Cuando se politizan las manifestaciones pacíficas

La seguridad pública en Jalisco parece haberse convertido en un instrumento que se aplica con criterios contradictorios frente a las manifestaciones ciudadanas. Cuando los ciudadanos salieron a exigir agua limpia el pasado 11 de octubre, el gobierno respondió con elementos antimotines, gas lacrimógeno, chorros de agua y detenciones cuestionadas por abuso de autoridad. Sin embargo, apenas una semana después, el 18 de octubre, cuando grupos de choque irrumpieron en una nueva movilización y comenzaron a generar actos violentos, la presencia policial preventiva fue insuficiente para proteger a quienes se manifestaban pacíficamente. La contradicción resulta alarmante: hubo fuerza pública para enfrentar a ciudadanos que exigían sus derechos, pero no una estrategia eficaz para contener a quienes provocaban destrozos.

Lo ocurrido durante ambas jornadas exhibe algo más grave que una deficiente planeación policial. Pone bajo cuestionamiento las decisiones políticas detrás de los operativos de seguridad y la manera en que el Gobierno de Jalisco administra el ejercicio de un derecho constitucional. Mientras en la primera marcha se permitió que la actuación de los cuerpos de seguridad derivara en agresiones y detenciones, en la segunda los manifestantes quedaron expuestos a grupos violentos que terminaron desviando la atención de una exigencia legítima. El resultado fue el mismo: la demanda ciudadana por agua limpia quedó desplazada por los enfrentamientos, los daños materiales y las explicaciones oficiales.

El domingo 11 de octubre, la movilización que inició en la Glorieta de La Minerva terminó con la intervención de elementos policiales, personal de Protección Civil y Bomberos, chorros de agua y gas lacrimógeno contra manifestantes. A ello se sumaron detenciones cuestionadas por su legalidad, entre ellas la de un joven repartidor que fue sometido por varios elementos policiales. Estos acontecimientos evidenciaron la falta de protocolos eficaces para identificar y detener exclusivamente a quienes cometieran actos violentos, sin afectar indiscriminadamente a quienes ejercían su derecho a manifestarse.

La respuesta institucional tampoco estuvo a la altura de los acontecimientos. El gobernador Pablo Lemus reconoció irregularidades en la actuación de las corporaciones de seguridad, mientras los responsables de las instituciones involucradas tuvieron que explicar las deficiencias del operativo. Sin embargo, reconocer que existieron errores no elimina las posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de las detenciones y del uso de la fuerza pública.

Para el domingo 18 de octubre, la situación fue completamente distinta. Ciudadanos nuevamente convocados para exigir agua limpia se concentraron en el Parque Rojo con dirección a Palacio de Gobierno. Durante la movilización comenzaron a circular advertencias sobre la presencia de grupos de choque que pretendían incorporarse a los contingentes y realizar actos violentos. Los propios participantes denunciaron esta situación mediante redes sociales e incluso plantearon detener la marcha ante la falta de condiciones de seguridad.

Resulta preocupante que, mientras los manifestantes intentaban preservar el carácter pacífico de la protesta, no existiera una presencia policial preventiva suficiente para protegerlos y contener oportunamente a quienes comenzaron a provocar daños. La obligación de las corporaciones de seguridad no consiste únicamente en resguardar edificios públicos, sino también en garantizar la integridad de los ciudadanos y evitar que terceros vulneren sus derechos.

A esta situación se suman imágenes tomadas con drones y difundidas en redes sociales, donde se observa a elementos de seguridad acostados y resguardados en el interior de Palacio de Gobierno, con recipientes de agua y extintores preparados ante posibles incendios. Estas imágenes alimentan la sospecha de que las autoridades ya contemplaban que se producirían actos violentos contra el inmueble y, pese a ello, no desplegaron una estrategia preventiva suficiente en las calles. La posibilidad de que el Gobierno conociera anticipadamente el riesgo de disturbios vuelve todavía más cuestionable la decisión de mantener a elementos policiales dentro del edificio mientras los manifestantes quedaban expuestos a la actuación de grupos de choque.

La diferencia entre ambos acontecimientos no puede reducirse a una simple modificación de estrategia. El 11 de octubre hubo una intervención policial cuestionada por el uso excesivo de la fuerza; el 18 de octubre, los ciudadanos denunciaron falta de protección frente a grupos que alteraron la manifestación. En ambos casos, la actuación institucional merece ser revisada, particularmente respecto de las instrucciones emitidas por los mandos responsables y los criterios utilizados para determinar cuándo intervenir y cuándo mantener a los elementos resguardados.

El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho de reunión pacífica, mientras que el artículo 21 establece los principios que deben regir la seguridad pública. Estas obligaciones no desaparecen cuando existen grupos que buscan generar violencia. Por el contrario, corresponde a la autoridad distinguir entre quienes ejercen legítimamente sus derechos y quienes cometen delitos, utilizando mecanismos de prevención y actuaciones proporcionales conforme a la ley.

Existe además un componente político que no debe pasar inadvertido. Cuando una manifestación ciudadana termina asociada públicamente con disturbios y daños materiales, la atención se desplaza de las exigencias originales hacia los acontecimientos violentos. La discusión deja de centrarse en la falta de agua limpia y comienza a concentrarse en la conducta de determinados grupos. Sin atribuir responsabilidades políticas que todavía no han sido acreditadas, resulta indispensable esclarecer si las decisiones operativas facilitaron que la violencia terminara desplazando una demanda legítima.

El Gobierno de Jalisco debe explicar los criterios utilizados en ambas movilizaciones, las órdenes emitidas a las corporaciones policiales y las medidas que se implementaron para proteger a los manifestantes. No basta con reconocer excesos en una marcha y justificar la actuación de la siguiente. La seguridad pública exige planeación, capacidad de respuesta y responsabilidad institucional, independientemente de las consecuencias políticas que pueda generar una protesta.

Lo verdaderamente preocupante es que una exigencia tan elemental como recibir agua limpia haya terminado convertida en un conflicto de seguridad pública. La ciudadanía salió a las calles para reclamar el cumplimiento de una obligación gubernamental, no para enfrentarse con las instituciones encargadas de protegerla. Mientras las autoridades continúen concentrando la discusión en los disturbios y no en las causas que originaron las movilizaciones, el problema de fondo permanecerá sin resolverse. La responsabilidad del Estado no es decidir cuándo proteger una manifestación, sino garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin convertirse en víctimas de la fuerza pública ni de la violencia de terceros.