrontación.
Los derechos humanos encuentran su máxima expresión cuando se convierten en puentes y no en barreras. Por ello, debemos apostar por el diálogo genuino, por la capacidad de escucharnos incluso en la diferencia y por la construcción de soluciones colectivas que atiendan las causas del malestar social. Ninguna transformación profunda surge del silencio, pero tampoco de la ruptura permanente.
Los cambios que perduran nacen cuando una sociedad es capaz de convertir sus desacuerdos en conversaciones y sus demandas en acuerdos. Jalisco necesita más voces que se expresen, más ciudadanía participando y más espacios para el diálogo. Necesita también la convicción de que los derechos humanos se defienden ejerciéndolos, pero igualmente respetando los límites que hacen posible la convivencia entre todas y todos. Porque una manifestación pacífica no debilita a la democracia, la fortalece. Y porque el respeto a los derechos de las demás personas no limita nuestras libertades, les da sentido. El camino hacia una sociedad más justa siempre será el de la palabra, la escucha y el diálogo.
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La voz de la ciudadanía y los límites que fortalecen la convivencia