La deuda que hipoteca el futuro de México; cataclismo financiero

El título de mi columna no pretende exagerar, sino alertar sobre el grave riesgo que enfrenta México. Lo verdaderamente indignante es que, mientras el gobierno de Morena minimiza las advertencias, la deuda del país sigue creciendo y seremos los mexicanos quienes terminaremos pagando las consecuencias.

Estamos hablando de un préstamo de 1.7 billones de pesos, una cantidad enorme que obliga a cuestionarnos hasta dónde piensa endeudar el gobierno a México y qué recibiremos los ciudadanos a cambio.

Pedir prestado no es malo cuando el dinero se utiliza para generar crecimiento, construir infraestructura y resolver problemas. Lo irresponsable es endeudar al país sin demostrar con claridad cómo se utilizarán los recursos y de dónde saldrá el dinero para pagar esa deuda y sus intereses.

El riesgo es serio. Un endeudamiento creciente puede presionar las finanzas públicas, encarecer los créditos y debilitar la confianza de los inversionistas. Si México llegara a perder el grado de inversión, las consecuencias podrían ser aún más graves, incluida la inflación y la salida de capitales.

Ante este panorama, la presidenta no debería desestimar las advertencias de los especialistas económicos, sino responder con cifras y argumentos. Gobernar no significa negar los riesgos, sino evitar que se conviertan en una crisis.

Es necesario conocer las razones para endeudar tanto a México, especialmente cuando siguen sin resolverse los grandes problemas del país. También es fundamental saber a qué se destinará ese dinero, a qué obras se asignarán los recursos y cuánto se terminará pagando por los intereses de deudas anteriores.

En la crisis del agua que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara, el PAN está pidiendo que se voltee a ver a Jalisco y que se destine el 2% del préstamo de 1.7 billones de pesos, equivalente a 34 mil millones, a atender esta problemática, mejorar el abastecimiento, reparar infraestructura y reducir fugas. Se trata de que el gobierno explique con claridad a dónde irán los recursos y que una parte de ellos responda a una de las necesidades más urgentes de nuestro Estado.

Lamentablemente, la deuda no desaparece cuando termina un sexenio. Los políticos se van, pero las obligaciones permanecen. Las heredan los siguientes gobiernos y las pagamos todos los mexicanos mediante nuestros impuestos y un presupuesto que tendrá menos recursos para hospitales, escuelas, seguridad, carreteras y agua potable. Lo más preocupante es que las próximas generaciones podrían terminar pagando decisiones que hoy se toman sin que exista suficiente claridad sobre sus beneficios.

México necesita inversión y crecimiento, pero también responsabilidad y transparencia. Si el gobierno considera necesario endeudarse por una cantidad tan elevada, tiene la obligación de explicar en qué gastará cada peso, cómo pagará los intereses y qué beneficios concretos recibirá la población. No podemos aceptar que se hipoteque el futuro de México mientras millones de ciudadanos siguen esperando soluciones a sus problemas más urgentes.

La deuda de hoy puede convertirse en el presupuesto perdido de mañana. Si el gobierno no demuestra que ese dinero servirá para construir un país mejor, la factura terminará llegando a las familias mexicanas.

Ese es el verdadero cataclismo financiero que debemos evitar, no solamente deber más, sino llegar al punto en que debamos tanto que cada vez quede menos dinero para resolver los problemas de México. Endeudar al país sin garantizar un futuro mejor no es progreso, es comprometer el porvenir de todos los mexicanos.